sábado, 3 de diciembre de 2016

Reapertura de las paritarias y un aumento de emergencia ¡ya!: enfrentemos el decretazo de Horacio Rodríguez Larreta que modifica el puntaje por cursos

 El sueldo inicial de un maestro de grado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (y sus equivalencias en horas cátedra y otros cargos) es de 11.372 pesos y quedó por debajo de la línea de pobreza. La paritaria docente de 2016, acordada con todos los sindicatos excepto Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior), implica una pérdida salarial de entre el 10 y 15 %, lo que muestra a las claras la intención del gobierno de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. A esto se le suma el impuesto a las ganancias, que confisca el salario a un porcentaje cada vez mayor de docentes. Nuestro salario no alcanza: el achatamiento de la escala salarial hace que durante los primeros diez años de trabajo ganemos exactamente lo mismo: eso se lo debemos a los acuerdos que el resto de los sindicatos negociaron con el gobierno.

El macrismo se vale de la burocracia sindical que dirigen UTE-Ctera (Unión de los Trabajadores de la Educación) y UDA (Unión de los Docentes Argentinos), entre otros, en Capital Federal, como de la CTERA (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina) y el resto de las centrales sindicales nacionales para hacer pasar el ajuste, fijando una paritaria nacional por debajo de la línea de pobreza, con un sueldo “inicial” en torno a los 9.000 pesos. Esto no solo ocurre con los docentes, sino que el resto de los trabajadores padecemos la tregua de las burocracias de las CGT (Confederación General del Trabajo) y las CTAs (Central de los Trabajadores Argentinos).

El crecimiento de la deuda, la recesión, los despidos masivos solo agravaron la crisis, creando una perspectiva aún peor y ya algunos sectores del gobierno anuncian una nueva devaluación, más inflación y tarifazos, lo que implicaría un nuevo recorte a nuestros salarios.

En este escenario, la lucha por la reapertura de las paritarias es clave para enfrentar el ajuste.

Cambios en el puntaje: otro ataque contra el estatuto docente en el marco del “Operativo Aprender 2016”.

El ajuste de Cambiemos no solo apunta a reducir los ingresos de los trabajadores y profundizar nuestra explotación en beneficios de las distintas patronales. Además, el gobierno se propone una avanzada flexibilizadora sobre diversas condiciones y convenios laborales. La perspectiva de una nueva “Reforma Laboral” es compartida por el gobierno con las diversas cámaras empresariales y organismos internacionales, además de contar con el beneplácito de distintos bloques patronales. Los docentes no estamos a salvo de estas reformas. Siguiendo los lineamientos sobre la “formación continua” que surgen de la Ley Nacional de Educación del 2006, el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta pretende cambiar por decreto el estatuto docente. En este caso, se propone impulsar la caducidad del puntaje que otorgan los cursos de “capacitación”, y que carreras y posgrados deban revalidarse cada cinco años, cambiando también el tope de su puntaje, que pasará de 0.6 a 1.8 por año.

Esto constituye otro ataque en la dirección de la evaluación educativa que impulsa el gobierno, que tiene como objetivo la introducción del salario por “mérito” y la precarización de las condiciones laborales, con la complicidad de la burocracia sindical que se beneficia con el cobro de las “capacitaciones” de nulo nivel académico que comercian desde sus sindicatos.

En este escenario, se torna urgente la organización de las y los docentes en cada una de las escuelas para dar la pelea contra el deterioro de nuestras condiciones de trabajo. Porque nuestro bolsillo no puede esperar a marzo.  Porque necesitamos impulsar un plan de lucha ya, vení a la asamblea abierta del lunes 5 de diciembre.


viernes, 2 de diciembre de 2016

Histórico: 1400 docentes interinos pasarán a ser regulares en la Universidad Nacional de La Rioja

La CONADU Histórica y su asociación de base ARDU (Asociación Riojana de Docentes Universitarios) firmaron esta tarde un acuerdo sin precedentes con las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja para la aplicación del artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo por lo que 1400 docentes interinos pasarán a ser efectivos.

Estuvieron presentes y firmaron como paritarios de la CONADU Histórica, su secretario general, Luis Tiscornia, y la secretaria de Formación, Claudia Baigorria.

“Este hecho es de suma importancia en primer lugar para los docentes que salen de la incertidumbre de que todos los años dependa de alguna autoridad de turno que se renueven sus contratos; ahora tienen la estabilidad laboral que nuestro Convenio Colectivo de Trabajo establece”, afirmó Tiscornia. “Pero esto es principalmente un gran triunfo y una gran satisfacción para los compañeros y compañeras de la asociación de docentes que en ésta Universidad estuvieron más de siete años despedidos por el ex rector Tello Roldán que impuso durante 20 años un régimen de persecución a todos los docentes que no se subordinaran a su política. Los docentes de la ARDU enfrentaron esta política y fueron castigados y perseguidos al punto de que toda la comisión directiva fue despedida y quedó fuera de la Universidad durante siete años. Esa lucha tuvo una coronación con la toma de la universidad en el año 2013 donde miles de docentes, estudiantes y no docentes  echaron a esa suerte de dictadura y abrieron un procesos de democratización de la Universidad”.

Tiscornia concluyó señalando: “que hoy estemos firmando con los dirigentes que muchos años estuvieron despedidos, ahora reincorporados, el éxito de haber ganado la lucha por la estabilidad de más de 1400 docentes es una gran satisfacción para ARDU, para esos docentes y para nuestra Federación”.

Ésta es una de las pocas universidades nacionales en las que se avanza en la aplicación del CCT, en particular el artículo 73, es un triunfo del conjunto de los docentes interinos  que aun en otras universidades esperan por su estabilidad laboral.


jueves, 1 de diciembre de 2016

AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) exigió respuestas urgentes en infraestructura para las escuelas de diferentes zonas de la provincia

De la reunión fueron parte el vocal político del Consejo General de Educación y representante del gobierno, Gastón Etchepare; los paritarios de AGMER, Mary Monroe, Alcira Zeballos; el secretario general de la Seccional Concordia del sindicato, Miguel Stebagñer; el paritario por AMET, Angel Salomón; funcionarios del CGE de áreas de infraestructura escolar; de Arquitectura Provincial; la Directora Departamental de Escuelas de Concordia, Griselda Dilello; el responsable del zonal de Arquitectura de Concordia, Roberto Couto; un representante del senador Angel Giano y el coordinador del COPNAF de Concordia, Roberto Tribulatti.

 Etchepare informó sobre una propuesta de relevamiento escolar que propone el CGE a realzarse entre los meses de diciembre y febrero e instancias de jornadas escolares sobre prevención, seguridad e higiene y planes de evacuación. Estas instancias, contempladas en el punto 3° del Acuerdo Paritario de Infraestructura, habían sido omitidas del Calendario Escolar 2016 y desde AGMER se venía reclamando su reincorporación dentro de las actividades institucionales programadas en dicho instrumento normativo de la organización escolar anual, tanto desde los paritarios del sindicato como desde la Secretaría de Educación de AGMER Central.

También se anunció por parte de los representes de gobierno la compra de 800 matafuegos para escuelas de la Provincia, demanda que AGMER viene sosteniendo en las sucesivas reuniones de la Comisión de Seguimiento de Infraestructura.

Demandas del Departamento Concordia

Por su parte el secretario general de AGMER Concordia, enumeró una serie de escuelas donde se verifican importantes deudas históricas por parte del gobierno provincial en cuanto a responder a las necesidades de las comunidades educativas y a situaciones edilicias fuertemente vinculadas al derecho social a la educación, a lo cual se respondió desde los representantes del gobierno:

-Escuela de Educación Integral N°1: se entregó copia del decreto 3324 que determina el llamado a Licitación Pública para reparaciones generales que precisa el edificio de la institución, hoy sin posibilidades de funcionar como tal debido a su marcado deterioro. La obra está presupuestada en $5.663.248 y la apertura de sobre para conocer los oferentes se realizara el día 16 de diciembre y previéndose 180 días de plazo de obra.

-Escuela Primaria 11 “Basavilbaso”. Continúa sin fecha el llamado a licitación -Escuela Primaria 52 “Dos Naciones”. Se desarrollan actualmente los trabajos de refacción del edificio -Escuela Primaria 76 “Teresa de Calcuta “. Por gestiones de autoridades del COPNAF se destrabaría la problemática sobre el acceso al terreno donde se construirá el edificio propio. Se encuentra en Escribanía Mayor de Gobierno para la escrituración del terreno -Escuela Primaria 77 “Presidente Néstor Kirchner”. Se harán gestiones ante la Municipalidad de Concordia en relación al terreno donde deben realizarse las obras -Escuela Primaria 78 “Brazos Abiertos”. Se encuentra presupuestada para el año 2017 la obra -Escuela Secundaria 36 “Paula Manso”. La obra se encuentra paralizada por reclamos económicos de la empresa constructora hacia el gobierno. El próximo jueves 24 de noviembre habrá una asamblea pública de la escuela junto a su comunidad para tratar esta problemática. Desde Zonal de Arquitectura se comprometieron a gestionar respuestas -Escuela Secundaria 37 “Che Guevara”. Continua la marcha de la obra y hacia el mes de marzo se prevee que estaría en condiciones de entregar la totalidad del edificio con excepción del salón de actos, el cual finalizará en meses posteriores. El mobiliario ya ha sido asignado.

-Escuela Secundaria 35 “Cabo Sendrós”. Sin novedades respecto al contrato de obra -Escuela Secundaria 24 de General Roca. Continúan con obras de refacción del edificio compartido mientras se continúa reclamando por resoluciones en torno a terreno para construcción de edificio propio -Escuela Agrotécnica 152 “Manuel Calderón”. Ante reclamos recientes de la comunidad sobre situaciones de espacios requeridos para su funcionamiento se realizará una reunión para tratar esta problemática el lunes 21 de noviembre en la Departamental de Escuelas.

-Escuela Secundaria 8 “Augusto Niez”. Desde AGMER demandamos fecha de licitación para completar la obra y que sea incluida en el Presupuesto 2017.

También se reclamó por falta de espacios en la Escuela Primaria de Los Charrúas.

En el caso de las escuelas 76 y 78 se solicitará la actuación de un Agrimensor, para realizar los trabajos previos necesarios,

En Concepción del Uruguay no se demolerá ningún edificio

En relación a la situación pública planteada por el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, respecto que una escuela de Concepción del Uruguay iba a ser demolida por una presunta mala construcción originada por hechos de corrupción de la gestión anterior, los paritarios de AGMER solicitaron se brinden explicaciones e indicando precisiones al respecto.

Los representantes de gobierno respondieron que en realidad no hay demolición de ningún tipo programada por una mala construcción sino que hay un proyecto de obra que ya tiene financiamiento nacional destinado a la Escuela Técnica 3, que actualmente funciona en un antiguo edificio de los técnicos viales.

En la nota presentada a esta Comisión de Seguimiento de Infraestructura, desde AGMER se solicitó visitar y verificar el desarrollo de las obras de construcción de edificio propio en Villa las Lomas Norte, único edificio del departamento en proceso de realización, y para aclarar las dudas planteadas ante un tema tan sensible para toda la comunidad.

Demandas en los Departamentos

Desde AGMER asimismo se entregaron demandas de distintas situaciones de edificios escolares de los departamentos Tala, Victoria, Colón y La Paz.

La próxima reunión de la Comisión de Seguimiento de Infraestructura se concretará en el transcurso de la primera semana de diciembre.


miércoles, 30 de noviembre de 2016

Negociados y escándalos en las universidades públicas: estudiantes y docentes deben exigir más presupuesto y la derogación de la Ley de Educación Superior

El desmanejo de los fondos públicos y privados en las universidades nacionales viene de lejos. Los responsables son los gobiernos de turno y los rectores que (todos ellos) aplican la Ley de educación menemista que desfinanciando a la universidad genera los llamados “fondos propios” que son la fuente de todo tipo de corruptelas.

En este año de ajuste a los docentes no nos sorprende que se destapen todo tipo de tropelías cometidas por los actores del sistema (los de antes y los de ahora) como una herramienta de desprestigio de la universidad laica estatal, gratuita y con ingreso irrestricto. Se hace con la intención  de  desprestigiar a estudiantes, docentes y no docentes que somos rehenes de  los gobiernos ajustadores y de las patronales universitarias que por aplicar dicho ajuste son recompensadas con prebendas  y negocios.

En esta semanas han salido a la luz pública  cuestiones que los docentes rechazamos siempre. La tercerización en las universidades de acciones que no nos son propias para evadir los controles del manejo de cifras multimillonarias.


Algunos ejemplos son escalofriantes. La fundación de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) fue la vía elegida por Julio De Vido para entregar 4.000 millones de pesos a Yacimientos Carboníferos Fiscales en Río Gallegos esta cifra multiplica por diez el presupuesto de esa facultad. ¿En qué se gastó y quiénes fueron los beneficiarios? Es un secreto.

La situación en Tucumán es terriblemente preocupante. Durante 19 años la UNT (Universidad Nacional de Tucumán) fue socia privilegiada de la megaminería contaminante de la Alumbrera. Con esas rentas se financiaron obras (muchas inconclusas) con sobreprecios a tal nivel que el ex rector Cerisola está imputado por la justicia federal.

En la UBA (Universidad de Buenos Aires) se está por consumar el enésimo negocio con el hospital de clínicas y por 30 millones de dólares. Este negocio ya se llevó puesto al decano de económicas Giusti que era a su vez proveedor del hospital, pero allí, sin vergüenza, se trafica con los tratamientos de los pacientes incluida la fertilización in vitro que paga el estado nacional pero que el hospital deriva  a una fundación regenteada por el Sr. Ávila, el fracasado secretario de política universitarias del pro que por sus negocios privados fue repudiado por toda la comunidad universitaria y no llegó a asumir, aunque mantiene su posición en dicha fundación. Los negocios audiovisuales nos llenaron de estupor a todos cuando se supo que la universidad de San Martín pagó 36 millones de pesos a Andrea del Boca para realizar una novela, y la lista podría seguir y seguir.

Tanto que hoy un fiscal empoderado por  las camarillas judiciales que guardaron el silencio de la Side por décadas  quiere investigar a 52 rectores sobre el destino de más de $700 millones del presupuesto universitario.

Los docentes ad honorem, los que cobran 4.250 pesos por tomar un curso, los que pagan el nefasto impuesto al salario, los monotributistas y los contratados o interinos por años nada tenemos que ver con estos negocios y corruptelas.

Exigimos un incremento significativo e inmediato del presupuesto para tener: un salario acorde a la canasta familiar; un sistema de becas que termine con la deserción masiva de nuestros casi dos millones de alumnos que solo dispondrán de 14000 estipendios el año próximo, atención completa y gratuita de la población que utiliza por millones nuestros hospitales universitarios cada años.

Tenemos que terminar con el sistema de los amigos y enemigos en la asignación de partidas por ello proponemos que los fondos sean auditados por comisiones designadas por los docentes, estudiantes y no docentes y por sobre todo exigimos la inmediata derogación de la Ley de Educación Superior que al mercantilizar la educación  superior es la madre de todos los negocios y negociados.

Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA)


martes, 29 de noviembre de 2016

Caducidad del puntaje de cursos: un ataque sobre la estabilidad docente y un negocio con el puntaje

(Ademys, Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 23 noviembre de 2016)- La ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, y el Jefe de Gobierno acaban de anunciar que van a firmar un decreto para modificar cuestiones centrales en el puntaje docente. Una vez más los/as docentes nos enteramos de las novedades a través de los medios, una muestra más de lo poco que les importa a las autoridades la opinión de quienes todos los días trabajamos en escuelas y colegios.

La modificación consiste en poner tiempo de caducidad al  puntaje obtenido mediante la realización de cursos docentes que pasaría a tener una validez de 5 años y de aumentar de 6 a 9 puntos el tope de puntaje por cursos, a partir de 2017. Argumentan que los docentes no se capacitan en forma permanente, una vez que obtienen el puntaje necesario, y que ante esta situación la solución es establecer para los mismos una “fecha de vencimiento”. ¿Será que los conocimientos adquiridos son perecederos? ¿Estamos ante el surgimiento de una nueva mercancía que se adquiere y luego de un tiempo es obsoleta, ya no sirve?

Actualmente el sistema es deficiente y cada docente para capacitarse y obtener el puntaje necesario debe hacerlo fuera del horario laboral, y en la mayoría de los casos abonando aranceles a empresas privadas que “prestan el servicio” y ofrecen mayor disponibilidad de cursada o para aprobar el mismo. Con esta nueva modalidad el Gobierno fomenta la privatización de la capacitación y da rienda suelta al negocio de la venta de puntaje de la mayoría de los sindicatos de la Ciudad que lucran con cursos y carreras  al mismo tiempo que negocian con el Gobierno a espaldas de los trabajadores. Los/as docentes nos veremos empujados a ingresar en una lógica mercantil en donde la formación docente se transforma en un bien de uso que debe ser actualizado porque queda en desuso. Sólo quiénes puedan disponer del tiempo necesario para estudiar por fuera del horario laboral, y pagar cursos de formación podrán acceder y permanecer en el sistema, e incluso ascender a cargos de conducción.

 Durante los gobiernos macristas se realizó un pronunciado vaciamiento de la capacitación gratuita y a cargo del Estado que estaba representada en CePa –hoy Escuela de Maestros-, mediante el cierre de postítulos y una importante cantidad de cursos. Este mismo gobierno que dice estar preocupado por la formación continua de los docentes, sólo prevé  en el presupuesto del próximo año 53.325.236 pesos, la cuarta parte que para escuelas verdes, lo que significa que el plan no es incentivar la formación docente continua, sino romper la lista de mérito actual y pasar a jerarquizar los cursos que se den en ámbitos privados.

Un ejemplo claro del objetivo privatista es la promoción de los cursos para docentes y directivos de escuela fueron a capacitarse en la Universidad de San Andrés, en cursos que paga el Ministerio de Educación de la Ciudad.  Hasta la fecha, sus costos para el gobierno de la Ciudad no están transparentados como información pública en el proyecto de ley de presupuesto ni existe documentación pública que fundamente la decisión de sostener la formación continua en ese ámbito privado en lugar de la Escuela de Maestros (ex CePA). Mientras se privatiza nuestra capacitación, se avanza con un politica de evaluación punitiva hacia la docencia.

A todo esto se suma que se intenta avanzar en la determinación de qué saberes son prioritarios, estableciendo mayor puntaje a los cursos de determinadas áreas. Este interés del gobierno de control ideológico, mediante la elección de aquellos saberes “más importantes” afecta directamente la libertad de los maestros de decidir qué quieren estudiar según las necesidades que evalúen como más relevantes según su práctica docente, sus necesidades, su formación previa y sus intereses.  

El gobierno avanza mediante un decreto con una medida inconsulta a los/as docentes en la modificación de la carrera docente, destruyendo el sistema de cursos y modificando la estructura del puntaje. Esto debe leerse en un marco más amplio de Reforma Educativa que ya nos están imponiendo donde la privatización y la tercerización e ingreso de empresas y fundaciones a las escuelas van de la mano de la inestabilidad y la precarización laboral. Este avance contra los listados, los concursos, la modificación del puntaje por cursos y antigüedad atenta contra la estabilidad docente y va en camino de la modificación completa del sistema de ingreso y ascenso de la carrera docente.

 Desde Ademys venimos sosteniendo la importancia de la capacitación en servicio dentro de la jornada laboral, garantizada por el Estado en forma gratuita. La capacitación en servicio no sólo es una instancia de formación continua sino que además se lleva a cabo en las escuelas y son situadas, es decir, trabajan a partir de la práctica concreta de los maestros y de los conocimientos que han construido. 

 Para que los docentes podamos capacitarnos y tener una verdadera formación continua el gobierno debe empezar por garantizar salarios dignos, reajustables semestralmente de acuerdo a la inflación, que no obliguen a la docencia a andar corriendo para defenderse del costo de vida o recargarse de horas y cargos para llegar a fin de mes. Que le permitan no sólo sobrevivir, sino comprarse un libro o ir al teatro.

Desde Ademys rechazamos enérgicamente esta modificación en el puntaje de cursos y llamamos a los docentes a organizarnos para rechazarlo.

 No a la mercantilización del puntaje.
Capacitación gratuita y dentro de la jornada laboral.
ORGANICEMONOS PARA RECHAZAR ESTE NUEVO ATAQUE A LA DOCENCIA


lunes, 28 de noviembre de 2016

Gran acto de los profesores del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires frente al Congreso Nacional

500 docentes y estudiantes se nuclearon ayer en las puertas del Congreso Nacional para denunciar la amenaza sobre los puestos de trabajo del conjunto de la planta docente auxiliar del Ciclo Básico Común de la UBA. Todos trabajan bajo contratos que se vienen renovando anualmente y sin interrupción, desde su incorporación como docentes al CBC, que ya lleva 31 años de funcionamiento. Mientras ellos vienen reclamando la regularización de sus cargos, el rectorado de la UBA resolvió hace unos meses un reglamento para convocar a concurso abierto todos esos cargos docentes.

“El Rectorado al pretender convocar a concurso abierto los cargos docentes, que nosotros ocupamos, actúa como si estos estuvieran vacantes, pero somos todos nosotros los que venimos todos estos años desempeñándonos en todas sus funciones y cumpliendo con todos nuestros deberes”, expresó ayer al cerrar el acto Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires). Y agregó: “La convocatoria a concurso abierto de un cargo docente es para seleccionar quien lo ocupa, pero nosotros ya fuimos seleccionados y reseleccionados año tras año, y el rectorado no puede ahora desconocer eso.”


En el acto también habló el secretario general de Conadu Histórica, Luis Tiscornia, quien exigió que la UBA tiene que respetar el convenio colectivo nacional conquistado por los docentes universitarios y los presidentes de la Fuba Julián Asiner y Adrián Lutvak que condenaron la decisión del consejo superior de la UBA y manifestaron su incondicional apoyo a esta lucha docente.

Participaron del acto, los diputados Néstor Pitrola, Soledad Sosa y Pablo López, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Además, acercaron su adhesión las diputadas Alcira Argumedo y Myriam Bregman

Expresaron también su solidaridad el secretario adjunto de Ademys, Gabriel Lubbo, que estuvo presente, y a través de adhesiones todas las asociaciones de base de Conadu Histórica, Nora Cortiñas, Pérez Esquivel, el Encuentro de Memoria Verdad y Justicia, y los nueve Sutebas multicolor.

Al finalizar se anunció que se pedirá una nueva reunión con el rector de la UBA, Rubén Barbieri, para solicitarle asegure la renovación en todos los cargos y dedicaciones en el 2017.