martes, 20 de agosto de 2013

Uno de cada cuatro chicos argentinos vive en situación social precaria, según los resultados del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina

Viven en situación de hacinamiento. Por sus hogares ronda la precariedad. No asisten, ellos mismos o sus hermanos, a la escuela. Cuatro de cada diez chicos de hasta 17 años están en alguna de estas condiciones, según los resultados del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), una encuesta que relevó, en el último trimestre de 2012, la situación de 5426 niños que habitan en hogares de un conjunto de 20 centros urbanos del país.
Si se extrapolan a todo el país los datos obtenidos teniendo en cuenta los datos del último censo nacional, es posible estimar que 3,2 millones de niños y adolescentes viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Este indicador se refiere a condiciones de vida que dificultan el buen desarrollo de las personas, debido a la falta de un entorno adecuado para el bienestar. Es un dato vinculado con la llamada pobreza estructural, que permite una evaluación de la situación social bajo parámetros diferentes a los que se toman para la medición de la pobreza y la indigencia según ingresos.

El trabajo del barómetro social revela que 25,6% de los menores de 18 años viven en hogares con NBI. El índice no es muy diferente si se lo compara con los obtenidos en las ediciones de la encuesta de 2010 y 2011, de 27,6 y 26,8%, respectivamente. Entre los niños más pequeños, de 0 a 4 años, la tasa es superior: de 29,7% en la medición más reciente.
Según el análisis de la investigadora Ianina Tuñón, que coordinó el trabajo, la incidencia que tuvo el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue baja en cuanto a lograr una mejora en los índices de pobreza estructural. La prestación social comenzó a pagarse en diciembre de 2009 y, tras haber mejorado su cobertura inicial, hoy es percibida por 1,84 millones de familias, con 3,6 millones de niños. Desde junio pasado el monto es de $ 460: una parte se cobra en forma mensual y otra, una vez al año contra la presentación de certificados de escolaridad y controles sanitarios.

Leer el informe de Silvia Stang completo aquí.


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