CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina) denuncia el avance privatizador en las definiciones de política educativa

En el transcurso de la semana se dio a conocer en algunos medios hegemónicos la iniciativa del “Observatorio Argentinos por la Educación” consistente en un pedido a los precandidatos presidenciales para que presenten sus planes y propuestas educativas de cara a las elecciones 2019.

Esta fundación, que se presenta como un grupo de “expertos en educación”, irrumpe en la escena mediática solicitandolas propuestas educativas a cada fuerza política, erigiéndose en una especie de juez y árbitropara el debate educativo en un contexto pre-eleccionario.

El Observatorio Argentinos por la Educación ya ha sido cuestionado desde la CTERA por tratarse de una fundación que se crea, durante el gobierno de Mauricio Macri, como una iniciativa de claro tinte privatizador surgida del propio Estado. La primera acción fue la firma de un convenio con el Ministerio de Educación para llevar adelante un proyecto donde este Observatorio asume la función de analizar múltiples indicadores relacionados al sistema educativo. En dicho convenio, el Ministerio de Educación nacional se compromete, por su lado, al “suministro de información periódica y detallada sobre el sistema educativo”.

Este convenio da muestra de la línea política actual que ubica a las ONGs, fundaciones y empresas privadas como los principales interlocutores para la definición de las políticas públicas en educación, relegando a los Sindicatos, docentes y movimientos estudiantiles. Pero ademássignifica un peligroso avance en la privatización de actividades que son propias del Estado y que anteriormente se desarrollaban desde el Ministerio a través de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE).Dirección que fuera desmantelada en el marco de las políticas de ajuste llevadas a cabo durante estos años por el Gobierno de Macri.

La fundación que ahora también se presenta como “evaluadora” de las propuestas educativas de las fuerzas políticas que van a las Elecciones 2019, está constituida por altos directivos de grandes empresas nacionales y extranjeras, como Despegar.com, Edenor, Banco Galicia, Bain & Company, Mercado Libre, Microsoft y otros 50 aportantes más. Y las investigaciones que realiza están a cargo de una “mesa de trabajo” constituida por ex funcionarios que se desempeñaron en las carteras educativas durante los gobiernos de Menen y De la Rua y por especialistas deUniversidades privadasentre las que se encuentran la Universidad Di Tella,Universidad de San Andrés,Universidad Católica, Universidad Austral y ONGs como Educar 2050, Pansophia Project,Fundación Universidad Empresarial Siglo 21, entre otras.

La CTERA cuestiona esta iniciativa y propone que los debates sobre educación no quedenlimitados a los designios de “expertos” que muchas veces están alejados de las realidades socioeducativas y de las problemáticas cotidianas de las escuelas de todo el país. Un debate educativo serio y responsable implica la participación de toda la ciudadanía, con un especial protagonismo de los principales sujetos pedagógicos como los docentes, los estudiantes, las familias, las comunidades y las organizaciones defensoras de la Educación Pública.

Los docentes salteños rechazaron una nueva oferta salarial de la gobernación y sigue el paro por tiempo indeterminado

(Salta, domingo 28 de julio de 2019)- Los docentes autoconvocados de Salta resolvieron en una asamblea rechazar la última oferta formulada por el gobierno, por lo cual seguirán con el paro por tiempo indeterminado iniciado el 15 de julio, tras el receso invernal, por demandas salariales y laborales.

La decisión llegó tras unas cuatro horas de deliberaciones, en una asamblea que se desarrolló en el complejo deportivo Nicolás Vitale, del barrio El Tribuno, de la zona sur de la capital salteña, donde se convocaron unos dos mil docentes de distintos puntos de la provincia.

Los docentes autoconvocados analizaron la última propuesta elevada por el gobierno salteño, en una reunión que mantuvo el jefe de Gabinete, Baltasar Saravia, junto a los ministros de Educación y de Economía, Analía Berruezo y Emiliano Estrada, respectivamente, con los delegados departamentales.

El gobierno propuso al sector docente un aumento salarial del 7,5%, que, con los aumentos ya otorgados durante el año, cubre la inflación oficial registrada hasta junio por el Indec, mientras que para los meses siguientes se estipulan liquidaciones salariales equivalentes a los índices del organismo nacional de estadísticas.

La propuesta incluye además el pedido realizado sobre el Fondo Compensador, que eliminó la Nación y que se pagará desde julio, con fondos provinciales, retroactivo a marzo, mientras que al ítem transporte se le cargará un incremento del 75%.

Los docentes piden que el gobierno provincial se haga cargo del Fondo Compensador; además de la reapertura de paritarias. Además solicitan pase libre del transporte público y titularizaciones en todos los niveles, entre otras demandas.

El paro por tiempo indeterminado comenzó el 15 de julio pasado, tras el receso escolar de invierno, y se desarrolla con altos niveles de acatamiento en toda la provincia. A la protesta se suma un campamento que se instaló en la plaza 9 de Julio, de la capital salteña, marchas diarias y cortes de ruta en el acceso a la ciudad, para visibilizar el reclamo.

FUBA (Federación Universitaria de la Universidad de Buenos Aires): "como jóvenes no podemos permitir que las fuerzas de seguridad se entrometan en nuestra formación"

Contra las afiliaciones compulsivas en la Universidad de Buenos Aires

La semana pasada, la AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires), -a través de su secretaria general- se reunió con el rector y el secretario de Hacienda para presentar la denuncia de AGD, acompañada de la presentación colectiva de más de un centenar de docentes, por las afiliaciones compulsivas, involuntarias, de ADUBA.

En dicha reunión se puso en evidencia que ADUBA contaba con una terminal propia para “cargar” a sus afiliados. Este “procedimiento express” contrasta con las exigencias que cumple la AGD a la hora de presentar sus nuevas afiliaciones. Nuestro gremio eleva la copia de la ficha de afiliación, firmada por el/la docente acompañada por un nota firmada por la secretaria general informando a la oficina de personal de la unidad académica respectiva para que se haga efectivo su afiliación y su aporte al sindicato.

En la reunión, el Rector se comprometió a emitir una resolución por la cual ahora ADUBA, como el conjunto de los sindicatos, tendrá que seguir el procedimiento -por otra parte, lógico- de presentar en regla los pedidos de afiliación, en tanto que ésta es un derecho y no una imposición de un sindicato burócrata o del empleador. Publicamos abajo una copia de la resolución.

En la misma reunión, dada la masiva afiliación involuntaria que efectuó ADUBA, AGD UBA solicitó se efectuara un cotejo de todos los meses del 2019. Pedido al que el rector quedó en contestar.

Por otra parte, en estos días, varios compañeros y compañeras nos informaron que se les sigue aplicando el descuento, a pesar del compromiso de ADUBA de darles de baja dado que nunca aceptaron afiliarse al gremio. Invitamos a todas y todos a comunicarse con AGD a uba.agd@gmail.com por este tema a fin de presentar estos casos al Rectorado o para orientar en el reclamo de desafiliación.

En lugar de construir una escuela, el gobierno porteño avanza con el intento de cierre de Educación Especial

Debido a la falta de construcción de un edificio propio y el abandono de la infraestructura de la Escuela de Educación Especial N° 14, la Dirección de Educación Especial a cargo de Silvina Varela, definió unilateralmente trasladarla a la Escuela Integral Interdisciplinaria N° 3. En lugar de construir una escuela, el PRO avanza con el intento de cierre de Educación Especial, ya que trasladar la EEE 14 al edificio donde funciona otra institución educativa, significa un inmueble menos para una escuela de educación especial.

Por otro lado, implica juntar dos escuelas de escalafones distintos (C y B), cuyos estudiantes tienen características diferentes, por lo tanto necesidades diferentes, afectando negativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además de quietar espació físico a la EII 3, implicaría reducir aulas para la EEE 14, ya que en lugar de 10 aulas que tiene actualmente, proponen 8 aulas.

Hace más de 15 años que se viene planteando un edificio propio para la EEE N° 14, sin embargo ni la gestión anterior, ni la del PRO (de Macri y Larreta) que lleva 12 años gobernando la ciudad han un construido un edificio para esta escuela. Tampoco realizaron las obras de mantenimiento de infraestructura necesarias, por lo que se ha caído parte de mampostería del techo del patio poniendo en riesgo la integridad física de alumnos/as y todo el personal que trabaja en la escuela. Hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cualquier lesión que pueda sucederle a estudiantes, docentes y demás personal de la escuela.

De esta menara se empieza a concretar el cierre de las Escuelas de Educación Especial, que además, de reflejarse en las normativas actuales avaladas por los distintos gobiernos independientemente del color político, se pretende profundizar con el Plan Maestro. Recientemente se avanzó en el mismo sentido, con la publicación por parte del Ministerio de Educación Nacional del documento denominado Fundamentos y Prácticas para la Inclusión. Es decir, por un lado plantean la inclusión, pero por otro, vacían la escuela pública dejando en la ciudad 22 mil estudiantes sin vacantes, con aulas superpobladas, falta de docentes, gravísimos problemas de infraestructura, falta de gas y problemas de ratas que implica, además de pésimas condiciones de enseñanza, gran cantidad de perdida de días de clase. Queda claro que el objetivo es cerrar las Escuelas de Educación Especial con el relato de la inclusión.

La causa de esta situación es el ajuste del gobierno nacional, de la ciudad y del FMI, que priorizan el pago de la deuda a costa de reducir el presupuesto educativo, que este año es el porcentaje más bajo de su historia. Mientras tanto, los partidos patronales en medio de una profunda crisis económica y política, avanzan en la carrera electoralista, donde coinciden en continuar pagando la deuda, renegociando la misma a cambio de un ajuste mucho más brutal mediante la reforma laboral y previsional. Todo esto con la complicidad de las burocracias sindicales de la CGT y la CTA, que en lugar de promover la organización y la lucha, educan a las y los trabajadores en que sólo vayan a votar por una u otra opción patronal.

En este contexto, desde la Comisión de Educación Especial, entendemos que, sí se pierde una escuela, van a continuar avanzando con el cierre de otras. Por eso, consideramos que todas/dos las/os docentes debemos promover espacios de debate, organización y medidas de lucha, exigiendo la obra de una edificio propio para la EEE N° 14 (en la misma zona que funciona la actual institución), e ir construyendo la resistencia que evite el cierre de Educación Especial, y que posibilite mayor presupuesto para garantizar una real inclusión educativa, donde a cada estudiante con discapacidad se le brinde en escuelas especiales o comunes los apoyos necesarios que más aporten a su educación, desarrollo individual e inclusión social.

Comisión de Educación Especial de Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior)

¡No a la colimba de Macri y Bullrich!

A 25 años del asesinato del soldado Omar Carrasco (foto), cuyo masivo repudio terminó con el servicio militar obligatorio bajo el menemato, el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich resuelve crear un servicio cívico voluntario destinado a jóvenes de entre 16 y 20 años que no estudian ni trabajan, bajo la instrucción de Gendarmería Nacional.

La fuerza que persiguió hasta la muerte a Santiago Maldonado y la que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel. La que, junto con las fuerzas represivas del Estado, reprime las movilizaciones y las luchas populares frente a una crisis terminal en la que estamos hundidos.

Es la confesión pública del brutal fracaso de todo un régimen político que, en lugar de garantizar el derecho a estudiar o a obtener un trabajo que no sea precarizado y en condiciones de superexplotación, envía a sus jóvenes a los cuarteles.

La resolución, un retroceso de nuestras libertades democráticas conquistadas, se da en un cuadro mayor: en el negacionismo del genocido y la cifra de desaparecidos, en el intento de liberar por el 2×1 a los militares asesinos (intento abortado por la multitudinaria movilización popular), en la política de reconciliación con los militares y los desfiles carapintada.

El viernes pasado, el Centro de Estudiantes y la Comisión Directiva de AGD del Colegio Nacional Buenos Aires denunciaron la charla de dos ex oficiales que, tras referirse a la guerra de Malvinas, se negaron a condenar públicamente el accionar genocida de la dictadura, lo que generó el rechazo y la indignación de todos los presentes.

Repudiamos y llamamos a repudiar esta bolsonarización de la política de Macri-Bullrich. Exigimos la derogación de esta resolución infame. Por el derecho a la educación, a la salud, al trabajo de nuestra juventud.

AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)

Rechazo de AMSAFE (Asociación del Magisterio de Santa Fe) a la adhesión provincial a la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo

El pasado jueves 4 de julio los Senadores provinciales de todos los bloques partidarios votaron afirmativamente el proyecto de Ley, que prevé adherir a la Ley N° 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo N°24.557; plasmada en el decreto N° 3642/18 y enviado por mensaje a la Legislatura de la Provincia, para ser tratado en sesiones extraordinarias.

De aprobarse en la cámara de Diputados esta iniciativa, se legalizarán mecanismos que restringen los derechos de lxs trabajadorxs que se accidentan o enferman producto de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y por el contrario se busca resguardar el lucro de las A.R.T., quienes tienen a cargo la tarea de sostener la salud y la seguridad en el ámbito laboral. Claramente, la adhesión a la nueva legislación implicaría quitar la mirada sobre la prevención, la calidad de las prestaciones que reciben lxs trabajadorxs y la reinserción laboral.

Como denunciamos oportunamente, el Pacto Fiscal que suscribió nuestra provincia con el Gobierno Nacional imponía entre otras gravísimas consecuencias, la adhesión a la ley de ART, cuestión que rechazamos tanto desde AMSAFE como desde el Movimiento Obrero Santafesino.

Reiteramos nuestro posicionamiento acerca de esta reforma, la cual profundiza la flexibilización laboral con políticas de precarización del empleo y es un claro avance sobre conquistas de la clase trabajadora, que no permitiremos.

Represión contra la docencia salteña en huelga y movilizada

(Salta, miércoles 24 de julio de 2019)- Desde la Comisión Directiva de ADIUNSa (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta) queremos expresar nuestro más enérgico repudio al accionar represivo de la Policía de la Provincia de Salta, desplegado contra un grupo de docentes provinciales que se manifestaban en inmediaciones del Centro Cívico del Grand Bourg, en el octavo día consecutivo de paro, en esta nueva fase de la lucha desplegada en el año 2019.

Cabe señalar que el día de ayer, tras una oferta insuficiente por parte del gobierno provincial, se ratificó la continuidad del Paro Docente y se planteó una marcha para el día de la fecha. Es en ese marco que se desarrolló este acto represivo. Desde las organizaciones de docentes, se nos informa que al menos una docente, Celia Alancay, se encuentra detenida, y otras maestras se encuentran lesionadas. En tal sentido exigimos la inmediata libertad de la compañera.

La lucha docente es una sola. Más allá de revestir en el ámbito universitario, secundario, o el que sea, todxs somos trabajadorxs de la educación. De hecho, muchxs docentes de nuestra Universidad también enseñan en el ámbito privado y público provincial. Ese es un denominador común, y en tal sentido, nuestros ingresos muchas veces son miserables, y no alcanzan a cubrir la canasta familiar, no condiciéndose con la gran responsabilidad de las tareas que desarrollamos.

Por todo esto, expresamos nuestra solidaridad con nuestrxs compañerxs, y queremos transmitirles que su lucha es nuestra lucha.

Leer también: "Represión a la docencia en Salta"..

En Salta los docentes inician su segunda semana de paro en reclamo de la "cláusula gatillo": denuncian que la pérdida del salario ya alcanzó los siete puntos desde enero

(Perfil, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 24 de julio de 2019)- Los docentes de Salta iniciaron su segunda semana de paro en reclamo de la reapertura de las paritarias y la aplicación de la cláusula gatillo para hacer frente a la inflación que en los primeros seis meses del año ya ascendió a 22,4%.

La protesta se inició el 15 de julio, tras el receso invernal que en la provincia se realiza del 1 al 12 de este mes. Este lunes el Gobierno provincial ofreció adelantar los aumentos acordados a principio de año, pero la propuesta fue rechazada por los docentes. Según publica el portal local El Tribuno, referentes de los docentes autoconvocados aseguran que la pérdida en sus salarios ya alcanza los 7 puntos. "Hay malestar en la docencia porque el Gobierno no atiende los pedidos. 

Es por eso que hasta que no se atiendan estas demandas se va a continuar el paro, el humor de la docencia no es el mejor. La gente siente que está desprotegida", manifestaron al mencionado portal. 

En tanto, el domingo se realizaron manifestaciones y cortes de rutas en diferentes puntos de la ciudad. Al mediodía, un grupo de docentes protestó en el acceso al Autódromo, en donde se corrió una nueva fecha del Súper TC2000. Otro grupo hizo cortes intermitentes cada 20 minutos en la ruta 51 y finalmente por la noche, realizaron una marcha de antorchas en la plaza 9 de Julio. El lunes, el jefe de Gabinete de Ministros, Baltasar Saravia y los ministros de Economía, Educación y Gobierno, Emiliano Estrada, Analía Berruezo y Marcelo López realizaron una conferencia de prensa en la que prometieron "cuidar el poder adquisitivo" de los docentes con una actualización periódica en función de los indicadores del Indec "en cada uno de los meses que resten del año".

La propuesta fue rechazada y contemplaba, entre otras cosas, un incremento del 4,9% en julio y otro aumento en cada mes hasta diciembre de este año según los índices oficiales; un "incremento del 50%" en transporte; y el pago completo de la asignación extraordinaria de cinco mil pesos -que algunos docentes no cobraron en su totalidad. No obstante, aseguraron que desde la Provincia analizan descontar los días de paro a los docentes. 

En tanto, este martes los docentes emitieron un comunicado en el que afirman que "la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de nuestros salarios, el estado a aumentado la presión fiscal a través del impuesto al salario (mal llamado Impuesto a las Ganancias pues el salario no es ganancia) pues, amén de que nuestros salarios han ido deteriorándose constantemente (perdiendo casi 20% durante el año 2018), el piso de ganancias no se ha movido ni siquiera respetando el magro crecimiento del salario logrando, de esta manera, que cada vez más trabajadores paguen este impuesto recesivo". 

Y continúa: “Todo este proceso enmarcado en un contexto de inestabilidad laboral, cuya manifestación más cruel la soportan los docentes que cubren interinatos a término periódicamente, sin solución de continuidad, que siempre corren riesgo, cierto, de perder la fuente de trabajo y, por ende, el salario”. En este sentido, reclamaron: “cláusula gatillo “real” de indexación mensual del salario por inflación, procurando un aumento acumulado mínimo del 35% a julio, al básico; actualización inmediata del incentivo docente a un valor de $4000 y del fondo compensador a $2000, por cargo; reembolso del impuesto a las ganancias; régimen de titularizaciones para la docencia de todos los niveles, incluyendo terciario, reconociendo los derechos adquiridos; y el no descuento de los días de paro". 

Licencias docentes: Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) insiste en un proyecto de salud laboral integral

Se realizó este miércoles en Colón un encuentro provincial de secretarios generales de Agmer, integrantes de la comisión directiva del sindicato docente y miembros de la comisión de Salud Laboral Docente de la entidad gremial.

"Se trató de un primer encuentro provincial de cara a sistematizar los contenidos, escuchar a nuestros compañeros de la provincia respecto a la aplicación de la resolución 1590 que vino luego del decreto provincial 426 por la decisión de contratar médicos auditores en todas las departamentales de la provincia para controlar los certificados médicos que presentan nuestros compañeros cuando se enferman", explicó a Elonce TV, la secretaria adjunta de Agmer, Ana Delalloye.

Fue en ese sentido que la sindicalista apuntó que el decreto provincial que prevé el control de las licencias docentes, "no viene a resolver nada, sino que por el contrario, el control por parte de la provincia para cerrar el número de suplencias".

"Desde Agmer proponemos la derogación del decreto 426, que se vuelva al sistema anterior y que se discuta a nivel provincial en la comisión de Salud, y que se integre a los sindicatos, un proyecto de salud integral que nos cuide y nos proteja hacia adelante, y un proyecto de prevención de la enfermedad de los trabajadores", subrayó la sindicalista, al tiempo que bregó por la evaluación del "estado de los trabajadores pre-ocupacionales y determinar qué enfermedades tenemos los trabajadores docentes".

En la oportunidad, Delalloye instó a que "los médicos nos acompañen y trabajen en conjunto con los trabajadores de la Educación, para ver de qué se enferman los docentes y cómo prevenir".

Las declaraciones de la sindicalista fueron en la previa a la reunión que iba a mantener Agmer con representantes del CGE respecto a los puntos que quedaron pendientes tras la firma de la paritaria a fines de abril, entre los que mencionó una actualización del Código 026 de Traslado".

Un nuevo logro en Agronomitos

Seis nuevas docentes de AGRONOMITOS, el jardín maternal y de infantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), recibieron la recategorización de sus tareas al ser incluidas en el nomenclador nacional de la docencia preuniversitaria, como corresponde legalmente.

Este logro, como el de la tanda anterior, se conquistó gracias a la organización de las compañeras, que les permitió ir avanzando en esta gran y justa pelea. AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires), que forma parte de esta batalla, felicita a todas las compañeras. Seguimos exigiendo a la UBA el pase de todas las docentes al nomenclador, la adecuación de categoría y salario, sin modificar su horario de trabajo.

También las docentes denunciaron que fueron afiliadas compulsivamente a Aduba, sindicato que presenta este pase como un logro propio (!) y al que ya han solicitado su desafiliación.

¡Plata para educación pública y no para el control militar de la juventud!

El gobierno porteño recortó raciones de comida y desayuno en una Escuela de Zavaleta

El gobierno continúa su política de ajuste en comedores escolares. Esta vez quitó 11 raciones de comedor y 10 desayunos a la Escuela Primaria 10 del 5° ubicada en la Villa Zavaleta, una de las zonas más postergadas de la ciudad. Esa quita de platos de comidas, sumado a que en el último mes se incorporaron más chicxs a la escuela, genera una incertidumbre cotidiana respecto a que todxs lxs niñxs de la escuela puedan almorzar y desayunar.

A esto hay que agregar la precaria situación energética del barrio y sus consecuentes apagones, razón por la cual los comedores comunitarios ven complicados sus servicios, quedando muchas veces la escuela como único reaseguro del acceso a un plato de comida. Ante el reclamo efectuado por la conducción de la escuela, se les responde que para recuperar la cantidad de raciones que corresponden a los 359 niñas/niños que concurren al establecimiento la conducción debe, nuevamente hacer un expediente electrónico solicitando el aumento de raciones, de esta manera el acceso a este derecho depende de otro trámite administrativo. Vale destacar que la conducción de esta escuela se encargó de ayudar a cada familia para cargar los datos requeridos para la obtención de la beca de comedor mediante el sistema on line que tantos perjuicios genera.

Esta reducción de raciones constituye un paso más en el ajuste de comedores escolares por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se suma a los obstáculos en el acceso a este derecho que genera la implementación del sistema on line para obtener la beca de comedor, a la quita de pan en los comedores y a la baja de cantidad y calidad de los alimentos brindados a nuestrxs pibes y pibas.

Que el gobierno restituya las raciones y que no se recorte ni un plato de comida en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, porque CON HAMBRE; NO SE PUEDE ESTUDIAR.

Los profesores universitarios de Corrientes denuncian la precarización laboral

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste rechazó la precarización laboral "a la que son sometidos los y las docentes que trabajan en la Comisión Central de Educación Virtual".

Los profesores de la casa de estudios asentada en Corrientes advirtieron que quienes cumplen funciones en la UNNE Virtual "fueron contratados en distintos momentos, entre 2009 y 2016, padeciendo desde hace años una alarmante inestabilidad laboral: primero, la renovación de sus contratos era anual o semestral, pero luego en 2018 se los contrató sólo por 4 o 2 meses.

Finalmente, este año los docentes fueron contratados por enero-febrero y después por marzo-abril, cobrando recién en mayo y, en algunos casos, cobrando uno sólo de los dos meses trabajados". El gremio señaló que hay once docentes en esa situación.

La comunidad del Yrurtia viene reclamando por el edificio propio desde hace más de una década…

El viernes 12 de julio, la UTE-Ctera (Unión de los Trabajadores de la Educación) acompañó a la comunidad educativa del Rogelio Yrurtia, en la inspección ocular a la escuela, a cargo de la Jueza Elena Liberatori. Estuvieron también la Asesora Tutelar Dra. Mabel López Oliva, madres, padres, estudiantes, docentes, directivos, la Secretaria de Cymat de UTE, Alejandra Bonato, el Secretario de Cultura y Educación Artística, Carlos Guerrero, Temis Saccomanno de la misma secretaría de UTE y representantes del Ministerio de Educación.

En la recorrida al edificio de Juan Bautista Alberdi 4139 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enumeraron cantidad de situaciones de infraestructura que padece la escuela: cortes de luz, problemas de calefacción, falta de suministro de gas, falta de aulas y talleres para el desarrollo de las clases habiendo espacios vedados para uso de la institución educativa, entre otros.

La comunidad del Yrurtia viene reclamando por el edificio propio desde hace más de una década y las autoridades de ministerio vienen restringiéndoles los lugares en el nuevo edificio que fue pensado y construido para esa institución educativa.

– Por mejores condiciones de enseñar y aprender sin restricciones de espacios.

– Con frío no se puede estudiar

– En defensa de la escuela pública y la educación artística.

¡No a la estigmatización de lxs estudiantes! ¡No a la creación del Legajo Único de Alumnos!

Hace pocos días, el oficialismo presentó en la Legislatura un proyecto de ley que pretende votar esta semana. Se trata de la creación del Legajo Único de Alumnos para centralizar en forma digital los datos personales, informes y la trayectoria escolar de cada alumnx.

Nuevamente, bajo un falso discurso de  “modernización”, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intenta avanzar en una reforma educativa profunda: no se trata aquí de facilitar el acceso de las instituciones que intervienen en la formación de un estudiante -como pretende hacer creer el Gobierno-, sino que, tal  como sucede en otros países, el verdadero objetivo de esta iniciativa es centralizar la información de lxs alumnxs para discriminarlxs por capacidades y de acuerdo a eso asignar las vacantes y las posibilidades de acceso a estudios futuros. Así, unx niñx que atravesó una escolaridad primaria “difícil” verá cercenadas sus posibilidades a la hora de acceder a la escuela secundaria.

Las escuelas tenemos mecanismos para circular información trascendente de lxs estudiantes de un nivel a otro; no hace falta para eso generar un banco de datos donde se expongan datos personales y académicos.

El gobierno ya ha realizado avances en este sentido: la digitalización y carga de informes en una plataforma en el pasaje del nivel Inicial al Primario y del Primario al Secundario se rige con esta misma lógica y por este motivo fue masivamente rechazada en 2017 por lxs docentes que asistieron a las capacitaciones. En la misma línea, en los últimos dos años se hicieron intentos de avanzar con exámenes de funciones cognitivas con la Fundación INECO en el Nivel Inicial y comenzó a destinarse mucho tiempo a la carga de información sobre el proceso de cada alumnx en la “Secundaria del futuro”.

Si bien estos mecanismos aún no se utilizan para seleccionar la matrícula de las escuelas, estas medidas se encaminan paulatinamente hacia un sistema educativo cada vez más fragmentado con escuelas que “ofrezcan” distintas oportunidades y donde los chicos puedan acceder de acuerdo a sus “capacidades”. Así, se destruye por completo la fuerte tradición democrática de nuestro sistema educativo, en donde la escuela puede constituirse como un factor de movilidad social y no existen restricciones normativas para acceder a los siguientes niveles de formación.

Un párrafo aparte merece el modo en el que nuevamente el gobierno avanza en reformas educativas: lxs principales involucradxs no somos siquiera consultados sobre los cambios que  pasan directamente del Ministerio a la Legislatura y luego se aplican unidireccionalmente en las escuelas.

Por todo lo expuesto, desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) rechazamos por completo el legajo único de alumnxs.

¡No a la estigmatización de lxs estudiantes!

¡No a la selección de matrícula y discriminación por capacidades!

¡Abajo el plan de reformas educativas del gobierno!

Declaración de la comunidad del Barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31 y 31 Bis)

La lucha histórica de quienes habitaron y habitan el Barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31 y 31 Bis) siempre estuvo orientada a su consolidación como espacio urbano integrado a la Ciudad de Buenos Aires donde las familias puedan ejercer su derecho inalienable a una vivienda digna.

En diciembre de 2009, esa tradición de lucha logró un hito fundamental: la sanción de la Ley de Urbanización 3343. Progresivamente, el Gobierno de la Ciudad fue restringiendo los espacios de diálogo y participación de vecinas y vecinos, para terminar -9 años después, en diciembre de 2018- sancionando la Ley 6129 y, hace pocos días, aprobando el proyecto de Ley 671, que amenazan con un fuerte retroceso en el proceso de urbanización.

Para urbanizar el Barrio Padre Carlos Mugica, el Estado Nacional transfirió a la Ciudad de Buenos Aires -en diciembre pasado- los terrenos sobre los que se extiende la Villa 31 y 31 bis. En lugar de hacerlo en cumplimiento de los compromisos de urbanización del barrio, lo hizo -según los considerandos del proyecto- en el marco de compromisos internacionales asumidos para la construcción del Paseo del Bajo (Ley 6131).

El pasado 4 de julio, la ‘escribanía legislativa’ (que es completamente funcional al Ejecutivo porteño), aprobó la enajenación de todas las tierras que conforman la Villa 31 y 31 Bis, entre otros predios de la Ciudad. Es decir, la Legislatura le liberó las manos al Jefe de Gobierno para que disponga de esos 547,372m2, tasados en un valor total de $ 5.128.630.000.- En el Anexo de la Ley 6131 señala explícitamente que la transferencia se realiza para cubrir parte de la deuda del Paseo del Bajo y demás obras ferroviarias. Esta es la razón por la que rechazamos hasta último momento el Proyecto de Ley 671 y hoy nos vemos obligados a expresarnos.

Nuestros temores no son infundados, el proyecto de gentrificación de nuestro barrio ya está en marcha y este instrumento solo lo acelerará. Pruebas contundentes de este proceso son:

–Los artículos 52 y 53 de la ley 6129, que establecen los mecanismos para la venta de nuestras viviendas a terceros que no vivan en el barrio padre Mugica sin restricciones a la especulación inmobiliaria.

–Las relocalizaciones de las familias que viven bajo la autopista Illía, cuando el mismo Gobierno tiene en curso las obras para desafectar esa traza como autopista. Se pretende que pasen a ser deudores hipotecarios por 30 años de viviendas construidas con paneles de yeso (con baja resistencia a impactos o al fuego, sin aislación acústica), instalaciones eléctricas a la vista, paredes exteriores de chapa, sin soluciones de accesibilidad, sin acceso al servicio de gas natural, sin terminación en pisos, paredes ni cielo raso, a un valor de la tierra que triplica la tasación oficial y con cláusulas leoninas.

–Los modelos de escritura entregados a los vecinos y vecinas de bajo autopista incluyen cláusulas que autorizan la ejecución de la vivienda tras una mora de 1 (un) mes en el pago de la cuota de la vivienda o los servicios (cláusula 7) y la cancelación de la hipoteca mediante el reintegro del inmueble (cláusula decimoprimera) entre otros artículos abusivos. De no modificarse estas cláusulas violatorias del derecho a la vivienda para Bajo Autopista, corremos el riesgo de que este modelo de escritura se replique para todo el barrio tras la aprobación del proyecto de ley 671.

–Por otro lado, la instalación de empresas multinacionales en terrenos del barrio, sienta un precedente de lo que pretende hacer el gobierno de la ciudad con las tierras recientemente enajenadas y que no tienen un proyecto social asociado. ¿Cómo podrán competir las actividades económicas de las y los vecinos frente a estas empresas externas al barrio?

–Otra prueba de este proceso de gentrificacion ya iniciado es la venta incontrolada de terrenos  y viviendas entre vecinos/as, a la que la secretaría hace la vista gorda. Los vecinos y vecinas que llegan hoy al barrio y compran una vivienda no serán beneficiarios del proceso de urbanización y se convertirán en blanco fácil de expulsión, junto a los miles de vecinos y vecinas que habitan estas tierras hace muchos años y que aún no han sido censados por el gobierno de la ciudad. En su resolución 158/SECISYU/2019 el GCBA acaba de definir que no habrá nuevas instancias para incorporar a los y las vecinos no censados, lo que deja afuera – incluso- a históricos habitantes del barrio.

–El organismo a cargo de las obras en el Barrio, la SECISYU dirigida por Diego Fernández, ha relegado trabajos urgentes como la infraestructura eléctrica por lo que se producen continuos cortes de energía e incluso han generado incendios que produjeron muertes y cuantiosas pérdidas y perjuicios; además, no garantiza la protección de vecinas y vecinos, especialmente de niñas, niños y personas mayores o con movilidad reducida, cada vez que autoriza la realización de obras en calles -pavimentación o tendido de cañerías- sin respetar mínimas normas de seguridad e higiene.

Todas estas son las razones que fundan nuestro temor y nuestro rechazo al proyecto que se aprobó en la Legislatura el jueves pasado. Los y las vecinos queremos una solución real y a largo plazo de nuestro problema habitacional, y no instrumentos que facilitan de manera encubierta la expulsión lenta de los habitantes del barrio, esta vez con las leyes del mercado y artilugios legales.

Rechazamos cualquier intento de utilizar la enajenación votada por la Legislatura para vender las tierras al mejor postor; estas tierras sólo deben tener como destino la titularización del dominio por parte de quienes habitan la Villa 31 y 31Bis; rechazamos cualquier intento por poner en marcha negocios inmobiliarios que terminarán expulsando a miles de familias, vulnerando su derecho a la vivienda digna.

Finalmente, repudiamos que el Gobierno de la Ciudad pretenda acelerar inauguraciones y relocalizaciones con evidentes fines electoralistas, sin dar solución a las necesidades de nuestro Barrio Padre Carlos Mugica. Queremos una real urbanización y la radicación definitiva para nuestras familias.

Lo hemos dicho muchas veces y lo repetiremos hasta el final. ¡La Villa 31 no se vende, se defiende!

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 11 de julio de 2019

Formación docente y escuela porteña

Santa Cruz: fallo contra la discriminación a una maestra que sirve para sentar precedente

En un comunicado del gremio de los educadores se da cuenta del amparo que fue patrocinado por la organización sindical.  

"El amparo ganado en primera instancia bajo el patrocinio de ADOSAC (Asociación de los Docentes de Santa Cruz) es un triunfo contra la discriminación impuesta por la ideología retrógrada del  Consejo Provincial de Educación y en particular de su Dirección de Asuntos Jurídicos", indica el comunicado.

Y continúa: "El mismo pretende  hacer valer argumentos reaccionarios para legitimar la discriminación por edad, aspecto contrario a la Constitución Nacional y Provincial y a los Tratados y Convenios Internacionales, negándole a los docentes que cumplen 40 años el acceso al trabajo, al alimento de su familia y a la realización personal, en suma, le niega la dignidad que hace a la esencia de todo ser humano".

Sin ratas ni venenos

La Unión de Trabajadores de la Educación acompañó la mañana del 1 de julio a la comunidad educativas del Comercial Nº 19 del Distrito 8vo. que se movilizó por el cuadro de intoxicación que padecieron docentes y alumnos del establecimiento.

Después de 6 días sin clases por la presencia de roedores, la comunidad educativa se reincorporó ya que supuestamente la escuela estaba en condiciones de reabrir sus puertas. Sin embargo, una vez más la desidia del gobierno de Rodríguez Larreta obligó a suspender las clases. Durante la mañana se empezaron a descomponer docentes y estudiantes. El veneno utilizado para la desratización les provocó vómitos, picazón en los ojos y nariz y cefalea. Se tuvo que hacer presente el SAME, junto a bomberos, policías y Defensa Civil.

Al menos una docente y un alumno tuvieron que ser trasladados a un hospital. Otras personas concurrieron a su obra social para ser revisadas por los síntomas que presentaban. El área de toxicología de Defensa Civil estuvo controlando el nivel de toxicidad en el lugar y el SAME propuso el cierre inmediato de la escuela.

Una vez más, la escuela pública tiene que cerrar sus puertas para evitar una tragedia, no sólo por el accionar negligente por parte de la empresa fumigadora, sino por la falta de responsabilidad por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad al no haber realizado eficientemente los controles que corresponden.

Desde UTE exigimos a las autoridades den una pronta respuesta y un efectiva solución a esta grave situación que puso en riesgo la vida de estudiantes y docentes. Le exigimos al Gobierno porteño que deje de lado la campaña electoral y se ocupe de garantizar las condiciones dignas de enseñar y aprender en todas las escuelas porteñas.

Rosario: abrazos solidarios a las escuelas 1279 y 1280

¡Seguimos sin gas y seguimos con los abrazos!

Ante los reiterados reclamos por la falta de gas y problemas con el servicio, desde Amsafe (Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe), regional Rosario, junto a lxs delegadxs y a las comunidades educativas de los establecimientos afectados realizamos el miércoles pasado abrazos solidarios en las escuelas N° 1280 y 1279.

Reclamamos por el derecho a enseñar y aprender en condiciones dignas.

Los porteños merecemos escuelas como la gente

Protocolo de actuación ante un caso de aplicación con agroquímicos en las adyacencias de establecimientos educativos

En el marco del Jornada Nacional de Salud Laboral de CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina), desarrollada el pasado martes 2 de julio con representantes de todas las provincias, se elaboró un «Protocolo de actuación ante un caso de aplicación con agroquímicos en las adyacencias de establecimientos educativos».

En el mismo, CTERA como organización nacional, exige que se respete el principio precautorio, definiendo la necesidad imperiosa de rechazar las fumigaciones en forma urgente, evaluando en cada distrito, con sus actores sociales, generar espacios intersectoriales e interdisciplinarios con actuación del Estado, que  garanticen los Derechos Humanos de la población.

El documento es propuesto como una herramienta de intervención sindical a las organizaciones de base, además de ser insumo para las discusiones paritarias.

El documento completo se puede leer aquí.

"La rata" antes era una simpática metáfora escolar