El gobierno que repite que “no odiamos lo suficiente a los periodistas” buscó un juez abrumado por denuncias de acoso laboral y sexual para lograr que se ejerza la censura previa de los posibles audios de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y para ordenar el allanamiento de periodistas. En medio de denuncias cada vez más extendidas sobre corrupción, el gobierno no promueve la creación de un 0800 para recoger más denuncias como lo ha hecho cuando se trataba de perseguir a los movimientos sociales o cuando se recusaba un adoctrinamiento en la educación sino que apela al repertorio reaccionario y autoritario de prohibir e intimidar al periodismo.
Denunciamos esta acción. Defendemos el derecho a la libertad de información y de denuncia. Exigimos una investigación independiente que condene a quienes vienen a desguazar el Estado (hasta en sus áreas más sensibles como la de discapacidad) y encima a llevarse el retorno de la corrupción.
AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)
No hay comentarios:
Publicar un comentario