(Paraná, martes 11 de
junio de 2019)- El Consejo de Secretarios Generales de AGMER, reunido en la
ciudad de Paraná el martes 11 de junio de 2019, luego de analizar la realidad
política y económica del país y la situación de la clase trabajadora, da a
conocer al colectivo docente, a los gobiernos nacional y provincial y a la
comunidad entrerriana en su conjunto la siguiente declaración:
–Promediando el año
2019 vemos con enorme preocupación que las políticas económicas regresivas que
viene implementando el gobierno nacional no detienen su marcha y en algunos
casos se profundizan. Al desfinanciamiento de la educación y la salud pública,
la ciencia y el desarrollo social se deben sumar las incontables medidas
tendientes a garantizar una indiscriminada transferencia de recursos hacia los
sectores más concentrados de la economía, en claro detrimento de las capas más
vulnerables de la población. Con ello, la riqueza de nuestro país avanza hacia
una distribución cada vez más injusta, consolidando la brecha entre grandes
empresarios y terratenientes que gozan de una rentabilidad extraordinaria, por
un lado, y la inmensa mayoría de los argentinos que se ven fuertemente
golpeados y amenazados por el ajuste. Éste se implementa de la mano del feroz
aumento de las tarifas, el cierre de fuentes de trabajo y los despidos de
cientos de compañeros trabajadores.
–El aumento de la
pobreza y la indigencia, la destrucción del sistema productivo, el ahogo a las
pequeñas empresas y el incremento de la desocupación y la precarización laboral
son consecuencias directas de esta situación. Resulta inadmisible que, en un
país capaz de producir alimento para una población diez veces mayor, un tercio
de los argentinos tengan sus necesidades básicas insatisfechas, porcentaje que
crece cuando nos enfocamos en la infancia: la mitad de nuestros gurises son
pobres y el poder mira para otro lado, no porque ignore esta realidad, sino
porque sencillamente no le importa. Como ya lo hemos dicho en más de una
oportunidad, el capitalismo necesita que una parte de la humanidad sea descartable
para que algunos pocos privilegiados puedan vivir en la más absurda opulencia.
–Este escenario de
retroceso para la clase obrera en el marco de la disputa entre capital y
trabajo no puede ser ajeno a nuestros análisis y posicionamientos, ya que como
trabajadores de la educación integramos esa parte de la sociedad que se ve
considerablemente debilitada. El resurgimiento del neoliberalismo en la región
ha desencadenado que nuestras luchas inmediatas ya no sean sólo en procura de
la ampliación de derechos y la conquista de una mejor calidad de vida, sino
lisa y llanamente por el mantenimiento de condiciones esenciales de
subsistencia.
–Por tal motivo,
reafirmamos el camino que venimos transitando como organización sindical,
trabajando a través del diálogo fraterno para lograr consensos y construir un
programa mínimo que contemple estrategias que contengan a todos los sectores
internos, a la vez que ratificamos nuestra defensa de la institucionalidad y
los esfuerzos para consolidar la unidad en la lucha con el resto del movimiento
obrero y las organizaciones sociales.
–Como sindicato que no
sólo lucha por condiciones laborales y salariales, sino que además asume su
responsabilidad a la hora de dar los necesarios debates políticos y pedagógicos,
sostenemos a su vez que los derechos humanos deben ser respetados y cumplidos
en toda su extensión, incluyendo el derecho a la vida y a la educación en un
ambiente sano que el propio gobierno provincial, en complicidad con los grandes
productores agropecuarios, vulnera en su avanzada contra las poblaciones
rurales y a favor de la fumigación con agrotóxicos que está en las antípodas de
un modelo de producción agrícola sustentable.
–Rechazamos todo
mecanismo estandarizado de evaluación externa basada en presupuestos de
carácter meritocrático, ya que los mismos no contribuyen en forma alguna a
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas, sino que por
el contrario sólo sirven para disciplinar a la docencia teniendo como
parámetros de medición los que definen los organismos multilaterales de crédito
y tecnócratas que muy poco conocen sobre los verdaderos problemas de la
educación pública en nuestro país.
–Reiteramos nuestra
defensa irrestricta de la ley jubilatoria provincial y el rechazo a cualquier
tipo de armonización que implique pérdida de derechos, al mismo tiempo que
exigimos la derogación del Decreto 426/19 que implementa un sistema de control
de las licencias docentes inspirado en la burocratización de la salud, el cual
ha sido resuelto de forma unilateral y sin considerar los aportes de los
trabajadores de la educación en materia de salud laboral. Insistimos en lo que
señalamos desde el principio, el decreto atenta contra el Estatuto del Docente
y nuestro Régimen de Licencias, otorga facultades a los médicos auditores que
nada tienen que ver con una política de salud laboral con carácter preventivo.
Recordamos que el Art. 9 del régimen de licencia es de potestad exclusiva de
las autoridades del CGE y no de los médicos auditores.
–Continuamos exigiendo
al gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo y
convoque de forma urgente a la discusión salarial en el marco de la paritaria
nacional docente, además de dar marcha atrás con el desguace del sistema
educativo en materia presupuestaria, pedagógica e institucional.
–También volvemos a
remarcar que es una deuda del gobierno provincial la devolución de los días
descontados por el ejercicio del legítimo derecho de huelga, encolumnándose de
este modo con aquellos gobernadores que emplean el descuento como un
instrumento que sirve para extorsionar y amedrentar a los trabajadores que
sostienen de forma genuina su lucha por aumentos salariales justos y acordes
con el incremento en el costo de vida.
–Ante los intentos de
avanzar en el cierre o traslado de cargos con la excusa de la “baja matrícula”,
demandamos a los gobiernos nacional y provincial la implementación de políticas
públicas que ayuden a sostener la permanencia y continuidad de los gurises en
situación de vulnerabilidad en las escuelas, políticas que aseguren el
ejercicio del derecho social a la educación. En este sentido, exigimos el
presupuesto necesario para garantizar la salubridad y seguridad en todos los
establecimientos, comedores con cocinas que funcionen y no pongan en riesgo la
vida humana. Y condiciones dignas de vida para las comunidades en los barrios
donde trabajamos diariamente. Porque el Estado tiene la responsabilidad
indelegable de garantizar la escolaridad de nuestros gurises.
–Por último, le
recordamos al gobierno provincial que debe dar riguroso cumplimiento a todo lo
firmado en el último acuerdo paritario salarial, teniendo presente que la
inflación acumulada al mes de abril alcanza ya un 15,6%. En tal sentido, es
absoluta responsabilidad de la patronal que una vez conocida la inflación
semestral se produzca la actualización automática acordada.
–De esta manera,
organizados colectivamente y en unidad, llamamos a cada compañero y compañera a
seguir sosteniendo el histórico compromiso de este sindicato con los derechos
laborales docentes y el futuro de la escuela pública, reafirmando el derecho
social y político a la educación como patrimonio de nuestros pueblos.
Suscriben
los secretarios generales de todas las seccionales departamentales de la
provincia: Colón, Concordia, Diamante, Federación, Federal, Feliciano,
Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, San
Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay.
