sábado, 5 de noviembre de 2016

La distribución de un refuerzo presupuestario de 1029 millones de pesos sólo entre 21 universidades argentinas generó el rechazo de un grupo de rectores

(Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 4 de noviembre de 2016)- El presupuesto de 76 mil millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados para las universidades nacionales generó fuertes críticas de un amplio grupo de rectores. El motivo fue una partida de refuerzo presupuestario de 1028 millones de pesos, que el oficialismo incluyó a último momento y que benefició a 21 universidades nacionales y excluyó a las otras 34. Diecinueve rectores cuestionaron el reparto arbitrario de esos fondos y apuntaron contra los diputados del PRO, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista porque no respetaron los criterios adoptados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para distribuir recursos. En una carta dirigida a los legisladores, los rectores reclamaron la “revisión urgente” de lo decidido y una mejora presupuestaria que alcance a todas las instituciones.

“Entendemos que cualquier incremento adicional que se incorpore como resultado del debate y/o acuerdo debería alcanzar a la totalidad de las universidades y no solamente a un grupo. Deberían aplicarse criterios de equidad (como los que contempla el CIN), y teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento específicas tanto para cada una de las instituciones nuevas como para aquellas consolidadas”, dice la carta enviada por 19 rectores a Luciano Laspina (PRO), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, donde el lunes pasado se acordó incorporar esos 1029 millones, luego aprobados en el recinto como parte de la ley de presupuesto.

En la carta, los rectores también expresan que como “miembros del CIN respaldamos la propuesta elevada oportunamente que estimó en 85 mil millones de pesos las necesidades del sistema para 2017”.

Las 21 universidades que recibirán fondos de la partida extra son las de Córdoba, Litoral, Mar del Plata, Rosario, Salta, Centro, Jujuy, Catamarca, Avellaneda, Patagonia Austral, San Martín, La Matanza, Lomas de Zamora, UTN, Tres de Febrero, Noroeste, Río Negro, Oeste, Jauretche, Hurlingham y Rafaela.

“Es totalmente burdo y discrecional, no tiene lógica. Desde hace muchos años que el refuerzo se define por el modelo de pauta de distribución del CIN, que tiene criterios objetivos, donde todas las instituciones recibimos algo”, explicó a Página/12 Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús. “Nadie del Gobierno explica de dónde salió esa planilla –remarcó–, los rectores beneficiados son de distintos sectores políticos. Hasta el propio Bullrich (Esteban, ministro de Educación) dijo que él no se hace cargo de esa planilla. Fue la mano invisible del mercado la que armó la planilla”, ironizó. Jaramillo dijo que en el caso de la UNLa el presupuesto debería ser de 800 millones de pesos, pero que están previstos 521 millones.

Según las fuentes consultadas por este diario, ninguna autoridad de las 21 casas de estudio beneficiadas reconoce haber pedido ese refuerzo (de hecho, los rectores de Avellaneda, Patagonia Austral y Jujuy figuran entre los 19 firmantes de la carta de reclamo enviada al Congreso). Los refuerzos presupuestarios habitualmente provienen de la llamada “planilla B” y son destinados a financiar problemas de infraestructura, programas especiales y carreras nuevas, entre otros gastos. En las universidades privilegiadas hay rectores tanto del bloque radical como del bloque peronista.

“Es imposible saber de dónde sale el criterio para la elección de esas 21 universidades, ya que no lo envía el Ministerio de Educación ni el CIN. De esta manera, los refuerzos presupuestarios son distribuidos muy arbitrariamente”, afirmó Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes. “Esto provoca una distribución que privilegia algunas instituciones –agregó–, dejando a 34 universidades nacionales sin el dinero necesario para cubrir obras de infraestructura y programas especiales, entre otros gastos.”

El agregado y el reparto de los 1029 millones de pesos también generó problemas dentro de la alianza oficialista. Más de una docena de diputados radicales se abstuvieron de votar el artículo de la ley de presupuesto referido al sistema universitario; entre ellos, José Luis Riccardo, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara baja y ex rector de la Universidad de San Luis.


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