viernes, 23 de agosto de 2013

Documento elaborado por el Sindicato Unificado de los Trabajadores Docentes de Tierra del Fuego (SUTEF)


Los maestros fueguinos se preparan para enfrentar, a partir del próximo martes 27 de agosto la indagatoria de 40 docentes que fueron imputados por el gobierno provincial de Fabiana Ríos luego de haber conquistado, a principios de 2013, un aumento salarial promedio de 43% tras una toma de la casa de gobierno que se inició al negarse la gobernadora a establecer una mesa de negociación salarial.

En defensa de la escuela pública - Documento elaborado por los docentes de Tierra del Fuego nucleados en el SUTEF sobre la política de ajuste implementada por el gobierno provincial

Desde que asumió en diciembre del 2007 y hasta el 2013 el gobierno de Fabiana Ríos se caracterizó por los ajustes realizados a los estatales en general y en particular a los docentes, mala fe negociadora en las paritarias, el vaciamiento de contenidos en la misma y reiterados incumplimientos de los acuerdo homologados. Aplicó el pago desdoblado del aguinaldo, año tras año otorgó aumentos siempre menores al fijado por la paritaria a nivel nacional, aplicó descuentos salvajes por días de paro, estableció pagos escalonados del salario, efectuó un congelamiento salarial por 18 meses, incumplió y aplicó una multa millonaria, hoy judicializada, por desacatar una conciliación obligatoria mal dictada. Además, fue el gobierno que batió record de pedidos de exclusión de tutela sindical a trabajadores estatales, criminalizó la protesta llevando a cinco compañeros de la dirigencia a juicio por tres cortes de ruta. Realizaron reiteradamente denuncias infundadas contra dirigentes que la justicia desestimó. En el ámbito de la obra social y caja de jubilaciones de los estatales han incumplido con la Ley Provincial 676 al no pagar ninguna de las cuotas mensuales establecidas para cancelar la millonaria deuda que tiene el Estado provincial con el instituto, ley impulsada por el propio partido gobernante en la Legislatura antes de asumir el gobierno. No modificó las contribuciones patronales por jubilación, hoy en el 11%, la menor del país. Incumplió con el pago de contribuciones, hubo atrasos en los aportes, pago desdoblado de sueldo a los jubilados y presentación de un proyecto de reforma de los regímenes jubilatorios que conculca derechos, aumenta edades jubilatorias y baja el 82% móvil con una reforma en el cálculo del haber y la movilidad. Así desfinanció nuestra caja.
Por otro lado, también castiga con el ajuste a los sectores sociales más desprotegidos permitiendo, al no hacerse cargo del subsidio, un incremento del 80% del gas envasado, utilizado en los barrios sin servicios y que en climas tan rigurosos es una necesidad esencial para sobrevivir.

En febrero del 2013 hubo un provocativo ofrecimiento del 8% de aumento en la paritaria docente. No llamaron a paritarias en los tiempos estipulados, por lo cual el SUTEF denunció la práctica desleal en la negociación. Cuando la Legislatura se dispuso a mediar, dieron un aumento por decreto, que luego suspendieron a los pocos días para finalmente derogarlo, sin llegar a un acuerdo salarial ni sentarse en la mesa paritaria dando excusas inentendibles. Hubo manifestaciones, movilizaciones y paros que desembocaron en una permanencia de los docentes en los edificios de Rentas de Río Grande y Ushuaia. Se hicieron movilizaciones con desobligación y con paro y retenciones de tarea por retención indebida de haberes. La Legislatura volvió a mediar y consiguió dos reuniones con el gobierno quien no logró realizar una propuesta acorde a las necesidades de los docentes. El 23 de mayo, la docencia fueguina le dijo basta al ninguneo, al manoseo, al maltrato y persecuciones constantes; basta al ajuste salarial de 5 años donde se había perdido un 80% del poder adquisitivo. Los docentes querían ser recibidos. La respuesta del gobierno fue disponer policías a ambos lados de la Casa de Gobierno, candado y cadena en las puertas, el antimotín y la represión. Así recibieron a los docentes. Luego de los disturbios, ya tarde, dejaron ingresar a un pequeño grupo de dirigentes al edificio para tener una reunión, quienes, mientras esperaban, fueron reprimidos inexplicablemente con golpes y gases por más de 100 policías en los pasillos de Casa de Gobierno. Ante estos hechos, los docentes que esperaban afuera, lograron ingresar a una de las alas de un piso del edificio. El ministro coordinador finalmente accedió a una reunión en su oficina con doce docentes, otros dirigentes gremiales que se solidarizaron sumándose a la protesta y los legisladores que mediaron nuevamente. Luego de escuchar el pedido de los docentes, el funcionario se retiró diciendo que volvería con una respuesta y no volvió. Luego de cinco días permaneciendo en el lugar, se logró una reunión para destrabar el conflicto y después de tres días más de permanencia y negociación, apareció el dinero que antes decían que no había.
Es responsabilidad del ejecutivo que se haya producido un enfrentamiento, debió ser evitado destinando los fondos necesarios a educación desde un primer momento, negociando en una paritaria seria, abriendo las puertas de Casa de Gobierno para recibir a los trabajadores y escuchar sus reclamos. No hubo decisión política para ello. Ahora injustamente quieren hacer caer la responsabilidad en cada trabajador que fue a protestar por un salario digno llevando adelante causas judiciales y sumarios administrativos, cometiendo otra vez el mismo error, volviendo a poner fuego en un conflicto que no le hace bien ni a la sociedad fueguina, ni al gobierno, ni a los trabajadores de la educación.

Repudiamos las declaraciones de la Sra. Nélida Belous, docente, ex diputada nacional y actual secretaria de Derechos Humanos del gobierno provincial, quien, ante la condena de dos efectivos de las fuerzas policiales de la provincia por torturas a un menor, justificó a dicho personal, comparándolos con los docentes que llevaron adelante el proceso de reclamo social en mayo de 2013 e igualando un docente que reclama sus derechos con quienes cometen uno de los crímenes más aberrantes a los derechos humanos. Creemos que estas declaraciones son consecuentes con la política que la Gobernadora a definido para los trabajadores.

Los abajo firmantes repudiamos todo tipo de violencia estatal contra quienes reclaman por sus justos derechos. Nos solidarizamos con los docentes y camioneros fueguinos que fueron sometidos injustamente a la persecución judicial y administrativa por parte del gobierno provincial. En el marco de los cuarenta llamados a declaración indagatoria y la apertura de sumarios administrativos a los trabajadores que protestaron el 23 de mayo del 2013 en Casa de Gobierno, solicitamos el cese inmediato de todas las causas administrativas y judiciales.

Comisión Directiva SUTEF


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