(Por Fabián Araneda,
vicepresidente de la Fedaración de Estudiantes de Chile)- Aunque se le ha
tratado de dar por muerto en variadas oportunidades, el movimiento estudiantil
chileno sigue demostrando que sus planteamientos y convicciones están
plenamente vigentes y que su lucha sigue siendo necesaria. El sistema de
educación superior nos devela cada semana nuevos capítulos de una crisis
largamente anunciada, ante la cual los intereses el duopolio político
(Concertación y Alianza), en defensa de los intereses económicos de los grupos
empresariales, pretendían hacer oídos sordos. El grito de la calle pudo más y
hoy nos enfrentamos a la necesidad de cambios estructurales que nadie puede
soslayar.
Ningún cambio en educación superior tendrá legitimidad sin la participación activa del movimiento por la educación, conformado por estudiantes, académicos y trabajadores. Los estudiantes fuimos capaces de convocar a amplios sectores de la ciudadanía para defender el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad y terminar con el lucro. Estas demandas, sentidas y arraigadas hoy en el conjunto de la sociedad chilena, no tienen vuelta atrás. Lo hemos dicho hasta el cansancio: este sistema no admite nuevos parches. Se requieren transformaciones de fondo.
Sin embargo, persiste en la postura gubernamental la política de fragmentar vía proyectos de ley el debate. Así, hace unos días se envió el proyecto que reestructura el sistema de acreditación y la Comisión Mixta del Senado aprobó en general el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento estudiantil, que sigue fomentando la lógica crediticia y el endeudamiento. Esto último contó con la aprobación de los senadores Carlos Cantero e Ignacio Walker y de la senadora (designada) Ena Von Baer.
Ante este panorama, ¿cómo seguimos avanzando?
Lo primero, es mantener en alto nuestras banderas. Hemos logrado que todo el país ya sepa que era cierto cuando denunciamos que había empresarios de la educación superior que trasgredían la ley y lucraban, traspasando excedentes desde las instituciones a inmobiliarias creadas para tal efecto. Hoy están siendo investigadas 11 instituciones por dichas prácticas, habiendo incluso ex rectores procesados. No obstante, no perdemos de vista que las que han salido a la palestra son instituciones de importancia menor, permaneciendo aún protegidas las universidades donde se alojan los intereses de los principales grupos económicos del país.
En segundo lugar, la crisis de la Universidad del Mar deja en evidencia el nivel de desprotección en que están los estudiantes y sus familias ante los negociados de privados inescrupulosos. El Estado toma palco, arremete tardíamente con medidas efectistas (cierre de la universidad), dejando para el final las eventuales ‘soluciones’ para los estudiantes estafados. Un escándalo.
Los estudiantes debemos sostener nuestras convicciones. Hasta aquí, el tiempo nos ha dado la razón. La crisis de la educación superior no era una ficción. Por ello, los ejes de nuestro accionar debieran focalizarse en los siguientes puntos:
1. Promover una Reforma Estructural al sistema de educación superior.
Esta reforma requiere un rol preponderante del Estado en materia de financiamiento y regulación del sistema. La práctica del autofinanciamiento de las instituciones solo ha beneficiado al sector privado más consolidado (que cuenta con grupos económicos detrás que le sostienen), el que se ha enriquecido a costa de los elevados aranceles estudiantiles y los aportes fiscales indirectos. Por otro lado, la desregulación ha dado pie a instituciones precarias y de mala calidad, que son incapaces de entregar una buena formación, por lo que transforman la ilusión de un título profesional en una vulgar estafa.
2. El Estado debe financiar las universidades públicas.
Las universidades públicas funcionan a duras penas, con bajo aporte estatal y con restricciones legales para ‘competir’ en igualdad de condiciones con el sector privado. Es indispensable aumentar los aportes basales de libre disposición y darles márgenes de acción que vayan acordes a su fortalecimiento. El Estado debiera en el mediano plazo hacerse cargo íntegramente del financiamiento de sus universidades.
3. Democratización de las universidades.
Es clave no perder de vista el problema de la democratización. Debemos ocupar los espacios de deliberación y decisión al interior de las universidades: Consejos de Carrera, Facultades, Comisiones, etc. Asimismo, es indispensable la derogación del DFL N°1 del 3 de enero de 1981, que en su artículo 22 prohíbe explícitamente la participación de estudiantes y funcionarios en la gestión de las instituciones, así como en la elección de las autoridades.
Los estudiantes no podemos conseguir estos logros solos porque, entre otras cosas, van en beneficio de las nuevas generaciones y de un país más justo. Al interior de nuestras comunidades universitarias es clave concordar posiciones con los académicos proclives a estos cambios. Incluso los rectores, particularmente los del CRUCH, debieran entender que la lucha por aumentar los aportes basales a las instituciones del Estado es una pelea conjunta. Ellos no pueden seguir administrando miseria o mendigando fondos concursables que no garantizan recursos permanentes para financiar el quehacer de las universidades en docencia, extensión e investigación. Menos aún pueden pretender financiar esta tarea vía aumento de aranceles a los estudiantes. Tampoco los Rectores debieran caer en el juego de disputar los escasos pesos entre ellos, sin tener una mirada de conjunto en la defensa de la educación pública.
Si una lección clara nos brinda las experiencias del 2011 y 2012, es que la lucha y la organización son las herramientas que nos han permitido instalarnos como actores relevantes, y posicionar las demandas de los movimientos sociales. Ése es el camino que debemos profundizar.
