Ir a
http://www.cuadernodetrabajo.wordpress.com/
sábado, 18 de mayo de 2013
viernes, 17 de mayo de 2013
En la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata se realizan asambleas y movilizaciones contra la Práctica Final Obligatoria (PFO), otra restricción implementada por el decano Jorge Martínez y la política de la Ley de Educación Superior
(ANRed. La Plata, viernes 17 de mayo de 2013)- El conflicto por la
Práctica Final Obligatoria (PFO) en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de La Plata -equivalente al sexto año de la facultad- es
un problema desde hace al menos dos años, porque para cursar esta materia los
estudiantes están obligados a librarse a la suerte, ya que la adjudicación de
la PFO se hace mediante sorteo y para acceder los estudiantes tienen que rendir
todos los finales de la carrera.
Para comprender el
conflicto hay que remontarse hasta mediados del año 2010 cuando Jorge Martínez,
decano de esa Facultad, intentó cambiar la correlatividad para pasar del quinto
al sexto año de la carrera, sin haber sido aprobado ni por el Consejo Directivo
ni por el Consejo Superior, mediante la resolución 561/10. Esta maniobra se
hizo de acuerdo a lo exigido por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) y por ende a la Ley menemista de Educación
Superior (Ley 24.521). La función de dicha ley es la de regular el
funcionamiento de las Universidades (públicas y privadas) a través de la
CONEAU, que funciona como órgano de control y sanción para lograr el perfil de
profesional específico al servicio de las empresas u organismos como el Banco
Mundial, mediante reformas de planes de estudio y violando la autonomía
universitaria.
En este sentido, de
manera antidemocrática, el decano deteriora el régimen de cursada de los
estudiantes en tanto que con este accionar se pretende extender
innecesariamente por lo menos un año la carrera, se separan cinco años de
carrera “teóricos” con de uno de práctica y también sirve para que la facultad
funcione como institución que da mano de obra gratis a los Hospitales de la
Provincia. A esta cuestión también se suma el ingreso restrictivo que ya tiene
la Facultad, que cada año deja a cientos de estudiantes sin la posibilidad de
cursar.
Luego de esta medida,
la facultad estuvo tomada por los estudiantes. “Se inicia el proceso de toma,
estamos con la facultad 17 días tomada, que fue un proceso muy importante
porque se discutió plan de estudios, la CONEAU, la LES, pero lamentablemente no
se pudieron ganar todas las exigencias de la asamblea”, contó a ANRed Eugenia,
estudiante de Medicina, perteneciente a la agrupación Colectivo de Trabajo
(CAUCE).
El estudiantado exigió
que no se aplique la resolución 561, pero luego la toma se desgastó y disolvió.
Lo único que sucedió fue que Rectorado garantizara una "flexibilidad y
gradualidad" para la aplicación, es decir, que durante el año 2011 no se
iniciaban modificaciones para la PFO, en el 2012 se permitía hacer la práctica
adeudando hasta 5 materias pero en el 2013 no se debían adeudar materias para
hacerla.
A fines del año 2012
los estudiantes pasaron a instancias legales, se hicieron aproximadamente 70
cautelares hasta el día de hoy, es decir, se hicieron presentaciones ante la
Justicia contra la resolución, cuyos fallos fueron favorables a los
estudiantes. Por esta cuestión el decano Martínez tiene un juicio penal ya que
por orden de la Justicia se tiene que dejar cursar a los estudiantes que están
en condiciones bajo la correlatividad anterior a la resolución dictada en 2010.
El pasado viernes tres
de mayo, se hizo una de las cinco adjudicaciones que se hacen por año para la
PFO, en la cual había 91 estudiantes en condiciones para ingresar, pero se sortearon
17 plazas y además tan sólo tres de los catorce hospitales fueron designado
como lugar para cursarlas, lo que generó mucho descontento y motivó que el
estudiantado realice una asamblea de alrededor de 300 estudiantes y a partir de
la cual se decidió convocar a una movilización hacia el Rectorado. Más de mil
estudiantes de distintas facultades y trabajadores de la salud acompañaron el
reclamo y marcharon para exigir a la Universidad una respuesta, que finalmente
no se obtuvo.
A lo que hicieron referencia
los estudiantes durante el proceso asambleario, es por un lado a la impunidad
con la cual se maneja el decano Martínez, el autoritarismo y las sistemáticas
políticas de vaciamiento y restricciones que imponen en la Facultad tanto él
como la agrupación de docentes y profesionales de medicina a la que él
pertenece, “Hoja de Roble”; y por otro, al trasfondo político y las relaciones
entre la Facultad y el Ministerio de Salud, que perjudican tanto a la educación
como a la salud pública.
“En octubre del 2012,
tres compañeros que presentaron cautelares son anotados para cursar la PFO,
llegan al hospital y se encuentran con una carta de Alejandro Collia, el
Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires diciendo que no iba a
permitir que ningún estudiante que adeude un final pueda ingresar en los
hospitales a hacer las practicas por recomendación de Martínez”, aseguró
Eugenia.
En el país el sistema
de salud vive constantes crisis y ante la falta de profesionales la repuesta de
la Facultad y del Estado es restringir aún más las posibilidades de que se
formen nuevos profesionales. Asimismo el problema trasciende a esta unidad
académica porque los responsables políticos de devastar la Educación Pública
son los mismos que también perjudican a los trabajadores estatales de la Salud,
precarizando el trabajo de muchos empleados y empleadas de los distintos
Hospitales de la región, razón por la cual las protestas en el sector vienen
siendo recurrentes.
Los estudiantes de
Medicina tendrán el lunes su próxima asamblea, en vistas de prepararse para el
martes, día en que sesionará el Consejo Superior, a donde irán a reclamar que
se les permita cursar la PFO a todos los alumnos que estén en condiciones,
eliminando los cupos impuestos por el Decanato de la Facultad. A su vez,
exigirán la destitución inmediata del Decano Jorge Martínez por sus prácticas
sistemáticamente antidemocráticas y que van en perjuicio de la educación y la
salud públicas y gratuitas.
La situación catastrófica de la educación en el Paraguay
(Por Javier Rodríguez, para
Prensa Latina. Asunción, 17 de mayo
de 2013)- Hacer apenas un breve análisis de la situación actual de la educación
en Paraguay puede dar deseos de llorar a las personas más alegres y optimistas.
Quien no esté bien
informado de las características del sistema educativo vigente, tal vez podría
asombrarse de la multiplicación de protestas que, periódicamente, ganan las
calles de ciudades y capitales de los distintos departamentos paraguayos, las
cuales no encierran solamente reclamos salariales.
Uno tras otro, informes
y evaluaciones de entidades locales y también internacionales, llaman la
atención por el deterioro de un sistema que no sólo atenta contra el acceso a
la educación de los sectores más vulnerables, sino también a la calidad
reclamada para planes educativos y hasta para quienes deben aplicarlos.
Un decreto presidencial
que declaró durante el gobierno del destituido presidente Fernando Lugo la
gratuidad de la enseñanza y planteó la necesidad de una formación con calidad
de los alumnos, ni siquiera se acerca, en su cumplimiento, a lo expresado en tal
texto oficial
Los estudios señalados
ejemplifican los problemas que más golpean a los buenos propósitos incluidos en
el mencionado documento, que van desde la insuficiencia y mal estado de los
locales educativos hasta el alarmante incremento de la deserción escolar,
pasando por problemas de capacidad profesional de muchos educadores y el
incumplimiento de los adecuados presupuestos para lograr el objetivo enunciado.
Paraguay es considerado
hoy, a nivel internacional, como ocupante de uno de los últimos lugares en lo
referente a ostentar un buen sistema de educación integral a los distintos
niveles, algo provocado por razones económicas y hasta políticas, todas las
cuales abonan al fallido resultado.
Veamos algunas de las
investigaciones culminadas y publicadas, tanto por entidades oficiales del país
como por instancias internacionales especializadas en la materia.
Basándose en las
estadísticas del propio ministerio de Educación y Cultura paraguayo, el
Instituto de Desarrollo califica de relegada, un término considerado amable, la
situación del aprendizaje y la enseñanza en Paraguay al analizar datos sobre
toda Latinoamérica.
En una prueba
realizada, cuatro de cada 10 estudiantes participantes tuvieron dificultades
para comprender los elementos más generales del texto y demostraron un
desconocimiento básico de la gramática.
Los problemas de
infraestructura son tan grandes que, además de las dificultades de locales en
mal estado o inexistentes en las ciudades, los niños y adolescentes en el campo
se ven obligados a improvisar aulas bajo los árboles y con débiles techos para
protegerse de la lluvia y el sol.
Los problemas
presupuestarios, el mal uso de los recursos o simplemente su inexistencia,
hacen que, en este momento, más de tres mil maestros lleven hasta un año
trabajando sin cobrar sus salarios, algo que atenta contra su eficiencia
lógicamente.
Sólo tres de cada 10
estudiantes que comenzaron el primer grado en 1999 terminaron el ciclo escolar
en el 2010 y el promedio de estudio de la población paraguaya de 15 años o más
es inferior a los nueve años de estudio obligatorio y gratuitos, de acuerdo a
la ley promulgada.
En una prueba regional
hecha en el 2006, Paraguay fue uno de los cinco países que obtuvieron puntajes
por debajo del promedio en todas las materias evaluadas.
El especialista Roberto
Elías pone el dedo en la llaga al enumerar razones importantes, más bien
decisivas, para tan desastrosos resultados.
La pobreza que alcanza
al 49 por ciento de los casi siete millones de habitantes del país, la
desnutrición registrada en el 25 por ciento de los niños paraguayos, la
permanencia aún del analfabetismo que estadísticas sitúan en más de 300 mil
personas, las condiciones de la infraestructura escolar ya mencionadas y la
capacidad de los profesores son causas fundamentales.
Pero hay más datos:
En el 2010, unos 40 mil
niños de cinco años de edad y aproximadamente 18 mil de 6 a 11 años, no
accedieron a la educación formal.
Unos 40 mil
adolescentes de 12 a 14 años y 130 mil de 15 a 17 años tampoco lo hicieron.
Menos del 10 por ciento
de cada 100 estudiantes de tercer y sexto grado en Paraguay lograron altos
rendimientos en matemática o lectura, mientras que para ciencias (aplicada solo
para sexto grado), los resultados fueron aún más bajos, pues dos de cada 100
alumnos tuvieron altos rendimientos.
Mucho más se puede
decir todavía, hablar de profesores mal pagados, de merienda y almuerzo escolar
que no llegan y de 400 mil niños trabajando para subsistir o ayudar a sus
familias abandonando las clases, constituyen otro botón de muestra de este
difícil panorama.
El gobierno de España aprobó hoy una nueva reforma de la educación, séptima en 37 años de democracia, pese al contundente rechazo del sector educativo y de la mayoría de los partidos políticos
(Prensa Latina. Viernes 17 de mayo de 2013)- En su habitual reunión
semanal, el Consejo de Ministros dio luz verde este viernes a la denominada Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), impulsada por el
derechista Partido Popular, tras lo cual será remitida al Congreso de los
Diputados.
En rueda de prensa
junto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que la educativa es una de las
reformas fundamentales de la administración conservadora de Mariano Rajoy.
Sáenz de Santamaría
explicó que la futura norma tiene el doble cometido de mejorar la calidad de la
enseñanza y acabar con los elevados niveles de fracaso escolar, que, según su
criterio, dificultan la inserción laboral de los jóvenes españoles.
Sin embargo, para la
comunidad educativa (docentes, alumnos y asociaciones de padres) y casi todas
las fuerzas políticas de la oposición, la Lomce es segregadora, elitista,
adoctrinadora y mercantilista.
Hace una semana, la
Plataforma Estatal por la Escuela Pública realizó una huelga general en todos
los niveles de enseñanza de esta nación europea contra la proyectada
legislación y los duros recortes en educación aplicados por Rajoy.
La citada plataforma,
que aglutina, entre otros, al Sindicato de Estudiantes, la Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y varias centrales
obreras, valoró de masiva la adhesión a la medida de fuerza.
Además del paro, en
numerosas ciudades tuvieron lugar multitudinarias manifestaciones para
protestar contra la también conocida como Ley Wert (por el apellido del titular
de Educación).
Entre otras impopulares
medidas, esa norma incrementa las tasas universitarias, reduce la capacidad de
decisión de las autonomías, que tienen transferidas las competencias en la
instrucción estatal, suprime la selectividad e introduce exámenes de reválida
al final de cada ciclo.
Estudiantes, profesores
y familias impugnan los cambios promovidos por el ministro, al considerar que
son contrarios a la igualdad de oportunidades y favorecen la privatización de
la escuela pública.
Cataluña, Canarias,
Asturias, País Vasco y Andalucía son algunas de las 17 comunidades autónomas
españolas que exteriorizaron su repudio a la Ley Wert.
El Sindicato de
Estudiantes acusó a la derecha gobernante de utilizar la crisis económica como
coartada para el desmantelamiento del sistema educativo universal.
La intención del
Gobierno es expulsar del sistema educativo a miles de jóvenes de las familias
más humildes, denunció la organización juvenil.
lunes, 13 de mayo de 2013
domingo, 12 de mayo de 2013
El Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la provincia del Chaco (SITECH Federación) inicia este lunes un nuevo paro por cinco días
(Diario
Chaco. Resistencia, domingo 11 de mayo de 2013)- Es en repudio a la
"arbitraria detención en Castelli de los dirigentes gremiales y
sociales". El gremio informó sobre la medida mediante un comunicado que
expresa:
"Federación SITECH decidió una nueva medida de fuerza desde el
lunes 13 al viernes 16 de mayo del corriente, en repudio a la arbitraria
detención de los dirigentes gremiales y sociales de la localidad de Castelli y
ante la falta de respuesta por parte del gobierno al reclamo docente.
Encarcelar al
Secretario General de SITECH Castelli, Damián Kuris (Secretario Adjunto de
Federación SITECH) y al Secretario
Adjunto Félix Denis significa aplicar la política nacional de
criminalizar la protesta gremial y no resolver los reclamos del sector
docente.
Para esta política, el
gobierno cuenta con un sector de la justicia subordinada a las directivas de
los funcionarios y considera a lo que fue una acción gremial como un delito y
lo que efectivamente es una acción delictiva como lo sucedido en la localidad
de San Bernardo con quema de vehículos y agresiones físicas graves como una
protesta social, cuando es propiciada por funcionarios u organizados por estos.
Así también se
evidenció la rapidez y eficiencia de la justicia para actuar ante una mera denuncia y disponer
el arresto de dirigentes gremiales y sociales pero que ni remotamente se ve a
la justicia actuando de la misma manera ante los hechos de corrupción del
gobierno como es la desaparición de 500 millones en educación confesado por el
propio gobernador o la denuncia del vice que habla de complicidad de las
fuerzas policiales con la delincuencia o zonas liberadas para el narcotráfico,
con un gobernador que hace silencio y la justicia que mira para otro lado.
Señor gobernador, este
sindicato y la docencia no van a cesar en el reclamo justo de mantener el poder
adquisitivo del sueldo y que hoy está en riesgo ante la pérdida de un tercio
del mismo, no es con medidas represivas como los descuentos salvajes
practicados al sueldo docente por días de paros, que en muchos casos
directamente no cobraron, o con instrumentos legales inconstitucionales como la
resolución 506, o con represión directa como lo de la ruta nacional en la zona
de Guayabí , o con procesamientos y ahora detención de dirigentes gremiales como
se solucionan los conflictos.
Señor gobernador deje de
hablar de la política del dialogo y cuando se le propone un temario relacionado
con el conflicto que puede ser el inicio de la superación de este y que muestra
a las claras que no somos intransigentes como se nos quiere indilgar, usted
sale a ratificar que las políticas fijadas por el gobierno son inamovibles y
por lo tanto no hay nada que hablar.
La comunidad y la
docencia están expectantes, requiriendo una urgente respuesta, convocando a un
verdadero dialogo como único mecanismo para la superación del conflicto".
Suscribirse a:
Entradas (Atom)