Documentos, cartas,
declaraciones colectivas de la comunidad educativa en rechazo al intento de
volver a las aulas en el actual contexto de la pandemia por COVID-19.
lunes, 31 de agosto de 2020
domingo, 30 de agosto de 2020
Los gabinetes tecnológicos: un golpe para la población de educación especial
El anuncio del Gobierno
de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de reapertura de las escuelas, para
que funcionen como gabinetes tecnológicos ha alertado al conjunto de la
docencia, familias y estudiantes. Algunos dirigentes de sindicatos docentes y
los medios han instalado el rechazo a esta medida por parte de los funcionarios
del gobierno nacional.
Sin embargo, es necesario resaltar que legalmente quien
firma los decretos de apertura de cualquiera de las actividades es el Jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero, y quién expresó públicamente su acuerdo con la
medida anunciada por Larreta en la conferencia de prensa, fue el mismo Ministro
de Educación de la Nación, Nicolás Trotta:“cuando el jefe de gobierno (porteño)
mencionó la iniciativa dijo textualmente lo que habíamos conversado” (…) “lo
que se planteó fue claro (…) empezar a trabajar para que podamos abrir los
gabinetes tecnológicos para todos los chicos que puedan ir con turnos, aquellos
chicos que tienen menor nivel de conectividad”.
La propuesta se
presenta para les estudiantes que no tienen acceso a internet ni dispositivos
para comunicarse y realizar tareas mientras dura la cuarentena, es decir que
apunta a sacar de sus casas y exponer al transporte público y al contagio a les
pibes con mayor vulnerabilidad social producto del abandono de los gobiernos
que no resuelven tampoco los reclamos de agua, luz, alimentos ni acceso a un
subsidio que les garantice poder quedarse en casa mientras dure la pandemia.
Mientras tanto, la Justicia falló en los últimos días en contra de la entrega
de computadoras y conectividad que es el reclamo que ha movilizado y mantiene
en alerta al conjunto de los trabajadores de la educación y los estudiantes en
CABA y en todo el país. La reapertura entonces será, si avanza, un factor que
colaborará con el colapso sanitario y en desmedro de la salud de los miles de
estudiantes y docentes, que por supuesto son muchos más que los 5100 que el
gobierno ha contabilizado.
¿Qué
pasa en Educación Especial?
Atendiendo a los
informes que traen a la comisión de Ademys les compañeres de las distintas
escuelas y escalafones de Educación Especial, la comunicación con les alumnes
ronda el 70% teniendo en cuenta que se tratan de “contactos pedagógicos” y de ninguna
manera se habla de “continuidad” como insisten desde la esfera de Gobierno
nacional y de CABA en llamar. La falta de dispositivos básicos y conectividad
entre la población de educación especial es lo que más abunda teniendo en
cuenta que a ella acceden en su mayoría niñes que vienen de familias con
trabajos precarios o sin trabajo, pues quienes cuentan con obra social son
conducidos por el camino de la educación privada, los centros terapéuticos, los
tratamientos domiciliarios y hogares, todas instituciones que amasan fortunas a
costa del Ministerio de Salud de la Nación sin ningún control por parte de este
organismo, por supuesto. Por eso incluso no existen escuelas públicas de la
modalidad en todos los distritos y muches alumnes vienen de lugares muy lejanos
para acceder a su derecho a la educación.
La negativa a entregar
los equipos y conectividad por parte de los gobiernos resulta un golpe profundo
para les pibes que dependen de la escuela especial no solo para acceder a los
contenidos pedagógicos y la interacción social que se brindan aquí con métodos
singulares, atendiendo a la diversidad de modos de aprender y ser, sino también
para acceder a miradas multidisciplinarias que abordan desde lo psicológico
hasta lo fonoaudiológico pasando también por la atención kinesiológica
especialmente importante en personas con discapacidades motrices severas, la
enseñanza de la orientación y la movilidad para alumnes con disminución visual
o ceguera, así como el uso de la máquina braille para acceder a la lectoescritura
o la enseñanza de la lengua de señas para les chiques con disminución auditiva
o sordera. Todos estos entramados que en la escuela especial se conjugan de
manera integral vienen siendo atacados desde mucho antes de la pandemia cuando
con la demagogia de la inclusión los gobiernos apuntaron a vaciar
sistemáticamente estos recursos negando la construcción de escuelas o espacios,
como un edificio para el CEI 19 del DE 19, que hace años reclama sede propia
para no mudarse cada dos años ni depender de la buena voluntad de las
Conducciones de Primaria común, y así poder dar continuidad a los proyectos que
realiza y a los talleres para les alumnes de Inicial y Primaria del distrito,
en condiciones dignas y seguras; cómo el intento de cerrar la Escuela Especial
14 y amontonarla con la EEI 3, en lugar de construir un edificio propio; a la
falta de construcción de escuelas , se agrega la negativa a la creación de más
cargos de maestra de apoyo a la inclusión. Es decir, que en el camino de la
demagogia inclusiva pretenden ofrecer para todes, lo mismo.
Mientras la apertura de
actividades no esenciales sigue aumentando en todo el país, la escuela de los
gobiernos capitalistas se presenta como el mejor lugar donde las familias
pueden dejar a les pibes para ir a trabajar. Muchas escuelas especiales en este
sentido tienen propuesta de doble jornada para les alumnes en tanto que, como
señalábamos arriba, allí conviven los abordajes pedagógicos integralmente con
las miradas terapéuticas que se reparten en diversos horarios de la jornada
escolar. En el marco de un colapso sanitario todos estos abordajes tampoco se
brindan en los hospitales, de manera que el abandono en materia de salud mental
y física para con nuestros pibes, es brutal.
¡Con todo esto, en los
últimos días llegó la presentación por parte del Ministerio de Educación de
CABA lo que sería según ellos un material didáctico específico para la
población con discapacidad a 5! meses de comenzada la cuarentena. Para empezar,
los mismos presentadores admiten que el material solo toma contenidos de 3° y
4° grado de primaria, desconociendo todas las demás etapas del desarrollo, los
intereses y finalmente las necesidades y posibilidades reales de niñes, jóvenes
y adultes. Ocurre que Educación Especial es la modalidad que abarca todas las
etapas comenzando por atención maternal hasta la formación laboral, pero esto
para el Ministerio se salda con algo que esté en lo que para ellos sería el
medio. Una orientación que esconde el total desinterés por los procesos de
enseñanza y aprendizaje y los andamiajes necesarios que favorecen la
apropiación y la construcción del conocimiento y en definitiva el desarrollo
integral.
El cuadernillo, que
dicho sea de paso, no fue consultado ni compartido con el conjunto de la
docencia, afirman los funcionarios que tiene en cuenta la necesidad de la
comunicación en lengua de señas y el uso del sistema Braille para la lectura y
la escritura y por eso, el material tendría acceso a archivos en formato pdf
“fácilmente descargables” (según dijo una de las presentadoras). Cuando no
aparecen los dispositivos ni la conectividad para descargarlos ni los recursos
económicos para paliar el gasto de las impresiones y adquirir el material
didáctico necesario para realizarlos, pues además de todas las carencias, las
familias de niños con discapacidad y les adultes con discapacidad han sido
puestas fuera del IFE (ya de por sí, insuficiente) por cobrar una pensión por
discapacidad de míseros 9500 pesos.
En tanto, el
cuadernillo específico, con esas características, efectivamente no vienen
acompañados de las máquinas Braille, la apertura de cargos de intérpretes de
lengua de señas, los adaptadores para las computadoras y celulares que
requieren la población con dificultades motrices ni de los programas específicos
de estimulación del lenguaje y la comunicación, que de mínima, requiere nuestra
población y que es el reclamo específico que docentes y familias de la
modalidad venimos levantando desde el inicio de la cuarentena y también antes,
especialmente desde Ademys, con cantidad de paros virtuales, campañas de fotos
y movilizaciones.
La puesta en escena del
Gobierno de la Ciudad y el cierre repentino a cualquier instancia de diálogo o
debate con la docencia que deberá tomar las adecuaciones del Ministerio, se dan
en el marco de un ataque brutal a la educación pública en su conjunto por parte
de todos los gobiernos que han atado en la pandemia el futuro de la educación a
los requisitos del FMI y los bonistas.
Por una verdadera
inclusión docentes y familias debemos organizarnos de manera independiente de
los gobiernos de ajuste y exclusión. Promovamos espacios deliberación y
asambleas por escuelas, y la unidad para luchar con el conjunto del gremio
docente y el resto de los sectores en conflicto.
Rechazo a la vuelta a
las escuelas en medio del crecimiento de los contagios
Dispositivos y
conectividad para docentes y estudiantes.
Creación de más cargos
docentes y más recursos materiales específicos para dar respuesta a las
necesidades de la población de la modalidad: máquinas de Braille, interpretes
en lengua de señas, adaptaciones para equipos de pc y móviles, acceso a la
salud mental y física, ampliación de la POF de los equipos técnicos.
Por un subsidio
universal de 30.000 pesos para toda familia que lo necesite.
Actos públicos
transparentes.
Comisión
de Educación Especial de Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y
Superior)
sábado, 29 de agosto de 2020
Por el ochenta y dos por ciento móvil para todos los trabajadores
La temprana oposición
de la AGD, en diciembre 2019, a la Ley de Solidaridad evitó que nuestras
jubilaciones universitarias y preuniversitarias sean ajustadas unilateralmente
por el gobierno. Y la ley 26508 (universitarios) pasó junto a otras a ser
considerada por una comisión parlamentaria.
Sin embargo, la Ley de
Solidaridad sí afectó a la de los investigadores, que a partir de ese momento
pasaron a tener suspendida la movilidad. Por este motivo, el incremento que
recibirán nuestros jubilados investigadores en setiembre es el del régimen
general, del 7,5%, que convalida una pérdida superior al 10% respecto de la ley
de actualización macrista a la que también enfrentamos en las calles en las
jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017.
El ajuste sobre las
jubilaciones sigue siendo una exigencia del FMI. Para ello, la comisión
bicameral que estudia un nuevo régimen jubilatorio, y ya lleva once reuniones,
prepara una nueva legislación contra todos los jubilados, incluidos los
distintos regímenes docentes.
Basta de «incrementos»
unilaterales decretados por el gobierno.
El congelamiento de
nuestros salarios docentes y de todos los estatales se refleja inmediatamente
en el salario de los jubilados. En esta oportunidad, y además por el blanqueo
de las sumas en negro correspondientes a la paritaria 2019, el incremento en
septiembre será del 19,6% para los jubilados docentes Universitarios y de
14,22% para los preuniversitarios
Al mismo tiempo, la
moratoria a todos los evasores del régimen previsional y los bonos que el
Estado coloca en la Anses desfinancian el sistema.
Como parte de la
negociación de la deuda el FMI (Fondo Monetario Internacional) insiste en la
reforma previsional: Le decimos no a las contrarreformas jubilatorias exigidas
por el fondo monetario
Defendemos los
regímenes conquistados para docentes universitarios y preuniversitarios y nos
sumamos al reclamo de anulación de la suspensión a la movilidad para el régimen
general. 82% móvil para todos los jubilados y un mínimo igual a $47.000 como
determinó la defensoría de la tercera edad.
La AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)
participará el 25 de agosto del plenario autoconvocado de organizaciones de
jubilados y el 4 de septiembre de la audiencia pública convocada por la
diputada Romina del Pla en defensa de las jubilaciones.
viernes, 28 de agosto de 2020
Los maestros de Entre Ríos paran y reiteran que la Ley de Emergencia Solidaria es un “castigo para los trabajadores”
La semana pasada se llevó a cabo la medida de fuerza de los docentes nucleados en al Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), una desconexión virtual de tres días. Para la semana entrante se evaluarán los pasos a seguir en un plenario de secretarios genrales, adelantó el secretario Gremial de sindicato, Guillermo Zampedri.
“Entendemos que en este
escenario de cuarentena, asilamiento social, preventivo y obligatorio, en donde
no tenemos clases presenciales y como hay una definición política de cuidar a
los compañeros, de no salir a la calle y exponernos, en particular en los
departamentos más grandes donde está la situación epidemiológico complicada,
como son los casos de Paraná y Gualeguaychú, y creemos que es irresponsable las
movilizaciones que puedan complejizar aún más un escenario que de por sí ya es
complejo, es que entendemos que la desconexión, junto con otras actividades que
se organizan departamentalmente, como para evidenciar el conflicto que llevamos
adelante”, comentó a esta Agencia Zampedri, a la hora de comentar las razones
de la modalidad que esta semana se reiteró por 72 horas en un segundo tramo
iniciado a principios de mes.
El secretario Gremial
de Agemer central recordó que este conflicto se inició “a principios de año,
cuando arrancó desarrollábamos un plan de lucha con 5 días de paro, con
movilización provincial para el viernes 27 de marzo que quedó suspendida por el
16 se suspendieron las clases presenciales y el 19 se estableció la
cuarentena”, rememoró.
En cuando a la “nueva
normalidad”, el dirigente sindical planteó que la coyuntura y el conflicto
“tienen una componente nueva con la Ley de Emergencia Solidaria, que descarga
el ajuste en las espaldas de los trabajadores, castigando a los activos y
jubilados. Este escenario de disputa salarial y emergencia que achica el
salario de por sí flacos de los trabajadores docentes, es que la medida de
desconexión reúne muchísimo consenso entre los docentes”.
Por último, Zampedri
anticipó que “la semana que viene en plenario de secretarios generales, se
evaluará los pasos a seguir colectivamente”.
jueves, 27 de agosto de 2020
Resoluciones del plenario de secretarios generales de la CONADU Histórica
A los 14 días del mes
de agosto de 2020 en forma virtual a través de la plataforma zoom, se reunió el
Plenario de Secretarías Generales de la CONADU Histórica con la presencia de
las Asociaciones de Base de las UUNN (universidades nacionales) de: 1) ADU (La
Pampa) 2) ARDU (La Rioja), 3) ADUL (Litoral), 4) FADIUNC (Cuyo), 5) ADIUNNE
(Nordeste), 6) ADUNS (Sur), 7) ADIUNJu (Jujuy), 8) ADUF (Tierra del Fuego), 9)
ADU (Patagonia SJ Bosco), 10) ADUNC
(Comahue), 11) ADUNLu (Luján), 12) ADICUS (San Juan), 13) ADIUNT (Tucumán), 14)
ADU (San Luis), 15) AGDIC-UNA (Artes UNA), 16) ADIUNPA (Patagonia Austral), 17)
AGD-UBA (Buenos Aires), 18) ADIUNSA (Salta), 19) ADIUPA (Inst. Patag. Artes),
20) ADURN (Rio Negro), 21) SIDUT
(Tecnológica Nacional), 22) ADUNCor (Córdoba), 23) SiTraDU (Entre Ríos).
Realizado el análisis
de la coyuntura nacional y regional, así como la situación de la docencia
universitaria y preuniversitaria, producidos los informes de las asociaciones y
tras amplio debate, el Consejo Directivo RESOLVIÓ:
Reiterar el
pronunciamiento realizado ante la declaración de la emergencia sanitaria y las
medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, acerca de que la
prioridad del momento es la salud del pueblo argentino y el apoyo a los
sectores sociales más vulnerables que transitan la emergencia sanitaria en
condiciones muy difíciles, rechazando las exigencias de los grupos concentrados
de la economía que – con el argumento de priorizar la actividad económica –
pretenden continuar maximizando sus ganancias a costa de la salud del pueblo.
Ratificar el reclamo de medidas como la de impuestos de emergencia a las
grandes fortunas, sectores y grupos económicos que acumularon enormes ganancias
en los últimos años; así como la suspensión del pago e investigación de la
deuda externa.
Ratificar el reclamo de
recomposición salarial del sector Docente Universitario y Preuniversitario y de
urgente convocatoria a la Mesa de Negociación Salarial ante el deterioro de los
salarios por la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo.
Exigir al Ministerio de
Educación y al CIN el pleno cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, la
provisión de los elementos para el desarrollo de la enseñanza en el contexto de
virtualidad y la compensación por los gastos incurridos. Reclamar la inclusión
de la docencia universitaria y preuniversitaria en los programas de
financiamiento para la adquisición de computadoras.
Reclamar en la
paritaria por condiciones de trabajo la estabilidad laboral de las y los docentes interinos y su incorporación a
la carrera docente, la elaboración de programas de ascensos de categoría, en
particular de las categorías iniciales y la continuidad de los programas de
salario para docentes adhonorem (incorporando a adscriptos/as).
Reclamar al Ministerio
de Educación el refuerzo presupuestario para las Universidades Nacionales.
Reclamar un urgente
fondo de auxilio a las Obras Sociales Universitarias.
Solidarizarnos con el
reclamo salarial de las y los investigadores del CONICET.
Reclamar por la
investigación y esclarecimiento de la desaparición forzada de Facundo Astudillo
Castro y la participación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los
hechos. El estado es responsable.
Adherir y convocar a
los Plenarios regionales y actividades de la CTA Autónoma alrededor de los ejes
de la campaña “Distribuir la Riqueza para salir de la Crisis”.
Sumarnos a la
Convocatoria al Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública y contra
las Políticas Neoliberales, a realizarse a fines de septiembre de manera
virtual.
Repudiar la represión a
trabajadoras y trabajadores en la hermana República de Bolivia, así como los
actos de vandalismo y atentado al local de la Central Obrera Boliviana
(C.O.B.). Nos solidarizamos con las y los compañeros y nos sumamos a su
exigencia de urgente convocatoria a elecciones contra el intento del gobierno
de facto de perpetuarse en el poder.
miércoles, 26 de agosto de 2020
Recurso para docentes interinos curriculares cesados
Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza
Media y Superior) ponemos a disposición de la docencia un RECURSO
ADMINISTRATIVO para que pueda ser presentado por docentes interinos/as
curriculares cesados/as.
➡Completar y presentar en la escuela a través del
correo institucional y pedir acuse de recibo.
Podés descargarlo aquí:
https://drive.google.com/file/d/1rubTYrqfMmUxTzs7-v2tlXMrCezZDWvX/view?usp=sharing
martes, 25 de agosto de 2020
“No podemos volver a las escuelas sin mínimos recaudos de seguridad laboral y cuidado”
Habiendo tomado
conocimiento de la Resolución Nº286/2020 emitida por el CGE (Consejo General de
Educación), el Círculo de Enseñanza
Media y Superior de la provincia de Santiago del Estero (Cisadems) denuncia:
1) COORDINADOR
SANITARIO DE PANDEMIA.
Respecto de esta
figura, la Resolución no prevé:
a) perfil o formación
sanitaria pertinente.
b) Facultades expresas
que se le confieren para el desempeño de la función.
c) La atención
sanitaria en pandemia para cada turno.
d) Competencia legal
para tomar decisiones de aislamiento de alumnos y/o docentes ante eventuales
situaciones sanitarias complejas, en el marco de esta pandemia.
Por otro lado, la
Paritaria Nacional Docente, convalidada por la ministra Nassif, establece el
respeto por el turno, el horario de cada docente y la no sobrecarga de
responsabilidad.
No menos importante es
lo que determina el Protocolo Nacional aprobado por la Resolución Nº 364/2020
que refiere a “la inclusión de actores de salud y desarrollo social que
participen junto a la comunidad educativa en la adaptación y mantenimiento de
las condiciones básicas y tareas auxiliares para el abordaje de casos
sospechosos o diagnósticos confirmados”.
Por todo lo expuesto,
desde CISADEMS, decimos:
• NO PUEDE NI DEBE SER
DESIGNADO UN DOCENTE COMO COORDINADOR SANITARIO.
• Debe ser un agente
sanitario formado y designado por el Ministerio de Salud, por turno, quien
desempeñe esa función.
• Ratificamos que el
Ministerio de Salud debe emitir la certificación de “escuela habilitada” de
acuerdo con las condiciones establecidas en los protocolos vigentes.
2) TRANSPORTE.
La resolución no tuvo
en cuenta que el Gobierno de la Provincia todavía no resolvió la grave crisis
del transporte, agravada por el actual contexto COVID 19, y obliga a los
docentes a reintegrarse a las escuelas aun sabiendo que centenares de
educadores se ven imposibilitados de asistir a sus lugares de trabajo, por
distintas situaciones: no hay transporte interjurisdiccional, ni
interdepartamental; no se pueden compartir vehículos particulares como se venía
haciendo antes de la pandemia y el transporte urbano presenta una importante
reducción de frecuencias.
3) FALTA DE AGUA, SANITARIOS
Y ORDENANZAS.
La resolución tampoco
tuvo en cuenta que el gobierno de la provincia aún no resolvió el angustiante
problema de la falta de agua en los distintos establecimientos educativos.
Resultan letra muerta,
entonces, los reiterados anuncios de la Nación respecto de que la existencia de
agua y de agua potable es un requisito excluyente para la reapertura de los
establecimientos.
Idéntica apreciación le
cabe a los sanitarios que no han sido acondicionados convenientemente.
Para todas las
condiciones establecidas respecto de higiene y salubridad, la figura del
ordenanza resulta esencial e insustituible. Sin embargo, es conocida por todos,
la falta de ordenanzas en todas las escuelas.
LA EDUCACIÓN ES UN
DERECHO Y LA PRESENCIALIDAD, INSUSTITUIBLE, PERO DEBEN IR ACOMPAÑADAS DE LAS
CONDICIONES MÍNIMAS INDISPENSABLES.
lunes, 24 de agosto de 2020
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) reclama al gobierno provincial que se tomen inmediatas medidas que garanticen un trato respetuoso y eficiente de las personas fallecidas y de sus familias
En los últimos días, hemos
tomado conocimiento de varios casos en los que, habiendo ocurrido un
fallecimiento en el hogar, generalmente de personas de edad avanzada, las
familias enfrentan la odisea de, por un lado, conseguir personal médico que
emita el correspondiente certificado de defunción (al parecer, depende de cada
COE local, que no siempre responde o, tan siquiera, contesta el teléfono); por
otro, lograr que la empresa funeraria retire a la persona fallecida, del hogar.
Al parecer no se ha
establecido un protocolo, para las empresas funerarias, para el tratamiento de
fallecidxs con COVID-19 y, si se estableció, no todas lo tienen o lo cumplen.
Por esta razón, las familias deben esperar el resultado del test de la persona
fallecida (que puede tardar varios días) para que sea retirado el cuerpo del
hogar, siempre y cuando el test le dé negativo.
Queda a vista la
gravedad de estas situaciones, que le impone, a las familias, más dolor y
desesperación y las expone a situaciones de graves consecuencias sanitarias,
más aún si tenemos en cuenta la enorme cantidad de testeos que se realizan
diariamente, razón por la cual los resultados se demoran entre 2 y 3 días, en
los que la personas fallecida permanece en el hogar.
Por lo tanto,
demandamos, al Gobierno de la Provincia que solucione inmediatamente esta
situación. Un aspecto más, que queda sin resolver, en medio de una situación de
desatención a la población y a las y los trabajadores de salud que, como se
viene denunciando hace tiempo, desde sus propias asociaciones sindicales y
profesionales, carecen de los elementos de protección personal, de la calidad
que las normas indican y de los elementos básicos para hacer su trabajo. Un
sistema colapsado y un gobierno que no demuestra capacidad para resolver la
situación.
domingo, 23 de agosto de 2020
No a la reforma del plan de estudios de los colegios comerciales en plena pandemia
Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza
Media y Superior) exigimos al Ministerio de Educación de CABA (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) la no aplicación de la reforma del Plan de Estudios
para escuelas nocturnas, denominado NESA. Esta reforma no es otra que la NES (Nuva
Escuela Secundaria) aplicada desde 2006 a las escuelas secundarias, que generó
fuerte rechazo y eliminación de materias y horas cátedra, es decir fuentes de
trabajo.
Si bien nuestro rechazo
contra la reforma fue planteado oportunamente, y fue parte del pliego de
reivindicaciones del paro de los días 3, 4 y 5 de agosto del corriente, en este
caso manifestamos nuestro rechazo al intento de implementar la reforma en plena
pandemia y Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
La reforma significa la
eliminación de contenidos y horas cátedras, afectando a cientos de docentes,
quienes según la Resolución 1761, cobrarían durante 180 días, pero contados
desde el primero de abril, por lo que se cumplirían el 31 de septiembre.
Esto implica el cese de
docentes en plena pandemia, lo que va contra lo establecido por los decretos
presidenciales 487/20 y 620/20, que prohíben suspensiones y despidos durante la
situación de emergencia sanitaria, económica, y social.
Que el objetivo de la
norma mencionada y otras emitidas durante la ASPO se basan en el carácter
alimentario del salario, lo que hace que sean de aplicación ineludible.
Solicitaremos nueva
reunión al Ministerio y llamamos a les docentes afectades a organizarse por
escuela y comunicarse con este sindicato, sean o no afiliades, para organizar
el rechazo a esta medida.
sábado, 22 de agosto de 2020
La asamblea general de ADIUNT (Asociación de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán) resolvió profundizar el plan de lucha ante la falta de respuestas a los urgentes reclamos que ha planteado la docencia universitaria y preuniversitaria
En primer lugar, se rechazó la vuelta a la presencialidad hasta que no estén aseguradas las condiciones sanitarias y se exigió que los protocolos sean discutidos con todos los estamentos involucrados. En este sentido, se denunció el mal estado edilicio y sanitario de diversas dependencias universitarias y se reclamó la realización de inversiones para mejorarlas.
La asamblea exigió
también un inmediato aumento salarial, atento a la fuerte devaluación salarial
que estamos sufriendo, y un bono mensual de 3000 pesos en compensación de los
gastos extra que está realizando la docencia para sostener la enseñanza
virtual.
La Asamblea General fue
precedida por asambleas de facultades y escuelas, de las que participó una
importante cantidad de docentes volcando sus reclamos y propuestas.
En relación a la
educación virtual, ADIUNT reforzará la exigencia al gobierno y a las autoridades
universitarias para que provean los recursos necesarios para garantizar los
cursados de las asignaturas que se puedan cursar y para los exámenes que reúnan
los requisitos para ser realizados (conectividad, capacitación gratuita,
dispositivos, plataformas estables y fiables, etc.). En relación a los
exámenes, la asamblea rechazó nuevamente las presiones que están sufriendo
muchos docentes por parte de las autoridades, para evaluar en condiciones de
exclusión y sin que docentes ni estudiantes cuenten con los recursos necesarios
que la UNT (Universidad Nacional de Tucumán) debe proveer. También se denunció
y rechazó el intento de recargar a la docencia con el trabajo administrativo no
contemplado en nuestro CCT (Convenio Colectivo de Trabajo). Ante la falta de
sistemas de inscripción a cursadas y exámenes, las/os docentes de las cátedras
se hicieron cargo.
La asamblea votó lanzar
una campaña en las redes y en los medios para visibilizar todos los reclamos:
Respeto de la jornada
laboral y de las dedicaciones docentes,
Cobertura de todos los
cargos vacantes, designación de docentes con trámites detenidos, ampliación de
dedicaciones en los casos que sean necesarios,
Libertad de cátedra
para decidir las condiciones de dictado de las materias y toma de exámenes,
Eliminación del
impuesto a las ganancias,
Pago de retroactivos
adeudados, entre otros temas. Denunciamos que hay deudas salariales que la UNT
mantiene con muchos/as docentes, en algunos casos por años.
Con relación a ASUNT, nuestra
obra social, la asamblea denunció la contratación del abogado Felipe Rougés,
apoderado de la lista del Rectorado en elecciones de ASUNT. Claramente se trata
de una designación política, y es un gasto innecesario, toda vez que ASUNT ya
cuenta con varios abogados. A su vez, se reclama la necesidad de contar con
todas las prestaciones y servicios (farmacias, atención odontológica, etc.).
ADIUNT formulará un
conjunto de presentaciones en esta dirección y reclamará en las puertas de la
Obra Social con una Caravana de Protesta.
De cara al Plenario de
Secretario Generales de Conadu Histórica, la asamblea propondrá la convocatoria
a un Congreso de la Federación que resuelva un Plan de Lucha Nacional. Al ser
virtual, entendemos que no hay impedimento alguno para que se pueda realizar
dicho Congreso, y sería una instancia más democrática de deliberación y
resolución.
En función de lo
señalado, la Asamblea General votó por amplia mayoría, profundizar el plan de
lucha con un PARO DE ACTIVIDADES los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27
de agosto.
viernes, 21 de agosto de 2020
Plan de lucha de los docentes porteños que fueron cesados en sus cargos
En el marco de la
pandemia, mientras se congelan los salarios de la docencia en general, mientras
se reducen los alimentos para las familias, cientos de docentes nos quedamos
sin trabajo y sin posibilidades de acceder a otro.
Miles de familias
docentes que se quedan sin ingresos y sin obra social, sumándose a quienes ya
desde marzo estaban sin trabajo.
Docentes sin cargo y
cesades dejan carta y petitorio a las autoridades.
Seguimos exigiendo:
✔ Ingreso de emergencia ya para todes les
docentes sin cargo
✔ No a los ceses
✔ Ningún/a docente sin ingresos
✔ No al congelamiento salarial
#FuerzaDocentes
#NoaloscesesDeSuplentes
TrabajoParaTodosLosDocentes
jueves, 20 de agosto de 2020
Por una Universidad de Buenos Aires al servicio de las mayorías para sentirnos orgullosos
Con paritarias, salario para los ad honorem, cumplimiento del convenio colectivo, becas para los estudiantes…
Alberto Fernández,
festejo el 199 aniversario de la UBA (Universidad de Buenos Aires) y
afirmó: “educar en los tiempos en que vivimos es invertir”
Nosotros decimos y
hacemos eso todos los días: invertir, pero no es lo que hace el gobierno
nacional en la UBA.
Hay 11.000 docentes que
pagan por trabajar, son los ad honorem que se desempeñan en la Universidad
cuando el trabajo gratuito está prohibido por la ley y el convenio colectivo.
Un ayudante de primera,
que es egresado de la universidad y tiene la suerte de cobrar, cobra un salario
de 9.500 pesos en la mano, le recordamos al presidente.
El ministro Nicolás Trotta
violó la cláusula gatillo y tiene congelados los salarios, que para el cargo
testigo sólo alcanzan a la mitad de la canasta de pobreza.
El ministro Moroni
permite que la UBA viole la ley al no aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo
y que, por lo tanto, el 70% de la planta docente no sea regular sino «interina»
por siempre.
El ministro de economía
Martín Guzmán ha tomado una clara opción por los acreedores y el FMI, y congeló
el presupuesto de la UBA y de todas las universidades públicas.
Con la virtualización
forzosa de la educación, este cuadro ha empeorado en la UBA y en todas las
universidades: la docencia pone de su bolsillo las herramientas de trabajo, los
costos de conectividad y se le niegan las licencias y dispensas. Una vez más
los ministros Trotta y Moroni miran para otro lado mientas se viola el Convenio
Colectivo y la nueva ley de teletrabajo.
Los que mantenemos la
relación pedagógica con los más de 300.000 estudiantes no tenemos paritarias
particulares ni comités de crisis para discutir condiciones para darle
continuidad a la educación y evitar la deserción masiva.
También se congelaron
las becas para los estudiantes que deben pagar sus herramientas de estudio y su
conectividad, mientras las telefónicas aumentan sus precios en plena pandemia,
expulsándolos del ámbito educativo.
La universidad tiene
que ser democratizada, los docentes necesitamos un claustro único y no una
casta eternizada en sus cargos surgida de concursos opacados.
Queremos una
universidad que no adecue sus planes de estudio al servicio de las
multinacionales como Shell o Barrick Gold sino al servicio del desarrollo
autónomo y de las mayorías populares.
En suma, señor
presidente a usted, que está orgulloso de ser docente, le exigimos:
Paritarias libres.
Incremento de salarios.
Presupuesto.
Becas.
Cumplimiento del
Convenio Colectivo.
Computadoras y
conectividad gratuita para docentes y estudiantes.
Regularización de todos
los docentes.
Salarios para todos los
ad honorem.
Con estas exigencias ya
hicimos apagones virtuales y, en plena pandemia, fuimos al rectorado para que
se den cumplimiento.
Queremos una
universidad sobre nuevas bases al servicio de las mayorías populares.
De esta universidad
siempre estaremos orgullosos, porque son esas mayorías las que la sostienen con
su esfuerzo.
AGD-UBA
(Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)
miércoles, 19 de agosto de 2020
“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no están dadas las condiciones ni epidemiológicas, sanitarias, ni de infraestructura para la vuelta a clases”
Como hemos venido
sosteniendo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no están dadas ni las
condiciones epidemiológicas ni de seguridad e higiene básicas para el retorno a
las clases presenciales. Tanto los protocolos de Nación como los de Ciudad son
absolutamente impracticables en las escuelas públicas porteñas, como ocurre en
la mayoría del país.
A lo largo de toda la
cuarentena, no se han realizado las obras necesarias de reparación y
acondicionamiento de infraestructura, ni se ha destinado el presupuesto
necesario para la compra de insumos de limpieza básicos y la contratación de
personal auxiliar de limpieza de refuerzo. Baste mencionar que en muchos
barrios de la Ciudad de Buenos Aires no está garantizada el agua corriente
durante días, incluyendo a las escuelas que se ubican en esos barrios.
La vuelta a clases implicaría además una saturación del transporte público, otra cuestión aún no resuelta por el gobierno porteño.
Por ello, insistimos,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no están dadas las condiciones ni
epidemiológicas, sanitarias, ni de infraestructura para la vuelta a clases.
Frente a las presiones
empresarias, se debe priorizar la salud de los y las estudiantes y docentes.
martes, 18 de agosto de 2020
Qué tipo de virtualidad pretenden las autoridades universitarias y qué tipo de virtualidad es necesaria para defender los cursados, los derechos laborales y la salud de estudiantes y docentes
El lamentable pero esperable incremento de los contagios de COVID19 ha puesto en evidencia la imposibilidad del retorno a las actividades presenciales en los próximos meses y ha dejado carentes de sentido a los protocolos de examen que las autoridades hicieran aprobar por el COE, sin ninguna consulta con la docencia.
No solo eso.
Hasta ahora, la forma
en la que se viene desarrollando la virtualización, implicó un incremento muy
preocupante de la deserción estudiantil, y una mayor precarización laboral.
Desde hace casi cinco
meses, venimos reclamando al gobierno y a las autoridades universitarias que
asuman su responsabilidad en garantizar los procesos educativos durante la
cuarentena: provisión de recursos, garantía de conectividad, plataformas que
funcionen, compensación de gastos extra, mayor cantidad de docentes,
cumplimiento de los derechos laborales, capacitación masiva y gratuita sobre
educación virtual, pago de deudas salariales que la UNT (Universidad Nacional de Tucumán) mantiene con cientos de
docentes, etcétera.
Ninguna de estas
elementales demandas fueron satisfechas.
Las autoridades
universitarias, lejos de exigir el presupuesto necesario para sostener la
universidad pública en estas condiciones extraordinarias, se han disciplinado a
una política que tiene como objetivo principal el ajuste para el pago de la
deuda externa. No se conocen gestiones para exigir mayor presupuesto.
Como resultado, miles
de estudiantes han abandonado sus estudios como consecuencia de las
dificultades económicas, pedagógicas y sociales que implica esta crisis.
Los exámenes virtuales
que se han aprobado en varias facultades han profundizado todas las
desigualdades previas y han presentado cientos de inconvenientes, como lo
habíamos advertido oportunamente.
Llamamos al conjunto de
la docencia y a la comunidad universitaria a debatir una salida de fondo a esta
situación, a convocar asambleas interclaustro y unir las luchas.
Aumento salarial de
emergencia del 40 por ciento.
Ampliación de
dedicaciones y de la cantidad de docentes para sostener los cursados virtuales.
Plena vigencia de los derechos laborales.
Implementación de becas
para todos los estudiantes.
Provisión de los
recursos tecnológicos para los cursados virtuales y garantía de conectividad
para estudiantes y docentes.
Por un bono de
compensación de los gastos extra realizados para sostener la virtualidad.
Devolución de lo
descontado por Impuesto a las Ganancias.
Aumento inmediato de
presupuesto universitario.
Conformación de
comisiones de bioseguridad e higiene en todas las facultades y escuelas con
participación docente previo a cualquier retorno a la presencialidad.
Desde ADIUNT (Asociación de los Docentes e
Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán), reclamamos la
convocatoria a un congreso de CONADU Histórica para llevar adelante un
verdadero plan de lucha por el salario y las condiciones laborales. En todo el
primer semestre, nuestra federación solo ha impulsado una jornada de lucha
aislada, mientras nuestro salario y nuestras condiciones laborales se
derrumbaron.
lunes, 17 de agosto de 2020
Prórroga para las Becas UBA
Producto de la acción
común en la UBA (Universidad de Buenos Aires) de les becaries con la AGD-UBA, que juntos hicimos los dos
apagones virtuales y nos presentamos frente al rectorado para exigir que no
haya despidos.
Esta prórroga por
cuatro meses con salario completo, que hemos arrancado con la lucha nos debe
llevar a profundizar la movilización y la organización para que les compañeres
que no serán despedidos a fin de mes y TODES les demás logremos la prórroga por
un año por las que luchamos en todo el país y en la UBA.
Investigar es trabajar
AGD-UBA
(Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)
domingo, 16 de agosto de 2020
Uruguay: miles de estudiantes en las calles al grito de «¡sin educación pública no hay futuro!»
El paisaje no era tan
distinto al de otros años, salvo por los tapabocas. Miles de personas marcharon
este viernes para recordar a los mártires estudiantiles. A las 18.00 la
explanada de la Universidad de la República (Udelar) ya estaba colmada de
personas que sostenían carteles y pancartas y media hora después la columna de
gente, que llegó a medir cuatro cuadras, empezó a circular por la avenida 18 de
Julio. “Sin educación pública no hay futuro” fue la consigna con la que los
gremios universitarios, de secundaria, UTU (Universidad del Trabajo del
Uruguay) y formación docente encabezaron la 52ª marcha estudiantil, que volvió
a reclamar más presupuesto para la educación.
Poco antes de comenzar
a caminar el movimiento cultural de jóvenes Our Voice realizó una intervención
artística en la que interpretó el poema de Mario Benedetti “¿De qué se ríe?” y
cerró con la frase “liberarse es vivir las ideas de los que vivieron por ellas”;
tras el aplauso de la multitud, la marcha comenzó.
Además de las miles de
personas, la marcha contó con un hisopo gigante, un carro alegórico, un
cabezudo con la cara de Pedro Figari y cientos de banderas, carteles y
pancartas. Al ritmo de distintas canciones y del nombre de los mártires
estudiantiles seguidos de un estruendoso “presente”, la multitud recorrió la
principal avenida de Montevideo hasta la calle Paraguay. Allí se desvío hasta
la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, que esta vez estuvo sin vallado
ni custodia policial.
Siguieron por Avenida
del Libertador hasta llegar a la plaza Primero de Mayo, donde un representante
de cada gremial tomó la palabra. Por la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay (FEUU) habló Mauro Conti, representante de Asuntos
Gremiales de la FEUU. Además de las reivindicaciones generales, reclamó más
becas para estudiantes, mayor amplitud en el acceso a la Udelar y una mayor
construcción edilicia para estudiar “en condiciones adecuadas”.
Antes de comenzar la
marcha Conti habló con la diaria y explicó que “en este contexto de lucha
presupuestal, con una crisis social y económica bastante importante y algunos
ataques a la democracia, como lo que pasó con militantes en Salto, tenemos la
necesidad de seguir reivindicando la lucha por una mejor democracia”.
Según Conti “la
población le exige al gobierno que ponga las prioridades donde hay que
ponerlas”. “Necesitamos que el presupuesto abarque una renta básica, el
financiamiento de la educación pública, vivienda y salud. Creemos que va a ser
una marcha trascendental, porque con la gente organizada vamos a poder cambiar
las decisiones del gobierno”, afirmó.
En relación al
presupuesto para la Udelar, el gremialista contó que el ministro de Trabajo y
Seguridad Social, Pablo Mieres, ya les adelantó que “la educación es una
prioridad para el gobierno, lo que no quiere decir que no haya recortes en la
Udelar”. Para Conti estos comentarios, sumados a las declaraciones de Isaac
Alfie (director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y Azucena
Arbeleche (ministra de Economía) sobre el margen presupuestal de la Udelar,
“dejan en claro que la educación no es una prioridad”.
Leer la crónica
completa de Leticia Castro aquí.
sábado, 15 de agosto de 2020
No a las clases presenciales que ponen en riesgo a los chicos y a los docentes
En un comunicado que
lleva la firma de María José André, Secretaria General de Udocba (Unión de los Docentes de la provincia de Buenos Aires),
seccional Trenque Lauquen, y vocal Comisión Directiva Provincial, el gremio
“repudió” la firma del diputado Valentín Miranda en un proyecto que pedía por
el regreso a clases presenciales en las escuelas rurales, y advirtió que se
“pone en riesgo a los chicos y a los docentes”.
El comunicado señala:
“Udocba Trenque Lauquen repudia la firma del diputado bonaerense Valentín
Miranda que da apoyo a un proyecto elaborado por Vanesa Zuccari, donde le
solicitan a la Directora de la Dirección General de Educación y Cultura
Agustina Vila que le pida al Ministro de Educación Nacional Nicolás Trotta que
habilite las clases en las escuelas rurales”, comienza el texto.
“Vanesa Zuccari es
oriunda de la ciudad de Lincoln y accedió a una banca en la elecciones
generales de 2015 por el Frente Cambiemos como Diputada provincial por la
Cuarta Sección Electoral y fue reelecta en 2019 en representación de Juntos por
el Cambio.
Dicho proyecto
contradice la decisión del Gobernador de los bonaerenses y del Presidente sobre la no esencialidad de la educación, al
mismo tiempo que no respeta el marco de la prohibición de las reuniones
sociales que decretó el Poder Ejecutivo. Ante la extraordinaria situación que
atraviesa la Argentina y el mundo, el Ministro de Salud Bonaerense, Daniel
Gollan, expresó con respecto a la educación
que no se puede volver a la escuela hasta el 2021”.
Udocba Trenque Lauquen
“expresa su preocupación ante la firma del Diputado Miranda, entendiendo que su
actitud es exponer a los docentes rurales, como si los docentes y estudiantes
rurales fueran inmunes. Miranda debería mandar sus hijos y sus sobrinos a esas
escuelas para que no pierdan días de clases. Desde Udocba quedemos dejar en
claro que queremos volver a clase en las
condiciones adecuadas y con garantías de cuidado para todos y todas”.
“En este marco de
pandemia, los legisladores de cambiemos
piden esta barbaridad, teniendo el antecedente de Israel donde el
rebrote fue en las escuelas, no puede la
sociedad permitir que los legisladores
vayan en contra del cuidado de la salud. Udocba Trenque Lauquen remarca
que no están dadas las condiciones en
Argentina, ni en el mundo de la aplicabilidad de un protocolo que permita la
presencialidad”.
“Creemos que si la
preocupación de los legisladores bonaerenses del Frente Cambiemos es la
continuidad pedagógica, deberían pedirle al Estado que garantice la
conectividad y los recursos para la virtualidad, consideramos que no
realizan estas acciones ya que deberían reconocer que fueron responsables de desmantelar el
Conectar Igualdad, programa que proveía de insumos más que necesarios en esta
coyuntura”.
El diputado provincial
Valentín Miranda “apoyando este proyecto con su firma pone en riesgo a las
comunidades educativas rurales, ignorando los decretos presidenciales y más aún las emisiones de criterio de las
UEGD y el comité mixto distrital, a los que ni siquiera consultaron”.
Asimismo “afirmamos,
que no existe ganancia pedagógica en este régimen mixto que intentan aplicar
con los protocolos, además de poner en riesgo a alumnos y sus familias y a
todos los trabajadores de la educación rural”.
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