La historia del
activismo trans responde a las condiciones estructurales de violencia y
discriminación que deben enfrentar a diario las personas que viven socialmente
con un género distinto al asignado al nacer. En este documento utilizamos el
término “trans” para hacer referencia a las distintas experiencias posibles del
género incluyendo a las personas que se identifican como mujeres trans, hombres
trans, travestis, no binaries, entre otras.
La transfobia ha sido
definida como la “matriz de creencias, opiniones, actitudes y comportamientos
agresivos, culturales y personales dirigido contra individuos o grupos que no
se ajustan o violan las expectativas de género y las normas sociales”
(Transgender Europe (2020), Proyecto Transrespeto vs Transfobia,
https://transrespect.org), y puede ser considerada una de las principales
causas de la violencia que experimentan las personas trans. Los índices
elevados de crímenes contra las personas trans dan cuenta suficiente de ello.
Pero no toda la violencia puede resumirse en sus expresiones transfóbicas, de
hecho, para dar cuenta de su carácter sistémico y estructural (con frecuencia
menos espectacular pero igualmente nocivo) se hace referencia al cisexismo.
Por “cisexismo”
entendemos el sistema de exclusiones y privilegios simbólicos y materiales
vertebrado por el prejuicio de que las personas cis (esto es: las personas que
no son trans) son mejores, más importantes, más auténticas que las personas
trans. Todas las instituciones son cisexistas, al fin y al cabo, todas ellas
fueron pensadas por y para personas cis. Esto acarrea todo tipo de problemas
para las personas trans, especialmente para aquellas que experimentan las
consecuencias negativas de múltiples ejes de opresión y explotación como la
xenofobia, el racismo o el capacitismo, por ejemplo.
En este escenario adverso,
el activismo trans se ha comprometido con distintas iniciativas de
transformación social que incluyen (pero no se agotan en) la derogación de los
códigos contravencionales y de faltas, la Ley de Identidad de Género, la
prevención y búsqueda de justicia por los travesticidios y transfemicidios y el
cupo laboral trans. Estas causas han sido acompañadas, en mayor o menor medida,
el resto del movimiento lgtbiq+ y el movimiento de mujeres.
Gracias a esta lucha,
desde hace algunos años un conjunto de universidades nacionales cuentan con
proyectos aprobados de cupo laboral trans, docente y/o no docente (UNLu, UNTdF,
UNMDP, UNC, UNCo, UNR, entre otras) y muchos más en tratamiento (Filosofía y
Letras y Sociales en UBA hasta donde sabemos) siendo un denominador común los
problemas en su instrumentación. Junto con legislaciones y proyectos
provinciales y municipales, la publicación del decreto 721/2020 Cupo laboral el
03 de septiembre de este año refuerza estas iniciativas aprobadas y su efectiva
implementación al tiempo que abre la discusión sobre cuál es la inserción de
personas trans en las universidades nacionales.
Denominadores comunes:
transfobia y cisexismo en espacios educativos
Los obstáculos que la
transfobia y el cisexismo ponen en la trayectoria de las personas trans afectan
sus posibilidades de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.
En general, se expresan mediante situaciones de acoso y hostigamiento entre estudiantes,
entre docentes (conforme a las jerarquías de las cátedras) y entre docentes y
estudiantes; violencia administrativa (por ejemplo, las barreras burocráticas
que impiden a las personas trans rectificar los datos de su libreta
estudiantil; dispositivos institucionales no preparados para atender
satisfactoriamente las demandas de personas trans; o condiciones de acceso a
oportunidades de desarrollo académico materialmente inaccesibles para personas
trans); y la violencia curricular (por ejemplo, porque incluye contenidos
patologizantes, como los que se pueden ver en todas las materias de la carrera
de psicología o en medicina).
¿Qué
es la patologización?
“La «patologización»
puede definirse como la práctica psico-médica, legal y cultural por la que un
determinado rasgo, individuo o población se define, per se, como un trastorno.
En este sentido, es habitual que a las personas trans se las defina como
intrínsecamente patológicas solo por la forma en que se definen y expresan a sí
mismas en cuanto al género: para las normas vigentes, su género está definido
como un trastorno per se.
A lo largo de la
historia, la patologización ha desempeñado -y sigue desempeñando - un rol
decisivo en la producción y el reforzamiento de las jerarquías y desigualdades de
género entre las personas trans y las cis. La relación que existe entre los
sistemas psicológico-médico y legal, así como la influencia que ambos ejercen
en la vida social, tienen efectos negativos devastadores sobre los derechos
humanos de las personas trans. Incluso en la actualidad, en muchos países del
mundo la patologización condiciona o impide el acceso de las personas trans a
derechos humanos básicos”.
La manera de entender
el género, el sexo, la sexualidad y la salud se han ido transformando a lo
largo de la historia. Lo mismo puede decirse respecto de los diagnósticos
médicos y la legislación de cada país. En Argentina está prohibido hacer
diagnósticos en salud mental sobre la base exclusiva de la identidad sexual.
Nuestra ley de salud mental (Ley 26.657) entiende que la salud mental es “un
proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una
dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos
humanos y sociales de toda persona” y que “en ningún caso puede hacerse
diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de (…) c)
identidad sexual” (Kara, S. -2017-, Gender
is not an illness. How pathologizing trans people violates international human
rights law).
Los ejemplos ofrecidos
contravienen por lo menos dos leyes nacionales (la Ley de Salud Mental y la Ley
de Identidad de género, pero no dejan de ser experiencias extendidas, que
impactan en desproporcionadamente sobre las trayectorias educativas de las
personas trans. De acuerdo con el Ministerio público de la Defensa de la CABA
(2017), en un relevamiento del 2016 un 60% de personas trans 54% no había
terminado la secundaria, mientras que ese dato alcanza sólo al 22% de la
población general de 18 a 65 años de CABA (Encuesta Anual de Hogares 2016,
DGEyC, GCBA). Según el mismo relevamiento, un 23% de personas trans tiene
estudios superiores y el 8% los ha completado. Estas cifras evidencian una
brecha frente al 59% de la población general de 18 a 65 años de CABA con
estudios superiores, y frente al 34% que los ha completado. Pero, además, estos
números ponen en evidencia que ha habido, hay y habrá personas trans en las
instituciones educativas. Las investigaciones tienden a enfocarse en
estudiantes, pero también hay docentes y no docentes trans en las instituciones
educativas (sirva de ejemplo la Cátedra Libre de Estudios Trans en la Facultad
de Filosofía y Letras) quienes también experimentan la transfobia y el cisexismo
estructural, que compromete su permanencia y promoción. En este sentido, la
lucha por los derechos de las personas trans no se agota en el acceso y la
permanencia en la educación universitaria sino que debe acompañar la lucha
general de los movimientos docentes y no docentes por sus condiciones de empleo
y de trabajo, por la regularización con salario de todos los cargos docentes y
por el aumento salarial y presupuestario.
Las universidades
nacionales tienen la responsabilidad de tomar acciones para resolver estos
problemas y garantizar el derecho a la educación superior a la comunidad trans,
así como también a toda persona que quiera estudiar una carrera universitaria.
La educación superior es un derecho, no un privilegio. Con este fin, es necesario
que toda la comunidad académica (incluyendo a los sindicatos y activistas,
docentes, no docentes y estudiantes) se comprometa activamente con esta
iniciativa.
Necesitamos armar una
gran campaña por la inserción laboral trans en las universidades nacionales.
Proponemos los siguientes puntos para discutir:
Inserción
docente y no docente
Concursos cerrados para
regularizar y rentar de forma inmediata la situación de lxs docentes trans, así
como adscriptxs, contradadxs, integrantes de “equipos docentes”, etc.
Ampliación de la planta docente para que el 1% de los cargos esté ocupado por
docentes trans, mediante la convocatoria pública a concursos para tareas de
docencia, investigación y extensión exclusivos para trans. En el mismo sentido,
ampliación de la planta no docente para que el 1% de los cargos estén ocupados
por trans. Pleno cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) Nacional
de la docencia universitaria y preuniversitaria, del CCT de lxs no docentes y
de las leyes de empleo público en todas las universidades nacionales. Que la
inserción laboral se haga con estabilidad laboral y rechazando las formas de
contratación precaria o «contratos basura». Asignación de partidas
presupuestarias para el cumplimiento de estos cupos.
Permanencia
estudiantil
Becas de apuntes,
movilidad y de estudio así como descuentos para el comedor a todxs lxs
estudiantes trans que lo soliciten. Ayudantías de segunda con dedicación simple
para todxs lxs estudiantes trans que quieran empezar la carrera docente.
Afiliación gratuita a DOSUBA para todx estudiante que no tenga cobertura de
salud. Conformación de comisiones para la revisión y reforma de los planes de
estudio que incluyan contenidos patologizantes.
Implementación,
monitoreo y capacitación
Las personas trans deben
tener un rol clave en el diseño, implementación y seguimiento de este cupo
laboral. En ese sentido, se deben evitar tres vicios frecuentes. El primero es
el “tokenismo”, que consiste en incluir sólo a un número mínimo de personas
trans en el proceso de manera simbólica, para producir la fachada de la
participación, pero sin que el colectivo tenga real incidencia en la toma de
decisiones. El segundo es la explotación del trabajo activista, sin
reconocimiento económico por su labor. El tercero, de acuerdo a las
investigaciones de Elián Leobino, el rol de “incluide laboral trans” suele
conllevar altos niveles de violencia laboral: falta de asignación de tareas;
asignación de tareas no adecuadas para el cargo; desmerecimiento de sus
capacidades; menor salario; etc. Es fundamental que el cupo laboral en la UBA
busque activamente evitar el estigma vinculado a quienes así se inserten.
En concreto, es
fundamental que las personas trans sean parte activa en en todas las instancias
del diseño, implementación y monitoreo del cupo y que su trabajo sea
remunerado. Máxime teniendo en cuenta que se trata de un trabajo especializado.
Una primera tarea a
realizar es un relevamiento de, por un lado, docentes y no docentes trans, que
ya están trabajando y, por el otro, áreas estratégicas de planificación e
intervención a las que incorporar personas trans a partir del cupo. Para ello,
se debe garantizar la confidencialidad y la privacidad en los procedimientos de
registro e implementación de las políticas de inserción laboral. En segundo
lugar, es necesaria la creación de un equipo de seguimiento, monitoreo
permanente y evaluación de las medidas de cupo laboral trans, integrado por los
sindicatos docentes, no docentes, estudiantiles y personas trans especializadas
en la temática.
Además, es necesario
que la capacitación en temas de géneros, disidencias sexuales y violencia
incluya especialistas trans en su diseño, implementación y dictado. Estas
capacitaciones tienen que ser gratuitas, en horario de servicio y vinculadas
con las prácticas cotidianas de docentes, no docentes y estudiantes. En caso
contrario, se corre el riesgo de implementar políticas en materia de género que
resulten inapropiadas y hasta revictimizantes para las personas trans y/o de
ofrecer cursos de capacitación y formación con contenidos cisexistas, como
sucedió con el curso de capacitación dictado por la UBA en cumplimiento con la
ley Micaela.
Convocamos
especialmente a todxs lxs docentes, estudiantes y no docentes trans a sumarse a
esta campaña, y también a todxs lxs activistas y agrupaciones lgtbiq+,
estudiantiles, no docentes y docentes. La lucha por la inserción laboral trans
es la lucha por los derechos laborales del conjunto de docentes y no docentes.
Durante décadas las universidades nacionales hicieron caso omiso a las
denuncias de cisexismo, tomemos cartas en el asunto, en la UBA vayamos por la
inserción laboral trans.
