En España, la crisis económica originada
por la crisis financiera que se inició en 2007-2008 se caracteriza por una
duración y una intensidad sin precedentes próximos, y por unas consecuencias de
gran alcance y persistencia, no sólo en el ámbito estrictamente económico, sino
también en cuanto a la pérdida de derechos sociales y políticos causada por las
prioridades y las decisiones políticas de los gobiernos central y autonómicos.
Los recortes presupuestarios y los cambios legislativos han dejado sentir sus
efectos en ámbitos muy diversos. El reciente informe ¿Quién financia la universidad? del Observatorio del Sistema Universitario aporta datos que
permiten evaluar su impacto en las universidades públicas españolas.
El informe se refiere a la etapa
2009-2015, en la cual la administración central y las autonómicas adoptaron en
el marco de la crisis las principales medidas presupuestarias y normativas con
relación a la universidad: recortes presupuestarios substanciales, no
reposición de las jubilaciones y, en 2012, un cambio en la regulación de los
precios de matrícula que en la práctica ha significado la libertad de las
comunidades autónomas para aumentarlos.
Entre 2009 i 2015, en euros constantes,
la financiación pública de las universidades cayó un 27,7% en el conjunto de
España. Por comunidades autónomas, los recortes variaron entre el 17,0% de
Aragón y el 38,2% de Castilla-La Mancha. El estudio constata, además, que las
diferencias entre comunidades autónomas no respondieron a comportamientos
diferentes ni en el número de estudiantes ni en la riqueza de las distintas
comunidades, medida en términos de su Producto Interior Bruto (PIB).
La mayoría de comunidades autónomas, con
alguna excepción, compensaron parcialmente su reducción de la financiación
pública con un aumento de las tasas y precios públicos. Así, en el mismo
período, los ingresos por tasas y precios públicos aumentaron un 31% en
términos reales (pese a una disminución del 4,62% del número de estudiantes, lo
que implica que el aumento por estudiante superó el 37%). Por comunidades, la
variación de los ingresos por precios públicos de 2009 a 2015 se situó entre el
-15,9% de Galicia y el 67,6% de Cataluña.
El artículo completo de Vera Sacristán puede
leerse aquí.
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