Jure manifestó:
“Corresponde que los organismos estatales bajo cuya responsabilidad se dictaban
clases y se ejecutaban las obras den un detallado informe en lo que concierne a
sus tareas de control, supervisión y demás tareas inherentes a los mismos. En
primer lugar el ministerio de Educación provincial debe explicar porqué
habilitó el dictado de clases, cuando las condiciones epidemiológicas
existentes ameritan no hacerlo. Además la explosión que ha costado dos vidas y
tiene a una docente herida en grave estado, ha ocurrido en un predio propiedad
de Educación y en tal carácter le cabe la responsabilidad civil de los daños
humanos y materiales, para lo cual debería estar cubierto con los seguros del
caso. Hemos confirmado que una de las víctimas fatales es también un trabajador
de la educación del CFP°6.”
Los cuerpos fueron
descubiertos en la Escuela Residencial para Indígenas Kamloops que abrió en
1890 y cerró a fines de la década de 1970. A lo largo de un siglo, se separó a
más de 150.000 niños y niñas indígenas de sus familias y se los envió a
escuelas residenciales para despojarlos de sus culturas e idiomas de origen e
integrarlos a la cultura canadiense hegemónica.
“Estos son solo algunos
de los niños y niñas que murieron en estas escuelas”, dice Cindy Blackstock,
directora ejecutiva de la Sociedad para la Atención a la Infancia y la Familia
de las Primeras Naciones. “Hay muchos más en tumbas no identificadas en todo el
país”.
En 2015, la Comisión de
la Verdad y la Reconciliación de Canadá llegó a la conclusión de que las
escuelas residenciales fueron parte de “una política conciente de genocidio
cultural” contra la población de las Primeras Naciones de Canadá.
Leer también: “El Papa no ofrece disculpas por el papel que jugó la Iglesia en la muerte de menores indígenas en Canadá”
A la Secretaria
General, Sonia Alesso.
A la Comisión
Directiva Provincial:
La gravedad de la
situación por la que estamos atravesando y las diferentes declaraciones de
funcionarios del Poder Ejecutivo provincial han generado en la docencia un
clima de inquietud y zozobra.
La intención de
modificar los convenios con los prestadores de nuestra Obra Social IAPOS, la
justificación del déficit de la Caja de jubilaciones en base a razones harto
conocidas por nosotros, el uso de circulares contradictorias con Decretos
nacionales y Provinciales por el ambiguo uso de las mismas, la caída del
salario, la situación de los reemplazantes, el no cumplimiento del acuerdo por
las cifras no remunerativas y la anulación masiva de titularizaciones
constituyen hechos que justifican la elaboración de respuestas del conjunto de
la docencia y no solamente de su dirigencia.
Debido a ello,
solicitamos que convoquen a asamblea provincial para que los afiliados expresen
su voz, bajo la herramienta con que la docencia ha librado muchas batallas de
manera colectiva, y podamos organizarnos.
Lo mismo si te efectúan descuentos en el recibo de junio.
La lucha es colectiva y nos ayudamos entre todes. Que nadie se quede afuera. No dejes de anotarte.
https://forms.gle/9GxEe4WteVewtETL9
La ley también prohíbe
que se enseñe el Proyecto 1619 del periódico The New York Times, por el cual su creadora, Nikole Hannah-Jones,
recibió un Premio Pulitzer en 2020. Texas se suma a otros estados del país,
incluidos Arkansas y Carolina del Norte, que desde el asesinato de George Floyd
a manos de la policía en 2020 han aprobado leyes que prohíben la enseñanza de
educación fundamental sobre el racismo.
Docentes de todo el
país han protestado por la promulgación de dicha legislación, que han comparado
con las leyes discriminatorias de la época de la segregación racial.
Estas declaraciones las
realiza en el contexto donde el gobierno provincial no garantiza ni la
conectividad, ni los dispositivos, ni las condiciones mínimas indispensables en
cada escuela para el acceso a la educación de todxs lxs estudiantes.
Cabe destacar también
que es una medida que atenta contra derechos laborales adquiridos como es el
derecho a la jornada laboral y es claramente una medida antipedagógica.
Es inadmisible seguir
escuchando manifestaciones de este tipo. Exhortamos a este Ministerio de
Educación a dejar de emitir expresiones irresponsables e improvisadas que
intentan colocar a lxs docentes como chivos expiatorios, pretendiendo
sistemáticamente enfrentarnos a nuestras comunidades.
El gobierno ha incumplido
el mismo decreto que ellos impusieron a comienzos de año, lo cual expone la
mala fe constante en los modos de negociar y actuar. Exigimos soluciones ya.
#BastaDeAjuste
#ParitariasYa
#MásParaEducación
SUTE (Sindicato
Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Mendoza)
Pero lamentablemente
debemos denunciar un hecho grave. El docente Ramón López titularizó un cargo de
Maestro en la Escuela 2003 (Carcelaria) a pesar de que días antes contaba ya
con dos cargos titulares de maestro.
Ramón López habría
renunciado a una titularidad el día previo a la titularización, pero la
normativa es clara en este punto. El Anexo 3 del Decreto 3029 en su Art. 11.4
establece una fecha tope para presentar renuncia; dice la norma en su parte
pertinente : “….Las renuncias a cargos y horas titulares no previstas se
tomarán al día hábil anterior al inicio de la inscripción a cualquiera de los
procesos de titularización.”
Todxs sabemos de esa
limitación que establece el 3029. Lo sabe RRHH del Ministerio de Educación, lo
sabe la Comisión Directiva Provincial, lo sabe Ramón López.
Todxs debemos respetar
la norma y es responsabilidad de las autoridades ministeriales y también de las
conducciones gremiales hacer que se cumpla; mucho más si están en juego los
derechos de lxs aspirantes escalafonadxs. Pero parece que, en el año 2021,
algunxs tienen privilegios.
El hecho es más grave
aún porque Ramón López es militante de la agrupación Trabajadores de la
Educación que dirige nuestro gremio.
Cuesta encontrar otra
explicación que una inaceptable connivencia entre las autoridades ministeriales
y las del gremio a nivel provincial.
Desde Amsafe (Asociación del Magisterio de la
provincia de Santa Fe), regional Rosario, acompañamos a lxs compañerxs
afectadxs haciendo la presentación legal correspondiente.
Exigimos a las
autoridades ministeriales y a la CD (Comisión Directiva) Provincial que hagan
todo lo necesario para desandar este camino por fuera de la normativa que
lesiona los derechos de todxs.
Reiteran el alerta
efectuado oportunamente, cuando el Ministerio expusiera este proyecto
cuestionado y resistido en Mesa Técnica del mes de noviembre pasado, remarcando
además de lo antes indicado, que hay una clara intencionalidad política de
avanzar por sobre los derechos de los trabajadores de la educación, con la
modificación de hecho de la ley que rige la labor de los mismos, como lo es la
ley del Estatuto del Docente 647 E –de rango constitucional-, direccionando
todo a una reválida de títulos inclusive, previendo con ello desde ya la
desestabilización laboral lisa y llana de los educadores chaqueños. Ratifican
este alerta en particular frente al despacho favorable que tiene el proyecto
oficial para tratarse próximamente en la Legislatura.
Reclaman a los señores
diputados no sancionen la Ley de Educación Digital en los términos proyectados
por el Gobierno (Proyecto N° 262/21), pongan en discusión el tema con los
distintos sectores involucrados, y eviten avanzar además por sobre el derecho
social a la educación de los educandos, como por sobre los derechos de los
educadores.
ATECH
- UTRE CTERA - SADOP
Habiendo tomado
conocimiento extraoficialmente de la opinión ministerial –de Educación-,
solicitada por la Legislatura a dicha cartera, respecto del Proyecto de Ley
1110/20 –Licencia por Covid para docentes-, que fuera impulsado por esta
organización sindical, la ATECH rechaza de plano los “fundamentos” de la recomendación
ministerial de “no proseguir con el proyecto en cuestión”, con la firma y sello
del Subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología del MECCyT
Juan Martín Fernández.
El coronavirus
provocado por el SARCS 2 “es una enfermedad común2 según algunos paladines del
ajuste en educación. Tristeza ha provocado escuchar a funcionarios de otros
países referirse a la pandemia que azota al mundo como si tratase de una gripe
común. Hoy, estos conceptos son expresados en nuestra Provincia, por funcionarios
de segunda línea al referirse que los
docentes enfermos o contactos
estrechos con personas enfermas con Covid-19,
deban sacar licencia por enfermedad común. El desconocimiento extremo
que manifiesta este funcionario, provoca tristeza por lo elemental de las
respuestas y la preocupación por el desconocimiento sobre el daño que puede
originar una persona enferma o con posible contagio de Covid-19 a la comunidad
educativa y a la comunidad en general. Estamos hablando de una pandemia que en
el mundo ya ha provocado millones de muertos, de contagiados, muchos de los
cuales tienen secuelas importantes y otros, que hasta el momento se ignoran las
posibles secuelas, más de sesenta mil muertos en nuestro País, millones de
contagiados, en nuestra Provincia más de mil muertos, y miles de contagiados,
por lo que, la comparación, o querer encuadrar la enfermedad provocada por el
SARCS 2 en una “enfermedad común”,
carece de cualquier argumento lógico, más aún de argumento científico, como de
argumento legal, atendiendo a que esta enfermedad es de denuncia obligatoria y
el aislamiento no es optativo, sino obligatorio.
Los decretos nacionales
y provinciales hablan de aislamientos, pero en ningún momento la Provincia
habla de cubrir dichos aislamientos con licencias de “enfermedad común”, por lo
que la ATECH exhorta a los señores diputados a que a la brevedad sancionen los
proyectos de ley presentados por esta organización sindical para establecer
concretamente en la ley del Estatuto del Docente, licencias especiales para los
enfermos por Covid-19 o aislados por ser contactos estrechos, mayores de
sesenta años y/o con comorbilidades; debe dejar de intentar “ahorrar” el
Ministerio a costa de la salud y de la inestabilidad laboral de los docentes.
SOBRE
EL PROYECTO DE LEY 538/19. ESTABILIDAD LABORAL DOCENTES INTERINOS NIVEL MEDIO
Respecto a la
estabilidad laboral de los docentes de nivel secundario –interinos-
involucrados en la transformación educativa para quienes está destinado el
proyecto de ley 538/19 –con informe negativo de Educación también a través de
la Subsecretaria antes mencionada, la ATECH desde un comienzo fue clara, recordando ahora, a los funcionarios
actuales empecinados en el “ahorro” y ajuste del sistema, a través de una
pretendida legislación paralela basada en resoluciones por encima de leyes y
decretos que, cuando se trató con el Ministerio de Educación el tema respecto a
los cambios en el nivel secundario, con orientaciones, ATECH hizo pública su
postura que transmitió al ministro de educación de la Provincia en su momento,
respecto a los costos laborales que demandarían dichos cambios en el nivel,
tema que fue asentido por el Ministerio entonces. Subraya así la Entidad que la
ley 647 E –Estatuto del Docente- no contempla estabilidad especial para los
docentes por cambio de planes de estudio, o modificaciones laborales en su
artículo 21, por eso sabiamente los señores diputados tomaron el proyecto de
ley de autoría de nuestra Entidad en el año 2015, que proponía estabilidad
laboral para los docentes que se desempeñaren en el nivel secundario,
titulares, interinos y/o suplentes con algunas características, transformaron
el proyecto de ATECH en ley ex7616, hoy 2335L, pero a los docentes interinos se
les dio solamente garantías laborales hasta la realización del próximo
concurso, dándoseles la posibilidad a los mismos de desempeñarse en los nuevos
espacios homologados o en espacios focalizados. Respecto a esta figura
“espacios focalizados” en ningún momento la Entidad hizo diferencia en su
proyecto entre titulares e interinos, y entre focalizados y espacios
homologados.
Por lo aquí expuesto
rechaza la tergiversación que la misma Subsecretaría ministerial hace del
proyecto de ley en cuestión -en el informe del Ministerio a la Legislatura
sobre el proyecto 538/19- que surgiera de la propuesta de esta Entidad, para
seguir eludiendo las respuestas concretas de estabilidad que definitivamente el
Estado debe brindar a los trabajadores toda vez que es el mismo que cambia las
reglas de juego cuando mejor le parece sin contemplar los derechos de los
trabajadores.
Exigimos al gobierno la
suspensión de clases presenciales; el regreso a la virtualidad y que se
garantice conectividad para todos/as.
Hasta que no se
complete la vacunación y baje la curva de contagios -ayer se registraron 900
nuevos casos-, la presencialidad expone la salud y las vidas de miles.
#VirtualidadYa
#ConectividadParaTodxs
SUTE
(Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de
Mendoza)
El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad se movilizará este
sábado 19, a las 14 horas, a la embajada brasileña. Lo hará en apoyo a la
jornada de lucha internacional que decenas de organizaciones obreras, sociales,
estudiantiles y políticas protagonizarán en el país vecino y en el mundo, en
rechazo al gobierno de Jair Bolsonaro.
Al mismo tiempo, con la
pandemia se han agravado las penurias económicas de las masas. El desempleo
trepó al 14,7% en el segundo semestre del año. Crecen el hambre y la pobreza,
pero aun así el gobierno recortó la escasa asistencia social que había
dispuesto el año pasado. En paralelo, Bolsonaro y su ministro Paulo Guedes
avanzan en el desguace de Petrobras y han abierto un proceso de privatización
de Eletrobras. Es una línea de negocios para el gran capital y de descarga de
la crisis sobre las espaldas de las masas.
La orientación del PT
(Partido de los Trabajadores) busca tejer una red de seguridad institucional y
construir una variante de recambio con sectores de la derecha y del centro
político contrarios a Bolsonaro para las elecciones de 2022 (un “frente
amplio”). En esa línea se inscribe el encuentro de Lula con el privatizador
serial Fernando Henrique Cardoso. Las direcciones sindicales identificadas con
el PT están subordinadas a esta política y vienen frenando una respuesta de
conjunto de los trabajadores brasileños.
Apoyamos al pueblo
brasileño en esta nueva jornada de lucha y nos pronunciamos para que tenga una
continuidad, hasta derrotar a Bolsonaro, Mourao y todo el régimen de
explotación.
La justicia mendocina
endilga cargos absolutamente ridículos a estxs compañerxs, quienes fueron activos
participantes de la masiva protesta social de diciembre de 2019 que obligó al
gobierno a derogar la ley que habilitaba el uso de sustancias contaminantes en
la explotación minera en esa provincia. Nora y lxs demás compañerxs
participaron de aquella gesta popular, frente a la cual los mismos que
intentaron habilitar la contaminación de las aguas dijeron sentirse
“secuestrados”. Que esa denuncia disparatada haya avanzado en la justicia
evidencia que esos funcionarios buscan castigar a quienes protestan, dando un
mensaje amenazador a toda la sociedad. Pretenden advertir que quienes se
manifiesten contra los grandes intereses -como el de las mineras- serán
pasibles de persecución.
Exigimos el inmediato
desprocesamiento de Nora Moyano, Pablo Masutti, Marcelo Giraud y Carlos Ruso, y
el cese de la persecución contra quienes defienden el medio ambiente contra la
destrucción y la contaminación.
Hoy como ayer su
propuesta sigue siendo cerrar. Esta vez el Ministerio de Educación pretende
cerrar la inscripción a los profesorados en diciembre y no en marzo como
históricamente se viene realizando, al mismo tiempo que propone alterar las
fechas correspondientes a la inscripción de mitad de año.
Este hecho, no casualmente,
coincide con la apertura de las inscripciones en la UniCABA o “Universidad de
la Ciudad” que en su oferta, cuenta con la creación de un profesorado de
educación primaria que no contiene la ESI como parte de su plan de estudio.
Desde la UTE (Unión de los Trabajadores de la
Educación) exigimos que no se cambien los cronogramas de inscripción y
evitar esta alteración que esconde una maniobra que impide la inscripción a los
profesorados de nivel primario.
El ejecutivo debería
abocarse a resolver la inestabilidad laboral que padecen los institutos desde
hace casi 10 años, dado que impacta negativamente en los puestos de trabajo de
los profesorados y tecnicaturas que irían así rumbo a la acefalía ya que solamente
los docentes titulares pueden postularse a los cargos electivos.
Si el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pretende mejorar las trayectorias de les
estudiantes deberían proveer dispositivos y aumentar la cantidad y calidad de
programas de apoyo a las trayectorias de les alumnes.
La propuesta académica
de educación superior debería además ser acompañada por mayor inversión en
investigación y extensión, cuestiones que Juntos por el Cambio jamás
promovieron.
La vida democrática de
las instituciones no debe verse alterada por ninguna medida, todo lo contrario,
debería ser auspiciada con un mayor presupuesto.
Si se requiere de más
docentes, desinvertir en los profesorados no es la opción.
Exigimos:
Aumento del presupuesto
en materia educativa y en particular en educación superior
Estabilidad laboral
para les docentes y creación de más puestos de trabajo en el nivel superior.
Generación de políticas
de cuidado de las comunidades educativas que en este nivel están
particularmente conformadas por mujeres que en muchos casos son sostén de familia.
Ninguna restricción ni
condicionamiento a las inscripciones en nuestros profesorados.
Si bien hemos sido
protagonistas en la construcción del protocolo para volver a la presencialidad
de manera segura y hemos puesto toda nuestros recursos y creatividad de
manifiesto en cada aula; hoy, la realidad nos muestra que es necesario
retroceder ante este virus que avanza de manera implacable, que se cobra
diariamente la vida de muchxs rionegrinxs y que ha hecho que nuestro sistema de
salud colapse ya que no puede brindar la atención necesaria si nos contagiamos.
Lxs Trabajadorxs de la
Educación queremos presencialidad, la defendemos y reivindicamos porque sabemos
exactamente lo importante que es, no solo desde lo pedagógico sino también
desde lo socio afectivo, todo lo que ocurre adentro de las escuelas. No
obstante entendemos que en este contexto el cuidado de la salud y la vida deben
ser prioridad, sostenemos que deben tomar decisiones urgentes para poner en
resguardo tanto a trabajadorxs como a estudiantes y comunidades educativas.
En Río Negro para estar
en las aulas de manera segura necesitamos urgentemente las vacunas, solo un
tercio de lxs trabajadorxs de la educación la han recibido; necesitamos que se
planifique estratégicamente un plan de vacunación y que ingresen en cantidad
suficiente; y además, se repartan
equitativamente sin privilegiar a ningún sector.
Hicimos lo que teníamos
que hacer, trabajamos siempre desde nuestras casas cuando así se definió;
cuando volvimos a las aulas concientizamos a las comunidades educativas desde
nuestro rol. Hoy necesitamos que el Estado esté a la altura de la situación
epidemiológica y sanitaria en la que estamos inmersxs, entendemos que es
necesario minimizar la circulación de personas hasta tanto avance significativamente
el cronograma de vacunación y el pico de contagios disminuya. No vamos a
arriesgar a nuestrxs estudiantes ni a nosotrxs mismxs por la ausencia de
definiciones concretas de quienes tienen la enorme responsabilidad de
cuidarnos.
Villa Regina, lunes17
de mayo de 2021
En un contexto en el
que más del 80% de estudiantes no están concurriendo a los edificios escolares
para cuidar la salud y la vida, la decisión política del Jefe de Gobierno y la
Ministra de Educación es negarles la educación. En la realidad solo 2 de cada
10 estudiantes tiene garantizado el acceso a la educación en CABA.
La lucha sostenida por
toda la comunidad educativa en defensa de la salud y la vida dejan cada vez más
en evidencia el desinterés de la gestión de Larreta y Acuña por la educación
pública. Con un número de casos diarios superior a dos mil y un colapso del
sistema sanitario continúan con el marketing electoral en lugar de garantizar
los dispositivos y la conectividad para dar continuidad pedagógica a todxs lxs
estudiantes.
Desde el inicio de la
pandemia, el Jefe de Gobierno y sus ministros de Educación y Salud, Soledad
Acuña y Fernán Quirós, repiten robóticamente que todas sus decisiones se basan
en las evidencias y en las estadísticas.
Falso. Cada vez que
aparecen frente a una cámara ponen en marcha una maquinaria de información
tergiversada al servicio de la construcción de escenarios.
Una muestra clara se
expresa en los datos de ocupación de camas de terapia intensiva en el distrito.
Quirós comunica qué bajó el porcentaje de ocupación de camas UTI, pero no dice
que para mostrar a ese resultado relativo debieron aumentar el número de plazas
totales.
Lo mismo hace Acuña
cuando dice en los medios que “en el 75 por ciento de las escuelas hay clases
presenciales” pero oculta que en esas burbujas la concurrencia de estudiantes
la asistencia apenas llega al 18 por ciento.
Exigimos a la ministra
que deje de ocultar la realidad cotidiana de las escuelas y deje de negarle el
derecho a la educación a más del 80% de lxs estudiantes de la ciudad que cuidan
su salud, la de sus familias y la de todxs lxs vecinxs de la ciudad.
El viernes 11 de junio realizamos,
además, una radio abierta y la confección
de una bandera homenaje en el distrito 15 a lxs compañerxs fallecidxs desde la
vuelta a la presencialidad.
No vamos a ser
cómplices del negacionismo del gobierno de la Ciudad que expone a la comunidad
educativa al contagio y la muerte.
Señores Rectores miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
En atención a la nota
enviada por nuestra Federación al Comité Ejecutivo del CIN, consideramos
oportuno contextualizar las razones que impulsaron el pedido de audiencia,
conscientes de la gravísima situación sanitaria que atraviesa nuestro país – y
el mundo – a consecuencia de la pandemia por Covid-19 y las diversas mutaciones
descubiertas, que nos mantuvieron durante todo el año pasado y lo que va del
actual respetando las medidas dispuestas por el gobierno nacional y las
jurisdicciones provinciales. Al mismo tiempo, desde nuestras organizaciones de
base y a nivel nacional, nos abocamos a la generación e integración de espacios
multisectoriales en el ámbito universitario para establecer los necesarios
protocolos de bioseguridad que contemplen las mejores condiciones para el
desarrollo de las tareas prioritarias de la Educación Superior.
Por un lado, explicitar
las razones de nuestro rechazo al acuerdo salarial que el Gobierno Nacional y
el CIN suscribieron el pasado 7 de mayo con las restantes representaciones
sindicales, al que nuestra Federación – y varios gremios docentes que no
pertenecen a ella – consideró insuficiente en el cuadro de inflación creciente
que profundizó el deterioro del poder adquisitivo de nuestros ingresos.
En efecto, el acuerdo
se difunde como un incremento del 35% que superaría la previsión inflacionaria
del 29% proyectada en el presupuesto por el gobierno nacional. A todas luces,
pauta inflacionaria imposible de considerar seria o real. Los incrementos
salariales se reparten en 6 cuotas: 8% en abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5%
en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero de 2022.Ya en el primer
cuatrimestre del año, según los datos del INDEC, la inflación acumulada es del
17,6% y recién en abril la primera cuota del aumento es de sólo el 8% (todavía
no se cobró).
A diciembre del 2021
solamente habremos cobrado un 23%, ya que la cuota de diciembre de un 7% en
realidad se cobra en enero del 2022, y el restante 5% se pagará en marzo 2022
(con el sueldo de febrero). La inflación proyectada por el propio Banco Central
de la República Argentina a diciembre de este año es cercana al 48%. Claramente
nuestros salarios van a sumar una nueva pérdida frente al constante aumento de
los precios.
No se cumple en
absoluto el discurso del Gobierno Nacional, de que en este año los salarios
iban a estar varios puntos por arriba de la inflación.
En el año 2020 también
tuvimos una importante pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos, de
alrededor del 22%. Porcentaje que irá creciendo con las proyecciones
inflacionarias para el año en curso. Claramente es una afrenta a nuestro
sector, que durante todo este período venimos sosteniendo, en virtualidad desde
nuestros hogares y con nuestras propias herramientas tecnológicas, el vínculo
pedagógico con más de 1,7 millones de estudiantes. Esfuerzo que incrementó la
jornada laboral, en especial de las mujeres, por las tareas de cuidados.
Hay una clara
discriminación hacia la docencia universitaria y preuniversitaria. El mismo
Ministerio de Educación de la Nación acordó hace meses con CTERA y los
restantes gremios del sector del nivel educativo obligatorio, un aumento del
34,5% en tres cuotas y la última a cobrar en septiembre de este año. La
Provincia de Buenos Aires acordó con la docencia un incremento de un 35,1%
también en tres cuotas: 14,1% en marzo, 7,9% en julio y un 13,2% en septiembre.
En nuestro caso, para el mes de julio de este año recién habremos cobrado un
14% y para septiembre recién un 18%. Esto es un claro ajuste a nuestros
salarios, a las jubilaciones y a las obras sociales universitarias, cuyos
ingresos dependen de nuestros sueldos.
Esto demuestra que se está cediendo a las presiones del FMI y de
los grupos económicos concentrados de la economía que reclaman y exigen la
reducción del gasto público nacional centralmente anclando los salarios por
debajo de la inflación. Mientras ingresa dinero a las arcas del Estado, éste no
se distribuye suficientemente para paliar la enorme crisis social de nuestro
pueblo. La pobreza y la indigencia crecen.
Los salarios estatales
se reducen a la par que las jubilaciones y asistencias sociales. La inflación
es una extraordinaria transferencia de recursos desde los bolsillos de la
población a las arcas de los grupos económicos formadores de precios y los
acreedores de la deuda pública. La clase trabajadora es la que pierde, mientras
los grandes grupos económicos siguen ganando. Todo esto en medio de la enorme
crisis económica provocada por las políticas neoliberales de ajuste y
endeudamiento del gobierno anterior, y agravadas por la pandemia. Con el
deterioro inflacionario de los salarios, objetivamente se está descargando la
crisis sobre la población asalariada y el conjunto del pueblo. Esto no es
justo.
Desde CONADU Histórica no aceptamos la rebaja
salarial. No es cierto que los fondos sean insuficientes. Ante la crisis, son
medidas como la del impuesto a las grandes fortunas las que tienen que
profundizarse. La salida debe ser a favor del pueblo y de la autonomía
nacional, avanzando en la recuperación soberana de los recursos estratégicos de
la economía.
Hoy, ante la pandemia y
la extorsión de las grandes potencias con las vacunas, queda clara la necesidad
imperiosa de desarrollos nacionales autónomos en la investigación y tecnologías
en materia sanitaria y en todos los campos de interés de la población. Las Universidades
son parte de la solución, y les docentes e investigadores cumplimos un rol
indispensable para la generación de nuevos conocimientos y la formación de
profesionales.
Consideramos
asimismo de urgente tratamiento los
puntos ya acordados y que vienen siendo postergados desde 2019 en algunos
casos. Es así como se han dispuesto,
para esta etapa, $150 millones para el pase a planta de los docentes adhoronem,
adscriptos y contratados.En relación al cumplimiento de la carrera docente que
estipula el CCT se han acordado $100 millones para la promoción de Ayudantes de
Primera (con 15 o más años de antigüedad en el cargo) a Jefes de Trabajos
Prácticos. El tratamiento a la mayor brevedad de estos asuntos es de crucial
importancia dado el reconocimiento remunerativo, en un contexto inflacionario,
que tienen para la docencia alcanzada por estos acuerdos.
Por otra parte la
convocatoria a la Comisión de seguimiento e interpretación del CCT no puede
demorarse para tratar tanto los temas
sin resolución como aquellos que esta federación ha solicitado incorporar. En
esta línea de razonamiento creemos oportuno reiterar al CIN nuestro reclamo
sobre el pleno funcionamiento de las Paritarias Particulares en todas y cada
una de las universidades cuestión que está regulada por el propio CCT pero cuyo
cumplimiento es variable e incluso el no funcionamiento de las mismas una
flagrante violación de la normativa vigente.
Solicitamos también que
todas las universidades paguen en tiempo y forma los distintos componentes del
salario docente, como por ejemplo FONID, garantía salarial, títulos,
recomposiciones salariales y en caso de corresponder que se liquide toda deuda
salrial con más las actualizaciones correspondientes.
Dejamos constancia que
es un agravio a la convivencia democrática, que se “castigue” a nuestra
Federación por no haber aceptado la oferta salarial del gobierno excluyéndola
de beneficios colectivos que supimos conquistar para el conjunto de la
Docencia, como el Programa Nacional de Capacitación Docente Gratuita,
entendiendo que la formación permanente, gratuita y en servicio es parte
indisoluble de la Carrera Docente.
CONADU
Histórica, como organización gremial de segundo grado, con
personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, que afilia al 40% de la Docencia Universitaria y
Preuniversitaria sindicalizada de nuestro país y que es signataria del Convenio
Colectivo de Trabajo homologado por Dec. PEN 1246/2015, posee la necesaria
legitimidad y legalidad para acceder a estos programas en representación de su
base afiliada.
En función de ello,
demandamos a este Consejo Interuniversitario que arbitre los mecanismos para
que este derecho tan esencial para la docencia, no beneficie de manera sesgada
solamente al universo que aceptó un incremento salarial para nosotrxs
insuficiente, ya que nada tiene que ver el salario con el acceso a la
capacitación docente de manera gratuita, tal como lo establece nuestro CCT
(Convenio Colectivo de Trabajo).
En cuanto al desarrollo
de tareas en contexto de pandemia, consideramos que la gravísima situación
sanitaria en la que está inmerso nuestro país amerita que se tomen las medidas
urgentes para evitar el colapso del sistema de salud, el crecimiento de los
fallecimientos y los contagios del virus. Reafirmamos que la lucha contra la
pandemia es el problema central de nuestro pueblo y las acciones del estado
deben estar centradas en estos objetivos tanto en la cuestión sanitaria como en
las medidas económicas de respaldo a los sectores sociales profundamente
afectados por la crisis económica heredada y profundizada por la pandemia.
Rechazamos los
posicionamientos de quienes defendiendo los intereses económicos de los grupos
económicos más concentrados por encima de la salud de nuestro pueblo han, desde
el inicio de la pandemia, cuestionado con argumentos falsos y hasta incluso
boicoteando las medidas sanitarias más elementales.
Estos sectores
pretenden utilizar las banderas populares de la defensa de la educación para
arteramente boicotear las últimas medidas sanitarias de restricción de la
circulación que inevitablemente conllevan la suspensión temporal de la
presencialidad en la educación. La suspensión temporal de la presencialidad en
la educación es una medida estrictamente sanitaria, por supuesto no deseada, y
que afecta temporalmente a los procesos de enseñanza aprendizaje.
La medida transitoria
de suspender la presencialidad en la enseñanza bajo ningún punto de vista puede
ser vista como agresión a la educación anteponiendo equivocadamente este
derecho al derecho a la salud y a la vida.
Decimos esto quienes
hemos estado siempre en la defensa de la educación pública y que hemos
enfrentado las políticas de ajuste sobre la educación que, en el caso del
anterior gobierno, se expresó en las masivas movilizaciones universitarias que
tuvieron sus expresiones más elocuentes en las jornadas del 12 de mayo de 2016
y el 30 de agosto de 2018. Esta última se constituyó en la movilización
universitaria más numerosa en la historia argentina. Hemos sido gestores junto
a otros sectores de estas jornadas.
Hoy, ante el
recrudecimiento de la pandemia y las medidas sanitarias tomadas por el gobierno
nacional, planteamos se garanticen su cumplimiento en todas las Universidades
Nacionales. Es imperioso en particular en el nivel preuniversitario la
suspensión transitoria de la presencialidad hasta que los índices
epidemiológicos permitan reanudarla.
Por todo lo expuesto,
ratificamos nuestro compromiso con la Universidad y Educación públicas al
servicio del Pueblo y con la defensa los salarios y los derechos laborales de
la Docencia Universitaria y Preuniversitaria.
Luego del fracaso de la
tan mentada “continuidad pedagógica” y la denominada “revinculación” durante el
año 2020, el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires, y, en este
caso, los intendentes Posse y Jorge Macri son garantes del vaciamiento
educativo. La infraestructura de las escuelas de ambos distritos se encuentra
en condiciones deplorables, contabilizando decenas de establecimientos sin gas
para afrontar el invierno. Los cupos de SAE (comedores escolares) durante toda
la pandemia fueron insuficientes. Tampoco se garantizaron dispositivos ni
conectividad ni para docentes ni para estudiantes.
Ni hablar de la
burocracia celeste de Suteba (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la
Educación de la provincia de Buenos Aires) que sigue sin convocar a asamblea
mientras fogonea la candidatura de Roberto Baradel en las listas del Frente de
Todos. El sindicato es cómplice del gobierno que ajusta y vacía la educación.
En materia de ajuste en
educación no hay grieta. Más que nunca es imperioso el rechazo de la docencia a
este anuncio y vuelta a la presencialidad forzada y organizarnos en sintonía al
plan de lucha que viene desenvolviendo los Sutebas multicolores con la última
caravana junto a la docencia de Caba y el Plenario del Sindicalismo Combativo
por el triunfo de todas las luchas y nuestros reclamos.
¡Abajo el plan de
ajuste. En defensa de la escuela pública siempre!
