(Ademys, Asociación
Docente de Enseñanza Media y Superior. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
miércoles 23 noviembre de 2016)- La ministra de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Soledad Acuña, y el Jefe de Gobierno
acaban de anunciar que van a firmar un decreto para modificar cuestiones
centrales en el puntaje docente. Una vez más los/as docentes nos enteramos de
las novedades a través de los medios, una muestra más de lo poco que les
importa a las autoridades la opinión de quienes todos los días trabajamos en
escuelas y colegios.
La modificación
consiste en poner tiempo de caducidad al
puntaje obtenido mediante la realización de cursos docentes que pasaría
a tener una validez de 5 años y de aumentar de 6 a 9 puntos el tope de puntaje
por cursos, a partir de 2017. Argumentan que los docentes no se capacitan en
forma permanente, una vez que obtienen el puntaje necesario, y que ante esta
situación la solución es establecer para los mismos una “fecha de vencimiento”.
¿Será que los conocimientos adquiridos son perecederos? ¿Estamos ante el
surgimiento de una nueva mercancía que se adquiere y luego de un tiempo es
obsoleta, ya no sirve?
Actualmente el sistema
es deficiente y cada docente para capacitarse y obtener el puntaje necesario
debe hacerlo fuera del horario laboral, y en la mayoría de los casos abonando
aranceles a empresas privadas que “prestan el servicio” y ofrecen mayor
disponibilidad de cursada o para aprobar el mismo. Con esta nueva modalidad el
Gobierno fomenta la privatización de la capacitación y da rienda suelta al
negocio de la venta de puntaje de la mayoría de los sindicatos de la Ciudad que
lucran con cursos y carreras al mismo
tiempo que negocian con el Gobierno a espaldas de los trabajadores. Los/as
docentes nos veremos empujados a ingresar en una lógica mercantil en donde la
formación docente se transforma en un bien de uso que debe ser actualizado
porque queda en desuso. Sólo quiénes puedan disponer del tiempo necesario para
estudiar por fuera del horario laboral, y pagar cursos de formación podrán
acceder y permanecer en el sistema, e incluso ascender a cargos de conducción.
Durante los gobiernos macristas se realizó un pronunciado
vaciamiento de la capacitación gratuita y a cargo del Estado que estaba
representada en CePa –hoy Escuela de Maestros-, mediante el cierre de
postítulos y una importante cantidad de cursos. Este mismo gobierno que dice
estar preocupado por la formación continua de los docentes, sólo prevé en el presupuesto del próximo año 53.325.236
pesos, la cuarta parte que para escuelas verdes, lo que significa que el plan
no es incentivar la formación docente continua, sino romper la lista de mérito
actual y pasar a jerarquizar los cursos que se den en ámbitos privados.
Un ejemplo claro del
objetivo privatista es la promoción de los cursos para docentes y directivos de
escuela fueron a capacitarse en la Universidad de San Andrés, en cursos que
paga el Ministerio de Educación de la Ciudad.
Hasta la fecha, sus costos para el gobierno de la Ciudad no están
transparentados como información pública en el proyecto de ley de presupuesto
ni existe documentación pública que fundamente la decisión de sostener la
formación continua en ese ámbito privado en lugar de la Escuela de Maestros (ex
CePA). Mientras se privatiza nuestra capacitación, se avanza con un politica de
evaluación punitiva hacia la docencia.
A todo esto se suma que
se intenta avanzar en la determinación de qué saberes son prioritarios,
estableciendo mayor puntaje a los cursos de determinadas áreas. Este interés
del gobierno de control ideológico, mediante la elección de aquellos saberes
“más importantes” afecta directamente la libertad de los maestros de decidir
qué quieren estudiar según las necesidades que evalúen como más relevantes
según su práctica docente, sus necesidades, su formación previa y sus
intereses.
El gobierno avanza
mediante un decreto con una medida inconsulta a los/as docentes en la
modificación de la carrera docente, destruyendo el sistema de cursos y
modificando la estructura del puntaje. Esto debe leerse en un marco más amplio
de Reforma Educativa que ya nos están imponiendo donde la privatización y la
tercerización e ingreso de empresas y fundaciones a las escuelas van de la mano
de la inestabilidad y la precarización laboral. Este avance contra los
listados, los concursos, la modificación del puntaje por cursos y antigüedad
atenta contra la estabilidad docente y va en camino de la modificación completa
del sistema de ingreso y ascenso de la carrera docente.
Desde Ademys venimos sosteniendo la
importancia de la capacitación en servicio dentro de la jornada laboral, garantizada
por el Estado en forma gratuita. La capacitación en servicio no sólo es una
instancia de formación continua sino que además se lleva a cabo en las escuelas
y son situadas, es decir, trabajan a partir de la práctica concreta de los
maestros y de los conocimientos que han construido.
Para que los docentes podamos capacitarnos y
tener una verdadera formación continua el gobierno debe empezar por garantizar
salarios dignos, reajustables semestralmente de acuerdo a la inflación, que no
obliguen a la docencia a andar corriendo para defenderse del costo de vida o
recargarse de horas y cargos para llegar a fin de mes. Que le permitan no sólo
sobrevivir, sino comprarse un libro o ir al teatro.
Desde Ademys rechazamos
enérgicamente esta modificación en el puntaje de cursos y llamamos a los
docentes a organizarnos para rechazarlo.
No a la mercantilización del puntaje.
Capacitación gratuita y
dentro de la jornada laboral.
ORGANICEMONOS PARA
RECHAZAR ESTE NUEVO ATAQUE A LA DOCENCIA
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