Cabe recordar que el
Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas señaló en un informe que el
«uso de esas armas provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura y,
en algunos casos, puede incluso causar la muerte». De hecho, una investigación
periodística (Reuters) reveló en Estados
Unidos más de 150 fallecimientos ocasionados por este tipo de armas en manos de
policías.
La decisión
instrumentada por la cartera que dirige Patricia Bullrich mediante la
resolución 395/19 habilita -en su Anexo- el uso de este instrumento cuando el efectivo
evalúe que esté ante un “peligro inminente”, incluyendo la situación cuando “el
número de los ofensores o la imprevisibilidad de la agresión esgrimida, impida
materialmente el debido cumplimiento del deber”. Tal redacción posibilitará su
uso ante la protesta social.
La norma ni siquiera
plantea el empleo de estas armas en reemplazo de otras más letales, por lo que
en definitiva sólo aumentarán las circunstancias en las que se promueve el uso
de la violencia desde las fuerzas de seguridad.
Esta medida, enmarcada
en una política oficial que propicia el uso de la violencia por parte de las
fuerzas de seguridad, al punto de elogiar públicamente el asesinato de
personas, es de enorme gravedad. Tanto es así, que la Ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, llegó al extremo de aconsejar el uso de las Taser en el
hospital Posadas, que hoy se encuentra militarizado y con permanente amenaza de
violencia física hacia las y los trabajadores que legítimamente reclaman la
reincorporación de más de 1300 despidos y contra el desguace del hospital
público más grande del país.
Reiteramos el repudio a
la política represiva del gobierno de Mauricio Macri y exigimos la inmediata
derogación de la norma publicada en el boletín oficial.
