miércoles, 26 de agosto de 2015

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) junto a ATE (Asociación de los Trabajadores del Estado), seccional Capital se movilizó el jueves 20 de agosto a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir el aumento de las asignaciones familiares y del presupuesto de la educación pública

Mientras el PRO votó a nivel nacional el aumento de las asignaciones familiares en la Ciudad las mantiene congeladas hace más de dos años. En el mismo sentido, el gobierno de Macri en 5 años redujo el presupuesto educativo en más de un 6% ya que pasó del 26,3% en el 2010 al 20,5% en el 2015. Varios Diputados como Lorena Pokoik, Claudia Neira y Virginia González Gass presentaron proyectos para aumentarlas, sin embargo el bloque del PRO se niega sistemáticamente. La UTE presentó un pedido al Legislador Daniel Lipovesky, que preside la comisión de Legislación Laboral en este sentido y si bien reconoció la legitimidad del pedido no dio ninguna respuesta concreta.

También se reclamó que el gobierno de Mauricio Macri respete el derecho a huelga y no castigue a los docentes con un descuento por el paro realizado para exigir justicia por Agustín, por la restitución a sus cargos de las maestras del Jardín Nº 2 de Flores y por políticas que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

La única respuesta del ministerio de Educación a la contundente movilización de la comunidad educativa fue descontar el día de paro. Por eso el 27 de agosto la UTE se movilizará junto a ATE Niñez, organizaciones de médicos de la ciudad y profesionales de los equipos de orientación de las escuelas para exigir la inversión estatal en políticas de infancia. 

En el acto realizado en la puerta de la Legislatura Junto al Secretario General adjunto de UTE, Guillermo Parodi, estuvo el Secretario de Organización de ATE Capital Daniel Catalano.
Parodi recordó que “el gobierno de Macri gastó 8 millones de pesos en ornamentación navideña en edificios del microcentro cuando construir una escuelas ronda los seis millones de pesos”. Y sentenció:” Está claro que Macri prioriza la obra pública que asegura negocios y no aquella que garantiza derechos”. 


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