lunes, 25 de enero de 2016

En Tierra del Fuego, "el gobierno del Frente para la Victoria baja sueldos y jubilaciones, licua su deuda y conculca derechos"

(Central de los Trabajadores Argentinos -CTA- seccional de Tierra del Fuego/Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Tierra del Fuego -SUTEF-, Ushuaia, sábado 23 de enero de 2016)-  "Lo hicieron a menos de un mes de gestión, cuando los estatales están de vacaciones, sin consenso con los trabajadores, cortando las comunicaciones, encerrados en la Legislatura sin permitir el ingreso de nadie, y rodeados de un gran operativo policial", señala un comunicado de SUTEF y CTA Autónoma Tierra del Fuego.

"A menos de un mes de haber asumido, Rosana Bertone ha demostrado una gran debilidad, ya que no contó con el consenso de los gremios estatales, no convocó al diálogo y presentó el proyecto 24 horas antes de la sesión, en momentos en que la gran mayoría de los trabajadores reclamaba en contra de esa legislación.

En estos términos se modificó el régimen de jubilaciones. Un régimen que había resistido las modificaciones neoliberales de los ’90 del menemismo al no traspasar la Caja a Nación, ni armonizar y que incluso había logrado beneficios ligados a la situación de zona desfavorable como la ley conocida como “los 25 inviernos”.

Entendemos que estas medidas atentan contra la paz social y atentan directamente con el inicio de clases normales y el desarrollo del ciclo lectivo, ya que todos los estatales, y los docentes en particular, cuando regresen de su vacaciones y se presenten a trabajar se encontrarán con todos sus derechos avasallados, y sobre todo, el régimen jubilatorio docente fueguino, que es lo más sagrado para el sector, en peores condiciones que las del ANSES.


La gobernadora dio un discurso justificando estas medidas donde parece que no sabe o se olvidó que los haberes jubilatorios no se pagaban en tiempo y forma porque el Poder Ejecutivo no enviaba los aportes y contribuciones en tiempo y forma y porque no pagaban una sola cuota de la deuda histórica según Ley 676. Con el sólo hecho de cumplir las leyes no hubiera habido ningún problema con el pago a los jubilados.

Está claro que el problema no es estructural del IPAUSS, ni tampoco el instituto es deficitario como lo quieren hacer ver, sino que el problema está en el manejo de los recursos del gobierno de la provincia para afrontar la deuda y el pago de aportes y contribuciones. Luego le endilga la culpa al gobierno nacional cuando dice que desde Nación les dijeron que cada provincia debe arreglar sus cuentas internas y habrá solamente dinero para obras.

Por supuesto, la fórmula que aplican para resolver el déficit de la provincia es “hacer caja” sacándole dinero a los trabajadores estatales activos y pasivos mediante aportes, aumentarles los años de servicio, bajando la jubilación y el cálculo del haber y principalmente, licuando infinitamente la deuda millonaria que tiene con esos trabajadores. El ajuste pasa por el trabajador. También la gobernadora se dirigió a los trabajadores pidiendo que entiendan que estas medidas eran necesarias y debían ser solidarios. Les pide solidaridad y austeridad a los trabajadores invocando su carácter de persona católica. Sin embargo no les pide austeridad a sus funcionarios y lo aclara específicamente en el mismo discurso.

Los trabajadores han sido saqueados en sus ahorros de la Caja Previsional por el Estado. Ahí no se les pidió solidaridad, se los obligó a ser solidarios, se les robó 208 millones que fueron a parar a los bolsillos de los “nuevos ricos”, empresarios de la construcción, del puerto, de turismo, etc. Nunca el Estado devolvió ese dinero. Y le pide a los trabajadores que sean solidarios, que permitan que les licúen la deuda, que se la paguen “a los premios”, que les quiten el 82 % con un cálculo del haber perjudicial, que le aumenten la cantidad de años para jubilarse y que le descuenten más aportes para la Caja y Obra Social.

Eso, señora gobernadora, no es pedir que los trabajadores sean solidarios, sino es pedirles que se dejen robar, que se dejen avasallar, que se dejen someter. Y la solidaridad debe ser espontánea y no impuesta. Usted impuso esta batería de leyes, no pidió solidaridad. ¿O acaso la solidaridad se pide sin consensuar el proyecto, poniendo centenares de policías entre usted y los trabajadores y no dejándolos ingresar al recinto?

La señora gobernadora está confundiendo solidaridad con sumisión, habla de quitar privilegios a algunos sectores pero termina quitándole derechos de los trabajadores. Repudiamos completamente sus medidas de ajuste que son claramente neoliberales típicas del menemismo y el manfredotismo, repudiamos su falta de consenso, su forma de aprobar las leyes y sobre todo, su intento de querer engañar a la clase trabajadora con palabras floridas en su discurso lleno de errores conceptuales básicos en cuanto a los números del IPAUSS, intentando generalizar hechos completamente aislados como que los hijos se jubilan antes que los padres o que hay personas que se jubilan a los 40 años y tratando de hacerle creer al trabajador estatal que es el culpable porque tiene muchos privilegios. Démosle el nombre real, no son privilegios, son derechos. Derechos logrados durante años de mucho esfuerzo, lucha y sacrificio.

Derechos que acaban de quitarles a los trabajadores. Por supuesto que hay personas con muchas carencias en Tierra del Fuego que necesitan una mejor distribución de la riqueza, pero también hay muchos millonarios que se valieron de los ahorros de los trabajadores, de su esfuerzo. A ellos se les es debe pedir solidaridad, a esos ricos de la isla, a los que saquearon el IPAUSS, a los que siguen saqueando el IPAUSS, a ellos se les debe exigir que hagan “aportes solidarios”, a ellos se les debe aumentar los impuestos y no a los trabajadores que han sabido luchar durante años para adquirir y defender esos derechos, aunque la gobernadora los considere privilegios. Un régimen docente que supimos mantener por 100 años, Bertone lo exterminó en una sesión de 14 horas.

No ha explicado este Gobierno, ni mucho menos los Legisladores que levantaron la mano, porqué se reforma el régimen jubilatorio docente en una emergencia previsional cuando la relación del sector docente es de un jubilado cada cinco activos, lo que hace que este sector docente sea sustentable y lo seguirá siendo siempre debido a la incorporación de activos por el reemplazo inmediato de jubilados y la permanente creación de nuevas escuelas. Es superavitario de acuerdo a los números que pueden verificarse en el IPAUSS por lo cual se vuelve automáticamente solidario con los demás sectores.

Tampoco explicaron qué estudio científico realizaron para cambiar un régimen que ha sido considerado especial, debido a que está comprobado científicamente que la tarea docente presenta vejez prematura por el desgaste físico, psicológico y psicoafectivo. Esto lo ha hecho un régimen especial.

Pero tampoco nadie del Gobierno explica porqué se declara una emergencia para el Instituto cuando el mismo Poder Ejecutivo le debe al IPAUSS una cifra millonaria de contribuciones patronales.
Y además, como broche de una transición con complicidad política que ha garantizado inmunidad, la Gobernadora nombró al ex Ministro de Economía de la gestión Ríos, Rubén Banthje como Presidente del IPAUSS. El mismo Ministro que inició el no pago de los aportes y contribuciones en tiempo y forma al IPAUSS. Un lobo suelto y un cordero atado.

Así empezó a gobernar el FPV, con 250 talleristas sin trabajo en la calle, con 17 docentes en proceso de exoneración por una protesta, con un ajuste sobre los trabajadores, con los PEL sin seguridad de continuidad. Ni un rico preso, ni un funcionario investigado, todo contra los trabajadores. Nos empujan a las calles, porque de algo no hay dudas, los trabajadores vamos a luchar para recuperar todo lo que borraron de un plumazo entre gallos y medianoches de una madrugada nefasta del 9 de enero del 2016, día que será recordado tristemente como el día de la infamia, del despropósito, del autoritarismo y de la imposición.

No queremos ni un derecho menos en Tierra del Fuego. Desde el SUTEF y CTA, además de las acciones gremiales correspondientes, se harán todas las presentaciones judiciales que ameriten, una vez analizado a fondo por el equipo jurídico del sindicato.

En una sesión ordinaria entre el 8 de enero y el 9 de enero, el nuevo gobierno de Rosana Bertone presentó y aprobó una batería de leyes de reforma del IPAUSS, emergencia previsional, tarifaria y el código fiscal. Para ello se valió de la mayoría automática que tiene en la nueva Legislatura y en algunos casos acordó con los bloques de la UCR y MPF. A menos de un mes de haber asumido, Rosana Bertone ha demostrado una gran debilidad, ya que no contó con el consenso de los gremios estatales, no convocó al diálogo y presentó el proyecto 24 horas antes de la sesión, en momentos en que la gran mayoría de los estales estaban de vacaciones. Además, para asegurar que la protesta de los sindicatos no genere abrir un canal de negociación, cortaron las comunicaciones telefónicas de celulares e internet en Ushuaia y montaron un operativo policial impresionante, sin precedentes en las sesiones en ‘El Almirante’, ya que cuadras antes de llegar al lugar había vallados policiales y presencia de antimotines, tal cual lo hicieran en la transición cuando juzgaron en Tribunales a 33 trabajadores por luchar.

Todos los gremios estatales se hicieron presentes en el lugar para protestar, pero no se les permitió acercarse y mucho menos ingresar al recinto, a pesar de que las sesiones son constitucionalmente abiertas y públicas. La CTA Autónoma había determinado paro, tal como algunos otros gremios. En particular, el SUTEF convocó a concentrar en la CTA y marchar hacia 'El Almirante', a los pocos docentes que permanecían en la isla y no habían viajado en sus vacaciones.

La sesión fue maratónica ya que inició a las 14:00 horas y finalizó cerca de las 2 de la mañana. La batería de leyes aprobadas vienen a garantizar un ajuste que no solo es hacia los estatales, sino a hacia toda la sociedad fueguina ya que prepara el camino para aumentar impuestos inmobiliarios, aumenta impuestos de rentas a los monotributistas de menores ingresos que adherían al régimen simplificado y otras medidas similares, que llevarán a que el ajuste se traslade a los precios de alquileres, ventas y prestaciones de servicio, que pagarán finalmente los ciudadanos, el pueblo de Tierra del Fuego. En un primer análisis, para el sector de los trabajadores, estas leyes lo perjudican más que la Ley 460.

Estos son algunos de los derechos que se perdieron:

Acceso a la jubilación

Aprobaron cambios en la edad jubilatoria que los aumenta en 5 años, en 10 años y en algunos casos hasta en 15 años.

Un docente que hasta ayer se jubilaba con 25 años de servicio, de los cuales 20 años debían ser en la isla y no tenía límite de edad; hoy se encuentra con que se va a poder jubilar a partir de los 50 años.
En tanto, aquellos estatales hombres que hasta ayer accedían a la jubilación ordinaria con 30 años de servicio, de los cuales 20 debían ser en la isla y debían tener 55 años de edad, hoy se encuentran con que aumentarán a 30 años de servicio, de los cuales 20 años deben ser en la isla y deben tener 60 años de edad.

Aquellas estatales mujeres que hasta ayer accedían a la jubilación ordinaria con 25 años de servicio, de los cuales 20 debían ser en la isla y debían tener 50 años de edad, hoy se encuentran con que aumentarán a 30 años de servicio, de los cuales 20 años deben ser en la isla y deberán tener 60 años de edad. (10 años de diferencia).

En tanto, todos aquellos estatales que podían jubilarse con 25 años de aporte a la Caja en Tierra del Fuego (25 inviernos), solamente podrán acceder por medio de la jubilación ordinaria, a los 60 años. (¡¡¡En la mujer hay una diferencia de 15 años!!!).

Aportes extraordinario y diferenciales

Para seguir enumerando pérdida de derechos, a partir de la aplicación de la ley de emergencia aprobada, habrá un aumento de aportes en general para todos los trabajadores activos del 1% y a los docentes se les agrega un 3%. Para la obra social también se incrementarán los aportes.

También los jubilados son alcanzados por aumento en estos aportes. Estos aumentos en los aportes de trabajadores activos y pasivos, se reflejan en un descuento mayor en el sueldo, por lo que el salario de bolsillo recibe una disminución.

Cálculo del haber perdiendo el 82%

En cuanto a quienes se jubilaban hasta ayer, el cálculo del haber se realizaba con el 82% del promedio de los mejores 24 meses de sueldo actualizado de los últimos 10 años. Esto en la docencia significa la mayor pérdida del haber debido a las altas y bajas que el Sistema Educativo presenta tanto en horas cátedras como en cargo.

Es muy difícil que un docente que tiene que tomar más de 1 cargo para cubrir la canasta familiar, mantenga el segundo cargo u horas de suplente o interino por más de 2 años debido a la falta de titularizaciones. En efecto, se le dan de baja cuando termina el año lectivo y debe volver a tomar en marzo cuando inicia el nuevo ciclo. Por ello la importancia de los mejores dos años en el sector docente.

Sin embargo, con la nueva ley, pasará a cobrar el 82% del promedio de los últimos 120 meses, (10 años) lo que significa una importante baja en su cálculo del haber que en la mayoría de los casos significa una pérdida del 25% y es mayor en el sector docente debido a las altas y bajas y la diferencia de antigüedad. Por esto, con este cálculo del haber, el nuevo 82% que votaron es mentiroso ya que representará solo un 61,5% y aún menos en ciertos casos, de lo que es el sueldo en la actualidad.

Pérdida de autarquía y mínima representación en Directorio de los trabajadores al desdoblar el IPAUSS

Al separarse la Caja de la Obra Social, con la nueva ley, el directorio contará con solo un representante por los activos y uno de los pasivos en cada uno de los institutos. Sin embargo el Poder Ejecutivo nombrará al presidente y vice, lo que asegura la mayoría automática por el voto doble del primero en caso de empate.

Pero además, las atribuciones del presidente son mayores que las que tenía en el IPAUSS. Es decir, muchas cuestiones que debían someterse a votación en el Directorio, ahora serán definidas solamente por el presidente, quedando la autarquía del IPAUSS completamente vulnerada.

Licuación de la deuda

También se licúa la deuda pues se deroga la Ley 676 que garantizaba que el Estado le devuelva al IPAUSS lo que le adeudaba cuando usó los ahorros de los trabajadores del IPAUSS para dar créditos a empresarios, a través del Banco Provincial, que nunca devolvieron. Luego estatizó la deuda y nunca la pagó. Esos originales 208 millones de dólares de deuda, fueron puestos en valores según la cantidad de meses de pago a jubilados que significaba en ese entonces, para que no pierda su valor real. Esto debía pagarse mes ames y los Gobiernos de Cóccaro y Fabiana Ríos no lo hicieron.
Actualizado con esa puesta en valores, la deuda de hoy rondaría los 18.000 millones de pesos. Pero esta nueva Ley aprobada que deroga la 676, lleva a una aplicación de intereses mínimos a la deuda , ningún punitorio y la licúa bajándola a 4.000 millones aproximadamente. Pero tampoco está claro cómo lo van a pagar, pues es en bonos y a medida que haya recursos.

Código Fiscal

Entre otras cosas, la quita del cobro de los impuestos de tierras a los municipios y el readecuo, llevará a los impuestos inmobiliarios a sufrir un incremento que, obviamente, terminará pagando el ciudadano con casa propia o el inquilino o el consumidor final en el caso del readecúo que sufran los locales comerciales", finaliza el informe firmado por la Comisión Directiva Provincial del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF-CTA) y la Comisión Ejecutiva Provincial de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego.


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