martes, 25 de septiembre de 2018

El paro docente en la provincia de Buenos Aires acompañó la huelga nacional de trabajadores

(El Día, La Plata, martes 25 de septiembre de 2018)- Los sindicatos de docentes de la provincia de Buenos Aires coincidieron en que en las escuelas hubo un “altísimo nivel de adhesión” a la huelga general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

“Es altísima la adhesión al paro en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que evaluó que el acatamiento está “entre un 90 y un 95%”.

“En todas las paritarias se ha insistido sobre un 15%, que hoy ya es arcaico, pero jamás voy a firmar una paritaria a la baja. Hoy, mínimo, se está hablando de un 27% de inflación y otras visiones ya están superando el 30%”, apuntó.

Para Petrocini este “es un gobierno que se dice dialoguista pero nos cierran las puertas y no hay formas de establecer un diálogo” y enfatizó que “el salario está destruido por la inflación y el tarifazo”.

Por su parte, el líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, sostuvo que el paro “fue total” en las escuelas.
“No hubo un solo guardapolvo blanco en las calles, ni en las escuelas públicas de gestión estatal”, aseguró.

“Si para no ser pobre en la Argentina se necesitan 18.833 pesos, según el Indec, no puede ser que haya docentes que en nuestro país cobren un salario inicial de 11.400 pesos”, agregó.

A su vez, Roberto Baradel, líder del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) sostuvo que “fue un paro total” en todo país.

“Fue clara respuesta de los docentes a las políticas que está planteando este gobierno”, aseguró en la conferencia de prensa que compartió con los líderes de las dos fracciones de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Cabe indicar que los docentes participaron de la movilización que se realizó ayer en la capital federal.

El reclamo se realizó en base a diferentes ejes: salarios dignos; escuelas seguras; por una Ley de Infraestructura Escolar; paritarias justas; mayor presupuesto para Educación; en defensa de la jubilación del sector; Para que no quiten el Incentivo Docente.

En ese contexto, Baradel indicó que “estamos absolutamente insatisfechos con las políticas de este Gobierno y lo estamos demostrando en la calle, con esta enorme movilización, y lo vamos a demostrar en el Parazo de mañana (por hoy). Esta es la muestra clara de la pérdida de legitimidad de este Gobierno y el rechazo de los Trabajadores a las políticas de ajuste y hambre.

Cabe indicar que hoy no habrà clases en escuelas públicas y privadas, ya que Sadop se suma al paro del Frente de Unidad Docente que integran Suteba, Feb, Udocba, Amet y UDA.

Ayer el paro afectó a las escuelas públicas, mientras que en las privadas la actividad fue normal en ambos turnos: mañana y tarde.

En el marco del paro de 36 horas declarado por la CTA, y en continuidad con el plan de lucha que la CONADU lleva adelante, dirigentes sindicales de la Federación Nacional de Docentes remarcaron que “es necesario, en unidad y en la calle, ponerle un freno a la política de la Alianza Cambiemos porque viene avanzando sobre los derechos de los trabajadores -activos y pasivos-, la educación, la salud, y porque a partir del acuerdo con el FMI se ha profundizado”.

Como ocurrió con los gremios bonaerenses, los universitarios también participaron de la protesta realizada ayer en la Ciudad de Buenos Aires y hoy no habrá clases en las escuelas de la Universidad Nacional de La Plata (Anexa, Liceo, Bellas Artes, Nacional) y en gran parte de las facultades de la casa de altos estudios.


domingo, 23 de septiembre de 2018

Contra el vaciamiento de la Educación Sexual Integral (ESI)

En estos días, circuló por las escuelas una carta dirigida a las conducciones con la que se busca, con un tono amenazante limitar la Educación Sexual Integral. Entre otras cosas, se pide aviso a las familias sobre los días y horarios en los que se trabajará ESI, se exige la presencia de un veedor en esas clases o directamente se rechaza su enseñanza.

Las verdaderas intenciones del escrito son instalar un clima de temor entre lxs docentes y las conducciones para que la ESI que brindamos en las aulas se vea reducida a una mera formalidad. De ahí, el tono amenazante, de ahí la estructura con cierto tinte legalista. Las leyes a las que hace mención (que en algunos casos, no corresponden a la Ciudad), no se incumplen de ninguna manera al abordar la ESI en la escuela.

Sin embargo, creemos que es importante no cerrar el diálogo con las familias y explicar pacientemente algunas cosas.

La escuela tiene la obligación de brindar Educación Sexual Integral porque así lo dicen la Ley Nacional 26.150 y la Ley 2.110 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que señalan el derecho de los chicos a recibir educación sexual y, por lo tanto, la obligación de lxs adultxs de brindarla. Además, los lineamientos curriculares de ESI, disponibles en internet, establecen qué contenidos deben ser abordados en cada grado.

Por otra parte, en nuestro país existen la Ley 26.743 de Identidad de género y la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario que establecen el respeto hacia la identidad sexual y la orientación sexual adoptada por cada persona.

Es preciso también decir que si no es la escuela la que se ocupa de dar ESI, dejaremos a lxs niñxs a la deriva y a que se eduquen sexualmente a partir de una acumulación de conocimientos que obtendrán en los medios, en las redes sociales o en distintos grupos en los que circula una variedad de mitos y falsedades acerca de la sexualidad.

Por su parte, la Educación Sexual Integral enseñada en las escuelas tiene un enfoque científico. Es decir, se fundamenta en paradigmas actuales legitimados por la investigación en distintas ciencias que le competen. Este enfoque respeta pero no transmite dogmas basados en las creencias o en la fe de lxs miembrxs de la comunidad educativa. Es decir, rechaza el adoctrinamiento en todas sus formas.

No damos ESI a puertas cerradas, ni a escondidas. En CABA existen jornadas institucionales en las que se invita a participar a las familias de clases de ESI. De ninguna manera lo que se enseña es secreto ni está vedado al conocimiento de las familias. Aun así creemos que debemos explicitar a qué nos referimos cuando hablamos de Educación Sexual Integral y cuáles son los contenidos que vamos a enseñar y cómo vamos a hacerlo.

La Educación Sexual Integral no se vincula únicamente a la genitalidad, sino que consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de toda la vida que inciden en la organización y construcción de su sexualidad, la manera de vincularse con los demás, la formación de actitudes hacia lo sexual.

Educar en este sentido, implica permitir a lxs estudiantes tomar decisiones de manera cada vez más autónoma y responsable, con la información y la formación que esto requiere; constituirse en sujetxs de derecho, capaces de decidir de manera consciente acerca de su proyecto de vida, en el marco de relaciones basadas en el cuidado de sí mismxs y de lxs otrxs. Para ello, se precisa un abordaje transversal, es decir, desde las distintas materias que se enseñan en la escuela.

Si estamos convencidxs de todo esto, sabemos que no se trata de pedir perdón ni permiso. Si no de explicar pacientemente y evacuar dudas o miedos que las familias puedan llegar a tener. Sentémonos, escuchemos sus argumentos, leamos sus cartas y respondamos sus inquietudes. Ya que muchas veces argumentos como los que circulan están armados en base a falacias que es fácil desarmar. Sigamos defendiendo la educación de nuestrxs niñxs contra los falsos argumentos que intentan vaciarla de contenido.


sábado, 22 de septiembre de 2018

Lunes 24 y martes 25 de septiembre: "lxs docentes paramos 48 horas y nos movilizamos"

Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior)convocamos a parar este 24 y 25 de septiembre en el marco del paro de 36 horas llamado por las dos CTA y el paro general del 25 de la CGT. El dólar y la inflación no cesan en su crecimiento. Volvieron las subas de transporte y el pago de las tarifas fue desgarrador para el vapuleado bolsillo de las clases populares. A esto se suma el cierre de ministerios, con los consiguientes despidos, poniendo algunas áreas como salud en una situación de extrema precariedad que se expresa en la falta de atención, la reaparición de epidemias y el agravamiento de un sistema sanitario que ya venía siendo vaciado durante décadas.

La educación pública, por su parte, sigue atravesando una situación gravísima. La desinversión en salarios, los problemas de infraestructura, el intento de cerrar profesorados e incluso los recortes en la alimentación que están recibiendo nuestrxs pibxs son la expresión más clara de hasta qué punto el gobierno pretende arrasar con nuestra escuela. Lxs docentes, al Igual que la mayoría de los trabajadores, sufrimos la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario.

El paro general del 25 fue anunciado por la CGT hace tiempo, en una de las peores semanas de crisis, suba del dólar y cierre de ministerios. La medida, sin duda tardía, está hoy en la agenda gracias a la presión desde abajo y la necesidad imperiosa que tenemos lxs trabajadores de frenar el ajuste.

Llamamos a parar este lunes y martes para frenar este intento de pulverización del salario de los trabajadores, para derrotar el ajuste de Macri, los Gobernadores y el Fondo Monetario. Para que cesen los despidos y triunfen las luchas en curso, como la que estamos llevando adelante los docentes, los trabajadores del área de salud pública, los trabajadores de TELAM y del astillero de Río Santiago.

Movilicémonos este 24 junto al resto de la docencia para hacer sentir nuestros reclamos.

¡Plata para educación, no para la deuda!
¡Basta de despidos! ¡Por una recomposición salarial ya!
No al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional


viernes, 21 de septiembre de 2018

Advertencia de los rectores de las universidades nacionales ante el proyecto de Presupuesto

(Por Inés Fornassero, Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 21 de septiembre de 2018)- El proyecto de presupuesto que el Ejecutivo presentó en el Congreso esta semana asigna 144.650 millones al sistema universitario. Pese a que inicialmente la cifra llevó tranquilidad a los rectores, cuando se conoció la letra chica de la propuesta y la forma en que se presentarían los fondos volvió a extenderse la inquietud. El proyecto, señalaron los rectores, incluye ítems que hasta ahora nunca formaron parte del presupuesto universitario y que podrían estar “inflando” el monto total. 

“Para alcanzar una cifra cercana a lo que pidió el CIN, incorporaron elementos que no fueron presupuestados por los rectores. Si hubiéramos incluido los ítems que tomaron, el pedido del CIN hubiera sido cercano a 157 mil millones”, destacó el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk. El rector aseguró que, así planteado, el proyecto oficial “no cumple con las necesidades universitarias” por varias razones. 

El CIN había pedido 128.966 millones directamente para las universidades (111.528 para salarios según los acuerdos paritarios 2018 y 17.437 para gastos de funcionamiento). El proyecto del Gobierno asigna para las casas de estudios 123.507 millones (5500 millones menos de lo solicitado) y el resto queda a discreción del Ejecutivo.

Una de las novedades del proyecto que genera críticas es el ítem “recomposición salarial”, que cuenta con 9500 millones de pesos y representa el 6,5 por ciento del total. “El ítem tendría que ver con el acuerdo paritario 2019, que normalmente no forma parte del presupuesto en estas instancias, sino que se incorpora como política salarial durante el año en curso”, aseguró Perczyk. Otro ítem que despierta dudas es el denominado “transferencias varias”, que suma 4 mil millones. “Al estar incluidas de esta forma tan imprecisa, podrían no ser ejecutadas nunca”, afirmó el rector. “No hay garantías de que vayan a usarse, porque ni siquiera se aclara para qué son.” 

El director general del CIN y ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, aseguró que “el análisis de cada ítem muestra que hay diferencias importantísimas con nuestro pedido. Con la propuesta del Gobierno se agrava la situación de las universidades, porque no incrementa los fondos para gastos de funcionamiento en términos reales y tiene casi 14 mil millones a los que no les encontramos destino real. Esperamos que en el plenario del CIN puedan aclararse estas cuestiones”. 

En este escenario, son las universidades creadas durante los últimos quince años las que se llevan la peor parte. Las instituciones nuevas enfrentan dificultades financieras y edilicias específicas, por su necesidad de incrementar su presupuesto en términos reales año tras año para poder hacer frente a la creciente cantidad de estudiantes y docentes. “El Ejecutivo asignó un apoyo adicional a sólo 13 de las 15 universidades nuevas, por lo que estamos pidiendo que a esas dos universidades se les actualice el presupuesto para poder crecer”, explicó Perczyk, que hoy, en Hurlingham, será anfitrión del plenario de rectores. 

Las casas de estudio en cuestión son las de Tierra del Fuego y la Pedagógica Nacional. El rector de ésta última, Adrián Cannellotto, criticó la discrecionalidad del presupuesto en la distribución de los fondos entre instituciones. “Hay mucha disparidad, algunas reciben montos que muestran un aumento menor al 25 por ciento, cuando otras tienen hasta un 50 por ciento de incremento. Vamos a pedir que todas las universidades reciban como pauta mínima un incremento del 32 por ciento, en línea con la inflación prevista para el año que viene”. 

De las partidas que se les asignan, el porcentaje que cada universidad destina para pago de salarios varía según sus plantas de docentes, no docentes y otras variables específicas. Los montos restantes son asignados a gastos de funcionamiento. Según Perczyk, el presupuesto oficial genera que un conjunto de universidades quede muy al límite del incremento paritario, por lo que casi no tendrían incremento para pagar gastos de funcionamiento.

El proyecto de presupuesto confirma que el año que viene no habrá obras de infraestructura para el sistema universitario. Las obras han sido uno de los principales reclamos del CIN durante este año, desde que en marzo se suspendió el financiamiento para los nuevos proyectos y comenzaron a demorarse gran porcentaje de las obras en marcha. “El Gobierno le ha asignado 0 pesos para el año 2019. De esta manera continúa con la política iniciada este 2018, cuando se recortaron 4 mil millones que el presupuesto asignaba a la ejecución de obras en las universidades”, criticó Perczyk. 

Hay otros ítems del presupuesto que directamente no cuentan con aumento por inflación, lo que implica una reducción en términos reales de al menos un 40 por ciento. Son las partidas para “Universidades de reciente creación” (250 millones), “Gastos para ciencia y técnica” (500 millones) y “Gastos de funcionamiento SIU” (75 millones). 


Se vienen 36 horas de paro y en la provincia de Buenos Aires sólo habrá clases el lunes a la mañana

(El Día, La Plata, viernes 21 de septiembre de 2018)- Los gremios docentes bonaerenses iniciarán el paro general el lunes al mediodía, en consonancia con la medida de fuerza de 36 horas convocada por las dos CTA. En cambio, los maestros y profesores de colegios privados nucleados en el Sadop sólo se plegarán a la huelga de la CGT del martes 25. “Urgente convocatoria a paritarias; salarios dignos y justos; escuelas seguras”. Son los principales reclamos del sector. El último encuentro paritario fue hace casi un mes, el 23 de agosto, y la oferta gubernamental, un 19%. Cifra ya licuada por la inflación, que el 31 del mes pasado superó los 24 puntos porcentuales y se proyecta que en septiembre llegue a los 30.

Así las cosas, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) completará 19 días y medio de inactividad en lo que va del ciclo lectivo y quedará a tan sólo “un turno” del récord de paros docentes de los últimos 16 años. Vale recordar que desde 2002 hasta hoy, el del 2014 fue el ciclo escolar con mayor cantidad de huelgas (20), seguido por el del 2013 (19) y por los de 2009, 2012 y 2017 (17 cada uno). El tema de los paros docentes ya movilizó iniciativas para declarar al sistema educativo como “servicio público esencial”. Ello implicaría, básicamente, garantizar guardias para que los chicos y chicas puedan estar en la escuela. Por caso, la salud funciona así. 

Durante el gobierno anterior también se quiso avanzar en ese sentido. Fue, precisamente, tras la brutal medida de fuerza que se tomó a principios de 2014. En ese entonces, los gremios llevaron a cabo 17 jornadas de paros consecutivos desde el día pautado para el inicio de las clases (5 de marzo).

La medida tuvo una adhesión de casi el 100% y las aulas volvieron a abrir sus puertas recién el lunes 31 de marzo, tras el cierre de una paritaria que elevó el salario mínimo de bolsillo de una maestra de grado un 38,50%. Después de ese parazo inédito, hubo tres días más de huelga tras las vacaciones de invierno. Y cabe recordar que se venía de un 2013 con 19 jornadas de huelga y de un 2012 con 17.

No obstante, la idea de declarar a la educación “servicio público esencial” no prosperó. Ahora comenzó a moverse un proyecto en la Legislatura bonaerense, aunque la tensa relación que se ha entablado entre el Gobierno de María Eugenia Vidal y los docentes por la tragedia de Moreno, la grave problemática de la infraestructura escolar y una paritaria que -batiendo otro récord- es muy probable que llegue a octubre sin cerrarse, conspira contra una iniciativa de ese tipo. Es un tema para debatir en tiempos de calma, algo deseable pero improbable en el corto plazo. Se trata de una idea que debiera discutirse. Y seriamente.

Además, está a la vista que no pasa por un gobierno de un color político, pues, como se indicó, también la puso sobre la mesa la administración provincial anterior, y en Latinoamérica existe el antecedente de Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa. La Constitución ecuatoriana de 2008, en su capítulo 4, sección segunda, artículo 35, inciso 10, dice: “Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga (...). Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social (...)”.

Un paro cada 13 días en los últimos 8 años. O bien “un ciclo lectivo de paros en los últimos dieciséis años”. Hay distintas formas de presentar el impacto que las huelgas han tenido y tienen en la educación pública. Aunque igualmente cierto es que en esos 8 ó 16 años nunca se eliminó de raíz el conflicto salarial con el sector. Es una asignatura pendiente. A punto tal que, según un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional que publicó este diario días atrás, la docencia se encuentra entre las tres profesiones peor remuneradas del país, de un total de dieciocho.