La vuelta de la Argentina al FMI es el corolario de una seguidilla de medidas del gobierno de Cambiemos que está llevando a nuestro país rumbo a una crisis económica sin salida y revela el fracaso del rumbo económico del gobierno.
La escalada del dólar, que llegó a estar a $25,50, fue la gota que rebalsó el vaso. Ya ni los medios más oficialistas pueden seguir tapando el sol con las manos. Con la suba de dólar, además de las corridas bancarias y la fuga de capitales, aumenta todo: los créditos, el combustible, los productos que se importan y los que se exportan, también. Así, la inflación anual prevista en un 15% con la que el gobierno logró cerrar casi todas las paritarias, quedará como una broma de mal gusto. Ya antes de la suba del dólar, diferentes consultoras y universidades calculaban una inflación anual del 24%. De esta manera, nuestro salario vale cada vez menos.
Con la devaluación, un nuevo tarifazo
A esto hay que sumarle los nuevos tarifazos que pretenden aplicar a todos los servicios: los que estaban programados, y los que surgen del aumento del dólar, con alto impacto sobre combustibles y sector energético, a partir de la dolarización tarifaria. Aunque en el Congreso se está discutiendo una limitada ley que los retrotraiga a 2017 (que a la fecha cuenta con la media aprobación de diputados) y que deja pasar el tarifazo de más del 1000% desde 2016, existe la amenaza de veto por parte del presidente.
Tocamos Fondo
Partiendo de un endeudamiento enorme que dejara el gobierno anterior, el macrismo lo aumentó en casi U$S 100.000 millones. El vencimiento de Lebacs que se produce este martes 15 de mayo es explosivo (alrededor de U$S 30.000 millones) pero es menos de la mitad de los vencimientos de los próximos meses. Incluso si el FMI desembolsara lo que el gobierno solicita, es menos de lo que necesita para los vencimientos de letras de esta semana.
En este marco, la vuelta al FMI asegura mucho más ajuste. El crédito que aportará este organismo no será para aumentar salarios o disminuir la pobreza, sino para permitir que se siga pagando deuda y fugando capitales. Es claro que los únicos que están enriqueciéndose son los banqueros y empresarios que se dedican a la timba financiera quienes, cuando la situación peligra, sacan la plata del país.
Además, el crédito del FMI viene acompañado de una serie de exigencias: en primer lugar, la reducción del gasto público que implica, entre otras cosas, un recorte en obra pública (la construcción era uno de los pocos sectores que todavía se mantenían en movimiento) y en “gastos generales”. No hay que ser un experto en economía para imaginarse en qué tipo de medidas puede traducirse ese recorte: salarios y despidos de empleados públicos, inversiones en escuelas u hospitales, jubilaciones y un largo etcétera. La reforma laboral será la otra variante del ajuste, el gobierno debe avanzar con la destrucción de conquistas históricas de las y los trabajadores y de esta forma demostrar al FMI y los grandes capitales que es merecedor del crédito. Así mismo, el FMI ya ha anunciado la necesidad de avanzar en la extensión de la edad jubilatoria a los 70 años y “sanear” el sistema previsional (eliminar los regímenes especiales y las cajas jubilatorias provinciales).
La receta del gobierno y el FMI: más ajuste
El enfriamiento de la economía, la baja del consumo, los despidos y la precarización cada vez mayor de los trabajadores dejan en claro que quedaron muy lejos todas las promesas que Mauricio Macri hizo durante la campaña presidencial. El gobierno tomó las elecciones de octubre del año pasado como un cheque en blanco para despacharse crudamente contra los que menos tienen e intentar avanzar con las tres grandes exigencias que los organismos financieros internacionales le pedían: reforma previsional, reforma educativa y reforma laboral. Pero en las tres encontró mucha resistencia.
La reforma previsional, si bien logró ser aprobada, contó con un rechazo muy importante de la población y marcó el inicio de un camino en pendiente de la figura presidencial que no logra remontar. Tanto es así que, con las movilizaciones de diciembre, el gobierno puso en el freezer la reforma laboral. Sin embargo, ahora vuelve a la carga y con más presión que antes. Con el FMI en sus espaldas, la reforma laboral fue dividida en tres proyectos y el primero ya ingresó al congreso.
La reforma educativa tiene nombre: “Plan Maestro” y “UniCABA”
La reforma educativa con el nombre de Plan Maestro toma muchas de las recomendaciones que hace el Banco Mundial en su documento “Profesores excelentes”. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, muchas de estas reformas se están encontrando con el rechazo de los docentes y gran parte de la comunidad educativa. Por eso no terminan de hacer pie con la Secundaria del Futuro y le cuesta más aun avanzar con la creación de la UniCABA para cerrar los profesorados.
Esta pelea la ganamos en las calles
Ante este panorama, la preocupación es grande pero la bronca también: las movilizaciones en las calles no paran de crecer. Las protestas callejeras masivas se están volviendo un escenario común en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el resto del país. Desde Ademys, creemos que ese es el camino a seguir para enfrentar a un gobierno que puede disimular cada vez menos su avance contra nuestras conquistas históricas como trabajadores y contra nuestro bolsillo. Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) venimos impulsando las luchas, realizando asambleas abiertas, siendo parte de la manifestaciones masivas, y siendo el único sindicato que ha intervenido convocando a paros de terciarios (12 de abril) y de todos los niveles como el paro 9 de mayo. Por eso, además de las luchas por nuestras reivindicaciones educativas, sostenemos que hay que exigir a todas las centrales sindicales poner en pie un urgente plan de lucha que desemboque en un paro general que impida que el ajuste siga cayendo sobre las espaldas de los trabajadores.
Planteamos:
-Reapertura de las paritarias. Convocatoria urgente a Mesa Salarial en CABA y aumento de emergencia de $3.000 por cargo.
-Anulación de los tarifazos y auditoría integral sobre los costos de producción y distribución de la energía, y las ganancias empresariales. Nacionalización de los recursos energéticos, el transporte y todas las empresas privatizadas.
-Repudio a la deuda usuraria. Plata para educación, salud y vivienda, y no para la deuda externa.
-Paro general activo y plan de lucha nacional de las CTA y CGT.
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