Una vez más la fuerte acción sindical de CISADEMS y la Intersindical, desarrollada durante meses y coronada en la 1ª Marcha Federal ¡No a la pobreza!, con la participación de organizaciones nacionales, arrancaron los anuncios del gobierno respecto de mejoras salariales.
Los montos anunciados aportan un paliativo a la desesperante situación de las familias docentes pero no recuperan la pérdida del valor adquisitivo de los sueldos de la provincia, pérdida que calculamos en más de un 30 por ciento respecto de la inflación. Recordemos que el último aumento fue en marzo pasado de sólo un 20 por ciento al básico que lo llevó a 5.782 pesos y que la inflación se proyecta cercana al 50 ciento para este año, sin contemplar la inflación a febrero de 2019.
Está claro que los anuncios no sacan al maestro de la pobreza ni lo liberan del brutal endeudamiento y sobreendeudamiento en el que vive por la política de ajuste, sueldos miserables, tarifazos y aumento constante de la canasta familiar.
Ni siquiera se menciona la actualización del salario mínimo que la provincia incumple permanentemente.
Nada se dice de los docentes excluidos una vez más del derecho a percibir un salario mínimo, tal el caso de Preceptores, Bibliotecarios, Maestros Celadores, Maestros Especiales, cuyo sueldo mensual los ubica en la indigencia.
El anuncio de que, a partir de febrero del próximo año, se aumentaría en un 40 por ciento el básico de todos los trabajadores estatales provinciales, pone en evidencia la seriedad incontrastable de los planteos gremiales de CISADEMS (Círculo Santiagueño de Docentes de Enseñanza Media y Superior), única organización sindical de la provincia que demostró y sostiene que el cuantioso y multimillonario superávit de la provincia permite elevar sustancialmente los sueldos, no desde el próximo año, sino desde octubre pasado, sin perjuicio de la compensación por la devaluación sufrida durante todo el año 2018.
Nada se dice de una cláusula gatillo o de actualización automática como hay en otras jurisdicciones.
Por otra parte, nuevamente, rechazamos la eliminación del FONID del presupuesto nacional o su transferencia a la provincia.
