La declaración es una continuidad de la política de sus autoridades de formular denuncias judiciales por discriminación contra aquellos que condenan el genocidio de la población palestina por el Estado de Israel, comparando al sionismo con el nazismo o caracterizando públicamente el antisionismo como antisemitismo.
La DAIA nunca convoca al debate público sobre estos temas. Procura, cual moderna Inquisición, limitar la libertad de expresión y hasta del propio pensamiento, generando pánico en la población. Recurre para ello a una reiterada trampa semántica consistente en identificar al sionismo con el judaísmo, de forma tal que toda crítica al primero pueda ser calificada como un ataque a la comunidad judía y, por lo tanto, perseguible penalmente. De esta forma, ni el sionismo ni el Estado de Israel pueden ser objeto de críticas, aun cuando sean responsables de todo tipo de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como ya han admitido la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

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