viernes, 11 de marzo de 2011

Denuncian el armado de una causa judicial contra el Centro Cultural Almagro

A un año y medio del desalojo, avanza el armado de la causa contra los integrantes del Centro Cultural Almagro. Luego de no haber aceptado las pruebas que presentaron los abogados de los docentes imputados, el juez pretende elevar la causa a juicio oral.


El Centro Cultural Almagro funcionaba hace años en el barrio de Almagro realizando diferentes actividades: un comedor para trabajadores/as cartoneros/as, asesorías legales gratuitas, actividades orientadas a los niños y a la juventud como talleres gratuitos de malabares, taller de lectoescritura, tango, teatro, entre otros. Era un espacio abierto en donde docentes de diversas áreas colaboraban en forma voluntaria, con el objetivo de desarrollar la cultura y el arte en el Barrio.
Durante los primeros años de desarrollo del Centro Cultural, algunos de sus colaboradores, realizaron denuncias a la Comisaría 9na por cobrarle coimas a los cartoneros para poder trabajar en “su zona”. Estas denuncias significaron el cierre de una importante caja de recaudación ilegal.
El día 11 de agosto de 2009, alrededor de la cero hora, los vecinos alertaron que una persona auto denominándose dueño del lugar y sin mostrar papel alguno, había comenzado a levantar una pared en la puerta del Centro Cultural, utilizando la calle como obrador. Inmediatamente se hicieron presentes un grupo de colaboradores, que a pocos minutos, a partir de una cadena de solidaridad, alcanzaron alrededor de 50 personas entre docentes y vecinos. Una vez en el lugar, llamaron a la policía para informar que una persona anónima, después de violentar la cerradura del Centro Cultural, se había dispuesto a tapiarlo en la mitad de la noche. Más tarde, luego del desalojo, trascendería que el autodenominado dueño era Bras Harriot, abogado del propietario del lugar que mediante una estafa a su cliente se había quedado con el terreno del Centro Cultural.
Luego de la llegada de personal policial de la Comisaría 9na de la Federal se generó un intercambio de palabras. Durante un primer momento la fuerza policial mantenía una actitud mediadora, reconociendo la existencia previa del Centro Cultural. La promesa de no interrumpir el funcionamiento del Centro Cultural y el compromiso de investigar la presencia del extraño intruso, generó que buena parte de los docentes se retirara del lugar quedando sólo un grupo dialogando en buenos términos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo (llamadas y cuchicheos de por medio), la actitud policial cambió, extendiendo por horas la discusión, dando cuenta de que allí se estaba pergeñando algo sucio.
Las luchas, denuncias y miles de pesos perdidos en coimas contra los cartoneros, hicieron que la mafia policial de la 9na preparara todo para cobrarse venganza ese día. Así fue que la policía empezó repentinamente a hostigar y a amenazar a los integrantes del Centro Cultural por lo que estos decidieron refugiarse dentro del mismo.
Aunque el armado de esta Causa tuvo como primer protagonista a la federal, encontró en el Fiscal Walter López su complemento ideal: sin más argumentos que un breve informe telefónico de la policía, y sin verificar ni el titulo de propiedad ni el funcionamiento del Centro Cultural, ordenó el desalojo y la ilegal detención de todos los docentes. Hubiera bastado hacer una rápida búsqueda en Internet para constatar que el lugar funcionaba desde hacía tiempo, tornando totalmente falaz la idea de que estaba siendo “usurpado” en aquel momento. Para completar el ridículo armado de la causa, la policía incluyó como prueba, fotografías de “posibles armas”, dentro de las cuales se destacaban: un gancho para chorizos, un tramontina y un cucharón, pertenecientes al comedor del Centro Cultural.
Tristemente, a este fiscal que ordenó el desalojo de un espacio para la comunidad, que se le conocen varios casos de desalojos express como éste y que procesa a docentes solidarios, no sé le conoce ninguna acción contra los transas, los tratantes y los proxenetas que envenenan esta ciudad.
Este desalojo es un ejemplo más del accionar mafioso de la Policía Federal que encuentra complicidades en las esferas judiciales y que recién en estos días comienza a tener algún estado público con las purgas iniciadas por la nueva ministra de seguridad.
Los abogados Dib, Echeverry y Yanzon, entre otros, representan a los docentes del Centro Cultural y pedirán la nulidad de la causa. Distintas personalidades y de amplios sectores, como Kestelbaum (Defensor General de la Ciudad), Alicia Pierini (Defensoría del Pueblo), Julio Piumato (CGT) y un sin fin de movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles han prestado solidaridad con los docentes del Centro Cultural.

Exigimos: 
  •  Inmediato sobreseimiento
  • Restitución del Centro Cultural Almagro


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