sábado, 20 de abril de 2013

Resoluciones del plenario de secretarios generales de la Asociación de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Neuquén (ATEN) realizado en Zapala el 18 de abril, cuando la huelga de los maestros neuquinos ya casi llega a los dos meses


SAPAG, EL EMPERADOR Y EL FALLO PARA DESIGNAR SUPLENTES

Repudiamos la resolución 98/2013 de la jueza civil Graciela Beatriz Rossi, que hace lugar a la designación de suplente en la sala de cinco años del Jardín de Infantes 16 de Chos Malal.
La medida viola el derecho de huelga en este caso, contra la compañera Analía Fernández y sienta un precedente para todos los trabajadores de la educación en huelga.
Se trata de una medida coercitiva que el gobernador ha saludado. Sapag que en su discurso de inicio de sesiones legislativas anunció una consulta popular para prohibir el derecho a huelga, fue directo a su aplicación vía el poder judicial.
Tiene como base el decreto  n° 735/10 que es manifiesta y absolutamente inconstitucional. Por eso, a pesar que tiene 3 años desde su dictado, jamás pudo ser aplicado.
La educación NO es un servicio público esencial. Para saberlo basta leer la Constitución Nacional que en su art. 14 define a la educación como un DERECHO y no como un “servicio”. Lo mismo se repite en el art. 110 de la Constitución Provincial y en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros).
También la Organización Mundial del Trabajo (de la cual Argentina forma parte) fija taxativamente qué trabajos pueden calificarse como “servicios esenciales”. En ningún caso la educación ha sido incluida entre los servicios públicos esenciales porque esa definición se restringe a aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas”. Se descarta expresamente el sistema público de educación.
Sólo un déspota puede creer que firmando un decreto o resolución se suplanta lo que está escrito en las Constituciones Nacional y Provincial y los Tratados Internacionales.
Por donde se la mire esta ofensiva muestra la zozobra de la política del gobierno para presionar y obligar a que los directores informen los paros y armen “listas negras”.
El derecho de los niños y niñas es violado por el gobierno cuando un pizarrón cae sobre sus cabezas como en la escuela de San Martín de los Andes, o el cielorraso que se desplomó en la Escuela especial 1, o la puerta que se azotó en un jardín del Chocón.
La falta de partidas de alimentación y limpieza, el  transporte,  de obras escolares para garantizar un banco para todas/os, el sueldo miserable de los trabajadores de la educación (que afecta las condiciones para enseñar), etc. es una violación lisa y llana de los derechos de los niños y niñas.
Reclamamos el rechazo y apelación del fallo por parte del CPE y la derogación del decreto 735/10.
Llamamos a todas las organizaciones a pronunciarse en defensa de la compañera Analía Fernández y por la anulación del fallo y el decreto 735/10.

ACTIVIDADES

Se resuelve continuar con el paro el día viernes con recorrida de escuelas y la exigencia de la negociación para plantear todas las consideraciones que realizaron las asambleas respecto a la propuesta del gobierno.

Sábado: asamblea y plenario de secretarios generales

La propuesta del gobierno fue rechazada por las asambleas. Reclamamos la precisión en la devolución de prestaciones del ISSN, la convocatoria a una mesa salarial en donde el gobierno realice una oferta a cuenta de junio. Y además exigimos una sesión extraordinaria del cuerpo colegiado del CPE para que se vote la resolución de devolución de los descuentos por la recuperación de contenidos.
Como planteamos en la mesa de negociación, el gobierno niega el otorgamiento de un incremento salarial frente a la inflación creciente, contrasta con la aceptación de la redeterminación de precios de las empresas contratistas como lo establece el Decreto 1201/02. Existen recursos financieros suficientes pero están destinados a los subsidios a las empresas privadas, a las condonaciones impositivas, a los sobreprecios de obras y al pago de intereses por el endeudamiento creciente en la provincia, tal como lo refleja el actual proyecto de presupuesto 2013. Reclamamos el cese de todo tipo de intimidación y amenazas de sanciones que violan el derecho de huelga.
La pérdida de días de clases es responsabilidad del gobierno, ya que nuestros reclamos fueron planteados en el período de receso escolar. Es el ejecutivo y sus representantes quienes deben garantizar todas las condiciones para el normal desarrollo del hecho educativo. Y quienes teniendo en sus manos la decisión política y material de resolverlo, eligieron la prolongación del conflicto.

COMISION DIRECTIVA PROVINCIAL ATEN


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