(ANRed. La Plata, jueves 15 de mayo de 2014)- El 14 de mayo del año pasado, en horas de la mañana, eran detenidos en medio de forcejeos, golpes y amenazas Alejandro Sánchez Moreno, Silvia Valdez Ávalos, María Inés Uro y Miguel Ciappina, integrantes de la Junta Interna de ATE Educación, y también Marcelo Ardeti, miembro de la agrupación estatal "Hijos del 55", todos trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE).
La violenta detención había sido realizada por efectivos de la Policía Bonaerense vestidos de civil, cuando los delegados salían de una reunión en las oficinas del encargado de la negociación colectiva de la cartera educativa, Daniel Montes de Oca. En tanto, Arditti fue detenido bajo la misma modalidad al salir de la Torre Administrativa I de La Plata. En su caso, fue ingresado a la fuerza a un auto particular, sin identificación policial, lo fue denunciado por los trabajadores como un liso y llano secuestro.
Todos ellos más Giselle Mendoza, también integrante de la Junta Interna, que no llegó a ser detenida, habían sido procesados por "coacción agravada", en una causa iniciada por la titular de la DGCyE, Nora De Lucía, como represalia ante la histórica toma realizada en 2012 por los trabajadores del organismo en rechazo al despido de 140 trabajadores y contra el ajuste y vaciamiento implementados por la Gobernación provincial, que había querido aquel año fraccionar el aguinaldo en cuatro cuotas.
La respuesta por parte de los trabajadores y las trabajadoras de la DGCyE, con apoyo de organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles, fue inmediata. Minutos después de que fueran ingresados a la DDI ubicada en 61 entre 12 y 13, ya había cientos de personas pidiendo por su liberación. De hecho, una caravana los escoltó hasta el Juzgado Penal de calle 8 entre 56 y 57, donde iban a ser indagados por el fiscal Tomás Morán.
La multitudinaria movilización derivó en la instalación de un cerco a los tribunales que impidió que los trabajadores y las trabajadoras procesadas pudieran ser trasladados a un penal, y luego forzó la excarcelación extraordinaria que tuvo que dictar el Juez César Melazo, luego de la cual fueron liberados.
Ayer la Junta Interna de ATE Educación realizó un acto y festival frente a la sede de la DGCyE para reclamar la nulidad de una causa a la que consideran “trucha”. La legitimidad del reclamo quedó clara en la amplitud y la unidad de la convocatoria que empezó por la mañana y continuo hasta las 17hs.
La comisión de familiares de los procesados; las juntas internas de distintos organismos del Estado provincial (Dirección de Estadística de Economía; Secretaría de Derechos Humanos; Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo Social; Dirección de Mantenimiento; Ioma; Arba-Economía, entre otras); la seccionales de ATE Sur (Lomas de Zamora y Almirante Brown-Presidente Perón); la Comité Directivo Provincial de ATE Provincia; las seccionales La Plata y Ensenada de SUTEBA; trabajadores judiciales; la Federación Universitaria de La Plata; organizaciones sociales y políticas de distintas tendencias de izquierda hasta otras identificadas con el peronismo; legisladores provinciales de distintos partidos y frentes (FIT, GEN-FAP, FPV); fueron participes de la jornada y generaron el marco unitario que puso de manifiesto el repudio generalizado a la criminalización de los trabajadores y las trabajadoras de la Dirección de Escuelas.
“No pueden encarcelar la lucha de los trabajadores, que es lo que quieren. No pudieron encarcelar la toma de la Dirección de Escuelas, de la que participaron miles de compañeros. No pudieron sacarnos de la calle, aunque ahora intentan con una ley, que la borronean y la vuelven a borronear y ahora quieren hacer pasar la ley antipiquetes canjeándola por los desprocesamientos de compañeros. Para hacer pasar el ajuste en realidad quieren encarcelar las luchas. Esto es lo que está en nuestras manos impedir que hagan”, señaló al subir al escenario Susana Ancarola, de la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas.
“Así como fuimos miles en la calle, rodeando el juzgado, miles en la toma, los que logramos en ese momento la inmediata liberación de los compañeros tiene que ser esa lucha de miles la que vuelva a arrebatar los presos de las cárceles, como pasó incluso durante la dictadura. Para eso lo que hace falta es que los que queremos empujar esas luchas tengamos bien en claro que tampoco lo vamos a poder hacer solos aunque seamos una importante cantidad de organizaciones. Necesitamos hacer que se comprenda entre los compañeros de base que es la misma lucha la que damos contra el ajuste, la que damos contra la flexibilización laboral, contra la precarización de la vida, en la lucha por salario, por vivienda, por trabajo, para que no nos despidan, es la misma lucha”, remarcó.
En ese sentido, agregó: “Para esto hace falta que tomemos la unidad como principio, con todas las dificultades que eso tiene, aunque mantengamos cantidad de diferencias tenemos que poder ser capaces de organizar y golpear con un solo puño en toda lucha antirrepresiva: para el cierre de las causas a los trabajadores de Educación, para la absolución de los petroleros de Las Heras, para la liberación del Boli y Esteche; de los presos de Corral de Bustos; de los nuevos presos de Las Heras”.
Luego, en el acto central, hablaron los procesados y las procesadas. Entre ellas, Giselle Mendoza, aseguró: “Yo en su momento tuve el mote de ‘la fugada’, porque en el momento en que eran llevados por la policía mis compañeros yo no estaba. Casualmente porque estudio Derecho, estaba en la Facultad, y no llegué a tiempo a la reunión con el funcionario Montes de Oca. La intención de ellos no era buscarme, porque las actuaciones se cerraron en el momento en que se llevaron a Marcelo (Arditti) desde la Torre, donde lo secuestraron. Claramente la intención era que la sociedad vea lo que le pasa a cada uno de los trabajadores que quiere ponerse en contra de los ajustes, luchar por lo que les corresponde: un salario digno, vivienda digna, condiciones dignas de trabajo”.
“Todos los que trabajamos acá sabemos muy bien que se nos viene abajo, que se nos cae el techo encima, que si tocamos un enchufe corremos el riesgo de electrocutarnos” remarcó y luego agregó: “Del cierre de la paritaria con los docentes hay un pequeño dato que fue cuando le prometieron a los docentes que iban a ir a arreglar cada una de las escuelas que tenían problemas. En ningún momento se pensó que se dejaba afuera a todos los trabajadores de mantenimiento de la dirección de Infraestructura, a los que directamente se los dejaba sin trabajo. Esta es una de nuestras luchas, porque se está tercerizando el trabajo de nuestros propios compañeros. Nuestros compañeros están cruzados de brazos porque el dinero que les corresponde para arreglar cada una de las escuelas de la Provincia de Buenos Aries que se caen a pedazos va para otro lado. Está claro por el problema que hubo en la escuela Nº 65, donde se vino el techo abajo después de que una tercerizada hiciera el arreglo, a la que el Consejo Escolar le pagó”.
“Esta Dirección de Escuelas que nos encarcela es la misma que no le da los materiales de trabajo a nuestros compañeros para que puedan hacer los arreglos en las escuelas. Les importa un comino que nuestros alumnos tengan una buena educación. No hay calidad educativa porque no les interesa, no les importa”, sentenció.
Por su parte, Silvia Valdez, otra de las delegadas procesadas, señaló: “Si Nora De Lucía, si (Daniel) Scioli, si (César) Melazo, pretendían sacarnos de la calle, están muy equivocados compañeros. Nosotros demostramos desde ya hace mucho tiempo que no nos van a amedrentar, que no nos van a sacar de la calle, que no vamos a dejar de reclamar por los derechos que tenemos, que no vamos a dejar de luchar contra el ajuste y contra la represión. Compañeros, decimos nuevamente que no lo van a lograr”.
“Esa intención que ha tenido el Gobierno provincial de profundizar las medidas de ajuste, claramente se debe a que intentan que los trabajadores y el pueblo paguemos los platos rotos de su política. Es la provincia más rica de la Argentina, en donde hay pobreza, miseria y explotación. En donde los que siempre se llevan la guita, los grandes grupos económicos no dejaron de ganar en todo este tiempo. Y para evitar que sus ganancias dejen de ser lo que son, entonces arremeten contra nosotros, y por eso esta política de intentar recortar, despedir trabajadores”, aseguró Valdez.
En esa línea, remarcó: “Quieren destruir la educación pública. Nosotros venimos denunciando desde hace un montón de tiempo, también lo hacen los docentes y lo hacen otros trabajadores, el vaciamiento que hay en la Dirección de Escuelas, que ha avanzado con todas las gestiones, sobre todo la última, la de Nora De Lucía, que ha demostrado ser una persona totalmente inútil para llevar adelante un Ministerio”.
Por último, Valdez afirmó: “Hay miles de procesados en el país, la mayoría de ellos son trabajadores que están afiliados a ATE, esto es un indicativo de lo que está pasando. Está la condena a los petroleros de las Heras, están los compañeros Esteche y Lescano. No podemos dejar que siga ese camino. La respuesta que debemos dar, es en unidad, no permitirlo y seguir luchando todos los días”.
A continuación, María Inés Uro, otra de las delegadas procesadas de la Junta Interna, remarcó: “Lo único que quería reafirmar es que si este es el procedimiento del Gobierno nacional y provincial, de procesar a todos los trabajadores que salimos a luchar, es sin duda porque tanto en la Provincia de Buenos Aires como en todo el país el crecimiento de luchas es cada vez más grande y más fuerte. Este es el punto por el cual nos salen a reprimir, porque tienen que pasar un ajuste que no lo vamos a soportar los trabajadores, y los trabajadores estamos en pie de guerra, en la calle para luchar”.
“Hacemos un festival porque estamos orgullosos de la lucha que llevamos a cabo en el año 2012, y todas las que hemos llevado. Para nosotros recibir en nuestra casa, en la Dirección General de Escuelas, a todos estos trabajadores y luchadores, sí es un festejo, vamos a seguir luchando hasta cerrar esta causa trucha que nos inventaron. Y vamos a seguir luchando por los más de 6 mil procesados por luchar. El Gobierno nos provoca con más ajuste, nosotros vamos a salir a luchar más. Lo que recibimos del Gobierno es prisión, es procesos judiciales, es muerte: durante los últimos 10 años más de 31 trabajadores murieron por luchar en la calle. En nombre de todos ellos vamos a seguir luchando”, concluyó Uro.
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