sábado, 23 de abril de 2016

El ajuste en los medicamentos de cobertura 100% por el PAMI es parte de una política de desconocimiento de los derechos de los jubilados y pensionados

(Por Lidia Meza, Secretaria de Previsión Social de la CTA,Central de los Trabajadores Argentinos. ACTA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 11 de abril de 2016)- Mediante la Resolución 439, del 30/3/2016, el Interventor del PAMI (Programa de Atención Médica Integral) excluye más de 150 medicamentos de la “Provisión de Medicamentos por Razones Sociales” y cuya cobertura se daba al 100%, a los beneficiarios de la obra social.

Para tomar tan grave decisión, que impacta en los recursos de los beneficiarios, se menciona un trabajo realizado con una agencia denominada Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria que reveló el uso extendido de fármacos cuya ”evidencia médica disponible no resulta suficiente para determinar beneficios clínicos significativos”.

Invoca para ello el “principio de racionalidad en la administración de los medicamentos cuya cobertura el INSSJP (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) asegura a los beneficiarios”.

Por supuesto, no interesa la opinión de los trabajadores y jubilados sino la de pseudo especialistas en racionalización y eficiencia administrativa.


Es evidente que los jubilados, pensionados y beneficiarios del PAMI se encuentran en una situación crítica. El Instituto, que es un ente público no estatal, que de acuerdo a nuestro sistema constitucional (art. 14 bis) debe ser administrado por los jubilados y pensionados, con participación del Estado, está desde hace décadas en manos de interventores (verdaderos gobiernos de facto) que usan sus recursos para fines distintos de los de garantizar, en forma integral, la salud de sus verdaderos dueños.

Actúan como si fuera dinero propio del Estado y no recursos producto del salario de los trabajadores y jubilados.

Con el gobierno de Macri se mantiene la situación ilegal que implica un poder de hecho en el PAMI, agravada por el regreso a una concepción, que primó en los noventa, de considerar a los titulares de derechos (jubilados y pensionados) como consumidores, sujetos a los cuales, de un día para otro, se los puede privar, en este caso de medicamentos, por razones de eficiencia.

En lugar de ampliar los derechos de los beneficiarios se los recorta sustancialmente con argumentos que dicen “hacer más eficiente el sistema”. En donde, con la excusa de que detectaron afiliados fallecidos a los cuales se les seguía recentando y fármacos sin efectividad clínica comprobada, se resuelve castigar a los jubilados, es decir reducir la cobertura de medicamentos.

Estos personajes siempre acuden a los mismos argumentos, ni siquiera son creativos: mejorar las prácticas y los controles para hacer más eficiente y transparente el sistema

No se piensa, por supuesto, en las necesidades de los jubilados y pensionados sino en el “sistema” que en realidad encubre el uso indiscriminado de los recursos del PAMI, para sus propias necesidades. En este caso reduciendo las prestaciones de medicamentos. En realidad es un ajuste en las prestaciones, vendrán otras. No resulta lógico, ni racional, decir que se mantiene el descuento, del el 50 u 80%, en los medicamentos excluidos si estos fueran ineficaces.

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