martes, 12 de noviembre de 2013

César Martínez sindicalista y maestro de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (SNTE) de México: “en Oaxaca vivimos una guerra de baja intensidad contra los movimientos sociales”


-¿Cómo se desencadenaron las luchas en Oaxaca en 2006 y como se conformó la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO)?

-Oaxaca ha sido siempre un Estado [méxicano] muy pobre y plagado de injusticias, por lo tanto también de protesta social. Entre 2004 y 2010 tuvimos como gobernador a Ulises Ruíz Ortiz, un político vinculado al PRI que ya indicaba durante su campaña electoral que no iba a permitir más movilizaciones sociales, bloqueos de carreteras, marchas o plantones. En mayo del 2006 el Magisterio, como era habitual se concentró en la ciudad de Oaxaca [capital del Estado de Oaxaca] y se mantuvo en un plantón en la plaza del Zócalo del cual fuimos desalojados violentamente el 14 de junio.
Esta situación fue el detonante para que el conjunto de organizaciones sociales del Estado, hartos de la política represiva impulsada por Ulises Ruíz, estallaron con una serie de movilizaciones en la ciudad. Esta situación propició que la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, conocida en todo el país por ser una de las más combativas a nivel nacional, convocará a estos movimientos a la conformación de la APPO.
 A partir de entonces todas las organizaciones involucradas en la APPO, más de 360 organizaciones sociales, pedimos la renuncia del gobernador Ulises Ruíz, lo que se convirtió en la bandera de lucha para la mayoría de la población en este Estado. En realidad se desató una insurgencia civil, hubo tomas del Palacio Gobierno, la Cámara de Diputados, la Presidencia Municipal, así como de otras instituciones públicas,  llegó un momento en el que ya no había gobierno, aquí la gente se gobernaba sola.


-Estas movilizaciones vinieron acompañadas de represión. ¿Cómo se desencadenó?

-Efectivamente, el empoderamiento popular que se dio en ese momento conllevó a que interviniese el Gobierno Federal a través de unidades traídas incluso desde otros Estados y desencadenando una gran represión. En los meses posteriores están documentados 26 asesinatos contra activistas sociales, siete desaparecidos, y unos 300 encarcelamientos. A partir de ahí, se ha desarrollado una guerra de baja intensidad por parte del Gobierno que va acompañada de una estrategia paralela enfocada a dividir y sembrar desconfianza entre las organizaciones afines.
 A las organizaciones más combativas se les asesinó o encarceló dirigentes. Están documentados muchos casos, entre ellos los asesinatos de Artemio Norberto Camacho en agosto del 2009 durante una marcha de maestros, Eleazar Martínez Almaraz en diciembre del 2009 cuando se dirigía a dar clases en su centro de trabajo, los defensores de derechos humanos JyriJakoola y Betty Cariño en abril del 2010 cuando fue atacada la Caravana Humanitaria que se dirigía a San Juan Cópala, Gregorio Jaime Rosas Chávez en noviembre de 2010, Carlos René Román Salazar quien fue desaparecido en marzo del 2011, Luís Quiroz Quiroz quien además de maestro desarrollaba funciones municipales en San Agustín Chayuco en abril del 2011, Guadalupe Pérez Sánchez quien fue desaparecido en mayo del 2011, Edwin Omar García Sánchez baleado en agosto del 2011, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez tras haber sido falsamente acusado de secuestro y detenido por seis años en diciembre del 2011, Bernardo Vásquez Sánchez activista antiminero en enero del 2012 o Luís Enrique Martínez Cruz síndico municipal de la comunidad de Santa Cruz XitlaMiahuatlán en agosto del 2012.
Ante estos casos y otros, el Gobierno actúa como en el viejo oeste, ofrecen plata a través de anuncios televisivos para quien de información de estas desapariciones o asesinatos, pero no se ha llegado a nada más, la impunidad anda a sus anchas en el Estado de Oaxaca por estos asesinatos.

Leer completa la entrevista publicada por Diagonal aquí.


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