viernes, 20 de junio de 2014

Formación docente

Alarmados por las decisiones que impulsa el gobierno de la provincia -siguiendo a rajatabla la partitura nacional- los habitantes cotidianos de los profesorados de Santa Fe han comenzado a pronunciarse contra una política que afecta a la calidad educativa.

El balance que los empuja en tal dirección es tan simple como contundente. Hace más de una década los institutos vienen resistiendo las políticas de improvisación y de ajuste hostiles a la educación pública. A principios del 2000, docentes y estudiantes, fundamentalmente a tasé de asambleas autoconvocadas, enfrentaron el intento de cierre de los institutos que no cumplieran con los "parámetros de calidad", que suponía ítems del tipo planta docente postitulada, bibliotecas actualizadas, investigación, etcétera  El proceso que se buscaba impulsar era un tsunami neoliberal similar a los de los noventa y fue bautizado: "acreditación", que -algún caramelo siempre te ofrecen- prometía la validez nacional de los títulos. A cambio, cada instituto, con sus propios recursos, tenía que afrontar la evaluación de calidad, que iba a tener como necesario efecto cierre de carreras, formaciones de una sola cohorte, proyectos especiales. En fin.

La puesta en marcha de la reforma de los diseños curriculares del Nivel Superior que se alienta en la actualidad se presentó como otra cosa, más "inclusiva", según la palabra de moda. Sin embargo, bastó que se pusieran a contar para que advirtieran una reducción de las horas de los planes de estudio a un techo de entre 2600 y 2800 horas reloj, cuando actualmente los planes tienen entre 2900 y 3000 horas aproximadamente.


El estado de deliberación fue inmediato, así como la autoconvocatoria de las asambleas, cuyo primer orador no tuvo más remedio que comenzar con el consabido: "Otra vez sopa".


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