viernes, 6 de mayo de 2016

La Universidad de Buenos Aires termina en agosto: no podrá pagar los servicios, al igual que otras muchas universidades (mientras tanto las secretarías de Políticas Universitarias y Energía analizan cómo excluir a las casas de estudios del impacto del tarifazo)

(Por Gastón Godoy. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 28 de abril de 2016)- Con un presupuesto universitario aprobado a fines del año pasado, la inflación, el aumento de las tarifas y la devaluación de los últimos meses pusieron a las universidades nacionales ante un recorte de fondos de hecho. Tras la preocupación expresada por numerosos rectores en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el conflicto terminó de estallar cuando la Universidad de Buenos Aires aprobó la distribución interna de los fondos asignados por la Nación “con carácter de emergencia y provisional”, advirtiendo que los recursos sólo alcanzan para sostener los gastos de funcionamiento hasta agosto. Al menos dos facultades de la UBA (Ciencias Exactas y Medicina) se declararon en emergencia presupuestaria. Los docentes universitarios realizaron paros durante toda la semana en todo el país para exigir mejoras salariales (ver aparte) y los estudiantes los acompañaron en clases públicas y protestas, sumando también su reclamo de un boleto educativo. En ese contexto de conflicto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió ayer un grupo de rectores y, en diálogo con Página/12, el secretario de Políticas Universitarias (SPU), Albor Cantard, dijo que la SPU y la Secretaría de Energía están analizando estrategias para mantener los presupuestos universitarios al margen de las subas tarifarias.

En el caso de la UBA, la universidad pública más grande y con más estudiantes del país, el presupuesto de 2016 representa casi un 30 por ciento de incremento interanual y asciende a 8,68 mil millones de pesos. “Ese 29,9 por ciento aumento es absorbido casi en su totalidad por la masa salarial. Si no hay una actualización, un refuerzo o no sale una ley del Congreso, va a llegar un punto en que la UBA no va a poder pagar los servicios públicos”, explicó a este diario Carlos Hernández, coordinador general de la Secretaría de Hacienda de la universidad. El funcionario también explicó por qué anteayer, pese al rechazo de sectores opositores, la mayoría que gobierno la UBA aprobó un presupuesto que no alcanza: “El presupuesto es provisorio, cumplimos con las leyes en cuanto a tener un presupuesto aprobado. Pero tiene que haber una reducción tarifaria o un aumento presupuestario”.

Matías Ruiz, subsecretario de Hacienda de la UBA, agregó que el Estado aún le debe a la casa de estudios fondos previstos en 2015: parte del refuerzo presupuestario destinado a todo el sistema universitario que se denomina Planilla B. “Sistemáticamente la UBA en esa distribución viene siendo perjudicada. En la distribución del 2015, cuando se distribuyeron 400 millones, sólo recibimos el 10 por ciento, cuando tenemos más del 20 por ciento de alumnos y docentes del sistema universitario. Eso es algo que también planteamos en el Ministerio de Educación. Estamos charlando y organizando propuestas, buscando soluciones a posibles conflictos, creemos que ese es un buen canal”. La alianza de radicales y aliados reformistas que gobierna la UBA apuesta a encontrar una salida en diálogo con el gobierno nacional. En la misma postura está el bloque de rectores radicales del CIN.

Diferentes sectores de la oposición en la UBA –desde el kirchnerismo y los independientes hasta la izquierda– denunciaron tanto el recorte de fondos que está afectando al sistema de educación superior como el accionar de las autoridades de la institución.

Alejandro Ades, consejero superior estudiantil por el kirchnerismo, denunció “el ajuste que está viviendo la UBA, con un presupuesto que sólo alcanza hasta agosto y resulta insuficiente para pagar servicios y otros gastos de funcionamiento, ya que el aumento destinado a esos rubros es del cero por ciento”. En sintonía con las declaraciones de Ades, Ezequiel Galpern, también consejero superior y dirigente de la independiente La Mella, exigió que “el ministro Bullrich y el presidente Macri garanticen los recursos para que la institución pueda funcionar”.

El copresidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) por el Partido Obrero, Julián Asiner, fustigó: “En el Consejo Superior están los ajustadores. Hacen ruido, pero firman un presupuesto de miseria. El rector (Alberto Barbieri) ajusta hacia adentro de la casa de estudios: hubo una reducción del 60 por ciento en el ítem de obras de edificios, el presupuesto para investigación se redujo cinco puntos, además de que todos los posgrados van a aumentar”.

Al margen de los posicionamientos políticos, ya son dos las facultades de la UBA que se posicionaron públicamente en reclamo de un mayor presupuesto: la de Ciencias Exactas y la de Medicina. La resolución aprobada por la segunda llama a “apoyar el reclamo de mayor presupuesto para poder hacer frente a los gastos proyectados” y, además, exige la ejecución de las partidas adeudadas “para permitir el correcto funcionamiento de los hospitales universitarios”.

Más duro, el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Exactas rechazó “la propuesta de distribución de los recursos de la UBA”, y aclaró que esa distribución “no permitirá que la facultad pueda mantener sus actividades de investigación, docencia y extensión”. Los argumentos que brindó son varios: explicó, por ejemplo, que en las actuales condiciones los fondos destinados a salarios de docentes y no docentes representan un 92,5 por ciento del presupuesto total de la universidad, con lo que casi no quedan recursos para otros gastos. “Se establece un incremento del 2,33 por ciento para gastos de funcionamiento de toda la universidad en general, pero un cero por ciento de aumento en el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento de todas las facultades, los hospitales, los institutos de enseñanza media y el ciclo básico común; que ese cero por ciento de aumento nominal significa en la práctica una disminución real mayor al 30 por ciento, producto de la inflación.” El vicedecano de la facultad, Luis Baraldo, advirtió: “Hoy ya no estamos pudiendo comprar los mismos insumos, vamos quedando cada vez con las manos más atadas. Hoy, con este presupuesto, no vamos a poder cumplir con nuestra función”.

 “Hasta la fecha no se han tomado medidas”, dijo el secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard, ante la consulta de si el Gobierno prevé atender el reclamo de las universidades. Cantard dijo que viene manteniendo reuniones con el secretario de Energía, Alejandro Sruoga, y que evalúan diferentes alternativas y soluciones, teniendo en cuenta “la situación del país” y a los diversos sectores involucrados.

Algo similar planteó más tarde el jefe de Gabinete. Junto con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, Peña recibió en Casa Rosada a 17 rectores, los de las universidades de Mar del Plata, el Sur, Noroeste, San Antonio de Areco, el Litoral, Rosario, Nordeste, Alto Uruguay, Salta, Catamarca, Tucumán, Cuyo, Córdoba, San Luis y La Pampa, la mayoría afines al bloque radical del CIN. Allí, los rectores detallaron su preocupación por la situación presupuestaria de las universidades, en particular por el impacto de la inflación y el incremento de las tarifas energéticas. Peña explicó que la Secretaría de Políticas Universitarias está analizando con la Secretaría de Energía estrategias que permitan mantener los presupuestos universitarios al margen de las subas tarifarias. Y les pidió a los rectores que elaboren –desde el CIN– un informe del impacto del aumento de las facturas en cada institución. “Pudimos hablar y plantear todas nuestras dudas y preocupaciones, que son las mismas que tienen nuestros estudiantes, docentes y no docentes —dijo Raúl Perdomo, presidente de la Universidad Nacional de La Plata, después del encuentro–. Nos garantizaron que el sistema de educación superior no será afectado.”


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