En contra de la Reforma del Código Procesal Penal en la provincia de Salta

Eso que, para economizar palabras, se suele llamar “la comunidad universitaria” estaba invitada a participar de la movilización que se realizaría el martes 3 de diciembre frente a la Legislatura Provincial, a eso de las seis o siete de la tarde, cuando el sol de diciembre afloja un poco. El motivo era repudiar las modificaciones al Código Procesal Penal Provincial que se buscan imponer en Salta.

La reforma fue aprobada por el legislativo provincial hace unas semanas, y autoriza  a la policía a la requisa personal, sin orden judicial, con la finalidad de hallar cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo. Todos son bien conscientes de que el “nuevo instrumento legal”, como lo denominan eufemísticamente las autoridades, supone el avasallamiento de derechos elementales, y habilita a la fuerza de seguridad a actuar con metodologías propias de las dictaduras.

Encima se trata de esa misma policía que está en la mira por casos de gatillo fácil, por torturas y abusos, y que ahora tendría la posibilidad de plantar pruebas con el respaldo de la ley y justificar su accionar represivo y autoritario en supuestos delitos que el mismo cuerpo podría evaluar.

Una norma así no irá en contra de los narcotraficantes, sino contra jóvenes, vecinos, opositores y todos los sectores económica y políticamente más débiles; estará para reforzar la represión y el disciplinamiento. “Mirá vos”, dice uno de los primeros del sindicato docente en llegar, “si se puede permitir que la cana cuenta con facilidades de este tipo en la tierra de Aníbal Verón”.