Tal como denunciamos públicamente hace dos
semanas, la justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad quitar el acceso a datos
personales de docentes a través de la cuenta
institucional @bue.
El sindicato Ademys presentó al Ministerio de Educación el reclamo formal por estos cambios, que deben realizar los docentes
en la contraseña de su cuenta en un
plazo de cinco días. La misma solicitud
implica el acceso a datos personales. Por esta razón pedimos al gobierno el cese de estos cambios que
implica una clara violación de los derechos civiles
más elementales.
Como fundamentamos en el escrito, rechazamos el uso de información privada de los docentes que configura un
procedimiento ilegal por parte del empleador, que eventualmente puede utilizar
dicha información con fines persecutorios.
Esta medida no resulta aislada, la gobernadora Vidal comunicó días atrás la contratación de una agencia para “observar” las redes sociales en relación a las manifestaciones referidas al sistema educativo. Es decir, una
política directa de espionaje
en las redes.
Rechazamos el uso de los datos personales de parte del administrador de
las cuentas y el propio gobierno de la ciudad, repudiamos la política de persecución que implica el uso de los datos privados de los
trabajadores.
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