Desde su fundación la AGD denuncia el derrumbe de las condiciones materiales en el sistema educativo y en particular en la Universidad de Buenos Aires.
Esta denuncia se verificó una y otra vez en la falta de gas, agua y hasta en el derrumbe de ascensores, ventiladores y mamposterías.
Por eso una de las principales reivindicaciones es el incremento del presupuesto y la conformación de comisiones de seguridad e higiene donde docentes, no docentes y estudiantes podamos controlar las condiciones en que desarrollamos nuestras tareas.
Ahora bien, por diversos medios de comunicación nos enteramos de llamados a licitación para la reparación de las sedes de Eudeba, el Pabellón III de la Ciudad Universitaria y la continuación del siempre inacabado edificio de la Facultad de Ciencias Sociales.
El conjunto de estas obras insumiría $80 millones, una cifra más que importante. El movimiento docente desconoce el contenido de las obras, si estas se adecuan a las necesidades de la enseñanza e investigación, si los costos son los reales y si no incluyen sobreprecios en favor de las constructoras que ganarán la licitación.
Pero lo más grave de todo este proceso es la financiación de estas obras. El gobierno y la universidad las pagarán incrementando la deuda externa a través de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina.
Esto lo hacen en un año donde la recaudación del Estado alcanzó un récord, del que se jacta el gobierno; producto de un sistema tributario donde los trabajadores pagamos tanto el impuesto al salario como el IVA sobre los productos de primera necesidad.
El gobierno y la universidad lo hacen como parte de una política más general de normalización de las relaciones financieras con los organismos multilaterales y los bancos (el pago a Repsol, al club de París y al Ciadi).
Esta política, sin embargo, tiene un nuevo componente: asociar a las universidades públicas en el proceso de reendeudamiento y por lo tanto comprometerlas aun más en la mercantilización y privatización de la educación superior que impulsan el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, algo que en su tiempo ya intentara el entonces ministro Daniel Filmus con su política de canje de deuda por educación.
La AGD, como lo hace con los fondos de la minería contaminante de la Alumbrera, repudia estos fondos que serán pagados por generaciones,; exige la triplicación del presupuesto educativo para obras, becas y salarios, financiado por impuestos a las grandes fortunas y sigue reclamando la abolición de los impuestos al salario de los trabajadores.
Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA)
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