(Por Fabiola Czubaj. La Nación, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, jueves 19 de enero de 2017)- El 30 de marzo de 2016, 16 alumnos de la
Escuela N° 11 Ricardo Gutiérrez, de Constitución, sufrieron náuseas, vómitos y
dolor de estómago después de almorzar. En principio no se supo qué pasó: el
organismo de control porteño, a cargo de la investigación, analizó todo el
menú, salvo el postre, al que la mayoría de los chicos le había sentido mal
gusto.El caso corresponde a una de las 13 denuncias que, en los últimos meses,
recibió LA NACION por casos de gastroenteritis, que afectaron a 165 chicos y
docentes, y por comida en mal estado en colegios porteños.
Las denuncias no son sólo por brotes,
sino también por la recepción de comida en mal estado. Además, de las escuelas,
hubo casos en centros de primera infancia (CPI) y hogares de tránsito de
menores. En los informes que la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria
(Dghysa), de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad, se
detectaron 165 alumnos y docentes afectados sólo en esos casos.
Son 12 informes y ninguno posee la firma
electrónica, un recurso que da certeza de autenticidad en la administración
pública porteña. De su lectura surge que en cinco denuncias no se tomaron
muestras de los alimentos sospechados de causar enfermedad o estar en mal
estado. El argumento oficial más común fue que ya se había consumido. Sin
embargo, el pliego de licitación obliga a los concesionarios a guardar una
muestra testigo del menú diario durante por lo menos dos días. Ante una
intoxicación, las autoridades la pueden solicitar para analizar en los
laboratorios de la Dghysa.
El titular de la Dghysa, Tomás
Schonamsgruber, explicó: "Cuando no encontramos la comida en las escuelas,
vamos a buscarla a los concesionarios. Y en muchos casos no encontramos los
alimentos. Cuando hacemos los análisis de las muestras que tomamos, no
conocemos los resultados de los análisis que se hacen de los afectados en los
hospitales. Hacemos los informes epidemiológicos con la información que
recolectamos desde la Subgerencia de Epidemiología más los análisis del
laboratorio de la Dghysa. Cuando nos notifican un brote o un caso, hacemos los
análisis y se los comunicamos al Ministerio de Salud. Vamos en cuanto nos
notifican e informamos los resultados".
Diez de las trece quejas fueron en
jardines, escuelas o colegios porteños. "Tuvimos un solo incidente en todo
el año", afirmaron desde la Dirección General de Servicios a las Escuelas
del Ministerio de Educación porteño. Se referían a un brote de gastroenteritis
en un colegio de Villa Crespo, donde la comida sospechada de intoxicar a 90
personas desapareció de la heladera antes de la llegada del personal que había
enviado Silvia López, titular de la Subgerencia Operativa de Epidemiología
Alimentaria de la Dghysa.
En la ciudad, 21 empresas, cuatro
cooperadoras, una asociación civil y dos cooperativas de trabajo se ocupan del
desayuno, el almuerzo y el refrigerio de los establecimientos que dependen del
Ministerio de Educación. Esas empresas también se reparten el servicio de
comida en los hogares para menores y los CPI del Ministerio de Desarrollo
Humano y Hábitat.
En octubre, en el Congreso Nacional de
Cooperadoras Escolares se denunció "la alarmante desigualdad" en los
fondos que las provincias les asignan a la alimentación de los chicos.
"Debiera haber una ley nacional" para mejorar "la eficiencia y
la calidad de los servicios alimentarios escolares y consolidar las acciones de
educación nutricional", se propuso.
"Un virus", respondieron
padres, docentes y autoridades que aceptaron hablar desde junio cuando
comenzaron a recibirse las denuncias sobre qué había causado los brotes.
Ninguno conocía los resultados de laboratorio que lo acreditara. De hecho, sólo
en uno de los informes de la Dghysa se presume que el brote estudiado
"podría tratarse de gastroenteritis de origen viral", aunque el único
análisis de laboratorio hecho en el hospital Pirovano a un alumno afectado no
halló rastros de virus.
Ese brote fue en agosto y septiembre en
el Instituto Español Virgen del Pilar, de Chacarita. Tuvieron vómitos y diarrea
36 chicos del jardín, la primaria y el secundario, 10 docentes y los empleados
del buffet. "Pensamos que no fue por el agua y la comida, sino por un
contagio interpersonal -explicaron las autoridades del instituto-. Vinieron a
controlar los tanques de agua y se llevaron muestras de la comida (de un
concesionario propio). Pero a pesar de la desinfección, el brote no se cortaba.
Pensamos que fue porque los chicos no hacían suficiente reposo. Los padres los
traían a clase enfermos."
Finalmente, la investigación oficial
descartó toda relación con la comida porque "los casos se fueron
presentando a lo largo de un mes, se afectaron padres y docentes, y no hubo un
alimento en común", aunque sólo se analizó una comida durante el brote:
milanesa de carne con papas al horno.
La madrugada del viernes 10 de junio,
siete alumnos de la sala de cinco del Jardín de Infantes N° 2 Prof. Marina
Ravioli se descompusieron. Los padres atribuyeron los vómitos y la diarrea al
yogur y las galletitas del jueves en la escuela, ubicada a una cuadra del
Parque Rivadavia. La investigación oficial del brote de gastroenteritis
confirmó la intoxicación alimentaria en cinco casos. Pero nunca llegó a la
causa, aun cuando tres alumnos necesitaron atención médica y dos días de
reposo.
En la Escuela de Cerámica N° 1, de
Bulnes 45, hubo más suerte en abril con los sándwiches de jamón y queso que
reciben los alumnos. La oficina de la AGC a cargo de la investigación detectó
la bacteria Escherichia coli. Fue después de que dos alumnas de primer año
vomitaran al sentirles "gusto raro". En cambio, el único registro
oficial de la intervención en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, donde se
identificó otra bacteria -Listeria monocytogenes- en sándwiches similares
describe una inspección de rutina sin irregularidades recién varios meses
después.
Uno de los casos más preocupantes es el
de un CPI de Once. Por lo menos cuatro veces en el año, un concesionario
entregó mercadería no apta para el consumo. También reciben "carne con
mucha grasa y pollos con mucha agua", según se pudo reconstruir desde
agosto pasado.
Fotografías de una de las entregas con
destino al CPI muestran cortes de carne con abscesos (acumulación de pus) de
animales enfermos y de un circuito de venta sin controles. Su proveedor es un
frigorífico de Avellaneda.
Pero los registros oficiales indican que
en lugar de investigar ese problema, la Dghysa envió el 19 de octubre una inspección
al CPI por una intimación: mostrar las constancias de los cursos de
manipuladores de alimentos. Nada se dice en ese breve informe oficial sobre la
comida para una población vulnerable de entre 45 días y 4 años.
Desde la Auditoría General de la Ciudad
de Buenos Aires (Agcba) apuntan a una deficiencia grave en la redacción del
Pliego de Bases y Condiciones del servicio de comida: "Establece que el
control bromatológico los hacen las empresas. Eso no es adecuado ni confiable.
En realidad, ese procedimiento consiste en tomar muestras aleatorias de
alimentos que permitan evaluar el servicio para garantizar la calidad higiénico
sanitaria y la inocuidad de los alimentos. Eso evita a tiempo posibles
intoxicaciones".
En la auditoría que la Agcba le entregó
en abril al gobierno porteño, los auditores sumaron al "mecanismo poco
transparente" de controles vigente, que los concesionarios "no
cumplen ni con el 50% de las tomas de muestras que deben hacer en un ciclo
lectivo".
En un escenario así, el riesgo de enfermedad
es inminente y constante. De hecho, cinco fuentes con experiencia en el
monitoreo de estos casos coincidieron que nunca hubo tantos casos en la ciudad
en tan poco tiempo. Sólo aceptaron decirlo en reserva.
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