sábado, 31 de marzo de 2018

No al despido arbitrario de una profesora del Colegio Nacional de Buenos Aires

Esta semana hemos tomado conocimiento del despido de la profesora Virginia Bustinza, quien desde 2014 dicta la materia Introducción al Pensamiento Científico en sexto año. La profesora fue informada de la situación por medio de una llamada telefónica realizada por personal administrativo del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA). Hasta el momento no ha recibido ninguna resolución o documento oficial informándola de su cese ni de sus razones. Por vía telefónica se le informó que perdía sus horas a causa de un reacomodamiento de horarios dentro del Departamento de Filosofía y Psicología.
La profesora Bustinza dicta clases en carácter de interina hace ya cuatro años, y nunca se han recibido quejas respecto de su desempeño docente. De acuerdo a la Resolución 3103 del Consejo Superior y al Convenio Colectivo de Trabajo (tanto el Nacional como el Paralelo de la UBA) un docente interino solamente puede perder sus horas cuando se realiza un Concurso en el que un profesor gane la titularidad de dichas horas. No es lo que sucede en este caso.
Entendemos que el DESPIDO de la profesora Virginia Bustinza no solo es ARBITRARIO sino que también es ILEGAL al contravenir toda la normativa vigente.
Ante esta situación convocamos a Asamblea Docente para definir qué acciones tomar al respecto. No estamos dispuestos a tolerar ningún atropello más por parte de esta gestión, y no descartamos ninguna medida de fuerza.
Ayer el Congreso de la Conadu Histórica se expidió sobre esta grave situación y hoy, la secretaria general de la AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) y el secretario general de la Comisión Directiva de AGD en CNBA mantuvieron una reunión con el secretario de Preuniversitarios del Rectorado para presentar la denuncia del despido.
Comisión Directiva AGD CNBA


jueves, 29 de marzo de 2018

La evaluación externa que el gobierno utiliza en contra de la docencia

Al igual que en 2016, el macrismo emplea los resultados de las evaluaciones “Aprender” en plena negociación salarial y con el fin de desacreditar los reclamos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Una primera lectura de sus resultados pone en evidencia la baja tasa de respuesta, que muestra que los operativos de evaluación siguen siendo resistidos, y que de censales tienen muy poco.
Las evaluaciones externas y estandarizadas suelen ser el fetiche de los tecnócratas, amantes de las mediciones y promotores de reformas neoliberales en educación. Las pruebas, que son promovidas por organismos como la OCDE, vienen de la mano de “recomendaciones” que incentivan la participación de empresas en educación, o la reducción de los regímenes de licencias docentes y el aumento de su edad jubilatoria. En términos de contenidos, se promueve el control de la currícula desde fuera del sistema educativo, mediante la jerarquización de conceptos o “habilidades” y “capacidades” que se evalúan, formen o no parte de los contenidos pautados por las autoridades educativas estatales. Cabe señalar que este tipo de evaluaciones son rechazadas no solo en términos gremiales por trabajadores y estudiantes, sino que son cuestionadas también en términos académicos por su nivel de estandarización, o por el mecanismo de “múltiple choice” en el cual se basan, entre otros argumentos.  En el caso de Aprender 2017, las pruebas involucraron a la totalidad de los alumnos y alumnas de 6º grado de Primaria y 5º o 6º año de Media. O, al menos, eso intentaron.
Pese a la apabullante campaña publicitaria, o la intimidación a docentes y estudiantes, mediante las cuales se insistió en el carácter obligatorio de esta prueba, un primer análisis de los resultados publicados permite ver que altas porciones de alumnos y docentes rechazaron el Aprender 2017. En Secundaria, la participación promedio en 2017 fue apenas superior a seis alumnos por cada diez, e inferior a la del año precedente (2016). “La participación alcanzada es baja para los estándares que exigen las pruebas censales, con un 66,5% de participación, una disminución de 5,6% respecto de 2016” (ver La Nación, 21-03-2018). En el mismo artículo, la funcionaria a cargo del Instituto Evaluador nacional, Elena Duro, señala: “Hay provincias que tuvieron menos de 50% de respuesta por problemas gremiales el día de la implementación”. Lo que la Secretaria de Evaluación de la Nación menciona como “problemas gremiales” no es otra cosa que la respuesta activa de vastos sectores de la docencia organizada que rechazamos las evaluaciones externas que promueve la OCDE y otros organismos internacionales.
En Primaria, en términos nacionales, uno de cuada cuatro alumnos no realizó la evaluación. Si analizamos los porcentajes en las escuelas públicas primarias de provincias como Neuquén, Santa Cruz o Santa Fe, se puede observar que más de la mitad de los alumnos y alumnas no realizaron las pruebas Aprender. En cuanto a la tasa de asistencia y/o respuesta en escuelas Medias públicas, a las provincias antes mencionadas se añaden Pcia. de Buenos Aires (tasa de asistencia o respuesta del 46,5% en escuelas públicas) y Río Negro (45,6%, respectivamente). En nuestra jurisdicción, CABA, donde Ademys encabezó el rechazo a las pruebas estandarizadas, la tasa de asistencia/respuesta es apenas superior al 50% en escuelas públicas de Educación Media (53%) y de un 61,8% en Primaria del mismo sector.
En ninguno de estos casos, la muestra alcanzada resulta satisfactoria para el Ministerio de educación, ni para los parámetros internacionales que requieren una muestra mucho más amplia. La resistencia de los docentes, familias y estudiantes a estos operativos, sigue siendo masiva y contundente.
La estandarización de contenidos que promueven las evaluaciones externas colisiona con el enfoque promovido en numerosos documentos curriculares. Mientras en los últimos se considera a la evaluación como un proceso que debe integrar distintas dimensiones y momentos del conocimiento, en las primeras se aplica un formulario con opciones de respuestas cerradas que son corregidas casi íntegramente por máquinas que escanean dichas planillas. Pero esta mecanización no constituye el único desajuste. Por mencionar solo un ejemplo, en el caso de 6º grado, en Aprender 2017 se evaluaron contenidos como “reconocer hechos y datos” referidos a la Ley Sáenz Peña, que en el Diseño Curricular de CABA figuran (y solo en términos opcionales en tanto tema) ligados a la currícula de 7º grado. La evaluación estandarizada, cuenta con numerosos cuestionamientos en el plano pedagógico (ver por ejemplo Becerra, https://fuelapluma.com/2016/10/18/dos-criticas-al-operativo-aprender-2016/ , Marrone, Feldfeber o De Luca, en el plano local). A su vez, es notoria la vinculación entre estas mediciones y la promoción de políticas de ajuste y reformas estructurales de los sistemas educativos promovidos en países de la región como Chile, México o Colombia. En el caso de Argentina, y en sintonía con los países mencionados, se trata de establecer una relación causal y unidireccional entre los bajos resultados adjudicados al alumnado y el desempeño docente. Sin embargo, cuando en los resultados de las pruebas recientemente publicados se observa una leve mejora en el área de Lengua, el gobierno lo adjudica a una política de su gestión. En palabras del ministro Finocchiaro, los mejores resultados son producto de “la fuerte capacitación que el INFOD ha venido haciendo en estos dos años en formación situada y en formación virtual con los docentes”. Mientras desde el Ministerio de Educación se condena a la miseria salarial a la docencia y se cierran cursos; mientras se ataca la formación docente intentando disolver los institutos de formación públicos, y mercantilizando cada día más la capacitación, el gobierno se atribuye logros en la materia.
Desde Ademys seguimos rechazando estos ataques a la escuela pública, a la par que señalamos la intencionalidad de estas evaluaciones como punta de lanza para promover reformas autoritarias y privatizadoras.

Mariano Garrido, Secretario de Asuntos Pedagógicos – Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

miércoles, 28 de marzo de 2018

"Debemos darle continuidad al plan de lucha, por el salario y por nuestros derechos"

Declaración conjunta de Amsafe (Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe), departamentos de Rosario, Belgrano, Caseros y General López
Hoy lxs docentes estamos protagonizando la cuarta jornada de paro masivo.
Hoy somos decenas de miles movilizados en unidad con trabajadorxs de los distintos gremios estatales.
Venimos a la Casa de Gobierno desde cada rincón de la provincia para expresar nuestro rechazo categórico a una propuesta que resulta totalmente insuficiente, por detrás de la inflación real, por debajo de lo que esta provincia puede pagar y muy lejos de nuestras necesidades como trabajadorxs.
Santa Fe es una provincia rica y el gobierno no hace más que repetir de la prioridad que le otorga a la educación… pero nos presenta una propuesta por debajo del techo a las paritarias que pretende imponer el gobierno nacional: 13% y en tres tramos que recién se completan ¡en noviembre! Es una expresión de su subordinación a las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri acordada en el Pacto Fiscal.
Lifschitz y Balagué son los únicos responsables de este conflicto. En lugar de volver a presentar la propuesta que ya rechazamos, en lugar de amenazar con descuentos o con la conciliación obligatoria, deberían presentar una propuesta que signifique una verdadera recuperación salarial, todo al básico y en una sola vez. ¡Basta de aumentos en cuotas! ¡Basta de segur achatando todas las escalas salariales!
Sabemos que la lucha es el camino para arrancarle al gobierno nuestros reclamos. No puede haber tregua. Rechazamos el planteo de Sonia Alesso en la marcha de la Ctera en donde propuso “la continuidad de la lucha en abril”.
Es el momento de ponernos firmes. No alcanza con que nos den 2 o 3% más. La fortaleza debe venir de cada Departamento, impulsando los debates de lxs maestrxs y profesorxs de toda la provincia. Con asambleas por escuelas y departamentales.
Con el inmediato llamado a una Asamblea Provincial donde podamos definir la continuidad del plan de lucha por:
  • Aumento de salarios. Todo al básico y en una sola cuota.
  • Defensa de nuestros derechos jubilatorios. 82% móvil. No a la “armonización”.
  • Por mejores condiciones de trabajo. Anulación de la “tablita” de Balagué.
  • Aumento del presupuesto educativo.


Rechazamos los aumentos impuestos por el IAPOS
Sin mayores justificaciones, el directorio del IAPOS dispuso una aumento de órdenes y tramos cercano al 40%!!!  Frente a una propuesta de aumento salarial en cuotas del 13% es evidente que lo que está en juego es la limitación del acceso a las prestaciones que deben ser aseguradas por I.A.P.O.S.
También reclamamos por la intensificación del control de las prácticas abusivas por parte de los profesionales médicos e instituciones que figuran como prestadores. Por ello denunciamos un aumento en la cantidad de bonos que son solicitados por parte de las empresas que brindan servicios de diagnóstico por imagen. En algunos casos, como ecografía mamaria, senografía, biopsias, entre otras, se multiplicaron por diez la cantidad de bonos requeridos a lxs compañerxs afiliadxs.
Entendemos que las medidas tomadas por el directorio de I.A.P.O.S y el poco control de las prácticas abusivas constituyen un retroceso importantísimo en materia de cuidado de la salud y responsabilizamos a los funcionarios a cargo de las consecuencias en la salud de los compañeros afiliados.


martes, 27 de marzo de 2018

"Rechazamos el quince por ciento"

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convocó a una nueva mesa de negociación salarial en la que ofreció un 8% de aumento en marzo, un 4% en agosto y un 3% en octubre, a cobrar recién en noviembre. A esto se le agrega una suma fija de mil pesos por única vez. Es decir que recién en noviembre se superaría el 12% que vienen ofreciendo mesa tras mesa. Se trata prácticamente de la misma oferta, salvo por lo que se va a cobrar los últimos dos meses del año.
Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) continuamos rechazando una oferta que pretende instalar un salario a la baja, muy por debajo de las expectativas de la inflación e incluso de la canasta de pobreza. Consideramos que cualquier discusión salarial debe hacerse sobre un salario equivalente a la canasta familiar para toda la docencia.
Por otra parte, exigimos el retiro del proyecto de creación de UniCABA que implicaría el cierre de 29 profesorados y el despido de cientos de docentes. Exigimos también la solución a la falta de más de catorce mil vacantes para los niños y niñas en la escuela pública. Denunciamos por último la situación de la escuela nº19 del DE 20, donde un policía entró armado a una escuela y en una situación sumamente violenta prácticamente requisó a un niño de tercer grado. Planteamos que el gobierno es responsable de que situaciones como esta no se vuelvan a repetir.

Desde Ademys hemos iniciado un plan de lucha decidido en asamblea con paros el 1, 5, 6 , 8 y 21 de marzo para enfrentar esta política de ajuste al salario. Por eso, convocamos a reunión abierta de delegados el martes 27 de marzo a las 18 hs. en Ademys para pensar juntxs cómo continuar el plan de lucha.

domingo, 25 de marzo de 2018

Todas las federaciones docentes rechazaron la modalidad de aplicación de la cláusula gatillo propuesta por el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)


Si bien todas las partes coincidimos en que el desfasaje inflacionario sobre el acta paritaria de 2017 es del 2,77%, no hubo acuerdo sobre a qué monto salarial aplicar dicho porcentaje. Las representaciones gremiales solicitamos que se aplique sobre el último salario percibido.

El ministerio plantea que sólo debe computarse a los salarios básicos del mes de noviembre de 2017, excluidos los conceptos de jerarquización y nomenclador. Esto conlleva un doble perjuicio: en primer lugar se estaría poder adquisitivo en relación a los salarios ya percibidos, en tanto que con vistas a la negociación paritaria 2018 la base de cálculo para la recomposición salarial sería menor.

Como advirtiera nuestro Congreso por medio de la contra propuesta realizada la cláusula gatillo suscrita el 11 de julio de 2017 no fue de aplicación automática sobre los salarios efectivamente percibidos.

Por CONADU Histórica (Federación Nacional de Profesores, Investigadores y Creadores Universitarios) estuvieron presentes en la reunión Antonio Rosselló y Sergio Zaninelli.

No fue fijada por el gobierno fecha de nueva reunión ni para la Comisión Técnica, ni para la paritaria 2018.



viernes, 23 de marzo de 2018

Paro y movilización de los trabajadores de la educación de Chaco

El Frente Gremial Docente de la Provincia de Chaco ha resuelto una nueva medida de fuerza para la semana próxima, consistente en un paro de 48 horas para los días jueves 22 y viernes 23 del corriente, con una movilización provincial de toda la docencia del Chaco que convergerá en la capital, para unirse con los colegas de la misma. Las entidades sindicales del sector se la reunieron del este viernes, y tomaron la decisión “ante la falta de respuestas del Gobierno a los reclamos de los trabajadores de la educación”.

El arco gremial docente ha destacado “la activa participación de la docencia a lo largo y a lo ancho de la Provincia en la adhesión a las medidas determinadas para la semana en curso, subrayando inclusive que por razones climáticas sólo en algunos lugares de la Provincia se ha visto obligado a suspender el cacerolazo previsto para el pasado jueves, concretándose el mismo en la gran mayoría de las localidades”. Indicaron que la misma metodología de protesta “se llevará a cabo nuevamente en la segunda jornada de paro prevista para la semana venidera, el viernes 23, por la mañana, a partir de las 9,30 horas en las plazas centrales de cada una de las localidades”.

Reiteraron todo “el pliego de reivindicaciones”, e hicieron hincapié en “la necesidad imperiosa de que el Gobierno resuelva la situación salarial de la docencia, con una oferta que merezca considerarse”. Al respecto, recordaron que la pauta anual ofrecida para el presente año 2018, es de “un 10 % en cómodas cuotas y a pagarse la primera del 4 % con marzo, a cobrarse en abril; la segunda de 3% en agosto a percibirse en septiembre y el 3 % restante en octubre para percibirse en noviembre... cuando la inflación de los tres primeros meses del año sin lugar a dudas estará más cerca del 8 % que de la exigua "cuota" a cobrarse en abril con los haberes de marzo”.

Ratificaron firmemente el requerimiento de “la fijación de un piso que abarque el poder adquisitivo perdido por la docencia en 2017, que fueron no menos de 17 %... más lo que se perfila de inflación para este año, nunca por debajo del 20 %, y con la discusión abierta para actualizar de manera permanente de acuerdo con el comportamiento de la economía”.

Repudiaron una vez más los descuentos anunciados por el Gobierno, como las "listas negras" de docentes adheridos a las medidas de fuerza, solicitadas desde la cartera educativa para amedrentar a los educadores chaqueños. Rechazaron esta conducta de las autoridades “en vez de abocarse a resolver el conflicto con respuestas satisfactorias y serias”. En ese particular, advirtieron al Gobierno que “lejos de resolverlo lo único que generará con medidas de represalia es la profundización del mismo”.

El Frente Gremial Docente dejó sentada “una vez más su predisposición para coordinar acciones por objetivos comunes con otros sectores de trabajadores en lucha”.


Participaron en el encuentro y adhieren a la medida de fuerza: ATECH, FEDERACION SITECH, UTRE CTERA, FESICH SITECH CASTELLI, SITECH LAS BREÑAS, SADOP, SIDOCH, ASECH, SITE ALMIRANTE BROWN, FESICH 1 DE MAYO, FESICH DPTO. BERMEJO, UGREBI.


#sitocanunpañuelopintamosunmillón




jueves, 22 de marzo de 2018

Paritaria docente: no hubo acuerdo en casi la mitad del país


(Por Lucrecia Bullrich. La Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 21 de marzo de 2018)- Cuando pasaron casi tres semanas del inicio de las clases, el mapa nacional de las paritaria docente sigue siendo complejo: en casi la mitad del país todavía no hubo acuerdo entre los gobiernos provinciales y los gremios.

Los distritos en los que la paritaria docente no está resuelta aún son 11. La situación es particularmente compleja en Chaco, Chubut, Santa Cruz y Neuquén, donde a la falta de avances en la negociación se le suman paros y pérdida de días de clase.

En la provincia de Buenos Aires la discusión se retomará hoy. La última oferta del gobierno de María Eugenia Vidal a los gremios docentes incluyó un aumento del 15 por ciento en tres tramos, más un plus de 6000 pesos a los docentes que no hayan faltado nunca el año pasado y el compromiso de revisar el acuerdo en octubre próximo. Los docentes quieren evitar nuevos paros como el de 48 horas que encabezaron el 5 y el 6 de marzo últimos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionarios del Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña y representantes de los 17 gremios docentes volverán a reunirse mañana. La última propuesta del gobierno porteño, rechazada por los maestros, fue una suba del 12 por ciento a pagar en tres cuotas: el 6 por ciento en marzo, el 3 por ciento en agosto y el 3 por ciento restante en octubre. Igual que en la provincia, la oferta incluye una cláusula de revisión en octubre.

En Neuquén los docentes volvieron a parar hoy y extenderán la medida de fuerza hasta mañana. En Santa Cruz, el gobierno de Alicia Kirchner no ofreció ningún aumento y los maestros volverán a parar mañana. Además de una propuesta de aumento salarial, los maestros reclaman salarios atrasados. El pago de sueldos sigue siendo desdoblado y, hasta ahora, los docentes sólo cobraron parte del salario de febrero.

En Chaco, el gobierno de Domingo Peppo propuso una suba del 10 por ciento a pagar en tres cuotas que fue rechazado por los 13 gremios docentes de la provincia, que, desde el 5 de marzo último, paran dos días por semana.

En Chubut, la resistencia contra el plan de emergencia puesto en marcha por la administración de Mariano Arcioni incluye a los maestros, que también organizan paros programados. El último fue ayer y se espera la convocatoria del próximo para los próximos días. El diálogo entre el gobierno y los gremios está cortado, en medio de la crisis económica y financiera que atraviesa la provincia.
Las provincias en las que ya hubo acuerdo son San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja y Jujuy. Las subas van del 10 por ciento (La Pampa), al 20 por ciento (Formosa).

Solo en Córdoba y Tucumán el pacto incluyó cláusula gatillo. En el resto de las provincias se incorporaron cláusulas "de revisión", por las que se prevé evaluar las subas acordadas respecto de la evolución de la inflación. En todos los casos, será hacia fin de año y no supondrá aumentos automáticos.



miércoles, 21 de marzo de 2018

Docentes y alumnos bonaerenses se movilizaron contra el cierre de los bachilleratos para adultos

(El Día. La Plata, miércoles 21 de marzo de 2018)- Luego de que la tormenta obligara a suspender la movilización pautada para el miércoles pasado, en la víspera se reunió un nutrido grupo de integrantes de varias comunidades educativas para expresar su malestar por “la confusión que ha creado el gobierno, pues por un lado permitió que se abriera la inscripción a los primeros años para descomprimir el estado de descontento, pero, por el otro, no dio marcha atrás con la medida que desguaza la rama de adultos”, dijo a este diario la profesora de Arte, María Díaz Reck, quien dicta clases en varios establecimientos educativos platenses.


Como se sabe, el Ejecutivo bonaerense apunta a crear los bachilleratos juveniles vespertinos y nocturnos para que puedan “reinsertarse en el secundario” los chicos de 15 a 17 años que concurrían a la modalidad de adultos. En tanto, a los mayores de 18 los derivará a los planes Fines y Cens. Docentes, estudiantes y gremios consideran que ello implica, en la práctica, el cierre de la rama. Desde la Dirección de Escuelas, en cambio, argumentan que, de este modo, quienes no pudieron cursar los estudios medios en tiempo y forma tendrán “más opciones, incluso hacerlo a distancia”.
Matías Perilli tiene 23 años y está en 2º del bachillerato de adultos de la Secundaria 5, ubicada en 531 entre 115 y 115 bis de Tolosa. En torno a una bandera que identificaba a la institución, en la tarde-noche de ayer charlaba con compañeros y profesoras en el estacionamiento de Plaza Italia. “Para mi, esto es un recorte. Quieren sacar plata de todos lados y no sé para qué, lo que sé es que están perjudicando a un montón de jóvenes como yo que, por tener que ir a trabajar, no pudimos hacer el colegio en su momento”.
“Los van a mandar a los Fines. Allí la enseñanza es malísima. Los docentes no tienen el mismo nivel, no te preparan para ir a la facultad y te sacan del ámbito escolar. Van a cambiar las escuelas para adultos como tal por una educación precaria”, definió.
Cerca del monumento, la joven profesora de Plástica de varios colegios de Ensenada, Laura Champeau, explicó que “la semana pasada, luego de muchas actividades de protesta en cada ciudad y en cada barrio, se logró que se reabra la inscripción a 1º año de los bachilleratos de adultos. Pero el gobierno mantiene en pie la resolución 1657/17 que provocará una reducción de la matrícula, de la carga horaria de las materias, y la precarización del trabajo docente en perjuicio de la calidad educativa”.
“El Fines, que es el destino de los mayores de 18 años, es empleo precario para los educadores y educación precaria para los estudiantes”, sentenció, y resaltó que “en Ensenada el impacto es muy fuerte en los bachilleratos de adultos de orientación técnica, como el que funciona en la Técnica 2, una escuela histórica con mucha matrícula”.
Díaz Reck contó que “sólo quedarán en pie las escuelas que nacieron como bachilleratos de adultos, como la Media 20 y la 21. Pero el resto se desguaza. Y eso se siente mucho en los barrios. Por ejemplo, si sacan la rama de adultos de la Secundaria 7 de Arturo Seguí o de la 9 de Olmos, la mayoría dejará de estudiar”, remató.

Los docentes de Santiago del Estero continúan con la protesta




martes, 20 de marzo de 2018

Asistentes Celadores para alumnos con Discapacidad Motora (ACDM): el gobierno porteño busca incrementar el trabajo precario

Desde el año pasado se vienen implementando modificaciones en las reuniones de continuidad y reubicación (ahora llamadas “reasignación”). Esto sucede como resultado del traspaso del cargo de ACDM al Escalafón A por medio de la Ley 5206/15 que se aprobó entre gallos y medianoche.

Estos cambios, no fueron informados previamente, son infundados, injustos, arbitrarios y fueron  impuestos por parte de la Directora de Educación Especial María Sanbruno, su asesora, Almida Merega (conocida como “Pachi”) y las supervisoras del Escalafón “A”,  María Teresa Smith y María Luisa Morel.

El año pasado hubo una evidente falta de transparencia y una decisión deliberada de desorganizar las mencionadas reuniones. Este año, desde la Comisión de Educación Especial de Ademys, presentamos una nota a la DEE y a la Supervisión del Escalafón “A” para evitar una situación similar. Allí planteamos que se continuara con la forma y criterio que se utilizaba desde el 2011 en la elección de las escuelas para las/os ACDM, con el objetivo de garantizar la esencia del Estatuto Docente en cuanto sus principios democráticos y de transparencia.

Sin embargo, no sólo no tuvieron en cuenta esos planteos, sino que avanzaron con más modificaciones, nuevamente sin informar, sin explicar e imponiendo arbitrariamente criterios que violan la transparencia y la elección democrática de las escuelas por parte de las/os Asistentes Celadores.

Pasamos a detallar las modificaciones:

1) Hasta el año pasado se realizaban dos reuniones: una para las/os ACDM que continuaban en la misma escuela que el año anterior. Otra, para quienes definían trasladar o debían cambiar de escuela porque la/el estudiante al que asistieron ya no concurriría a ese establecimiento. Esta forma ordenaba y hacía más eficiente y óptimo el desarrollo de ambos procesos. Este año, hicieron una sola reunión por zona, en donde estaban todas/os mezclados.

2) En las reuniones de reubicación se exponían públicamente -con fotocopias pegadas en las paredes- todas las escuelas disponibles. Según la zona y por orden de mérito, cada ACDM era llamado a elegir su destino. Este año, las escuelas no fueron expuestas públicamente, violando la transparencia. Además, hubo varias/os ACDM que fueron designados a dedo por Almida Merega con acuerdo de las supervisoras del Escalafón A.

3) En el caso de las/os ACDM en uso de licencia en los que su suplente tenía que reubicar, volvieron a imponer que el titular no pueda participar de la elección de escuela y que se llame por el puntaje del suplente. De esta forma se atenta contra el derecho del ACDM titular de definir el lugar de trabajo. Al mismo tiempo genera situaciones absurdas: como los casos de titulares que se reincorporaban al día siguiente o a los pocos días de la reunión y debían  resignarse a una decisión tomada por quien no seguiría en el cargo (hubieron casos concretos afectados por este criterio).

Resulta al menos llamativo que las autoridades fundamentaran que las modificaciones se hicieron para “respetar” el Estatuto Docente siendo que, quien expresó dicho argumento fue Almida Merega(asesora de la Directora de Ed. Especial, contratada a dedo por el PRO), bajo un supuesto rol de Coordinadora General de ACDM. Esta persona está jubilada y no tiene ninguna designación para ejercer ese rol. El cargo de Coordinador/a General de ACDM está creado estatutariamente hace más de 3 años, pero el gobierno no convoca acto público para cubrirlo estatutariamente. Es decir, Almida Merega está contratada por el gobierno para ejercer ese rol de forma ilegal.
El 12 de marzo, producto de la lucha, se cubrieron por Estatuto Docente los dos cargos de Coordinación Zonal que faltaban, pero nuevamente dejaron sin cubrir el cargo de Coordinación General.

En una reunión realizada esta semana entre las supervisoras del Escalafón “A” y un representante de nuestro sindicato, planteamos la profunda preocupación por las modificaciones implementadas. La respuesta se limitó a que eso ya lo habíamos expresado por nota, y que las respuestas serían por escrito. Lo único que respondieron es que las escuelas no fueron publicadas en papel porque no tenían ni tinta, ni personal para imprimirlas.

Es importante señalar que desde la Comisión de Educación Especial de Ademys hace más de 4 años que trabajamos colectivamente en la reglamentación del cargo de ACDM. Lo hicimos convocando públicamente a reuniones abiertas. Durante varias semanas, trabajamos la reglamentación teniendo en cuenta la complejidad del rol e hicimos entrega de la misma a la Dirección de Educación Especial. Hasta el día de la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Advertimos que la falta de reglamentación del cargo da lugar a que las autoridades realicen arbitrariedades como las descriptas más arriba. Esto es parte de una evidente decisión política de parte del gobierno del PRO de avanzar contra la Escuela Pública y la precarización de las condiciones laborales de las/os trabajadoras/es de la educación.

En el caso de las/os ACDM estas modificaciones pretenden terminar con la elección transparente y democrática de las escuelas para imponer la designación a dedo. Además, terminar con la estabilidad en los lugares de trabajo. Es decir, en lugar de crear la cantidad de cargos según las necesidades reales, pretenden cubrir el déficit con una mayor precarización. Ya ha sucedido que han quitado ACDM de escuelas donde eran necesarios para cubrir la demanda en otros establecimientos educativos.

En este escenario, es necesario luchar para sostener los derechos conquistados y conseguir la aprobación de la reglamentación del cargo presentada por la Comisión de Educación Especial de Ademys para que se convierta en una herramienta frente a las arbitrariedades. Al mismo tiempo, es necesaria la unidad con el resto de las/os docentes para luchar por un salario igual costo de la canasta familiar, defender la Educación Pública, resistir contra el ajuste y evitar la destrucción del Estatuto Docente.

Comisión de Educación Especial de Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)


domingo, 18 de marzo de 2018

La confusión se apoderó de los bachilleratos de adultos bonaerenses: ni los profesores y directivos tienen en claro si deben inscribir y empezar las clases

(El Día. La Plata, sábado 17 de marzo de 2018)- “La situación es compleja y muy ambigua. Nos llega información de varios lados, contradictoria. No podemos decir a ciencia cierta cómo estamos hoy”. Es lo que una profesora con años de trabajo en una escuela de Tolosa manifestó ayer en relación a la situación de los bachilleratos de adultos. Y sintetizó lo que le ocurre a casi todos los integrantes de esa modalidad educativa.
Es más, en la víspera estuvieron reunidos los inspectores jefes de la Provincia por este tema, según confió una alta fuente.
Uno de esos inspectores recibió una carta del director de un establecimiento de Villa Progreso, en Berisso, preguntándole qué hacían con los alumnos inscriptos: “¿Empiezan las clases?”.
Desde la Dirección de Escuelas bonaerense reiteraron que la normativa 1657/17 dice, básicamente, que los chicos y chicas de hasta 18 años que cursaban en bachilleratos de adultos deben pasar a la órbita de secundaria, y que sólo los mayores de 18 quedarán en las conocidas popularmente como “escuelas nocturnas”.
Pero lo cierto es que comunicaciones cruzadas e imprecisas llevaron a muchos establecimientos a cerrar la inscripción y a otros a demorar el inicio de clases.
“Logramos que aquellos que no inscribían lo hagan, pues la resolución no indica eso en ningún tramo, así como conseguimos que empiecen las clases”, aseguraron a este medio desde los principales gremios docentes, aunque aclararon que “Educación, no obstante, no dio marcha atrás con la reforma”.
Ese cambio ya fue explicado a este diario por la cartera educativa. Los mayores de 18 podrán continuar en los planes Fines o en los Cens (Centros Educativos de Nivel Secundario para adultos), en forma presencial o a distancia.
“No se puede modificar el sistema educativo improvisadamente. Un ejemplo: en Esteban Echeverría no hay Cens. La Plata tiene otra realidad. Otros distritos, otra. Y así. Deben ir a los territorios. Consultar con las comunidades educativas. No pueden bajar una única directiva, inconsulta, desde un escritorio a toda la Provincia”, opinó en diálogo con este medio la secretaria adjunta del Suteba, María Laura Torre.
Delegados de otras organizaciones gremiales se mostraron “muy preocupados” porque “desde el nivel central no bajan directivas claras y, así, es muy pero muy difícil ordenar cambios, más en un sistema educativo tan grande y complejo como el bonaerense”.
Ante la confusión, ayer muchos colegios decidieron empezar las clases. 
Desde esas entidades apuntaron que “en cuanto al trabajo de los docentes, que hoy están en la incertidumbre total sobre su continuidad, estamos haciendo hincapié en la Ley de Educación de la Provincia, que en su artículo 14 dice claramente que ante cualquier cambio en la estructura educativa los trabajadores no perderán los derechos adquiridos, esto es, su empleo y su estabilidad laboral”.

Y recordaron que “esa ley, sancionada durante la gobernación de Felipe Solá, fue un logro que evitó que se repitiera lo que ocurrió con la reforma educativa de los ´90, cuando profesores de secundaria fueron primarizados al crearse la educación general básica (EGB) de 9 años y el Polimodal de 3 años”.


sábado, 17 de marzo de 2018

Sin oferta salarial en la primera reunión paritaria de los profesores universitarios

Se realizó el lunes pasado a las 15 horas en el Ministerio de Educación la primera reunión paritaria de la docencia de las universidades nacionales en la que la Secretaría de Políticas Universitarias no realizó ninguna oferta de incremento salarial.

Los/as paritarios/as de CONADU Histórica estuvieron presentes, junto al resto de las representaciones sindicales, y llevaron el reclamo de un incremento salarial ya del 25% para todas las categorías, un salario mínimo de 17 mil pesos para el cargo inicial, el pago de todas las deudas salariales (FONID, Títulos, etc) y el cumplimiento de las actas paritarias de 2016 y 2017 que no han sido efectivizadas en su totalidad a la fecha.

Este primer encuentro dejó en evidencia la intención del gobierno de dilatar la respuesta hacia los docentes universitarios y preuniversitario. Sólo se anunció la constitución de una Comisión Técnica para efectivizar la cláusula gatillo correspondiente a la paritaria 2017, posteriormente a que se conozca la inflación de febrero. Asimismo, no se anunció una fecha de próxima reunión.

Ante esta situación, llamamos a toda la docencia universitaria y preuniversitaria, a realizar asambleas en sus lugares de trabajo para obtener los mandatos hacia el Congreso Extraordinario de nuestra Federación el 22 de marzo en la ciudad de Buenos Aires.

Por CONADU Histórica estuvieron presentes Luis Tiscornia, Antonio Rosselló, Francisca Staiti, Claudia Baigorria, Rita Villegas y Sergio Zaninelli.

A continuación, reproducimos el pliego salarial:

1) Rechazar el 15% de pauta salarial y las cuotas. Rechazamos todo techo a las paritarias y salarios por debajo de la línea de pobreza. Exigimos paritarias libres.

2) Exigimos un salario inicial para el cargo testigo de $17.000 y un 25% de incremento para todas las escalas. Estos valores deben ser actualizados periódicamente en función de la inflación.

3) Incorporación de los ayudantes de segunda a la garantía salarial.

4) Aplicación inmediata de la “cláusula gatillo” correspondiente al acta salarial en vigencia.

5) Pago de los conceptos relativos al FONID atrasados y su inmediata actualización ya que se encuentran congelados desde junio de 2016.

6) Regularización y pago retroactivo de los adicionales por título adeudados.

7) Ante el quebranto de las obras sociales universitarias solicitamos la discusión del financiamiento de la misma a cargo de la parte empleadora.

8 ) Dar comienzo a la efectiva conformación de las comisiones que terminen con las designaciones ad-honorem abonando los salarios a los docentes y el pase a planta del personal contratado, prácticas contractuales que violentan el Convenio Colectivo de Trabajo vigente.

9) Puesta en vigencia del adicional por efectiva dedicación exclusiva a la docencia universitaria.

10) Resolución definitiva de la gratuidad de la formación docente de acuerdo a las actas de 2016 y 2017.

11) Percepción por parte de esta Federación de los fondos de capacitación de los que somos injustamente excluidas y de aquellos que se adeudan desde el año 2016.


12) Basta de impuesto a las ganancias sobre el salario.


jueves, 15 de marzo de 2018

Entre Ríos: repudian un decreto provincial que frena las asambleas en lugares públicos

La comisión directiva central de la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos expresó su “enérgico repudio al Decreto Nº 97/18 MGJ, firmado por el gobernador Bordet el pasado 16 de febrero y dado a conocer en las últimas horas, a través del cual se pretende limitar el derecho de los trabajadores a la deliberación de los asuntos gremiales mediante asambleas masivas en lugares públicos”.

La norma “modifica el decreto Nº 1318/96 MGJE, que reglamenta aspectos elementales para la organización y representación democrática de los empleados estatales de nuestra provincia, disponiendo que las asambleas en las que interviene el personal de cada sector deberán taxativamente realizarse dentro de los respectivos lugares de trabajo, que en el caso del colectivo docente son las escuelas”.

De esta manera se impide “la posibilidad de llevar a cabo reuniones en ámbitos a los que puedan concurrir el conjunto de los trabajadores para expresarse masivamente y sin distinción del establecimiento en el que desarrollan cotidianamente su trabajo”, cuestionó el gremio.

“Esta medida, sin precedentes en los tiempos que corren, retrotrae a la provincia a momentos de la historia que han estado signados por prácticas coercitivas en las que la presencia en las calles del movimiento obrero organizado era vista como una amenaza para el poder político ante la carencia de voluntad para alcanzar una solución democrática a las problemáticas de la sociedad y de los trabajadores en particular”, expresó el sindicato en un documento.

La norma pondría límites a las asambleas en lugares públicos, una práctica generalizada en el gremio mayoritario docente. La Seccional Paraná realizó este mismo martes una asamblea frente a la Casa de Gobierno. Y a fines de marzo del año pasado inició una toma del Consejo General de Educación (CGE) que se extendió durante más de 10 días.

“Una vez más, el Gobierno provincial avanza en una medida de carácter extorsivo y discriminatorio hacia los sindicatos, lo cual no es más que como una maniobra frente a la incapacidad para brindar respuestas concretas a las legítimas demandas de los empleados estatales”, señaló además. “Insistimos en que no es silenciando las expresiones colectivas que se logra resolver los conflictos salariales y laborales, sino que por el contrario se trata de un camino que solamente puede encauzarse respetando la disidencia y aceptando el juego democrático que nunca está completo sin la libertad para que la clase trabajadora disponga de manera autónoma de sus ámbitos de deliberación y de los medios para la manifestación colectiva”.

En tanto, la comisión directiva central de Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos) convocó “al resto de las organizaciones de trabajadores a acompañar el rechazo a esta embestida”, se lee en el documento, que lleva la firma del secretario general Marcelo Pagani, la secretaria adjunta Ana Delaloye y el secretario gremial Guillermo Zampedri.


“Señalamos al gobierno provincial como el principal responsable de cualquier tipo de tensión que entorpezca la negociación salarial como consecuencia de esta nueva afrenta contra los trabajadores”, finaliza el texto.


miércoles, 14 de marzo de 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: nuevamente la Educación Especial es excluida

Nuestros pibes y pibas, muchas veces, se perciben o son percibidos como excluidos que no encajan en los modelos que la escuela propone y en los estándares que “alguienes” en algún momento ha decretado como normales. Deshechos humanos, los llamaría el filósofo de moda Zygmut Bauman.

La Educación Especial, los docentes de Educación Especial, también estamos acostumbrados a ser tratados como residuos. Durante las capacitaciones, esta apreciación dejó de ser simbólica.

Desde el año pasado, a pedido del área de educación primaria, se están realizando unas capacitaciones situadas obligatorias para los y las docentes. Las mismas consisten en cinco encuentros en febrero, antes de que comiencen las clases y algunos encuentros luego en las mismas escuelas durante el año.

Los y las docentes de Educación Especial, consideramos necesario recibir también capacitaciones. Básicamente, ser tenid@s en cuenta como actores del sistema. Se reclamó por la inclusión y el derecho a participar en estas instancias.

Finalmente se consiguió que, únicamente los y las docentes del escalafón B que asisten a escuelas primarias comunes pudieran participar del mismo.
Llegó el día de las capacitaciones y, sin tener mucha información, sin figurar en las planillas de inscriptos allá nos fuimos.

En las distintas sedes nos recibieron con “no estábamos al tanto de que venía gente de especial”, “a ustedes no sabemos dónde ponerlos”, “no entra la gente porque sobran los de especial”, “qué sé yo, elijan un grado y métanse ahí”. Incluso, al despedirse “mañana no vuelvan chicas, no tiene sentido”.

Una vez adentro, “para ustedes no tenemos material” (no les dieron cuadernillos), “tenemos contadas las fotocopias” (y le sacaron las fotocopias de las manos), “la planificación la pensé para común, así que por favor, déjenlas participar a ellas”.

Así fueron las capacitaciones situadas para los y las docentes de Educación Especial, un como si de inclusión. Participando en instancias con secuencias y planificaciones delineadas bien específicamente para las escuelas comunes, graduada…

Ahí estuvimos. Sosteniendo el espacio, para defenderlo, para apropiarnos, para construirlo con otr@s, para habitarlo. Para Estar Presentes.


Porque aunque algun@s consideren que la Educación Especial es un deshecho del sistema educativo, quienes lo habitamos a diario lo reivindicamos como un espacio posible para nuestras pibas y pibes, y para nosotros como trabajadores de la educación, como un espacio posible para acceder a la educación y a una verdadera integración en el sistema.


lunes, 12 de marzo de 2018

La huelga docente de Virginia Occidental recupera una histórica tradición de lucha de los trabajadores estadounidenses

(Por Amy Goodman y Denis Moynihan. DemocracyNow! Nueva York, sábado 10 de marzo de 2018)- Esta semana y tras una huelga histórica, los docentes y personal no docente de las escuelas públicas de Virginia Occidental celebraron una victoria que inspiró a educadores de otros estados a tomar medidas para mejorar sus salarios y condiciones laborales. La huelga ilegal de nueve días –la más larga en la historia reciente de Virginia Occidental– puso de relieve otro debate nacional sobre los docentes: el plan del presidente Donald Trump de armar a los maestros con armas de fuego ocultas tras la masacre escolar del Día de San Valentín en Parkland, Florida. 

Como señaló el superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Broward, Robert Runcie, en un evento público organizado por la cadena CNN tras ese tiroteo en masa: “No tenemos que poner armas en manos de los docentes… Tenemos que poner más dinero en sus bolsillos”. Eso es exactamente por lo que los maestros y profesores de Virginia Occidental se declararon en huelga, y por lo que otros docentes, de Inglaterra a Oklahoma, están haciendo lo mismo: organizarse, participar en negociaciones colectivas y, de ser necesario, hacer huelga por un salario digno, beneficios y un sistema educativo debidamente financiado que también sirva a sus estudiantes.

Virginia Occidental es el ejemplo vivo del país de Trump: allí ganó con el 68% de los votos, superando a Hillary Clinton por más de 40 puntos porcentuales. Aun así, el estado montañés tiene una larga historia de activismo sindical militante, que se remonta a las guerras del carbón de principios del siglo XX. Jay O’Neal, profesor de secundaria de Charleston, Virginia Occidental, relató en una entrevista para DemocracyNow!: “Casi todos los habitantes de Virginia occidental conocen a alguien que ha estado en huelga: padres, abuelos, amigos, tíos, quien sea. La gente sabe lo que implica estar en huelga”.

La huelga no autorizada, ilegal bajo la ley de Virginia Occidental, involucró a más de 20.000 docentes y 13.000 empleados escolares. A los huelguistas les preocupaba que muchos escolares de Virginia Occidental, de los cuales uno de cada cuatro viven en la pobreza, dependen para alimentarse de las comidas que se brindan en la escuela. O’Neal explicó: “En mi escuela, enviamos a las casas de los niños y niñas unas 70 mochilas llenas de comida. También incluimos volantes con información de las iglesias y centros comunitarios que se iban a organizar para brindarles la comida, porque así es nuestro estado ¿saben? Estamos en un estado de alta pobreza. La mayoría de nuestros niños dependen del desayuno y el almuerzo que se sirven en la escuela”. La escritora Barbara Ehrenreich, conocida por su siempre vigente libro sobre la pobreza en Estados Unidos, “Por cuatro duros. Cómo (no) apañárselas en Estados Unidos” (“Nickel and Dimed: On [Not] Getting By in America”), escribió sobre las mochilas con comida. Sus palabras fueron: “Este es nuestro estado de bienestar distópico: docentes muy mal remunerados que intentan mantener a los niños pobres con vida”.

Tras nueve días de huelga, los docentes ganaron. La Cámara de Delegados y el Senado —ambos controlados por el Partido Republicano— y el gobernador, también republicano, acordaron un aumento del 5% y el congelamiento de los costos del seguro médico, mientras un grupo de trabajo que incluye a docentes y miembros del sindicato trabaja en un plan de financiamiento para este seguro. El aumento del 5% se aplica no solo a los docentes, sino a todos los empleados estatales de Virginia Occidental. El gobernador James Justice también aceptó otra demanda de los huelguistas: prometió no recortar el presupuesto estatal del programa de salud Medicaid para pagar el aumento otorgado.

Desde Pittsburgh, el periodista especializado en temas laborales Mike Elk habló en una entrevista para Democracy Now! sobre el impacto de la huelga en otras partes: “La Federación de Docentes de Pittsburgh votó a favor de ir a la huelga el lunes pasado… Para este miércoles, el distrito escolar ya se había dado por vencido y les dio todo lo que querían”. Los estudiantes de posgrado de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, están en su segunda semana de huelga. Al otro lado del Atlántico, decenas de miles de profesores y otros trabajadores universitarios están en huelga. Priya Gopal, profesora universitaria de Cambridge, Inglaterra, nos dijo: “Nos sentimos muy alentados al ver que los maestros en huelga de Virginia Occidental publicaron una imagen de sí mismos con un cartel de solidaridad con nuestra lucha… Pienso que ahora hay una suerte de conciencia colectiva en Reino Unido y en Estados Unidos de que estas luchas son contra el deterioro del sector público, contra el deterioro de la idea de la educación como un bien público”.

La huelga de Virginia Occidental inspiró a los maestros de Oklahoma, donde en gran medida los maestros ganan los salarios más bajos de los 50 estados del país. Teresa Danks, una maestra de primaria de Tulsa, fue noticia el año pasado por mendigar en las calles para recaudar dinero para las escuelas. Teresa afirmó en Democracy Now!: “Además de los salarios bajos, el elevado costo de nuestro seguro de salud y todos los demás problemas que ocurren en el aula, los docentes estamos pagando todo de nuestro bolsillo”. Un grupo de Facebook que convoca a una huelga docente estatal en Oklahoma reunió rápidamente 45.000 miembros. La huelga está programada para el 2 de abril. Acciones de lucha similares se están gestando también en Kentucky.

En los próximos meses también habrá varias huelgas estudiantiles en respuesta a la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland. Los docentes de todo el país ahora están armados; no como querría el presidente Trump, con armas de fuego ocultas, sino con el poder de la negociación colectiva y la voluntad de luchar por sus derechos.