viernes, 17 de enero de 2014

Un informe de la Defensoría del Pueblo porteña revela que la mayoría de las “aulas modulares” o aulas-container irán a distritos donde no se construyeron escuelas o donde las obras están atrasadas, la gran mayoría ubicados en barrios periféricos del sur de la ciudad: al parecer la iniciativa se debe a la subejecución del presupuesto en infraestructura escolar

(Por Eduardo Videla. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 17 de enero de 2014)- Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad revela que las aulas modulares (también llamadas containers), cuya compra fue licitada por el Gobierno de la Ciudad, estarían ubicadas en siete locaciones, la gran mayoría de ellas en barrios pobres del sur de la Ciudad. Algunas serían instaladas en un predio donde se construye una escuela, pero la obra está muy lejos de la inauguración; otras funcionarán en el predio de una fábrica abandonada, en el Barrio INTA, y las otras cinco, en lugares donde ya funcionan escuelas infantiles o jardines. De las 42 unidades que se comprarán, 40 estarán ubicadas en distritos escolares del sur de la Ciudad. Las otras dos se sitúan en los barrios de Saavedra y Palermo. Mientras, desde el gobierno porteño siguen sin dar información acerca del tema: dicen que recién a partir del lunes brindarán datos al respecto y se limitan a afirmar que “no se trata de containers”.
El Gobierno de la Ciudad llamó a licitación la semana pasada para la compra e instalación de “equipamientos modulares” con el fin de “incrementar las aulas existentes a efectos de cubrir las vacantes generadas para el inicio del ciclo lectivo 2014”. El costo de la operación está previsto en 26.650.000 pesos. Los términos de la licitación están en el sitio www.buenosairescompras.gov.ar, al cual no puede ingresar fácilmente cualquier usuario. El equipo del Área Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo logró recabar allí algunos datos, con los cuales elaboró un informe.

De acuerdo con ese informe, de los 42 módulos que serán comprados, 32 corresponden a aulas, seis a sanitarios, uno a comedor y cocina, y tres a áreas de gobierno o administrativas. El sitio que más módulos recibirá es el ubicado en Zuviría y avenida Piedrabuena, en Mataderos. En ese terreno, el Gobierno de la Ciudad debía construir un Polo Educativo que incluía un jardín de infantes y una escuela de nivel medio. No lo había resuelto por propia voluntad sino porque se lo ordenaba la ley 4436, sancionada en 2012.
La administración Macri pretendía ceder ese terreno a una escuela privada, hasta que la Legislatura lo impidió, parcialmente, con la sanción de esa ley. La ley destinaba a esa construcción un presupuesto de 30 millones de pesos para 2013. Según el cartel de obra, a la construcción se destinaron 11.937.000, de lo cual se ejecutó solo una mínima parte: la obra se inició semanas atrás y lo edificado hasta ahora está lejos de tener las condiciones para albergar niños (ver foto). A ese predio están destinados 8 aulas modulares, dos núcleos sanitarios, un comedor y cocina y una oficina para la dirección.
“La instalación de aulas modulares es consecuencia de la subejecución del presupuesto en infraestructura”, afirmó Gustavo Lesbegueris, titular del Area Derecho a la Educación de la Defensoría.
Otro de los lugares elegidos, de acuerdo con el listado, es el predio de la calle Bermejo 6672, en el llamado Barrio INTA, también en Mataderos. Página/12 visitó ambos lugares, pertenecientes al Distrito Escolar 20. El de Bermejo es un predio que perteneció a una antigua fábrica, hoy abandonada, donde ya han cortado el pasto para ubicar los módulos. El terreno, tras un portón gris, es el único de esa calle angosta que tiene numeración: las viviendas se identifican por número de manzana y de casa. Allí se instalarían cuatro módulos para aulas, uno para sanitarios y dos para administración, para el funcionamiento de un jardín de infantes.
En la Escuela Infantil ubicada en la Avenida Roca al 5600, en terrenos linderos al Autódromo porteño, se instalarán otras siete aulas modulares y un núcleo sanitario. Se trata del Distrito Escolar 21, en Villa Lugano. Fuentes del sector docente aseguran que en ese distrito, uno de los que registra mayor déficit de vacantes, no se ha construido ninguna escuela en el último año. “Hay un jardín en construcción en el predio de Larrazábal y Roca, donde hay una primaria, pero la obra está parada desde hace dos años”, aseguran. De acuerdo con la misma fuente, en ese distrito el mayor déficit de vacantes se da en la Villa 20, a la altura de Cruz y Escalada.
Otro lugar elegido es el predio de la Escuela Infantil Nº 9, de Chilavert y Varela, frente a la cancha de San Lorenzo, en el Bajo Flores (Distrito Escolar 19). Allí se instalarían ocho aulas modulares y un baño.
Los otros módulos se instalarían en la calle Palos, entre Blanes y Villafañe, en La Boca (tres aulas y un baño); en Avenida del Libertador 4953 (donde funciona el Jardín de Infantes Nº 2, del DE 9, en Palermo) habrá un aula modular, y otra en Pico 2689 (junto al Jardín 5 del DE 10, en Saavedra).
“No podemos soslayar el antecedente de las llamadas ‘aulas containers’ emplazadas entre 2002 y 2005 en escuelas de barrios periféricos de la Ciudad en el contexto de una profunda crisis socioeconómica y restricciones presupuestarias”, dijo Lesbegueris. “En esos años, desde la Defensoría del Pueblo se recomendó el inmediato reemplazo de las mismas”, recordó.
“Al igual que en la anterior experiencia, las aulas móviles se piensan emplazar en su mayoría en barrios periféricos de la zona sur, lo cual reproduce situaciones de desigualdad educativa agraviantes a la dignidad de las personas que habitan esos barrios, principalmente los niños, niñas y adolescentes que cursarían en ellas, y sus docentes”, opinó el funcionario.
Un grupo de quince supervisoras de nivel inicial se había expresado en igual sentido en una nota dirigida al ministro Esteban Bullrich: “Recurrir a las llamadas ‘aulas móviles’ (o containers) es una medida totalmente arbitraria e inconsulta, atenta contra la calidad educativa y contra la dignidad de nuestros alumnos, sus familias y maestros, convirtiéndolos en ciudadanos con menos derechos, ya que un contenedor no es lugar para desarrollar actividades escolares, y menos con niños pequeños”.
La Defensoría espera la respuesta del Ministerio de Educación porteño a un pedido de informes para conocer “el uso que se les pretende otorgar a las aulas móviles, las características constructivas y las condiciones de equipamiento, accesibilidad e instalaciones de las mismas”.


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