Declaración de la Mesa Ejecutiva de la CONADU Histórica (Federación Nacional de los Docentes, Investigadorxs, Creadores y Trabajadorxs de las universidades de la Argentina) ante la situación en Venezuela

Ante la gravedad de los acontecimientos que están sucediendo en la República Bolivariana de Venezuela, expresamos nuestro más enérgico repudio al intento de golpe de Estado en curso, y al mismo tiempo denunciamos la injerencia imperialista de los Estados Unidos de Norte América a través de su presidente Donald Trump y su aparato de Estado.

La intentona golpista en Venezuela cuenta con el apoyo de los imperialistas ingleses que congelaron los fondos del país soberano y los gobiernos de España y Francia. En América latina es apoyada por el fascista presidente de Brasil Bolsonaro, por gobiernos serviles en la OEA y por el denominado grupo Lima con la excepción de México.

Denunciamos y rechazamos en particular el apoyo explícito al golpe y a la autoproclamación de Gaudió de Mauricio Macri en su carácter de presidente de la Nación argentina, en lo que constituye la violación directa de la soberanía de un país latinoamericano.

Resulta curioso que el presidente Macri se muestre preocupado por la situación económica de Venezuela, mientras en el país que gobierna hace tres años vivimos el aumento de la pobreza, la marcada pérdida del poder de compra del salario y la inflación más alta en 27 años. Macri, a su turno, viene ahondando una política represiva, alentando la expulsión de los inmigrantes, la baja de la edad de imputabilidad y la doctrina Chocobar de gatillo fácil.

Los Macri abrevan en una corriente política que ha apoyado o participado de todos los golpes y dictaduras militares que tuvieron lugar en el país desde 1955. Tampoco puede hablar de “democracia” el fascista Bolsonaro cuya elección como presidente se debe al encarcelamiento sin pruebas del principal líder opositor, que reivindica la dictadura militar y anuncia represión y “caza de brujas” sobre el movimiento popular.

No olvidamos que Estados Unidos, a través del “Plan Cóndor”, promovió las dictaduras militares genocidas de la década del 70, con un saldo funesto para las libertades fundamentales de nuestro sector, así como para los trabajadores y las mayorías populares. Las conspiraciones golpistas en Latinoamérica han estado orquestadas históricamente principalmente desde Washington.

Ratificamos el compromiso de la CONADU Histórica, representante de docentes, investigadorxs, creadores, trabajadorxs de las universidades de la Argentina, en la más absoluta defensa de los Derechos Humanos y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos de América Latina y el mundo. 

Los actuales, e históricos problemas de Venezuela, hoy centralmente el dramático agravamiento de las condiciones de vida de su pueblo, deben ser resueltos por los trabajadores/as y las mayorías populares del hermano país, garantizándose el derecho a la libre manifestación y protesta preservando la vida y derechos de todas y todos los venezolanos.

Por el contrario, cualquier intervención imperialista y de un gobierno dirigido desde fuera tiene como objetivo apropiarse de los recursos del pueblo hermano garantizando el dominio estratégico de los Estados Unidos en la región.

Esta intervención de la mano del Fondo Monetario Internacional y las potencias imperialistas solo profundizará los actuales problemas y desigualdades que afectan al pueblo de Venezuela y agravara aún más la escalada de la violencia. 

Por todo ello, rechazamos toda intervención internacional contra la República Bolivariana de Venezuela. Con este objetivo, partiendo de nuestra oposición a la intentona golpista y a cualquier tipo de injerencia imperialista, proponemos a todos los sectores populares latinoamericanos a movilizarnos en común en todo el continente.

Mesa Ejecutiva de la CONADU Histórica
Buenos Aires, lunes 28 de enero de 2019

Docentes de Virginia protestan por los bajos salarios y reclaman mayor presupuesto para la educación

La marea viene subiendo de a poco pero a lo largo del año pasado tomó particular vigor. Y en este 2019 promete cobrar mayor fuerza todavía. Se trata de la protesta de los maestros y profesores de los Estados Unidos, acción bien reveladora del estado de la educación en ese país, y un buen ejemplo de qué es lo que ocurre cuando los espíritus de la privatización se hacen cargo de escuelas y colegios.

Según informa el sitio DemocracyNow! del día de ayer, en Virginia miles de docentes salieron a las calles el lunes para manifestarse en contra de los bajos salarios y exigir más fondos para la educación. Los acompañaba buena parte de la comunidad de ese estado que hace tiempo ha advertido la justicia del reclamo.

La marcha se produce tras la huelga de docentes llevada a cabo en Los Ángeles, que terminó la semana pasada en un acuerdo entre el sindicato y el distrito escolar, y al mismo tiempo que los maestros de Denver también votaron a favor de iniciar una huelga. Los docentes de la ciudad de Oakland, California, porsu parte, comenzarán a votar hoy si autorizan lanzarse al paro.

¡Basta de tarifazos, despidos y represión!

La campaña antihuelga y antidocente de María Eugenia Vidal

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires no da tregua en su plan de ataque a los docentes. En pleno enero, ha lanzado las “Mesas Educativas Distritales”, reagrupamientos patronales activos en todos los municipios de la provincia, por encima de los consejos y las instituciones escolares, sin responsabilidad ante nadie, pero concebidos para apretar a la docencia y garantizar el inicio de clases el 6 de marzo. “Sabiendo que no ofrecerá una suba que permita comenzar el ciclo lectivo en tiempo y forma, la gobernadora María Eugenia Vidal ya comenzó a preparar otra estrategia para ejercer ‘presión social’ a los gremios del Frente de Unidad Docente e intentar frenar un eventual paro el 6 de marzo”, dice El Agora Digital (24 de enero).

Esta entente antiobrera y para-estatal tiene dictado ya un “plan de lucha”: el 12 de febrero se llevará a cabo un encuentro provincial en la ciudad de La Plata; el 25 de febrero, en conferencia de prensa, serán lanzadas públicamente las “mesas educativas”, anunciando un timbreo educativo para el 26, juntada de firmas en las plazas principales de cada municipio contra los docentes el 27, una marcha provincial “en defensa del inicio de clases” el 28 y, el 1 de marzo, proyectos de declaración en todos los concejos deliberantes para que se inicien las clases el 6 de marzo.

Baradel, mientras tanto, proclama que no está bajo ninguna circunstancia pensando en un plan de lucha porque “con el antecedente del año pasado, ante un potencial y nuevo escenario de paro docente para comienzos del ciclo lectivo, entiende que aparentemente eso ‘está buscando’ la gobernación”. En cambio, la burocracia sindical docente, en palabras del secretario general del Suteba, está en otra: “nosotros estamos intentando resolver el conflicto” (Filo.news, 24 de enero).

El escrito completo de Tribuna Docente puede leerse aquí.

Una nueva provocación para los profesores universitarios

En la última reunión paritaria, luego de un vergonzoso cuarto intermedio pedido por el gobierno ante su falta de propuesta para dar una respuesta al desfasaje salarial producido por una inflación de más del 47% en el 2018, el gobierno nacional impuso por decreto –de manera unilateral– un aumento del 5% en negro, no remunerativo ni bonificable. Esto implica que esta suma no va a las jubilaciones ni a nuestra obra social, atacando la salud y a nuestros jubilados, además de achatar la escala salarial, retrotrayéndonos a la situación del 2005.

Esta nueva burla fue definida en una reunión de la que no fue parte de la CONADU Histórica, por negarse a firmar la paritaria de la vergüenza del año pasado, y fue rechazada por las federaciones firmantes. Llamativamente, ADUBA (FEDUN) ha salido a manifestar a través de un comunicado la existencia de “un avance en la paritaria”, abriendo la posibilidad de un acuerdo que determinaría no sólo un golpe de nuestro poder adquisitivo, sino la consolidación de las sumas en negro y en gris.

Desde la AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)sostenemos nuestra exigencia de que la CONADU Histórica pueda participar de las reuniones paritarias, y denunciamos esta nueva provocación, exigiendo el pase íntegro al básico de todas las sumas no remunerativas y una actualización inmediata atada a la inflación definida por el INDEC.

Llamamos a la docencia a organizarse en las próximas fechas de finales y cursos de verano en todas las sedes de la Universidad, preparando un gran repudio a esta afrenta, preparando el no inicio del ciclo lectivo en defensa de nuestro salario y nuestros derechos.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) le volvió a reclamar al gobierno de María Eugenia Vidal que convoque “urgentemente” a una reunión paritaria para tratar la "situación crítica que atraviesa la educación pública provincial"

(Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 24 de enero de 2019)-  “La situación sufre el impacto del consecuente ajuste del presupuesto educativo y las reformas unilaterales que se implementan en diferentes niveles y modalidades educativas”, subraya el reclamo.

“Tanto enero como febrero es un tiempo valioso para aprovechar y para poder discutir sobre cuáles son las necesidades sobre la escuela pública y cuáles son las respuestas que tiene que dar el Gobierno. Con lo cual, no veo por qué la gobernadora no nos convoca ahora cuando los chicos no están en las aulas”, sostuvo, en diálogo con PáginaI12, el titular del Suteba, Roberto Baradel. “Nosotros la percepción que tenemos es que la gobernadora más que resolver los problemas que tiene la escuela pública, quiere confrontar con los docentes y por eso no nos convoca”, agregó.

El pedido del Frente Docente se efectivizó a través de la presentación de una nota a la gobernadora bonaerense; al Ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, y al director general de Ecuación y Cultura bonaerense, Gabriel Sanchez Zinny. 

En el texto, el espacio conformado por los gremios Suteba, FEB, Sadop, UDA, AMET y Udocba pide resolver “la política salarial impuesta por la gobernadora Vidal”, que, sostiene, “profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los docentes”. “Es ostensible la pérdida del poder adquisitivo que hemos sufrido los trabajadores de la educación por la política salarial que ha implementado el gobierno en relación a los números de la inflación, la falta de un acuerdo paritario 2018 y la falta de cumplimiento del fallo judicial que le ordena al gobierno aplicar la cláusula gatillo”, indicó el FUDB.

En la nota dirigida al ministro de Trabajo provincial, los gremios advirtieron “la falta de inversión, el abandono y la desidia del Estado que han provocado dos muertes, las de Sandra y Rubén, de las que todavía la justicia no ha determinado los responsables, pero que sin ninguna duda hay una responsabilidad primaria, que es la del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”. 

Además de la cuestión salarial, el Frente Docente expresó su necesidad de “discutir también la actualización y la formación docente, los programas socio educativos, la situación de los comedores escolares, la necesidad de cargos docentes y auxiliares de educación en cada una de las escuelas, la apertura y no el cierre de jardines de infantes, escuelas de islas, escuelas rurales, secundarias, etcétera”.

La última reunión paritaria que tuvieron los docentes con el gobierno de Vidal fue el 28 de noviembre del año pasado. En esa ocasión, la gobernadora ofreció un aumento del 32 por ciento, cuando la inflación terminó rozando el 48 por ciento. “Lo que pedimos es recuperar lo perdido del año pasado y a partir de ahí vamos a reclamar la proyección de inflación de este año más la cláusula gatillo”, explicó Baradel y advirtió: “Si las clases no comienzan es responsabilidad de la gobernadora. Porque si la gobernadora especula con los tiempos, atada a los tiempos electorales y deja la convocatoria para después de la segunda quincena de febrero, evidentemente no quiere resolver el conflicto, busca el conflicto”. 

Contra los tarifazos y el cierre de escuelas

Trap del sky of diamonds por asalto

Un cálido hogar yanqui,

vamos por nuestro cálido hogar yanqui

corremos, gritamos, remamos, trepamos

todo sea por nuestro cálido hogar yanqui

¿creen que algunas hileras de ladrillos flojos

o erizadas espigas de alambres de púes lograrán contenernos,

detenernos,

que pueden disipar el vendaval,

el bramido de las aspas de la  desesperación?

Nos arrastramos con los bebés a cuestas

con las rodillas quemadas

con  sed con hambre con la lengua partida

con la cabeza levantada para chupar

el agua de la lluvia

con la cabeza gacha para que el agua de la lluvia no nos ahoge

como a los pavos.

Vamos por nuestro cálido hogar yanqui.

Pum, para arriba

camuflados entre las piedras y los cactus

públicos, evidentes, vistosos con nuestras pancartas de reclamo

para que muchos nos acerquen pan y queso

Para que muchos nos caguen a balazos asustados de tamaña

oscuridad.

Reptamos silenciosos

eructamos aullidos sin tiempo

nos agitamos saltimbanquis

somos viudas, obreros sin trabajo, maestras sin escuela,

cabos y sargentos de pasado sospechoso,

madres adolescentes,

chicos con ropas tomadas de la basura

que todas las noches se limpian los dientes con corteza de árbol.

Rogamos, puteamos, besamos, hacemos gárgaras de saliva espesa

y seguimos hacia

allá arriba, allá:

nuestro cálido hogar yanqui.

Prefabricadas de madera entre águilas y buitres,

y sherifs de anteojos oscuros y pesadas armas herededas de Vietnam,

de Panamá, los Balcanes, Libia, Siria, Irak, Afganistán.

Cada tanto las patas con llagas se entierran en la arena alquitranada

en la que se derriten pilas de inservibles tablas de surf y malolientes big macs.

Vamos, apuremos el paso

por nuestro derecho a diez horas como repositores en un supermercado

o doce empacando verduras en cajones de espinosa madera.

Vamos por nuestro cálido hogar yanqui,

netflix, pizza congelada, sofá con apoyapiés

y un interminable burbón.

Los estudiantes de Colombia retomarán las calles en defensa de la educación y en homenaje a los líderes sociales asesinados

(Telesur, Caracas, sábado 19 de enero de 2019)- El movimiento estudiantil de Colombia retomará las calles del país el próximo jueves 24 de enero en defensa de la educación de calidad y en homenaje a los líderes sociales asesinados.

Lo harán en defensa de la educación y en homenaje a los líderes sociales asesinados.

Saldrán a las calles del país el próximo jueves 24 de enero en defensa de la educación de calidad y en homenaje a los líderes sociales asesinados.

La líder de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), Valentina Ávila, indicó que la organización estudiantil está comprometida con la paz en Colombia y remarcó que mantendrán su firme rechazo a la represión en contra de sus movilizaciones.

Se movilizarán para exigir que se desarticule el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en honor a los estudiantes que fueron violentados y heridos de gravedad por esta unidad especial de la Policía Nacional de Colombia.

¡Frenemos la resolución número 4055-2018, por la cual el Ministerio de Educación porteño decreta el cierre de catorce escuelas públicas!

La huelga de maestros en Los Ángeles paralizó las escuelas públicas

(ANF, en español. Estados Unidos, sábado 19 de enero de 2019)- Los más de 30.000 profesores californianos que se han declarado en huelga, apoyados por numerosos estudiantes y sus padres, exigen un aumento del presupuesto estatal para las escuelas públicas; la reducción del número de alumnos por aula, que actualmente se sitúa en una media de entre 32 y 40 alumnos.

También exigen que se supriman los exámenes estandarizados para estudiantes y profesores y que se rescate el sistema de educación pública, inmerso en un creciente proceso de privatización a través del modelo escuelas concertadas, desfinanciación estatal pero gestión privada.

La huelga afecta a 600.000 estudiantes de la gran ciudad, de los cuales el 72% son de origen latino. En esas escuelas se estima que los alumnos hablan 90 idiomas diferentes, una cifra que indica claramente que la escuela pública es utilizada por una población económicamente desfavorecida y en su mayoría descendiente de migrantes.

La huelga de maestros, convocada y dirigida por el sindicato UTLA (Union Teachers of Los Angeles), es la primera de esta magnitud en 30 años, y ha sido precedida por acciones similares en otros estados del sur y centro-oeste de Estados Unidos, donde gobierna el Partido Republicano: Virginia Occidental, Oklahoma, Arizona, Kentucky y Carolina del Norte.

Las protestas en esos estados, a lo largo de 2018, terminaron con el logro de notables mejoras laborales y educativas, y movieron sus sistemas políticos locales. Sin embargo, el color político de los gobiernos estatales y locales responsables de la educación pública en los Estados Unidos no parece afectar el tono de las afirmaciones de los maestros en California, un estado dirigido por el Partido Demócrata (incluyendo su capital, Los Ángeles).

Cabe señalar que, según cifras recientes, 29 estados de los Estados Unidos asignan hoy menos recursos a la educación pública que hace 10 años. Al mismo tiempo que se expande el sistema de privatización a través de escuelas concertadas, que consiste en una generosa financiación por parte de conocidos multimillonarios, a cambio de lo cual se les da la dirección y administración de estas escuelas en un asunto privado, a través de fundaciones.

Un programa de privatización encubierta que en el caso de Los Ángeles afecta a una quinta parte de los estudiantes del sistema de educación pública.

La huelga, que ha tenido un gran impacto en la opinión pública estadounidense, también cuenta con el apoyo de la Federación Americana de Maestros, el mayor sindicato del país, y con el apoyo del sindicato de enfermeras, en lo que parece ser un síntoma del renacimiento del movimiento sindical norteamericano, que fue duramente golpeado durante la época del Presidente Ronald Regan en los años ochenta.

¡Otro ajuste vergonzoso!

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 21 de diciembre de 2018. La CTERA, Confederación de los trabajadores de la Educación de la República Argentina, repudia la decisión del gobierno nacional de desfinanciar al Equipo Argentino de Antropología Forense.

Hace 34 años que este equipo de reconocimiento internacional colabora con la investigación de causas trascendentales como la muerte de Santiago Maldonado, el atentado de la AMIA y la recuperación e identificación de las víctimas de la dictadura, entre otras.

Este es un nuevo ajuste que tiende a desmembrar todas las políticas públicas que buscan Memoria, Verdad y Justicia.

¿Cómo proceder ante casos de violencia, abuso o maltrato?

ALGUNAS PAUTAS PARA PROCEDER ANTE LA PRESUNCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA, ABUSO O MALTRATO

CON EL FIN DE PODER CONSTRUIR COLECTIVAMENTE HERRAMIENTAS QUE NOS PERMITAN INTERVENIR ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA QUE SE DEN EN NUESTROS LUGARES DE TRABAJO, PROPORCIONAMOS ALGUNAS PAUTAS DE INTERVENCIÓN INMEDIATA.

1) Lo primero que debemos tener en claro es que bajo ningún punto de vista se debe realizar una denuncia policial. 2) Comunicar inmediatamente al equipo direc􏰀tivo. 3) El director/a debe dar aviso al supervisor/a. 4) Ante situaciones de violencia, abuso o maltrato, la presentación en Tribunales o denuncia debe realizarla el Ministerio de Educación en su carácter de empleador y responsable, preservando de esta manera la integridad del docente y su situación laboral. 5) Dejar constancia por escrito, en acta, de todo lo actuado, con las firmas del personal de la escuela, incluyendo si fueron parte ac􏰀va los compañeros o compañeras asistentes escolares. 6) A la par de atender el conflicto, comunicarse con el gremio al 4371401/12 y solicitar los celulares de los compañeros de CD.

Teléfonos ú􏰀les

Centro de Asistencia a la Víc􏰀tima y al Tes􏰀tigo del Delito (Defensoría del Pueblo): 4721112 - 4721113Dirección Provincial de la Niñez: 4721129Dirección General de Infancia y Familia: 4802444 - Int.: 124-189Comisaría de la Mujer: 4728525Centro de Atención Jurídica (C.A.J.) 4728162 - Línea gratuita para consulta 0800-555-8632

EN AMSAFE ROSARIO CONTAMOS, ADEMÁS, CON UN EQUIPO JURÍDICO Y DE SALUD MENTAL PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LOS DOCENTES EN ESTAS DIFÍCILES SITUACIONES.

Asociación del Magisterio de Santa Fe Delegación Rosario

El salario de los trabajadores registra en el último año una pérdida salarial del 13,5%

(Por Ismael Bermúdez. Clarín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4 de enero de 2019)- En octubre los salarios volvieron a perder frente a la inflación. El índice de salarios del total de los trabajadores registró ese mes un incremento del 3,7% frente a una inflación del 5,4%.

Con relación a un año atrás, los salarios a octubre en promedio aumentaron un 26,2% y la inflación ascendió al 45,9%. Esta diferencia de 19,7 puntos equivale a una pérdida salarial del 13,5%.

Los trabajadores privados no registrados (“en negro”) fueron los más perjudicados. Tuvieron un incremento nominal del 21,9% con relación a octubre de 2017, por lo que perdieron el 16,4%. Además, en promedio, los asalariados informales ganan la mitad de los que están registrados.

Los trabajadores estatales tuvieron una suba del 24,7%, con una pérdida real del 14,5%. En tanto los trabajadores en blanco del sector privado perdieron el 12,4% porque sus salarios aumentaron el 27,8% interanual.

Hasta junio, la caída del salario real había sido del 5,9% porque la inflación sumaba 16% y los salarios poco más de 9%. Luego, la inflación se aceleró mientras los salarios quedaron rezagados.

Los asalariados y empleados públicos, privados y de casas particulares registrados suman casi 10 millones y otros 4,5 millones son informales. En consecuencia, la caída del poder adquisitivo de los salarios, agravado por el menor empleo, de los hogares y familias explican el fuerte retroceso del consumo.

Tanto la mayoría de los empresarios de la industria como de la construcción no prevén alterar sus dotaciones de personal, pero del resto son más las que prevén achicar que tomar más gente, según las Encuestas del INDEC.

Estados Unidos e Israel se retiraron oficialmente de la UNESCO

La United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, abreviado como UNESCO, es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de 1945, inmediatamente después de la Segunda Guerra, con el objetivo de “contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones”, según rezan sus fundamentos.

Pues bien, tanto Estados Unidos como Israel decidieron dejar de pagar sus membresías a la UNESCO en 2011, es decir el mismo momento en que Palestina se unió a esta afamada institución internacional.

Ahora, un  pasito más. A partir del primer día hábil de este 2019, las naciones comandadas por Donald Trump y Benjamín Netanyahu se han declarado oficialmente fuera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El gobierno de Estados Unidos había anunciado ya la retirada en octubre de 2017 alegando “animosidad contra Israel”, y en el inicio de este año la lleva a cabo. Israel, claro, siguió los pasos de los Estados Unidos inmediatamente después.

El adelanto del informe 2018 de la Correpi y una cifra alarmante: un gatillo fácil cada 22 horas

(Por Nahuel Lag. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 3 de enero de 2019)- El adelanto del Archivo de Casos 2018 de la Correpi subraya que el promedio de muertes ocurridas por gatillo fácil, en cárceles o protestas sociales, arroja una alarmante cifra de una persona muerta por violencia institucional cada 22 horas. “Veníamos de un cálculo de 23 horas del informe anterior, bajar una hora promedio en un año es una bestialidad. Ya no encontramos adjetivos para describir los niveles de represión”, denunció la referente de la Correpi, María del Carmen Verdú.

“Por un lado tenemos una política de saturación y militarización de los barrios, donde vemos en cada esquina la presencia de tres o cuatro fuerzas distintas. Ese incremento de poder de fuego en la calle es lo que incrementa los casos de gatillo fácil. Por otra parte, tenemos una mayor cantidad de detenciones, los casos por ‘abuso de autoridad’ se han multiplicado, esa mayor circulación de personas en comisarías desbordadas explica el aumento de las muertes”, resume Verdú, acerca de las categorías más significativas del informe, que también registra casos de desaparición forzada y femicidios por parte de uniformados. Según Verdú, el quiebre en el aumento de los casos de gatillo fácil fue el caso Chocobar, “les dieron la orden de disparar”. 

El adelanto del archivo de casos 2018 precisa que el año pasado fueron denunciados 297 casos de personas asesinadas en manos de fuerzas estatales, que se suman a los 27 registrados en los primeros días de Cambiemos, en diciembre de 2015, y los 441 casos denunciados en 2016 y 2017. “Ya no encontramos adjetivos para la situación inenarrable de represión que estamos enfrentando. Si en 2016 parecía que la represión había pasado de subir en ascensor en lugar de por escalera, ahora va en una nave a la estratosfera”, comparó Verdú citando frases del menemismo, de los años 90, durante los cuales se empezó a realizar el informe anual. 

Aunque parece existir una reducción en los casos entre 2017 y 2018, se debe a que el archivo continúa incorporando casos que llegan a través de familiares de las víctimas, organizaciones sociales u organismos autárticos estatales, además de los casos publicados en los medios de comunicación. En particular, se destacan los informes de muertes en cárceles elaborados por la Procuración Penitenciaria Nacional y la Comisión Provincial por la Memoria, que se conocerán a mediados de 2019.

“El caso de la comisaría de Transradio es un claro ejemplo de las situaciones de encierro que se viven. Una comisaría cuyas celdas un juez había ordenado clausurar, en la que no podía haber más de 10 detenidos, y en la noche del incendio había 27 personas”, ejemplificó Verdú, en referencia a la reciente masacre de la Comisaría 3 de Esteban Echeverría, durante la que murieron 10 detenidos, el caso más grave en la historia del país. Esta será la primera vez en 27 años que la Correpi no publica su informe anual en diciembre -“por la enorme cantidad de datos a procesar, y la necesidad de estar presentes en innumerables conflictos cotidianos”- y que lo postergará hasta el 15 de marzo.

Rechazo del proyecto de creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente (CONEAFOD) por tratarse de un nuevo intento del actual gobierno para volver a instaurar los procesos de acreditación como una herramienta para justificar el achicamiento del sistema, intensificar el ajuste en las políticas de formación docente y avanzar con el cierre de los Institutos Superiores

El antecedente de una medida similar nos remite al contexto de la reforma educativa de los años ’90, en el que, teniendo como marco jurídico a la ‘Ley Federal’, la educación obligatoria pasó a ser definida como un servicio y un gasto, y la educación superior como un privilegio. La nueva medida- apunta a reeditar ese tiempo pasado, donde el Estado nacional y los Estados provinciales dejaron de ser garantes de la educación y pasaron a ser subsidiarias de determinados intereses económicos y financieros.

Desde CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina)siempre hemos planteado que es de suma importancia que el Estado cumpla con lo que establece la Ley de Educación Nacional 26.206 (LEN), cuando define entre los objetivos para la política nacional de formación docente: “Acreditar instituciones, carreras y trayectos formativos que habiliten para el ejercicio de la docencia” (artículo 73 “g”); siempre y cuando este objetivo se oriente al fortalecimiento de las instituciones para garantizar el derecho a la educación superior para todos los sectores de la población a lo largo y ancho de nuestro país, y no se limite a la imposición de un dispositivo de acreditación para justificar el achicamiento del nivel superior.

Por esto mismo, la medida de creación ad hoc de una Comisión para la Acreditación se torna innecesaria porque la normativa vigente ya establece cuales son las estructuras e instituciones que se ocupan y / o deberían ocupar de la cuestión. En este sentido, el Estado debería garantizar el cumplimiento de lo que ya está prescripto y no en crear una estructura paralela que desconoce y deja de lado la legislación vigente.

La LEN crea el Instituto Nacional de Formación Docente (lNFoD) como organismo responsable de las políticas de formación docente. En el Articulo 76 de la misma se prescriben claramente cuáles son sus tareas, entre las cuales se encuentra:

c) Aplicar las regulaciones que rigen el sistema de formación docente en cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carreras, validez nacional de títulos y certificaciones en todo lo que no resulten de aplicación las disposiciones específicas referidas al nivel universitario de la Ley Nº 24.521.

La creación de la CONEAFOD además obstruye y quita toda posibilidad de la participación gremial que sí está garantizada en la normativa vigente.

La Ley de Educación Nacional (LEN) en su Artículo 77, dice: “El lnstituto Nacional de Formación Docente contara con la asistencia y asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por representantes del Ministerio de Educación. Ciencia y Tecnología, del Consejo Federal de Educación, del Consejo de Universidades, del sector gremial, de la educación de gestión privada y del ámbito académico”

Y el Artículo 98 establece la creación del ‘Consejo Nacional de Calidad de la Educación, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología como órgano de asesoramiento especializado, que estará integrado por miembros de la comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la materia, representantes de dicho Ministerio, del Consejo Federal de Educación, del Congreso Nacional de las organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional”. Que tendrá por funciones, entre otras: a) Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Educativo Nacional; y b) Participar en el seguimiento de los procesos de evaluación del Sistema Educativo Nacional, y emitir opinión técnica al respecto.

El Articulo 119 de la LEN señala que  el CFE (Consejo Federal de Educación) “contará con el apoyo de los siguientes Consejos Consultivos, cuyas opiniones y propuestas serán de carácter público: a) El Consejo de Políticas Educativas, cuya misión principal es analizar y proponer cuestiones prioritarias a ser consideradas en la elaboración de las políticas que surjan de la implementación de la presente ley. Que está integrado por representantes de la Academia Nacional de Educación, representantes de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional, de las entidades representativas de la Educación de gestión privada, representantes del Consejo de Universidades, de las organizaciones sociales vinculadas con la educación, y autoridades educativa del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación La Asamblea Federal podrá invitar a, personas u organizaciones a participar de sesiones del Consejo de Políticas Educativas para ampliar el análisis de temas de su agenda.”

A la existencia de una normativa corno la señalada, se agrega otro hecho de gravedad institucional y legal, que es el incumplimiento de la Ley 26.075, la que en su Artículo 10º establece, con claridad que el MEN (Ministerio de Educación de la Nación) juntamente con el CFE y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente.

En definitiva, si la normativa vigente ya establece las obligaciones del Estado, las que están a cargo del MEN y del CFE, las estructuras responsables de llevarlas a cabo, las tareas que se deben realizar y los actores que deben participar, entonces queda claro que no es necesario crear la CONEAFOD. Sino cumplir con lo que ya está establecido en la legislación y poner en marcha los institutos previstos con todos sus actores.

No hacer lo que la ley prescribe generando una estructura paralela pone en evidencia, además de la intencionalidad política, la ilegalidad del proyecto. Una situación que, lejos de lograr lo que dice pretender, sólo va a promover una serie de demandas legales administrativas y judiciales por las irregularidades señaladas y por las consecuencias negativas que se produzcan.

Con la creación de la CONEAFOD se consolida la política educativa de este gobierno que deja de lado al “Estado Educador” como garante el derecho social y humano a la educación, para pasar a ser un “Estado Acreditador” que limita su accionar a la regulación de un “servicio”.

Claramente, la CONEAFOD será una plataforma más que abrirá las puertas a la mercantilización en la formación docente, habilitando el acceso al sector privado; al mismo tiempo que será el instrumento para avanzar en la reducción y cierre de las instituciones educativas estatales.

Por todo esto, desde CTERA rechazamos esta medida y sostenemos nuestra lucha inclaudicable en defensa de los Institutos Superiores de Formación Docente y de la Educación Pública.

Los maestros porteños adelantaron que no iniciarán el ciclo lectivo 2019 si el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no da marcha atrás con la decisión de cerrar catorce establecimientos nocturnos

Los docentes porteños anunciaron que no iniciarán el ciclo lectivo 2019 si el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no da marcha atrás con la decisión de cerrar las 14 escuelas nocturnas, a donde asisten unos 2.500 estudiantes. En el primer día hábil del año, los docentes agrupados en la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) presentaron un plan de lucha para el verano que incluye una serie de medidas como inscripciones manuales para alumnos.

“Rodríguez Larreta cierra escuelas a la que van chicos de 15 a 18 años que tienen que trabajar de día y estudiar de noche. Vamos a pelear todo el verano para que en marzo esas escuelas estén abiertas como siempre”, afirmó Eduardo López, titular de UTE.

Según informaron en una conferencia de prensa, los docentes lanzaron una multisectorial junto a estudiantes, cooperadores y organizaciones sociales para luchar contra el cierre de las escuelas. A su vez, fomentarán la inscripción a las nocturnas entre los adultos que no hayan terminado el secundario y realizarán una campaña para difundir el conflicto entre la comunidad. “El cierre de las escuelas será el primer punto a negociar en la paritaria docente de 2019”, se comprometieron los docentes.

“En CABA hay 400 mil personas que no terminaron el secundario. Hay que abrir más escuelas, no cerrarlas”, informó también López, desde su cuenta de Twitter. En enero, la sede gremial de los docentes recibirá inscripciones para las escuelas nocturnas.

La resolución que determinó el cierre de las nocturnas fue la 4055-2018, publicada el viernes 14 de diciembre con la firma de la ministra de Educación, Soledad Acuña. La norma estableció el cierre progresivo de 14 escuelas comerciales, al anular la inscripción para el primer año del ciclo lectivo 2019, y redujo la cantidad de cursos en otros nueve liceos y bachilleratos nocturnos.

La Justicia porteña ordenó suspender el cierre de carreras en dos institutos de formación técnica

(Resumen Latinoamericano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 1 enero de 2019)- Los amparos habían sido presentados por docentes, alumnos y directivos de los IFTS, patrocinados por el Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire. “Se trata de oportunas resoluciones judiciales sobre asuntos de relevancia pública, que se dan dentro de un contexto en el que el Ministerio de Educación avanza con programas de ajuste y restricción”, planteó.

Mientras sigue el rechazo al cierre de las escuelas nocturnas, así como al cierre del lactario del jardín del Ramos Mejía y al traslado inconsulto de instituciones como la Escuela de Cerámica 1 y instituto Romero Brest en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la comunidad educativa recibió una buena noticia al filo de fin de año: la Justicia porteña dictó, este jueves, dos medidas pre-cautelares donde ordenó suspender el cierre de carreras terciarias y el traslado de los institutos de Formación en Tecnicatura Superior (IFTS) N°22 Y N°9.

Los amparos habían sido iniciados por docentes, alumnos y directivos de los IFTS, patrocinados por el Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire.

Por un lado, el Juez Aurelio Ammirato ordenó suspender con carácter precautelar el cierre de la Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial y el traslado de la sede donde se cursa la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, que se dictan en el IFTS N° 22, hasta tanto el Ministerio de Educación e Innovación remita al Juzgado la totalidad de las actuaciones administrativas referidas a la cuestión debatida.

En tanto, la Jueza Soledad Larrea ordenó suspender el proceso de reorganización del IFTS N° 9,  e indicó al Gobierno de la Ciudad encabezado por Horacio Rodríguez Larreta que deberá abstenerse de llevar adelante cualquier medida tendiente al cierre o cese del funcionamiento del establecimiento, hasta tanto remita al Juzgado la totalidad de las actuaciones administrativas referidas a la cuestión debatida.

En los amparos, se denunció que el Ministerio de Educación e Innovación había comunicado a las autoridades de distintos IFTS, de manera informal, que para el ciclo lectivo 2019 se aplicaría un plan de reorganización de los institutos terciarios, lo cual traía aparejado el cierre de carreras y el traslado de sedes.

Según la acción judicial presentada “la ausencia de una resolución de la autoridad administrativa  que explique los fundamentos y los alcances de una medida que reduce la oferta educativa de la educación terciaria,  que afecta el derecho a la educación de lxs miembrxs de la comunidad educativa y que afecta el derecho al trabajo del personal docente y no docente del instituto, es una práctica que lesiona gravemente el derecho de acceso a la educación”.

“Consideramos que se trata de oportunas resoluciones judiciales sobre asuntos de relevancia pública, que se dan dentro de un contexto en el que el Ministerio de Educación avanza con programas de ajuste y restricción, como sucede con el cierre de colegios nocturnos”, señaló Dos Santos Freire.

Solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Hotel Bauen: la Corte Suprema les falló en contra y se teme que pueda haber desalojo

En el día de la fecha hemos recibido la noticia respecto del rechazo por parte de la Corte Suprema del recurso extraordinario presentado por nosotros.

Esto implica que, notificación mediante a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado Comercial que lleva nuestra causa, entraremos (una vez más) en una difícil situación judicial en los próximos meses.

¡Les agradecemos a todxs las manifestaciones de solidaridad!

Los mantendremos al tanto de la situación luego de la feria judicial del mes de enero. Por lo pronto, brindamos por el año nuevo, por nosotrxs y nuestras familias, por la lucha de todas las empresa recuperadas del país y por el conjunto de los trabajadores/as y el pueblo argentino.

Consejo de Administración de la Cooperativa Hotel BAUEN

Los docentes porteños lograron frenar la realización de actos públicos ilegales

El ahorro del Estado gracias a la salud de los trabajadores de la educación

Hay afirmaciones que se realizan desde el sentido común. Una y otra vez circulan por la sociedad sentencias que muchas personas dan por ciertas, aunque no resistan el menor contraste. Una de esas afirmaciones se relaciona con el mal llamado “ausentismo docente”, vinculado a un supuesto abuso de licencias por razones de salud.

Como con otras ideas y afirmaciones, éstas pueden anclarse en una porción de verdad, pero a la vez ocultan una intencionalidad política. En este caso, pone el foco en responsabilizar a lxs trabajadorxs de la Educación de todo aquello que “está mal” en el sistema educativo público, y lo que es peor, como lo fue en la década del 90, sirve de justificativo para imponer ajustes que implican recortes de derechos (licencias, imposición de sumas por presentismo o productividad), y repercuten sobre la calidad educativa.

Una de esas afirmaciones (nota publicada en La Arena con la firma de J.J. Reyes) es que se disminuyó la cantidad de suplencias en el sistema, lo que es presentado como una buena noticia observada desde el punto de vista económico (“¿ahorro financiero?”).

Sin embargo, es una mala noticia si se explica que el sistema lo que ha hecho es no cubrir las licencias por enfermedad de los docentes, y que el resultado es, en la mayoría de los casos, que lxs estudiantes perdieron la continuidad pedagógica. En tanto se hacen cargo otros docentes, re agrupando (salas o cursos), o directamente sin clases en el caso de los Colegios Secundarios. En síntesis, es una mala noticia porque se resiente la calidad educativa.

Es importante entre otras cosas preguntarse: ¿cuál es el origen de las licencias de corto tratamiento? El (26,5 %) se corresponden con problemas del aparato respiratorio, y tienen un promedio de duración de 3 días, observándose sus picos más altos en los meses de junio, agosto y setiembre.

De ellas, la mayor incidencia se corresponde con cuadros virales que no requieren tratamiento con antibióticos, sino aislamiento y reposo de entre 7 y 10 días. Con la implementación del nuevo Certificado Médico Único muchos profesionales de la salud eligen no otorgarlo, y en su lugar emiten certificados comunes por 48 horas.

Al recibir en promedio licencias de solo 3 días, se interrumpe la continuidad pedagógica, y regresan al aula antes de tiempo, aumentando el riesgo de contagios y recaídas.

Las estadísticas, los números y las personas 

El censo nacional docente del año 2014 registró un total de 8671 docentes en la provincia de La Pampa, aunque existen razones para pensar que el número real sería mayor. 

Desconocemos cuál es la fuente (nota de J. J. Reyes en diario La Arena, 16-12-18) que se usó para determinar que en 2019 habrá 7229 docentes, si esto fuera así, estaríamos más que alarmados, en relación al destino de los trabajadores de la Educación. 

UTELPa ha realizado desde 2008 hasta la fecha, el análisis del comportamiento de Carpetas Médicas (cantidades, tipos de licencias y diagnósticos que las avalan). La fuente utilizada son los propios datos entregados por la Dirección de Personal, y el Ministerio de Educación en el ámbito de la Comisión de Salud por entonces, y hoy Comisión de Salud y Seguridad en el trabajo. (COMISSET).

Como todo proceso social y humano debe ser analizado en un transcurso de tiempo mediano, en nuestro caso tomamos datos de 2014 y 2017. Como ya aclaramos, la disminución de suplencias no está ligada estrictamente al pedido licencia de lxs docentes.

Las carpetas médicas registradas en 2014 son inferiores a las de 2017. Si tomamos el segundo semestre de ambos años, analizando días y licencia, se observa que si bien disminuyen la cantidad de licencias aumentan los días. (casi 2000 más). En 2014 no se había implementado el certificado médico único.

El promedio de días de licencia por docentes por año, ha sufrido una disminución de 0,6, ligada a la restricción que impone el sistema burocrático, que provoca que el docente concurra muchas veces a enfermo a trabajar, o que recorte los días de reposo provocando posibles recaídas, o lo que es peor aún, que contagio a sus estudiantes.

Las carpetas médicas por tipo de licencia se mantienen:

a-Atención familiar se mantiene en un 30 % (desde 2011). (Alto % de docentes mujeres, atención hijos, nietos, padres, madres, ancianos).

b-Las licencias de corto tratamiento han aumentado levemente entre 2014 y 2017, (54,0 al 56,0).

c-Las licencias por largo tratamiento, entre 2011 y 2017 han aumentado levemente ( 11 % a 14 %). Estas licencias tienen estricto control a través de Juntas Médicas (problemas oncológicos, enfermedades crónicas).

d-Licencias por Maternidad tuvo una leve disminución (2 % a 1,8).

e-Accidente o enfermedad de Trabajo: aumentó de 1 a 1,4 %.

La Comisión de Salud y Seguridad tiene como función realizar un seguimiento y monitoreo del cumplimiento de normativas vigentes, y de Monitoreo de la Salud. Más aún venimos solicitando se contemplen situaciones como las de embarazo riesgoso, nacimiento de hijos que mueren al nacer, que generan fuertes situaciones traumáticas a las mujeres trabajadoras.

Es deber del Estado el controlar el otorgamiento y uso responsable de las licencias por razones de salud.

Desde la organización sindical bregamos permanentemente para fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud tales como vacunación del personal docente; y campañas de concientización en el autocuidado, mejoramiento de las condiciones de trabajo, entre otras. Evitando miradas estigmatizantes y economicistas.

Utelpa (Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de La Pampa)