(Página 12. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, jueves 24 de agosto de 2017)- En el marco de la protesta en todo el país
que realiza Ctera (Confederación de los Trabajadores de la Educación de la
República Argentina), los docentes de UTE y Ademys comenzaron la movilización
desde el Ministerio de Educación hacia el Congreso. Los maestros porteños, que
llevan adelante una huelga de 24 horas, reclaman la reapertura paritaria del
gobierno de Horacio Rodríguez Larreta porque rechazan la última propuesta del
21,5 por ciento ofrecido antes del receso invernal y además piden la derogación
de la Resolución 2307, que deja fuera del Estatuto a los docentes de
idioma extranjero de enseñanza primaria.
Tanto UTE (Unión de los Trabajadores de la
Educación) como Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) consideraron
que la recomposición salarial otorgada es “insuficiente”, resaltaron que su
sueldo es “uno de los más bajos del país” y se quejaron de que es “incluso
inferior” al aumento del 30 por ciento en el Alumbrado, Barrido y Limpieza en
la Ciudad de Buenos Aires. “Paramos porque seguimos sin respuestas del
Gobierno. Estamos en la jurisdicción más rica del país y no tenemos una oferta
salarial digna. Mantienen nuestro salario por debajo de la línea de pobreza
mientras nos culpan a los maestros de todos los males de la sociedad”, agregó
esta mañana el titular de Ademys, Jorge Adaro.
Los sindicatos reclaman un aumento del 35 por
ciento, que incluya un 25 por ciento para este año y otro diez por ciento para
recuperar lo perdido en 2016 por la inflación. Además, piden que se derogue la
resolución 2307 que traslada el área de idiomas a una gerencia operativa, lo
que quitaría a esos docentes del ámbito actual y pondría en riesgo los derechos
adquiridos en el estatuto docente. “Paramos porque la ciudad más rica paga los
salarios más bajos”, manifestó el titular de UTE, Eduardo López.
El 10 de agosto pasado, el Gobierno porteño
informó que “acordó paritarias con 15 de los 17 gremios docentes que funcionan
en la Ciudad de Buenos Aires”, a los que adjudicó “una representatividad del 85
por ciento de los maestros y profesores” que ejercen en la Capital
Federal. Sin embargo, UTE y Ademys aseguraron que se enteraron “por los medios”
de que el resto de los sindicatos habían aceptado, aunque señalaron que eso no
implica que no convoquen a una nueva reunión con los dos gremios que la
rechazaron.
En declaraciones con Radio Rivadavia, Adaro
advirtió que el conflicto “es mucho más grande” y mencionó el proyecto que
impulsa el Gobierno para reformar la escuela secundaria que “va a terminar de
destruir el sistema de educación media”. Respecto a la medida de fuerza,
resaltó que afecta "fuertemente el dictado de clases”, aunque aclaró que
“otros sindicatos que tienen mucha menos presencia van a ir a trabajar”.
Ayer, el gobierno porteño adelantó que
descontará la jornada no trabajada y minimizó el impacto que tendrá la medida.
Esta mañana la ministra de Educación, Soledad Acuña, consideró que la protesta
es “un paro sindical” y no “un paro docente”, y además cargó contra los dos
gremios. Si bien la ministra admitió que UTE es el sindicato que “tiene la
mayor cantidad de afiliados”, puso en duda que sea “el más representivo”,
mientras que calificó a Ademys como "un gremio de izquierda, absolutamente
minoritario, que nunca acepta ningún acuerdo".
En el ámbito nacional, CTERA lleva adelante la
primera jornada de protesta contra el flamante ministro Alejandro Finocchiaro,
para que finalmente se convoque a la paritaria nacional docente como dicta la
ley, para que el Congreso trate la propuesta de nueva ley de financiamiento
educativo y aumenta la inversión. Rechazan también "todo intento de
flexibilización laboral" y de "reforma jubilatoria" y
cuestionan al Plan Maestro que impulsa la Casa Rosada, que ha omitido a
los maestros del debate sobre la educación.
Como el resto del país, se preguntan también "¿Dónde está Santiago Maldonado?" y exigen su aparición con vida, después de 23 días sin respuestas del Gobierno ni a las familias ni a los organismos de derechos humanos.
Como el resto del país, se preguntan también "¿Dónde está Santiago Maldonado?" y exigen su aparición con vida, después de 23 días sin respuestas del Gobierno ni a las familias ni a los organismos de derechos humanos.
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