(Por Cristiane Sampaio, Brasil de Fato, San Pablo, jueves 9 de enero de 2020)- Si la década de 2000 y
los años de 2010 estuvieron marcados por la expansión de la educación pública
en Brasil, con aumento de cupos en las universidades, multiplicación de becas
de investigación, estructuración y consolidación de instituciones federales, el
año de 2019 cierra la década teniendo como rasgos la inestabilidad
institucional y una retracción en la inversión pública en el sector.
La inconstancia que
dictaría el ritmo de la cartera a lo largo del período dio señales ya en los
primeros meses del año, con un constante cambio de nombres que figuraban en el
nivel jerárquico superior del Ministerio de Educación (MEC). El escenario tuvo
como destaque la situación del Instituto Nacional de Estudios y Investigaciones
Educativas Anísio Teixeira (INEP), que responde, entre otras cosas, por el
Examen Nacional de Educación Media (ENEM).
Por lo menos 14
despidos fueron registrados en cargos estratégicos de la institución, como es
el caso del propio presidente, Marcus Vinicius Rodrigues. Un decreto firmado
por el entonces gestor deflagró una crisis en el primer semestre del año,
relacionada con el Sistema de Evaluación de la Educación Básica (SAEB), debido
a la medición de índices de la alfabetización infantil en el país.
El análisis había sido
hecho en 2013, 2014 y 2016 y pasó a ser previsto solamente para 2021.
Al abrir un hiato
histórico entre las diferentes evaluaciones, el decreto coleccionó críticas de
diferentes lados, principalmente de especialistas. El episodio inflamó la
relación entre Marcus Vinicius Rodrigues y el entonces ministro de Educación,
Vélez Rodríguez, que revocó la medida al día siguiente a la publicación del
texto, después de una discusión con el presidente del instituto.
Marcus Vinicius
Rodrigues se despidió de la institución con duras críticas a Vélez y acusando
al mandatario de nombrar a personas con posiciones ideológicas inapropiadas
para la cartera.
Mientras Rodrigues
saludaba al ala militar de la gestión, el ministro tenía vinculación con el
astrólogo Olavo de Carvalho, autoproclamado filósofo que es considerado el
«gurú ideológico» del gobierno Bolsonaro.
Cambios
continuos
Entre idas y venidas,
el resultado de los pulsos indicó lo que se fortalecería en el MEC a lo largo
de 2019: una crisis institucional marcada sobre todo por disputas de poder
entre militares, gestores con perfil técnico y discípulos olavistas.
En abril, la tríada
implosionó: los desacuerdos y el agitado juego de poder interno llevaron al
despido del propio ministro, cuya exoneración fue anunciada por el presidente de
la República vía redes sociales. Vélez dejó la cartera después de un conjunto
de medidas polémicas.
Entre ellas, estaba una
promesa de que cambiaría los libros didácticos del país para revisar la forma
como la dictadura militar y el golpe de 1964 son abordados y también llegó a
pedir a las escuelas que filmaran a los estudiantes cantando el himno nacional
y pasaran el material al MEC.
En ese momento, la
coordinadora del Foro Estadual de Educación de Paraná, Andréa Caldas, afirmó a Brasil
de Fato que el mandatario venía demostrando “enorme desconocimiento
sobre la educación brasileña y sobre el aparato del Estado”.
Lógica
privatizadora y corte de recursos
Con la despedida de
Vélez, Bolsonaro nombró para el ministerio al economista y profesor Abraham
Weintraub, que tiene una trayectoria ligada al mercado financiero y había
participado del equipo de transición del gobierno para tratar del tema de las
pensiones.
El perfil privatizador
del actual ministro es el rasgo principal de la gestión del economista, que ha
conducido el MEC con base en medidas como el llamado «Future-se», programa que
ayuda a sedimentar el camino de la iniciativa privada dentro de la educación
pública por medio del incentivo a la búsqueda de recursos propios por parte de
las instituciones de educación superior (IES).
La medida está
directamente relacionada con otro problema que se destacó a lo largo del año:
la asfixia presupuestaria promovida por el gobierno Bolsonaro en el sector.
Ya afectado
directamente por el Techo de Gastos, aprobado en el gobierno de Temer
(2016-2018), el segmento vio la pesadilla aumentar en este primer año de la
nueva gestión.
Datos oficiales
muestran que hubo una retención total de 1.700 millones de reales del
presupuesto de las universidades, lo que equivale a casi 25% de los gastos
discrecionales y 3,43% del presupuesto total de las IES.
Weintraub utilizó como
escudo, entre otras cosas, el argumento de que la retención estaría respaldada
por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que impone reglas a los gastos
públicos. Convocado para aclarar sus declaraciones al Congreso, afirmó que
Brasil «gasta demás» en educación, generando nuevas y duras reacciones.
En ese momento, llegó a
sugerir una negociación, afirmando que la liberación de los recursos del área
estaría sujeta a la aprobación de la impopular reforma de las Pensiones de
Bolsonaro y Guedes. “Estamos viviendo un momento muy extraño, en que todo es en
base a un chantaje no republicano”, dijo al ministro, en la ocasión, el senador
Jean Paul Prates (Partido de los Trabajadores -estado de Rio Grande do Norte).
Convulsión
social
El recorte oxigenó la
insatisfacción popular, llevando a una serie de protestas nacionales en defensa
de la educación pública y contra el intento de ideologización del área, utilizado
por Weintraub como arma contra las críticas. Entre otras cosas, el ministro
acusó las universidades de promover lo que llamó de “algazara”, en referencia a
la supuesta existencia “de gente desnuda” dentro de los campus y otras
prácticas.
“Universidades que, en
vez de procurar mejorar el desempeño académico, estuvieran haciendo algazara,
tendrán sus recursos reducidos”, dijo el ministro, dando a la retórica de los
recortes un bies ideológico y generando una ola de críticas.
La declaración generó
reacciones de trabajadores del área, estudiantes, especialistas y otros
diferentes sectores de la clase media brasileña. Fue el llamado «tsunami de la
educación».
La tijera del gobierno
en educación provocó reducción de los gastos de agua, luz, funcionarios
tercerizados, manutención de equipamientos y otros.
La producción
científica también fue afectada en este primer año de gobierno, con la caída en
el presupuesto del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(CNPQ) y de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior
(CAPES), sobre los cuales pesa aún una amenaza de fusión que ayuda a endosar
las críticas a la gestión de Bolsonaro.
Rector
no es gerente de banco
También se destacó a lo
largo del año el nombramiento de rectores que no figuraban en primer lugar en
la terna enviada por la comunidad académica, como era tradición desde 2003. De
los 11 rectores nombrados por el presidente de la República hasta septiembre,
por ejemplo, seis no fueron los más votados.
Críticos de la medida
denunciaron la existencia de una tentativa de cercenamiento de la autonomía de
las instituciones por el hecho de que Bolsonaro atropelló la terna y alineó
nombramientos por cuenta propia. «No se puede confundir rector con gerente de
banco. (…) No hay que hablar de personas tomando decisiones de forma aislada”,
dijo el vice-presidente de la Asociación Nacional de Dirigentes de
Instituciones Federales de Educación Superior (ANDIFES), Edward Madureira
Brasil.
También tuvo realce la
creación, en noviembre, de una tarjeta de estudiante virtual, con el propósito
de estrangular los recursos que ayudan a mantener entidades como la Unión
Nacional de Estudiantes (UNE). “Es un intento de desmovilizar al movimiento
estudiantil”, atribuyó Lucas Reinehr, de la dirección de la organización,
cuando la medida aún no había sido oficializada, pero ya provocaba
movilizaciones contrarias.
Educación
militar
En paralelo a los
recortes e intervenciones en la educación pública convencional, la gestión de
Bolsonaro comenzó además un programa de expansión de las escuelas
cívico-militares en el país, con una inyección de 54 millones de reales (13,2
millones de dólares) en cada una de las unidades del proyecto piloto, que será
implantando en 2020.
Además de poner al
sector como prioridad en la canalización de los recursos públicos, el
presidente ha sido blanco de críticas de especialistas y opositores que apuntan
una tentativa de precarización intelectual y cercenamiento de las libertades
individuales en la educación pública por medio de la adopción de la doctrina militar
en las escuelas.
Escuela
sin partido
Al final del año, la
política de avance del autoritarismo sobre el área de educación mostró
nuevamente las garras con la vuelta de la comisión del proyecto de ley (PL)
conocido como «Escuela sin Partido», que fue reinstalada en la Cámara de
Diputados a comienzos de diciembre, después de articulación de parlamentarios
conservadores. El tema es una de las banderas que moviliza a actores políticos
vinculados a Bolsonaro.
El PL estaba archivado
desde diciembre de 2018, cuando cerró el último cuadrienio parlamentario sin
votación en la comisión especial por falta de acuerdos. A pesar del presidente
de la Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), terminó anticipando que no hay compromiso de
votar el texto en el plenario, y a la vuelta de la propuesta deberá lanzar
gasolina en los debates sobre la educación en 2020.
