jueves, 30 de julio de 2020

El ciberpatrullaje es una política de Estado


El ministro de Educación Nicolás Trotta y el ministro del Interior Wado de Pedro, con el aval explícito de los rectores, firmaron un convenio por el cual se pretende imponer el ciberpatrullaje a los estudiantes.

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El convenio firmado ayer tiene como fin implementar un programa de reconocimiento facial de las y los estudiantes en las instancias de exámenes virtuales, un verdadero escándalo.

Transforma la línea de la retrógrada política del rector de la Universidad Nacional de Córdoba Hugo Jury, que inauguró la política del ciberpatrullaje en la vida de los estudiantes, en una política de Estado.

En Córdoba se contrató a Respondus. Una multinacional de entornos virtuales que ofrece un software con dos módulos. Por el primero, LockDown Browser, se controla la computadora del estudiante, restringiendo el navegador para impedir que se abran ventanas o se hagan capturas de pantalla. Por el segundo, Monitor Work, la webcam del estudiante se enciende y se graba todo lo que sucede en su casa.

De implementarse esta medida se profundizará la expulsión de los estudiantes que no cuenten con el equipamiento exigido (computadora propia, webcam) y la necesaria conectividad. Esto también corre para la docencia universitaria, a la que se la sigue sobrecargando de tareas con salarios devaluados y a quien no se le ha provisto de las herramientas de trabajo. Todavía peor: ahora se le ofrece endeudarse para costeárselas. No pueden garantizar una “educación en línea” y pretenden garantizar su evaluación sobre la base de una precarización presupuestaria, salarial y pedagógica.

El programa que se intenta imponer en las 57 Universidades Nacionales, denominado SIU Quechua, se hará con la intervención del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), vulnera el derecho más elemental a la intimidad de nuestros estudiantes. Estos softwares recopilarán y archivarán los datos más sensibles de los estudiantes en sus hogares, con programas propios de los servicios de inteligencia.

Se trata de un enorme retroceso educativo.

La firma del convenio expone que el Ministerio de Educación y los rectores pretenden convertir lo excepcional en la «nueva normalidad» educativa. Esto no es una especulación: el ministro de Educación de Tucumán declaró que la virtualidad vino para quedarse… de la mano de las grandes corporaciones que hacen sus negocios millonarios.

Por otra parte, representa una concepción pedagógica represiva. Contra toda una rica tradición de debates sobre la evaluación educativa, se impone el peor criterio y la peor relación pedagógica: enfrentar a los estudiantes sobre la base de la sospecha y pensar la evaluación como un interrogatorio para demostrar que es culpable (de no saber) antes de que la cámara detecte lo contrario.

Habría que recordarles a los rectores las intervenciones de Deodoro Roca, uno de los protagonistas de la Reforma de Córdoba, que escribía en “Palabras sobre los exámenes”: “La falsa educación -¡toda la nuestra!- reposa en una cabal falta de respeto al discípulo”.

En defensa de la relación presencial y empática entre estudiantes y docentes, de nuestras condiciones de enseñanza y de aprendizaje, y de la universidad pública, despleguemos una gran campaña de denuncia por la no aplicación del ciberpatrullaje en las universidades.

Que se saque a la policía de nuestros exámenes.

AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)



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