(Por Sibila Gálvez
Sánchez. Página 12, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, martes 30 de abril de 2019)- El financiamiento de las
universidades nacionales sufrió un sostenido deterioro durante los primeros
tres años de gobierno de la alianza Cambiemos. Un dato alcanza para resaltarlo:
la inversión en el sistema universitario pasó de representar el 0,85 por ciento
del PBI en 2015 al 0,75 por ciento en 2018 (en un PBI que, además, se vio
sustancialmente contraído). Y el pronóstico para este año es aún más negativo.
A esas conclusiones arribó un informe del Instituto de Estudios y Capacitación
(IEC), dependiente de la Conadu.
Titulado Análisis de la política de financiamiento
para las Universidades Nacionales 2016/2018, el trabajo señala que “la
menor prioridad de la educación en general y de las universidades en particular
puede comprobarse tanto en términos de su participación del PBI, de su
evolución con respecto a los índices de inflación o en cuanto a su
participación en el presupuesto total, donde pierden peso frente al crecimiento
acelerado de los servicios de la deuda externa”. Así, detalla que el presupuesto
asignado a las universidades durante el período fue muy por detrás de la
inflación, casi 24 puntos menos, por lo que, en términos reales, las casas de
estudios perdieron un 10 por ciento en su poder adquisitivo en solo tres años.
“El estudio corrobora
que la política de este Gobierno ha producido un severo perjuicio en el sistema
universitario, sobre la base de un sistemático y deliberado proceso de ajuste
presupuestario operado a través de la subejecución y el recorte de partidas, y
un fuerte desfinanciamiento por efecto de la inflación”, explicó Yamile
Socolosky, directora del IEC.
El recorte de partidas
presupuestarias se combinó con la cancelación de contratos con otras
dependencias públicas, por los que las universidades también recibían recursos,
con la pulverización de programas como el Fondo Universitario para el
Desarrollo Regional (Fundar) o las becas para carreras prioritarias o las becas
para estudiantes de bajos recursos, esto último en coincidencia con una fuerte
reducción de las becas Progresar. Respecto del primer punto, el estudio del IEC
señala que, desde la asunción de Mauricio Macri, se viene reduciendo el
presupuesto que otras carteras, diferentes a la de Educación, destinan a las
universidades: mientras que en 2015 la participación de otros ministerios en el
presupuesto destinado a las casas de estudios nacionales era del 3,74 por
ciento, para finales del 2018 este porcentaje se redujo al 0,5. El informe
contrasta ese escenario de ajuste generalizado con el período de gobierno previo,
2012-2015, cuando la inversión en el sistema universitario había sido en
promedio del 0,83 por ciento del PBI, con tendencia creciente y en una economía
que creció en tres de esos cuatro años.
Para Socolosky, “el
ajuste sobre la universidad pública lesiona, además de las condiciones de
trabajo en ella, el derecho humano a la educación y el derecho de nuestro
pueblo a una actividad de producción de conocimiento que ayude a mejorar la
vida de todas y todos. Defender la universidad pública es una cuestión de
primer orden para la democracia y la soberanía”. El secretario de organización
de Conadu, Federico Montero, advirtió además que “no se trata de un reclamo
sectorial sino que tiene que ver con un modelo de país. Sabemos que la
respuesta debe vincular lo sectorial con lo general para construir una
alternativa”.
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