jueves, 7 de julio de 2016

Un estudio gremial advierte que, al impacto de la inflación y el tarifazo en el presupuesto universitario, se suma el atraso del gobierno nacional en la asignación de recursos y la falta de financiamiento para programas específicos

(Por Gastón Godoy. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 4 de julio de 2016)- El presupuesto universitario no sólo fue afectado por la inflación y el incremento de la tarifas. También fue afectado durante el primer semestre por la subejecución de las partidas instrumentada por el gobierno nacional –el giro de fondos a la educación superior es incluso inferior al destinado a otras áreas de la administración pública– y por la ausencia de fondos dirigidos a los programas que venía financiando la Nación en las universidades. De los 88 programas vigentes, en 59 no hubo ninguna asignación presupuestaria en lo que va del año y sólo diez tienen un crédito que podría considerarse “normal” a esta fecha, es decir, por encima del 30 por ciento de ejecución. Los datos surgen de un informe que realizó el Instituto de Estudios y Capacitación del sindicato docentes Conadu.

“Durante el primer semestre de 2016, las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales mostraron niveles de ejecución sustantivamente por debajo de lo esperable”, explicó Gabriel Martínez, quien estuvo a cargo del informe sobre el presupuesto universitario. El economista advirtió también que el gasto realizado se concentró casi exclusivamente en el pago de salarios.

El estudio señala que de los 56 mil millones de pesos presupuestados en total para las universidades este año, al 20 de mayo pasado se habían ejecutado menos de 16 mil millones, el 28,9 por ciento del presupuesto anual. “Este nivel de ejecución se encuentra por debajo del nivel de ejecución general del sector público que es del 32 por ciento”, sostiene el informe.

Además, el dato toma otra dimensión cuando se explica que el presupuesto del que se habla se aprobó el año pasado, por lo que no se contempló la inflación y el tarifazo (que en algunos servicios públicos superó el 700 por ciento). Por esa razón, los rectores universitarios solicitaron un refuerzo de fondos. El Gobierno anunció a comienzos de mayo un extra de 500 millones, pero aún no lo distribuyó.

La comparación de este período del año en relación con el mismo del 2015 ilustra las diferencias. “El parate en la gestión se magnifica si observamos la cantidad y peso de las resoluciones firmadas por la Secretaría de Políticas Universitarias a través de las cuales se autoriza la transferencia de recursos a las universidades.” En los primeros cuatro meses de este año, la SPU firmó solamente trece resoluciones, cuando en el mismo lapso del año anterior se habían firmado 268. Las resoluciones constituyen una autorización de gasto, que puede concretarse el mes que se firmó o los subsiguientes. “Por lo tanto, no significa en sí misma una transferencia efectiva de recursos; es probable que los recursos que hayan recibido las universidades sean menores aún a los informados”, alerta el informe.

En el caso de los diversos programas desarrollados por las universidades y sostenidos por el Estado nacional con financiamiento específico, la mayoría de ellos no recibió fondos en lo que va del año. El informe de Conadu detalle que son 59 los programas con 0 por ciento de ejecución presupuestaria, a 15 se les ejecutó menos del 20 por ciento y a 14 más de ese porcentaje. La decena de programas con la ejecución esperable a la fecha son los relacionados con la Conae y la Conea, los vinculados al Ministerio de Transporte, al INTA, la cartera de Agroindustria, Dirección de Vialidad, el Instituto Geográfico y el Enargas.

Si bien a través del decreto 336/2016 el Ejecutivo resolvió dejar sin efecto desde abril a los programas celebrados entre la administración pública nacional y las universidades u otras instituciones educativas, salvo los casos en que los ministros requiriesen lo contrario, el informe destaca que “esto no significa que las distintas entidades y jurisdicciones pierdan instantáneamente el crédito presupuestario que estaba asignado”.

“Venimos de una década donde el sector universitario público fue uno de los sectores priorizados por las políticas públicas. Ayudaron a eso leyes como la de Financiamiento Educativo y la de Educación Nacional, grandes avances. Es necesario asegurar su cumplimiento e iniciar un debate en el ámbito de la comunidad educativa, para reforzarlas con una nueva ley que asegure el financiamiento que la universidad pública requiere”, señaló el autor del estudio.

Federico Montero, dirigente de Conadu, dijo que “el tema del presupuesto va a ser determinante para el segundo semestre, porque no se resolvió ninguna cuestión de fondo”. Y apuntó a la cuestión salarial, que volverá a discutirse en septiembre, cuando se abra la instancia prevista en la paritaria para relevar la inflación: “Lamentablemente, la inflación está lejos de seguir los parámetros que el macrismo pautó; ni siquiera con sus índices hubo una recomposición salarial, si la tendencia sigue es probable que se reactive el conflicto”.


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