(Por Fran Pérez. Kaosenlared, Barcelona, lunes 23 de noviembre de 2014)- El movimiento de ocupación de escuelas comenzado el 9 de noviembre contra la reorganización que impulsa Alckmin cobra cada vez más fuerza a pesar de la represión policial.
Tras semanas de lucha y manifestaciones masivas ignoradas por el gobernador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSBD) contra la reforma educativa que pretende cerrar según los datos oficiales 94 escuelas para especializar los centros educativos en los distintos ciclos en los que está dividida la enseñanza, estudiantes, padres y profesores ocuparon el 9 de noviembre la Escola Estadual Diadema, que fue cercada y reprimida por la Policía Militar, que amenazó con disparar, pero no fue suficiente para impedir que finalmente entrasen en la escuela.
El 10 de noviembre nos despertábamos con la noticia de que una segunda escuela, la E. E. Fernão Dias, había sido también ocupada, y resistió a las amenazas de la Policía Militar de echar abajo las puertas bloqueadas para desalojar violentamente a los estudiantes. Dos estudiantes fueron detenidas cuando pretendían salir de la escuela. Los estudiantes comenzaron a establecer un modelo de organización de la ocupación que se repetiría en las sucesivas ocupaciones, repartiéndose las tareas de cocina y limpieza, con un movimiento de carácter asambleario y horizontal que sabe expresarse y utilizar bien los medios y que realiza diversos actos culturales, organiza manifestaciones y se solidariza con otros movimientos como ocurrió recíprocamente al día siguiente con los obreros de Usimina que fueron reprimidos en un piquete para paralizar la siderúrgica que había anunciado el despido de cientos de ellos. Además, las clases no han dejado de impartirse durante las ocupaciones, y esto ha sido posible mediante formularios en Internet que pedían voluntarios para dar clases en las escuelas ocupadas: en 8 horas más de 1.300 personas se habían presentado voluntarias para dar clase.
El 11 de noviembre la E. E. Diadema estaba ya ocupada por cientos de alumnos y el perímetro de la E. E. Fernão Dias fue bloqueado durante unas horas por más de 100 agentes de la Policía Militar.
El 12 de noviembre casi 100 alumnos ocupaban, recurriendo a las barricadas ante la violencia policial, la E. E. Salvador Allende, y pronto se unirían las escuelas E. E. Valdomiro Silveira, Heloisa Assumpção y Castro Alves.
El 13 de noviembre la policía impedía la realización de asambleas estudiantiles y detenía a 2 alumnos de la E. E. Ciridião, y reprimía en la E. E. Fidelino Figueiredo, deteniendo a otras 3 personas. La E. E. Oscavo de Paula fue ocupada por casi 250 alumnos, junto con la E. E. Antônio Manoel y Silvio Xavier. Además la Policía Militar daba de plazo hasta el lunes 16 a los alumnos de la E. E. Diadema si no querían ser desalojados violentamente. Por la noche ya eran 16 las escuelas ocupadas. El gobierno anunció ese día que serían 92 en vez de 94 las escuelas que cerraría con la reorganización escolar que se implementará en 2016.
El 16 eran 29 las escuelas ocupadas y no hubo desalojo, el 17 rondaban las 40, el 18 eran 58, el 19 eran 74 y el 20 eran 84 las escuelas ocupadas y el MST (Movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierra) apoyaba con 1.000 litros de leche, 500 de zumo de uva y 1.000 chocolates a los estudiantes que ocupaban las escuelas. Hoy, 23 de noviembre, son 110 las ocupaciones confirmadas (hasta 122 posibles).
Los estudiantes denunciaron represión que no solo se dio en forma de detenciones arbitrarias, uso de balas de goma, porrazos y uso de gas pimienta en espacios cerrados, sino que se llegó a la agresión sexual en Marília, apretando la Policía Militar los senos de las estudiantes, mayoritariamente menores de edad, que allí estaban protestando, provocándoles dolor y enrojecimiento de la piel.
Paralelamente al fortalecimiento del movimiento, a pesar de que algunas pocas ocupaciones no resistieron la represión policial, los estudiantes ya no solo exigen a Alckmin la paralización de la reorganización escolar: ahora sus exigencias se dirigen tanto a Alckmin como a Dilma e incluyen la disminución de alumnos por aula, la apertura de escuelas, la contratación de profesores y mejora de sueldos, la democratización del sistema educativo de modo que los alumnos y profesores decidan cómo educar y ser educados y la suspensión del SARESP (Sistema de Avaliación del Rendimiento Escolar en el Estado de São Paulo), un baremo que establece un ranking de centros educativos en función de los resultados académicos obtenidos en las evaluaciones, que tendrán lugar el 24 y 25 de noviembre, sin tener en cuenta que según la situación geográfica de la escuela (barrios más o menos pobres) las necesidades educativas son unas u otras y los resultados son distintos, sin tener en cuenta que la educación, y más aún en cursos tan bajos, no consiste en la chapatoria y reproducción de contenidos, y sometiendo a los profesores a una presión enorme para alcanzar buenos resultados en comparación con otras escuelas porque en función de la cualificación será destinado un mayor o menor presupuesto para dicha escuela, con lo que las escuelas se convierten empresas de competición; es decir, el objetivo del SARESP es el de que la educación reproduzca todavía más los estratos sociales, acentuando las diferencias y distinguiendo entre centros educativos especializados y marginales. Parar la reorganización es ya tan solo la condición básica para negociar con Alckmin.
El motivo de estas protestas, requiere de una puesta en contexto de la situación que está atravesando Brasil.
Brasil es un país en el que el 48% de los municipios carece de agua potable (2.716 de 5.570). Tan solo en la región de Ceará, 960.000 personas (252.000 familias) carecen de suministro eléctrico: viven a oscuras. El estado de la sanidad es deplorable, si en España muere gente en lista de espera habiendo 4 médicos por cada mil habitantes, puede imaginarse el lector cuál debe ser la calidad de la sanidad brasileña habiendo 1,8. Entre el 7,8 y el 15,5% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según los criterios empleados en el estudio.
En este contexto llegan los megaeventos a Brasil: Tomorrowland, Jornada Mundial de la Juventud, Copa Confederaciones, Copa Mundial y Juegos Olímpicos. Se hizo un mito de que Brasil ganaría con el mundial y los Juegos Olímpicos, pero es falso: Brasil ha tenido que incrementar la deuda con la banca para infraestructura y gasto militar, como la construcción del estadio de Manaus (270 millones de dólares) que solo sería llenado en 4 partidos del mundial, mientras la FIFA evadía hasta 250 millones en impuestos. La evidencia son los datos de gastos e ingresos de Brasil: los ingresos aumentaron, pero la diferencia entre gastos e ingresos también (siendo los ingresos superiores a los gastos).
Con la excusa del mundial han sido desalojadas 250.000 personas, mayoritariamente de favelas. Tan solo en Rio de Janeiro, en cuya área metropolitana 800.000 familias no tienen casa, se demolieron 67.000 hogares. A estas familias, tal y como denunció Amnistía Internacional, no se les notificaban las demoliciones y se les prometía una paga que rara vez recibían y no les permitía comprar o alquilar otra casa. La Policía Militar intervino las mayores favelas asesinando entre 2009 y 2013 a unas 11.000 personas y por la noche se asesinaba a los “niños de la calle” para limpiar las ciudades, no fuesen a resultar los niños pobres molestos a la vista del turista.
Mientras desalojaban a los brasileños, la inflación se disparaba desde los 2.500 puntos en 2005 hasta los casi 4.500 en 2015, y el alquiler del piso crecía tan solo entre 2011 y 2012 un 10% en las 9 principales ciudades de Brasil, en las que 1,8 millones de familias vivían sin techo o en una residencia en condiciones deplorables. No solo los desalojaban, también subían el precio del alquiler como consecuencia de que fuesen los ricos de Occidente a divertirse en su piso de lujo construido sobre sus casas.
La deuda pública aumentó un 17,28% desde julio de 2014 hasta julio de 2015, siendo un importantísimo factor el gasto económico que están suponiendo los megaeventos. Si la deuda era de unos 150.000 millones de dólares a principios de 2007, en 2015 era ya de 350.000.
Como consecuencia a Brasil le tocan años de duros recortes sociales. El país con el transporte público más caro del mundo abrió 2015 con un aumento del precio del transporte público de São Paulo de un 17%. Ante los recortes que está aplicando y continuará el gobierno, se han introducido cambios legislativos para la criminalización y represión de la protesta, aprobándose una Ley Antiterrorista que penará con hasta 30 años de prisión el destrozo de mobiliario urbano y la reducción de la mayoría de edad penal desde los 18 años a los 16 de edad (que aún no completó su proceso de aprobación y es posible se paralice sobretodo debido a las abundantes protestas), de modo que así el desalojado sin nada que perder al que le han destrozado la vida que proteste quemando un contenedor contra los recortes o contra los Juegos Olímpicos, será enviado a prisión y el hecho de que los protestantes sean mayoritariamente jóvenes no supondría ningún inconveniente para la represión: los manifestantes tendrán miedo de ser reprimidos (por algo que hagan ellos o por algo que hagan otros y los detengan a ellos en su lugar) y se quedarán en casa.
La tasa de analfabetismo alcanza el 13,3% en brasileños mayores de 15 años según los datos del gobierno de Brasil, y la disminución del gasto educativo en detrimento tiene como consecuencia que la policía, cada vez más presente en las escuelas de la periferia, se esté encargando usando la ley de solucionar conflictos que le correspondían a los órganos pedagógicos mediante el diálogo.
En estas condiciones, Alckmin ha aprobado a comienzos de octubre la reorganización escolar en São Paulo con el objetivo de recortar 2.000 millones de reales (algo más de 500 millones de euros). Digamos, por lo tanto, que para que tú disfrutes de los Juegos Olímpicos, los niños brasileños no podrán estudiar.
Esta reorganización significa que las escuelas pasarán a especializarse en educación básica, secundaria o superior (pero no ambas), y es una reforma que incluye el cierre de 94 escuelas (92 según el último cambio debido a las protestas) oficialmente, llegando a quedar separadas entre sí por una distancia de 3 km (los alumnos de São Paulo van a estar hasta a una distancia de 1,5 km en línea recta de su colegio), pero, lo que aún es peor, según reporta la cadena SPTV este dato es ficticio y la reorganización provocaría el cierre de más de 400 escuelas (según Bloco de Lutas, 477). Esto significa que una gran cantidad de estudiantes (los más pobres) no podrán acudir a la escuela. 311.000 estudiantes serán cambiados de colegio sin su consentimiento a partir de 2016.
Se despedirá a profesores sin plaza fija y otros trabajadores de limpieza y comida escolar, además de que se espera una contundente bajada de sueldos. El personal educativo no fue tenido en cuenta ni informado de esta reforma.
Según lo estimado parece imposible que se mantenga el límite de alumnos por aula actual (nunca superior a 40). De hecho, tras el cierre ya producido al comienzo de este curso de 2.400 clases, se pudieron alcanzar los 90 alumnos matriculados en un aula, según el sindicato APEOESP. De hecho, ya en febrero el diario Estadão había reportado aulas con hasta 85 estudiantes.
Los estudiantes de São Paulo necesitan apoyo internacional y visibilidad, del mismo modo que también a nosotros nos puede resultar útil para tomar ejemplo e incluso solidarizarnos con ellos activamente.
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