No a la requisa militarizada y las prácticas vejatorias del Servicio Penitenciario Federal en el Centro Universitario Devoto

El Centro Universitario Devoto (CUD), creado hace 25 años por iniciativa de un grupo de internos alojados en el penal, fue institucionalizado en 1985 por convenio firmado entre el Rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Dicho Convenio establece el derecho a la educación superior de las personas privadas de su libertad, y hoy funciona dentro del Programa UBA XXII de Educación en cárceles, y cuenta con un Ciclo Básico Común, seis carreras universitarias, y una serie de cursos y talleres extracurriculares, entre ellos computación y Asesoría jurídica gratuita. De allí que se haya constituido en un referente internacional de ese tipo de proyectos educativos para personas privadas de su libertad, sobre todo porque ha mostrado la casi nula tasa de reincidencia de los estudiantes.

Ese espacio de crecimiento intelectual y moral trata de establecer un puente que facilite la transición de las personas detenidas con la sociedad exterior, y de romper con el imaginario social montado alrededor del mundo carcelario. El sistema de relaciones que genera entra en contradicción con la lógica penitenciaria en la que son formados los agentes del SPF, que impulsa permanentemente prácticas coercitivas y violatorias de los derechos humanos de estudiantes y docentes, que se han agravado en el último mes. El día 23 de septiembre, un grupo de requisa armado, con orden judicial, originada en una denuncia contra un estudiante del Centro, irrumpió violentamente en una clase sin haber notificado previa ni posteriormente a ninguna autoridad de la UBA, tal como lo establece la ley, desalojando bruscamente al docente y a los estudiantes. Suspendió arbitrariamente las clases durante dos días, procedió al traslado de estudiantes y coordinadores internos residentes, transformó la Sala de profesores en un espacio enrejado sin destino aparente, y trasladó compulsivamente el lugar de los cursos y talleres extracurriculares a otros espacios de la cárcel. En suma violó la autonomía universitaria y el principio de autogestión con que funciona el Programa desde hace 25 años. Ante este atropello injustificado, 6 estudiantes y un graduado recibido en el CUD han iniciado una huelga de hambre.

Por todo ello, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denuncia y repudia la acción del SPF en el CUD y reclama al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que haga respetar los convenios firmados y que garantice los derechos de quienes integran la comunidad que asiste al Centro y favorezca el crecimiento y desarrollo del Programa de la Universidad. Exigimos asimismo el cambio de esas prácticas penitenciarias violatorias de los derechos humanos, normas impuestas durante la dictadura, reiteradamente denunciadas en todo el país, pues no han mostrado nunca efectividad en los resultados, ni con los detenidos ni con el propio personal penitenciario.