domingo, 30 de diciembre de 2018

Carta abierta a las y los docentes afiliados a ADUNCe (Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional del Centro)


Con enorme sorpresa tomamos conocimiento por las redes de la decisión de la nueva Comisión Directiva de ADUNCe, de someter a consideración de su próxima Asamblea de Afiliadxs la posible desafiliación de la CONADU HISTÒRICA para afiliarse a CONADU. El agravante es que tamaña decisión institucional – que compromete el futuro del sindicato y toda su base docente universitaria y preuniversitaria – pretende tomarse en una asamblea convocada para el 12 de diciembre, casi en pleno receso.

Cuál sería el motivo para tratar un tema tan trascendente sin la plena participación y protagonismo de la docencia afiliada en un debate democrático y con presencia masiva de quienes sostienen con su aporte mes a mes al gremio?

Hace muy pocas semanas hubo elecciones en ADUNCe. La lista que resultó ganadora nada dijo durante la campaña a sus docentes que una vez asumida la nueva conducción plantearían irse de la CONADU HISTÓRICA para incorporarse a la CONADU.

Informamos que no hubo ninguna comunicación formal o informal desde la conducción de ADUNCe a nuestra Federación sobre la propuesta y razones para desafiliarse, ni planteo ni debate al respecto.

Más aún, la nueva Secretaria General de ADUNCe (Verónica Gargiulo) estuvo presente junto a dos integrantes más de la conducción en el último Plenario de CONADU HISTÓRICA, que sesionó el pasado 22 de noviembre, como medida de protesta, en una Carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación. Cedida la palabra a la Compañera Verónica, informó a todas las Asociaciones de Base presentes sobre el resultado de las recientes Elecciones de ADUNCe, manifestando que hubo una enorme participación docente y que era la primera vez que alguien proveniente de los Colegios Preuniversitarios de la UNCe conduciría el sindicato, lo cual saludamos con un gran aplauso de bienvenida.

Hasta por el más mínimo respeto entre nosotros/as y hacia las y los docentes de la UNCe, hubiéramos querido haber tenido la oportunidad de discutir un tema de esta envergadura.

En este año (Centenario de la Reforma Universitaria de 1918) protagonizamos la movilización universitaria más imponente de la historia argentina, conmoviendo al país y desnudando la política de ajuste y mercantilización del conocimiento del gobierno macrista.

Todo este recorrido fue con grandes debates, justamente con la conducción de la CONADU, que a lo largo de todo el proceso retaceó esfuerzos para articular un plan de lucha unitario que nos fortaleciera frente al gobierno para arrancarle un aumento salarial acorde con los tarifazos, la devaluación y la inflación creciente que día a día destrozaban nuestro poder de compra.

Sin embargo, las enormes Asambleas empujaban desde abajo, y así logramos enormes acciones de movilización en todo el país, aún con gremios que no pertenecen a nuestra Federación (Rosario, Mar del Plata, General Sarmiento, Córdoba, Río Cuarto, Nordeste, Entre Ríos, Villa María).

Sostenemos que la firmeza de nuestra Federación y todas sus Asociaciones de Base en mantener el paro, apostar y trabajar para a coordinar todo lo posible con todos los gremios a pesar de las vacilaciones que expresaban, hizo que se nacionalizara el conflicto. Rompimos el cerco mediático y se movilizó el sector estudiantil.

El 30 de agosto se realizó la multitudinaria movilización que congregó a 350.000 personas en la Plaza de Mayo, bajo una lluvia torrencial y más de 200.000 en las distintas provincias. La lucha y movilización universitaria conmovió al país. El gobierno quedó a la defensiva, ya que habíamos ganado a la opinión pública en favor de nuestro reclamo.

Sin embargo pocos días después de la movilización universitaria más grande de la historia argentina el gobierno logra hacer firmar a la CONADU por un 15% más sumas fijas para llegar a un 25 % (sin adicionales como la zona desfavorable ni títulos de posgrado) y sin cláusula gatillo. Hoy estamos con nuestros salarios por más de 13 puntos por debajo de la inflación. A mediados de enero estaremos más de 20 puntos por debajo de la inflación. Es la rebaja salarial más importante desde el año 2001.

No sólo firmaron por un bajo porcentaje, también entregaron conquistas que nos costaron mucho conseguir como el blanqueo de nuestros sueldos, mantener la zona desfavorable (que tanto quiere eliminar el gobierno), el nomenclador docente universitario y preuniversitario. Volvimos a los salarios con sumas fijas de los años ’90 (gobierno de Carlos Menem).

Queremos destacar que durante las seis semanas que duró el cese total de actividades que decidimos colectivamente en congresos y plenarios de CONADU HISTÓRICA, la docencia de ADUNCe tuvo un enorme protagonismo, con carpas, masivas asambleas y movilizaciones en Tandil junto a otros sectores que resultaron verdaderas puebladas. Los mandatos que surgían de esas asambleas de ADUNCe eran por ratificar el plan de lucha y continuar hasta lograr que el gobierno mejorara la oferta. Cuando las restantes Federaciones (con CONADU a la cabeza) decidieron firmar el acuerdo salarial, nuestra Federación RECHAZÓ casi por unanimidad.

El voto de ADUNCe en aquél Congreso fue categóricamente por el RECHAZO de ese aumento que terminó firmando la CONADU para asegurarle la paz social que tanto necesitaba el gobierno de Macri. Las federaciones firmantes de la paritaria cobraron varias decenas de millones de pesos en concepto de “cuota de solidaridad”.

Esta nueva entrega de nuestros salarios es lo que llevó a varios gremios adheridos a esa Federación (Rosario, Mar del Plata, y otros) a debatir su posible desafiliación, para no seguir engordando los padrones y la cuenta bancaria de una organización que no está a la altura de las luchas del movimiento docente.

Por estas horas, con un gobierno que viene por nuestros derechos y los de toda la clase trabajadora, la urgencia es por fortalecer las organizaciones sindicales democráticas que trabajan para defender los salarios y mejorar las condiciones de trabajo de sus representadxs.

Por todo lo expuesto, decimos que no se entiende y nos sorprende la decisión de la nueva Comisión Directiva de ADUNCe de convocar a una asamblea un 12 de diciembre para intentar imponer un debate que viene a contramano de las necesidades e intereses del movimiento docente universitario y preuniversitario.

Con el máximo respeto, proponemos a toda la docencia afiliada a la ADUNCe reclamar una verdadera discusión amplia y democrática sobre cuáles serán las mejores herramientas de organización para enfrentar el brutal ajuste del gobierno, que con seguridad se profundizará el año próximo.
MESA EJECUTIVA NACIONAL - CONADU HISTÓRICA



sábado, 29 de diciembre de 2018

Por la defensa de las conquistas jubilatorias de la docencia


Desde la Secretaria Previsional y la Comisión de Jubiladxs de AMSAFE (Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe), seccional Rosario, saludamos la victoria de la lucha de lxs compañerxs jubiladxs nacionales, que lograron que la Corte Suprema le reconozca la actualización de sus haberes y con efecto retroactivo. Aunque el reconocimiento es sólo para aquellxs que han realizado juicio, el fallo sienta un incuestionable precedente para hacerlo extensivo a todxs.

Lxs docentes jubiladxs de AMSAFE Rosario, ratificamos la defensa de nuestras conquistas jubilatorias del Régimen Opcional Docente, del 82 por ciento y seguimos exigiendo al gobierno provincial, frente al ajuste, inflación y los tarifazos, la inmediata reapertura de las paritarias para la actualizar los sueldos y nuestras jubilaciones. 



viernes, 28 de diciembre de 2018

Justicia por Isauro y Arturo Arancibia

Ciudad de Córdoba, martes 11 de diciembre de 2018

Las querellas de la familia de Isauro y Arturo Arancibia y de la CTERA (Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la República Argentina) se reunieron con el doctor Falcucci, el juez que entiende en la instancia de apelación de la causa donde se investiga el homicidio de los maestros tucumanos el 24 de marzo de 1976, mismo día de la instalada dictadura cívico-militar en nuestro país.

El objetivo de esta reunión fue plantear la necesidad de avanzar en esta causa.

En la audiencia participaron Italia Arancibia, hermana de los maestros asesinados; Juan Monserrat, Secretario de Organización de la Junta Ejecutiva de CTERA y Secretario General de la UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) y la abogada querellante Julia Albarracín. Después de más de 42 años del asesinato de Isauro y Arturo, el mismo día de instalada la dictadura en nuestro país, seguimos apelando al juzgamiento de los genocidas para su condena en cárcel común, perpetua y efectiva.

¡¡¡Isauro y Arturo Arancibia presentes!!!

¡¡¡30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs, presentes!!!


jueves, 27 de diciembre de 2018

Porque Papá Noel existe, finalmente el Adicional por Título de Posgrado llega a los bolsillos de los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán


Luego de innumerables reclamos y acciones realizadas por ADIUNT (Asociación de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán) finalmente las autoridades de la UNT (Universidad Nacional de Tucumán) comunicaron públicamente que con el sueldo del mes de diciembre se abonará el Adicional por Título de Posgrado a todos los docentes.

Se trata, nada más y nada menos, que del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 38 del Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes de las Universidades Nacionales.

Desde ADIUNT destacamos este importante avance. Nos comprometemos a continuar con la lucha para que se regularice todo lo relacionado a las deudas por retroactivos.



miércoles, 26 de diciembre de 2018

Escuelas públicas en manos de militares, ¿el futuro de la educación en Brasil?


(Sputnik News, América latina, miércoles 19 de diciembre de 2018)-  En el estado de Goiás (centro), 57 de 1.160 colegios públicos ya están siendo administrados por militares, 5% del total.

No se trata de los colegios militares donde se forman los futuros integrantes de las Fuerzas Armadas, sino de escuelas públicas convencionales, donde se enseña matemáticas o portugués, pero que pasan a ser administradas por militares.

“Es un ambiente más controlado, con más apego a la disciplina (…) practicamos una política de tolerancia cero”, comenta en una entrevista con Sputnik el coronel Júlio César Mota, superintendente de Seguridad Escolar y Colegio Militar de Goiás, que remarca que no hay interferencias con el programa académico.

En su opinión, que haya policías militares en el patio, en los pasillos o en la recepción de los centros “lo contagia todo” y crea un círculo virtuoso, fomentando un ambiente más propicio para el estudio.

El modelo empezó a implantarse tímidamente en 1998, pensado únicamente para hijos de militares, pero después se amplió a todos los alumnos y creció exponencialmente en los últimos años, gracias a los buenos resultados académicos (en poco tiempo, Goiás pasó a estar en los primeros puestos del ranking nacional).

Los alumnos de estos colegios estudian las mismas asignaturas que en las escuelas públicas civiles, pero además tienen una asignatura extra sobre educación moral y cívica, similar a la que se impartía en Brasil durante la dictadura militar (1964-1985).

“Enseñamos civismo, ciudadanía, respeto a los símbolos nacionales, un poco de patriotismo, los valores de la familia, de la patria”, comenta Mota, que subraya que el resto de asignaturas son impartidas por profesores civiles.

En estos colegios, donde una vez a la semana se realiza una ceremonia de izado de la bandera, la disciplina es férrea: los estudiantes, que aprenden a realizar el saludo militar, deben acudir con la cabeza rapada si son chicos, y con el pelo cuidadosamente recogido en una coleta, si son chicas.

Según el militar no hay castigos físicos, adoctrinamiento ni homofobia, pero el modelo es muy criticado por sectores progresistas, sindicatos y parte de la comunidad educativa.

La presidenta del Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Goiás (Sintego), Bia de Lima, cree que una generación entera de jóvenes se está formando sin una visión crítica de las cosas.

“Hay decenas de policías, incluso dentro de las aulas, vigilando cómo se da la clase (…) hay una interferencia directa en la actuación de los profesores, aunque no haya un control próximo, de alguna manera afecta, muchos profesores de esas escuelas temen entrar en huelga, sufrir persecuciones”, critica De Lima en una entrevista con Sputnik.

Además, De Lima lamenta que las escuelas militarizadas se hayan convertido en la “niña mimada” del Gobierno de Goiás, con mejores infraestructuras, equipamientos nuevos y paredes siempre recién pintadas.

“Se está instalando en el imaginario la idea de que las escuelas militares son buenas y las públicas no (…) hay una estrategia para abandonar la escuela pública tradicional”, lamenta.

Los padres parecen apostar por este modelo, hay una lista de espera de más de 3.000 alumnos, según el Gobierno de Goiás; la sindicalista asume que muchos profesores también, ya que ven en los policías militares un respaldo, se sienten más protegidos y les resulta más fácil dar clase.

Lo que ocurre en Goiás y en otros estados brasileños es una tendencia al alza y una especie de laboratorio de lo que podría llegar con el gobierno de Bolsonaro.

Durante la campaña, el presidente electo, un militar reservista, prometió que cada capital del país contaría con al menos uno de estos colegios militarizados.

Según un recuento de la revista Época, entre 2013 y 2018 el número de escuelas militarizadas en Brasil aumentó un 212%, pasando de 39 a 122; y ya están presentes en 14 de los 27 estados del país.
Fuentes del Ministerio de Educación consultadas por Sputnik evitaron comentar la militarización de la educación pública alegando que las competencias en este caso son de los estados y municipios brasileños, y no del gobierno federal.


martes, 25 de diciembre de 2018

Colombia: el gran ganador de las movilizaciones universitarias del 2018 fueron los estudiantes


(Por Manuel Restrepo Domínguez, Rebelión, Barcelona, miércoles 12 de diciembre de 2018)- Fue el estudiantado, los estudiantes, que hicieron el justo homenaje a 100 años de Córdoba y 50 de París, cuyos significativos alcances fueron honrados en defensa del pensamiento, las libertades y la idea de universidad moderna. De la democracia y autonomía reclamada en Córdoba, se encargaron las organizaciones (unees, crees, fenares, otros) y de la imaginación y libertades se encargaron todos los movilizados y acompañantes del movimiento todavía en marcha (profesores, trabajadores, indígenas, campesinos y plataformas sociales) que completaron este propósito emancipador, también reclamante de un estado desvinculado de prácticas mafiosas y de terror, democrático, laico, plural, que abandone el espíritu de guerra y piense en la paz, la soberanía y la defensa de la vida con dignidad como razones de su existencia.

Ganaron los estudiantes, todos, pero también la sociedad y en especial los sectores populares, que podrán seguir enviando a sus jóvenes a las universidades publicas, en busca de una educación que les permita salir del sometimiento y la ignorancia que reproduce el orden criminal del mundo organizado para satisfacción de exitosos y desalmados empresarios que hacen creer que cuando explotan están liberando. A pesar del acoso y estigmatización del gobierno central y de sus múltiples reproductores locales, esos estudiantes, leyeron los antecedentes de la MANE y definieron su propia ruta con la consigna básica de “parar para avanzar” y avanzaron. La MANE detuvo la reforma a la ley 30, que pretendía instalar en la medula del sistema la educación con ánimo de lucro y la distribución de presupuestos por demanda para transferir recursos públicos a centros de interés privado, como lo ha experimentado con ser ser pilo paga. Si para la MANE la estrategia fue atacar el eje de distribución de la política, la de la movilización de hoy ha sido atacar el eje de la distribución de la economía, que tiene en riesgo de extinción por desfinanciación a la universidad pública, mientras el estado entrega a la guerra y por pago de intereses a los prestamistas (de una irresponsable deuda externa contraída para satisfacer a los dueños de la guerra) más del 50% del gasto e inversión social.
Las cifras dejan entre 5 y 6 billones de pesos adicionales al presupuesto para los próximos 4 años, que servirán para paliar las dolencias inmediatas y aunque puedan prolongar su agonía, la universidad queda viva y fortalecida. Los estudiantes lograron lo que en dos décadas de lobby y padrinazgos políticos no alcanzaron los rectores. Lo logrado da tiempo para rediseñar su rumbo, desclientelizarlas y asumir el control académico con autonomía y democracia, por fuera de los intereses del partido de gobierno, que tiene en su agenda ideológica convertirlas en centros de dominio y orientación del rumbo del país hacia la ultraderecha política y la economía de mercado salvaje. Los estudiantes han devuelto la posibilidad de pensar el tipo de profesor, estudiante y funcionario que exige la universidad que ellos promueven, en perspectiva de reconducir su sentido de formación ciudadana y profesional y su carácter científico y cultural y comprometida con la transformación social de la realidad, cuya desigualdad deja a tres de cada cinco habitantes en condición de víctimas, empobrecidos, marginados y excluidos que esperan tener a los universitarios de su lado para cambiar de raíz la política, la justicia, las maneras de convivir y gobernar y aprender de ellos su lucha y sentido de dignidad.

Las ganancias en incremento del presupuesto público para financiar los mínimos vitales que requieren para no morir, son contundentes, pero también quedan lecciones de organización autentica, propia. Hubo construcción colectiva de los jóvenes en rebeldía, que sentaron las bases de una refrescante y esperanzadora protesta civil, pacífica y responsable. Un mérito esencial es reconocer que es la primera gran movilización que resistió durante 60 días el poder desbordante y manipulador del estado y su aparato de comunicaciones y represión, en medio de un complejo periodo de tránsito entre el fin de una guerra con la insurgencia de las FARC y la paz en proceso. La sociedad, estuvo tranquila, no sucumbió ante los rumores, falsedades y engaños de los detractores de la movilización (que son los mismos negacionistas de la paz y los derechos). La organización que queda de esta movilización permitirá regresar a los campus a empezar la tarea de democratización que active las discusiones por democracia directa y participativa en la designación de autoridades académicas, las formas de representación de estamentos en los distintos cuerpos colegiados, las reformas académicas que recuperen la formación humanística y se amplíen los análisis de la ciencia y el arte y se fortalezcan los compromisos con las demandas reales de la gente, que impacten sus vidas y bienestar y releguen la deificación de las cifras y rankings que la llevan a perderse girando alrededor del ombligo de los iluminados y de las exigencias de la nueva clase cuestionada de los sobredimensionados pares.

Ganaron los estudiantes, demostraron que la fuerza aunque mate o mutile no convence, y que la razón y la imaginación, tienen en cambio la suficiente potencia para cambiar la manera de actuar de un país dispuesto a no seguir revolcándose en el odio y las pasiones empujadas por gobernantes y mafiosos enquistados en el poder que apenas logran ofrecer cizaña, venganza y destrucción de lo público y de la vida misma. A muchos estudiantes seguramente les cambio la vida, ya no volverán a ser los mismos, aprendieron a luchar y están luchando, juntos instalaron otra manera de ser estudiante y de serlo en una universidad pública, lo que convoca de inmediato a repensar la agenda de cambio del ser profesor, directivo, funcionario y en general del ser universitario. Devolver las lógicas a su lugar, es parte esencial de la lucha contra el poder tradicional, patriarcal y señorial y define el paso siguiente en esta movilización, que ha terminado su primera etapa con grandes e invaluables logros y esperanzas, para que la próxima vez nadie se quede inmóvil al borde del camino.



domingo, 23 de diciembre de 2018

"¡Miren cómo nos ponemos!", dicen las maestras de Rosario


"Y yo dije no", así le dijo Thelma a Juan Darthes. Y lo dijo Eva, y Mariana, y Lorena Y Luciana y yo... Y tantas. Tantas.

Dijimos no, pero parecía que era SI. Parece SI porque somos mujeres y porque sufrimos la doble opresión de género y de clase. Las opresiones que nos impone el sistema patriarcal y el capitalista. El sistema patriarcal que nos educó en la convicción que los NO que se escuchan y a los que se obedecen lo dicen los hombres, no NOSOTRAS. Pero estamos aprendiendo colectivamente que NO es NO. Que a las compañeras les creemos el relato. Que ninguna de nosotras se levanta un día con ganas de denunciar lo que No sucedió, como si fuera sencillo.

Sabemos que aún con los avances de los últimos años del movimiento de mujeres, se sigue culpabilizando a la víctima y con una justicia que nos da mensajes como la absolución de los 3 implicados en el femicidio de Lucía, quien también dijo NO.

Y dijo NO Ana y Viole y Graciela, y Lorena, y Sonia y Pamela...

Algo está cambiando.

Somos muchas, estamos juntas y organizadas. No nos callamos más!

Recordá:

¡NO ESTÁS SOLA!

Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe (Amsafe), seccional Rosario



sábado, 22 de diciembre de 2018

Cierre de escuelas, etapa superior del ajuste


(Por Azul Tejada. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 19 de diciembre de 2018)- Los docentes porteños realizarán un paro hoy miércoles en repudio a una reciente resolución del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que dispone el cierre progresivo de cursos en al menos 23 escuelas nocturnas. Al mediodía, los docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y el sindicato Ademys acompañarán la medida de fuerza con una movilización hacia el Ministerio de Educación porteño para denunciar el “desfinanciamiento” que sufre el sector. “Desde 1983 por primera vez un gobierno cierra escuelas”, se quejaron los maestros.

La resolución a la que hacen referencia los docentes es la 4055-2018, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el viernes pasado con la firma de la ministra de Educación, Soledad Acuña. La norma establece el cierre progresivo de 14 escuelas comerciales, al anular la inscripción para los 1º años del ciclo lectivo 2019 –a los estudiantes ya inscriptos en años avanzados se les asegurará la cursada hasta terminar el nivel, pero con menos cursos–, y reduce la cantidad de matrículas en otros nueve liceos y bachilleratos nocturnos. Esto se suma al cierre del Proyecto BLA del Liceo 3 DE 5 y del Proyecto ALAS del Colegio 13 DE 18.
Según justificó el gobierno porteño, la medida busca cerrar cursos con pocos alumnos para unificarlos con otros de mayor matrícula. Fuentes cercanas a la ministra Acuña aseguraron que “ningún docente se va a quedar sin trabajo” y que se trata únicamente de “una reorganización” de la oferta educativa.

La comunidad educativa, sin embargo, denunció la iniciativa como una muestra más del “desfinanciamiento” que sufre la educación pública de la ciudad, que a esta altura del año atraviesa otro grave problema: la falta de vacantes para la inscripción en el nivel inicial. Según consideraron los docentes nucleados en UTE, el cierre progresivo de las nocturnas es similar al “procedimiento que aplicaron en el Jardín del Ramos Mejía al cerrar la inscripción a la sala de Lactario”.

“Este avance brutal contra la escuela pública se suma a las políticas de reducción sistemática del presupuesto educativo y desescolarización que recorre desde los jardines maternales hasta los profesorados e institutos de educación técnica y superior. Miles de estudiantes serían marginados del derecho a la educación y cientos de docentes perderían su trabajo de no darse marcha atrás con esta resolución de ajuste educativo”, cuestionaron los docentes de UTE en el comunicado en el que anunciaron la medida de fuerza de hoy.

Eduardo López, titular de UTE, encabezó ayer una conferencia de prensa conjunta con Ademys en la que anunció el paro y movilización de hoy. “Llevamos años pidiéndoles a Macri y a Larreta que garanticen las vacantes en la escuela pública y ahora cierran establecimientos. La política de Cambiemos es el ajuste y la desescolarización”, criticó el dirigente. “La UTE quiere más escuelas, más educación, garantizar el derecho social a la educación para nuestros niños, niñas y adolescentes, que cada chico tenga su vacante y que haya escuelas abiertas”, agregó.

En tanto, el titular de Ademys anunció que presentará un amparo en la Justicia para evitar que el cierre de escuelas sea efectivo. “Estamos intentando atacar por todos los frentes posibles la decisión del gobierno. Hemos avanzado en presentaciones de carácter administrativo y estamos viendo la posibilidad de presentar un recurso de amparo. La idea sería presentarlo antes de la feria. Aunque sabemos que es una pelea que no va a terminar ahora, necesitamos tomar medidas que ayuden a frenar el cierre”, dijo a PáginaI12 Jorge Adaro, secretario general de Ademys. Y agregó: “No está claro a cuántos alumnos afectará la medida porque el gobierno maneja la información de manera bastante compartimentada. Lo cierto es que son miles los pibes y pibas en esta situación. Pero además de la cantidad, lo grave es que se trata de un sector muy vulnerable, porque son jóvenes que por  trabajo o por tener que atender a algún familiar, no pueden hacer la cursada de día”.

Según Adaro, estos alumnos quedarán sin escolaridad, porque si bien el gobierno se excusa diciendo que existen otras instituciones para que los jóvenes continúen sus estudios, esa oferta educativa no está garantizada de igual manera en los distintos barrios de la Ciudad. “En Lugano, por ejemplo, están cerrando los primeros años de dos comerciales. Sacando esos dos comerciales, es muy poca la oferta que queda para contener a los alumnos que asisten a este tipo de instituciones”, dijo el secretario general de Ademys.

“El cierre dejaría a miles de chicos sin escuela”, dijo en el mismo sentido Sebastián Hereñú Legna, abogado y docente de la escuela de Comercio N°1 DE 4 Joaquín V. González, del barrio porteño de Barracas. “Existen distintos tipos de nocturnas y en algunas hay requisitos que no todos cumplen. Por ejemplo, los CENS son para jóvenes mayores de 18 años, mientras que nosotros también tenemos a chicos de 16 y 17 que por distintos motivos se les dificulta asistir en horario diurno”, dijo a este diario Hereñú Legna.

El docente también remarcó las repercusiones que esto traería a nivel laboral y habló de un “efecto cascada”: “Esto nos afecta a todos. Porque ellos dicen que los titulares que quedan sin curso tomarán horas en otros cursos, pero eso implica que los suplentes pierdan su trabajo. Además, tampoco habrá cursos suficientes para todos los titulares”, explicó.

Este lunes, tras conocer la resolución, los docentes se reunieron en asamblea para definir el plan de lucha que comenzará con el paro de hoy. Además de esta medida de fuerza, decidieron postergar el inicio de clases hasta que se solucione el cierre de cursos de las nocturnas y definieron, además, continuar con la inscripción de los alumnos que quedarían sin cupo de forma manual: “En las escuelas nocturnas cierran el primer año. Pero nosotros vamos a hacer una inscripción manual. Porque si esto se soluciona más adelante, no queremos que la falta de inscripciones sea usada como excusa”, dijo el docente Hereñú Legna.



viernes, 21 de diciembre de 2018

A días de finalizar el ciclo lectivo el gobierno porteño acelera su ataque a la educación pública


La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE Ctera) declara el Estado de Alerta y Movilización ante la resolución n° 4055-2018 del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se comunica el cierre de 14 escuelas comerciales y el cierre de cursos en los nueve liceos y bachilleratos nocturnos de la jurisdicción.

Este avance brutal contra la escuela pública se suma a las políticas de reducción sistemática del presupuesto educativo y desescolarización que recorre desde los jardines maternales hasta los profesorados e institutos de educación técnica y superior. Miles de estudiantes serían marginados del derecho  a la educación y cientos de docentes perderían su trabajo de no darse marcha atrás con esta Resolución de ajuste educativo.

En el año 2019 no abrirían los primeros años de todas las instituciones  mencionadas. Es como cortar un árbol desde la raíz. Se trata del mismo procedimiento que aplicaron en el Jardín del Ramos Mejía al cerrar la inscripción a la sala de Lactario pero aplicado a todas las secundarias nocturnas de la Ciudad. Con igual desprecio por lo público y por la comunidad educativa llevan a cabo los traslados inconsultos del Romero Brest o la Escuela de Cerámica.

Los gobiernos neoliberales,  como el de Mauricio Macri y el de Rodríguez Horacio Larreta,  no quieren escuelas abiertas porque no aceptan que la educación sea un derecho. Pretenden convertirla en una mercancía. Convocamos a la unidad de familias, estudiantes, docentes y toda la ciudadanía de Buenos Aires para enfrentar el ataque de estos verdaderos destructores de la escuela pública.



jueves, 20 de diciembre de 2018

El gobierno porteño remata escuelas y ahora también quiere cerrar cursos vespertinos en escuelas secundarias


(Por Amanda Martin, secretaria adjunta de ADEMyS, Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior, Ciuadd Autónoma de Buenos Aires, lunes 17 de diciembre de 2018)- Desempolvando un decreto de 1997 –sobre cantidad de estudiantes por cursos- el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de educación Soledad Acuña, comunicaron en las últimas horas las resoluciones para proceder al cierre generalizado de cursos en 23 escuelas vespertinas de la ciudad, muchas ubicadas en la zona sur. A los remates de escuelas como el Cerámicas 1 o al Instituto Romero Brest, ahora pretenden sumar el cierre de escuelas completas. La comunidad educativa se organiza para darla vuelta.

Cierran escuelas para jóvenes trabajadores/as

Las escuelas medias denominadas nocturnas, dentro de la educación para adultos, se extendieron durante la década del setenta. Asisten jóvenes y adultos que por diversos motivos no pudieron finalizar sus estudios secundarios, todos/as trabajadores y estudiantes madres que no pueden concurrir en otros horarios. Las adaptaciones curriculares y la cantidad de años de la escuela están pensados justamente para atender las dificultades de la juventud superexpoltada, que de otra manera no podría finalizar sus estudios.

De las veintitrés escuelas afectadas, siete se ubican en la zona sur de Capital, otras tantas en el oeste como Flores, por ejemplo, e incluso en el distrito veintiuno en Villa Lugano, donde la falta de vacantes en los diferentes niveles educativos es total. En este caso, según las resoluciones que giran en ¡whatsapp!, la mayoría de las escuelas afectadas son de orientación comercial, aunque no solamente.

La excusa que se usa para el cierre de cursos es la cantidad de estudiantes que hay en ellos. El gobierno invoca la resolución que data del gobierno de De la Rúa que habilita a fusionar cursos que tengan menos de 20 estudiantes en el nivel medio o que no lleguen a 15, en el nivel primario. Hace abstracción de las condiciones particulares de este tipo de escuelas y contradice las recomendaciones de los especialistas.

Pero además, el vaciamiento que alegan las autoridades es pura y exclusiva responsabilidad del Estado y los sucesivos gobiernos que no paran de aplicar reformas antieducativas, como la NES, la proliferación de carreras chatarras de “terminalidad” como el Fines, Secundaria 2030 Futuro, mientras paralelamente se desfinancia el conjunto de la educación pública.

Además, debemos advertir que no se trata de algunos cierres de cursos, en la medida que no habilitan la inscripción para los 1 eros años en 2019. Por lo tanto, se trata de la eliminación completa de la escuela de esa modalidad nocturna de forma paulatina de acá a 2022.

Otro de los aspectos centrales son los despidos docentes. Solo los titulares tendrán derecho a una disponibilidad temporaria, desde el año 2011 que no hay una titularización ni concursos regulares, por lo tanto son una pequeña porción. Los interinos solo hasta fines de abril cobrarán su equivalente en horas cátedra, y luego comenzará un efecto dominó con desplazamientos, despidos, entre ellos los de los suplentes.

Se trata de un nuevo ajuste, salgamos a luchar

A imagen y semejanza de María Eugenia Vidal, que procedió al cierre de bachilleratos técnicos adultos (BOA) durante el 2018, lo que está detrás de este cierre es un ajuste del presupuesto destinado a la educación, cumpliendo las metas de super endeudamiento externo votado en el reciente presupuesto de Caba en línea con el pacto colonial del Fondo Monetario Internacional.

La convocatoria para rechazar este ajuste están en marcha, con asambleas en escuelas para organizar la lucha contra estos cierres y despidos, en un cuadro general de inflación creciente, desvalorización del salario y trabajadores ocupando fábricas contra despidos como los gráficos de Interpack, mientras las centrales sindicales dejan pasar todos los ataques y tejen acuerdos con el gobierno y los partidos patronales con miras a las elecciones.

Como en el año 2012, cuando el gobierno también intentó cerrar 220 grados y cursos, tenemos que salir a luchar para dar vuelta este ataque contra la educación pública y las/os trabajadores de la educación.

Difundimos la autoconvocatoria del día lunes en la escuela en el colegio número 14, Distrito Eszcolar 2 (Valentín Gómez 3163, CABA) para impulsar entre todas las escuelas medidas urgentes. Vamos por una movilización y paro hasta derrotar esta medida.

Desde Tribuna Docente llamamos al conjunto de la docencia y al movimiento estudiantil secundario a apoyar en cada escuela un curso de acción común para toda la Capital Federal.

Abajo el ajuste. No al cierre de cursos. Defensa de todos los puestos de trabajo. No a las reformas anti-educativas. No a la Unicaba. Por un plan de lucha de toda la ciudad, hasta derrotar al gobierno de Larreta-Acuña.



miércoles, 19 de diciembre de 2018

Los docentes porteños van a la huelga y la movilización





Entre Ríos: los maestros demandan al gobierno provincial por la consecuencias edilicias escolares de la tormenta


En San Salvador la Escuela 5 Centenario sufrió una voladura de techos de cinc en parte del edificio escolar, zona de biblioteca escolar, vicedirección y dos aulas, lo que obligó a reorganizar la ubicación de mobiliario y espacios escolares; levantamiento de tejas del techo en las aulas de jardines de infantes del Inicial, provocando la evacuación de dos salas de jardines y dificultades con instalaciones eléctricas.

En Tala, la Escuela 23 “Paula Albarracin” sufrió la voladura en su totalidad de techos en un sector de la misma, con desprendimiento de revoques e inundación en la Cocina del establecimiento.

En Concordia, la Escuela Primaria Nº14 “Navarro” sufrió filtraciones de agua en la Biblioteca, por afectación del temporal sobre el techo de la misma.

En estos y otros departamentos seccionales de AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos) se encuentran realizando relevamientos para dar cuenta de todas las situaciones.

Recordamos que la Resolución 5750 de Calendario Escolar 2018 establece que la suspensión de actividades puede habilitarse “cuando existan factores climáticos, sanitarios, edilicios u otros que impliquen riesgos para el alumnado y personal o configuren una emergencia a nivel local, departamental o regional, tendrán facultades para disponer de la misma:

-El Equipo Directivo o Apoderado Legal de la institución, cuando afecte solo a su establecimiento

-El Director Departamental de Escuelas cuando afecte a Establecimiento del Departamento”

Siendo este el instrumento normativo previsto para estas situaciones

Ante los requerimientos de AGMER a través de sus representantes en la Comisión Paritaria de Infraestructura, tanto el CGE como las zonales de Arquitectura y el Ministerio de Planeamiento tomaron conocimiento de la situación y se comprometieron a instrumentar las medidas que normalicen las condiciones edilicias en las escuelas afectadas.



martes, 18 de diciembre de 2018

La Federación Universitaria de Buenos Aires se moviliza para defender los tradicionales cursos de verano del Ciclo Básico Común y UBA XXI




No a la criminalización de la protesta social y sindical en Santa Cruz


AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) se solidariza con los docentes Juan Manuel Valentin, Claudio Wasquin y Diego Barrionuevo, injustamente perseguidos por el gobierno de Alicia Kirchner. El gobierno provincial impulsó una cusa contra estos compañeros, quienes reclamaron, en el marco de masivas movilizaciones, en abril del 2017, contra el ajuste provincial, por la apertura de la paritaria y el pago de los salarios adeudados.

ADOSAC (Asociación de los Docentes de la provincia de Santa Cruz) es un gremio que históricamente ha defendido la docencia de la provincia y ocupa un lugar en las luchas docentes de todo el país.

Nuestra asociación docente de base de la Conadu Histórica en Santa Cruz ha desplegado en conjunto movilizaciones y reclamos.

Repudiamos este ataque a los derechos laborales, de organización y a la protesta que confirma que el ajuste nacional es obra de Mauricio Macri y los gobernadores.



lunes, 17 de diciembre de 2018

“¿Por qué decimos NO a la evaluación de funciones cognitivas de lxs niñxs en los Jardines?”


El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Resolución 39/2018, está avalando la intromisión de las Fundaciones Favaloro e Ineco, en Jardines de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires para realizar investigaciones a través de evaluaciones, con distintos test, que indagarán funciones a nivel cognitivo de lxs niñxs.

Esta resolución inconsulta, que no brinda información certera y precisa sobre cuál será el objetivo de dicha investigación y no especifica para que utilizarán los resultados, llegó sorpresivamente más de 20 jardines públicos de los distintos barrios de la Ciudad.

Sabemos que las investigaciones no son una recolección inocente de datos estadísticos: instalan la idea de que lx niñx es el problema, por eso es el objeto/sujeto a evaluar. Un resultado descontextualizado podría resultar sumamente estigmatizante tanto para lx niñx como para su familia.

Evalúan un instante en la vida de un sujeto, a modo fotográfico, deshistorizado, limitando posibilidades de abordar las problemáticas que se presenten desde el punto de vista social. Desconocen el trabajo docente que realizamos diariamente, que partiendo del conocimiento de cada niñx, lxs evaluamos y acompañamos en sus procesos porque sabemos que no todxs aprenden de la misma forma y buscamos estrategias para enseñar en cada ocasión. Intentan homogeneizar situaciones complejas y diversas con mediciones estandarizadas perdiendo de vista la singularidad de cada niñx y su contexto.

Esa forma de medición, unida al desarrollo de las políticas actuales, en consonancia con las conceptualizaciones que han realizado los responsables de estas fundaciones sobre las características y diferencias de “los cerebros de pobres y de los cerebros de ricos”, generarían un modo más de “patologización la pobreza” intentando reducir a causas neurobiológicas, problemas de origen político, social o cultural, focalizando la responsabilidad en lxs niñxs y sus familias.

El desarrollo de lxs niñxs siempre debería ser abordado desde la perspectiva de Salud Integral bio-psico-social acorde a la Ley Nacional de Salud Mental vigente, no medirse a través de la simple aplicación de tests que arrojan solo resultados cuantitativos.

Los resultados obtenidos de esta manera pretenden ocultar las desigualdades que se generan con las políticas económicas vigentes, en las cuales, las escuelas están inmersas, resultando afectadas por la reducción del presupuesto año a año y la escasez de recursos públicos para garantizar los procesos de inclusión de todxs lxs niñxs.

Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) y Forum Infancias



domingo, 16 de diciembre de 2018

"Basta de matar (nos). Basta de ajuste y represión"

En el marco del descomunal operativo represivo montado alrededor del G20 en nuestra ciudad, el gobierno de Macri puso en funcionamiento un nuevo reglamento policial. Si bien en un principio se anunciaba como una medida excepcional, días más tarde en el Boletín Oficial se dispuso su continuidad. En ese momento Bullrich se dispuso a propagandizar mediáticamente lo que llama “la nueva doctrina” instando a las fuerzas represivas hacer de los fusilamientos una práctica aún más generalizada e impune. A su vez, el oficialismo hizo saber que buscará legitimar esta resolución mediante la reforma del código penal el próximo año.

Ante esto es preciso señalar que además del objetivo principal de endurecer la línea represiva, esta nueva avanzada del gobierno de Macri se enmarca en una campaña electoral orientada a profundizar los aspectos más reaccionarios del sentido común que atraviesa a algunos sectores de nuestra sociedad. Lamentablemente, muchas y muchos de quienes ven con buenos ojos esta ola bolsonaristadel gobierno y los medios, pierden de vista que ellos y ellas mismas son potenciales víctimas de esas políticas. No es requisito haber cometido un delito armado para caer bajo las balas de un policía o un prefecto. Sí lo es en cambio, ser de clase trabajadora, pobre, morocho/a, joven, manifestante. Inclusive, la experiencia demuestra que el uso más frecuente de armas de fuego en contextos de robos o persecución en la calle, pone en riesgo no solo la vida de quienes lo están cometiendo sino de cualquier persona que fortuitamente queda inmersa en la situación -adultes, niñes, ancianes-. Como ejemplo recordemos es el caso de Claudia Ovejero de 41 años, fue asesinada en 2017 cuando estaba sentada en la puerta de su casa en La Boca, por el disparo de efectivos de policías bonaerenses en la persecución a dos hombres que supuestamente habían robado un auto en Lanús.

Frente a la puesta en vigencia del protocolo, podría decirse que el gatillo fácil ha sido y es una práctica común a todos los gobiernos; y eso es absolutamente cierto. Durante los gobiernos kirchneristas (mayo 2003 a diciembre 2015) se contabilizaron 3160 casos; mientras en los tres primeros años de gestión de Macri ya se registran 1000 asesinatos por parte del estado.

Sin embargo, hay un cambio crucial a partir del nuevo protocolo y es que los miembros de las fuerzas de (in)seguridad que fusilen ya no tendrán que rendir cuentas a nadie, no podrán ser juzgados. Ciertamente, nunca fue tarea sencilla conseguir justicia para las víctimas de gatillo fácil. En buena parte esto se debe a la existencia de un aceitado sistema de encubrimiento sostenido por todo el aparato represivo con el aval político de los gobiernos (el caso Chocobar es un ejemplo burdo de ello).  A eso se suma, como parte del mismo engranaje, el accionar de la (in)justicia que es sin dudas una justicia de clase, abarrotando las cárceles de pobres sin condena pero mirando para otro lado cuando la víctima es un pibe o una piba de los sectores populares, especialmente si sus asesinos son policías o miembros del servicio penitenciario. Pero a pesar de esta realidad, no todos los casos han quedado impunes. Efectivamente, la incansable lucha de los familiares y de los organismos antirrepresivos ha logrado llevar a juicio, e inclusive a la cárcel, a muchos asesinos de uniforme. Esta posibilidad ha permitido poner algún límite, por más insuficiente que sea, al fusilamiento que aquí no llega a los niveles que adquiere en otros países de Latinoamérica. Justamente ese el límite que el nuevo protocolo de Bullrich viene a anular. Es el sostén legal para lo que ella denomina la“nueva doctina”, que no es otra cosa que la pena de muerte sin juicio previo. En ese sentido, la resolución es muy concreta. Como plantea la CORREPI, “la norma publicada en el Boletín Oficial habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas.”Los intentos de justificar el tiro por la espalda o la nuca contra una persona desarmada, hoy (con el nuevo protocolo) son ley en Argentina”: “Creí que podía estar armado… Tenía la obligación de evitar la fuga… Hizo un movimiento sospechoso… Pensé que iba a cometer un ilícito… Vi un arma, no sabía que era de juguete…”(http://www.correpi.org/2018/orden-de-matar-con-impunidad-el-gatillo-facil-es-ley/).

En síntesis, nos enfrentamos a la conversión de los fusilamientos en hechos automáticamente impunes. Y de más está decir, que esa impunidad automática no solo habilita sino que por sobre todo promueve un tipo de accionar de las fuerzas represivas. Es un permiso y es una orden a la vez.

En el mismo sentido, hay que poner de manifiesto que el objetivo de Bullrich no está solo en el ataque a los jóvenes de los sectores más vulnerables entre los que se multiplicarán las víctimas. Detrás de la nueva doctrina se esconde también, el intento de disciplinar a las y los que salimos a luchar para defender nuestros derechos y enfrentar el ajuste, participando de movilizaciones y otras acciones. En este caso, por poner solo un ejemplo, si uno de los policías que reprimió en diciembre de 2017 frente al Congreso, nos hubiera tirado con arma de fuego por la espalda mientras desconcentrábamos, con el nuevo protocolo la impunidad del crimen hubiera estado garantizada. Podría justificarse diciendo que entre la gente vio que alguien hizo un movimiento que indicaba que sacaría un arma y así quedaría contemplado en la norma actual que justifica los fusilamientos cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal. Dejemos de lado el imaginario uso de un arma. Se justifica el disparo policial Cuando el número de los agresores impidan materialmente el debido cumplimiento del deber. O sea, si un grupo numeroso de manifestantes intentara evitar que se lleven detenide a un compañero o compañera de manera arbitraria, la policía está habilitada a matar. Sumado a esto, no olvidemos que en las últimas represiones hasta se los ha filmado “plantando”objetos a les detenides para inculparlos y justificar la detención. El relato cerraría perfecto.

Finalmente, seguimos sosteniendo que el ajuste en curso -y el recrudecimiento que todos los pronósticos indican para el año próximo- no puede imponerse si no es con represión. No solo contra quienes lo enfrentamos con la lucha organizada sino también contra quienes cargan sobre sus espaldas con las consecuencias más brutales de este plan de miseria.

Por todo eso, nos sumamos al repudio que organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas vienen expresando ante este intento por legalizar el asesinato por parte del estado. Reivindicamos la medida judicial lograda a partir de la presentación de María del Carmen Verdú (CORREPI), Myriam Bregman (CEPRODH) y Carla Lacorte; que dispone de manera preventiva la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del protocolo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) nos pronunciamos por el más absoluto rechazo a la legalización del gatillo fácil mediante el nuevo protocolo para el uso de armas de fuego por las fuerzas represivas, decretado por la ministra Patricia Bullrich.

NO AL PROTOCOLO PARA EL USO DE ARMAS DE FUEGO. 
NO A LA DOCTRINA BULLRICH.