jueves, 27 de junio de 2013

Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, denunció: "hoy, a 11 años nos encontramos con la causa cerrada por el juez Ariel Lijo. A usted, señora presidenta, desde este puente le pido que así como su marido prometió abrir los archivos de la SIDE y que iba a investigar hasta las últimas consecuencias, que esos archivos se abran, que la causa se reactive y que el juez Ariel Lijo sea destituido del cargo que tiene, para que un juez imparcial y correcto juzgue y condene a los 13 funcionarios que hoy son parte del gobierno, que hoy están dentro y fuera del gobierno nacional y popular"


El documento leído sobre el Puente Pueyrredón, a 11 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán: Por una Argentina sin hambre, sin saqueo ni explotación.


A once años de la represión que intentó acallar las luchas populares y se cobró las vidas de Darío y Maxi; en un momento político en el que las luchas de las y los trabajadores son judicializadas y criminalizadas; las organizaciones populares seguimos reclamando justicia, construyendo poder popular y gestando un nuevo proyecto de país, sin hambre, sin saqueo ni explotación.
La Masacre de Avellaneda, al igual que la rebelión del 19 y 20 de diciembre, provocó una indignación en todo nuestro pueblo y marcó a fuego a una nueva generación militante, para quienes los ejemplos de Maxi y Darío proyectaron un compromiso de lucha e intransigencia contra las injusticias que nos advierte sobre los peligros que entraña el posibilismo y la resignación.
En estos años los gobiernos kirchneristas adoptaron algunas medidas efectivamente progresivas, en muchos casos inspiradas en históricas reivindicaciones populares. Pero estas medidas no configuraron un programa integral capaz de superar la precarización del trabajo, el salario y la vida. En un contexto inflacionario que golpea fuertemente los bolsillos del pueblo, el gobierno intenta poner techo a las paritarias, sostiene un sistema impositivo regresivo y a una gran masa de trabajadores precarizados y tercerizados. A la vez instala un discurso que condena y judicializa la lucha, como vemos que sucede hoy ante los distintos reclamos sociales y sindicales.
A eso se suman problemas estructurales como la ausencia de una política integral de transporte público, que por su estado de abandono sigue poniendo en riesgo la vida de nuestro pueblo como sucedió en la Masacre de Once, y hace unos días solamente, la nueva masacre ferroviaria del sarmiento, la continuidad de un sistema tributario sumamente regresivo; un sistema de salud deficiente y controlado por corporaciones médicas, farmacéuticas y organismos internacionales; una estructura de privatizaciones intocada que garantiza ganancias desorbitantes sin ningún tipo de regulación y control, a costa del encarecimiento de la vida; una feroz avanzada inmobiliaria que encarece alquileres, expulsa a los sectores populares y provoca muerte y destrucción, como quedó evidenciado recientemente con las inundaciones en la ciudad de La Plata, Capital y el oeste del conurbano bonaerense.
Todo sustentado por una estructura de poder que garantiza gobernabilidad a través de sindicatos empresariales antidemocráticos, corporativos, entreguistas y burocratizados, punteros, intendentes y gobernadores mafiosos, un poder judicial procesista y de clase que criminaliza la pobreza y la protesta social, y narco-policías asesinas con control territorial y total impunidad. Entendemos que cualquier proyecto emancipatorio debe revertir la sobreexplotación y el saqueo de los bienes naturales por parte de corporaciones locales y transnacionales; la “sojización” cada vez más extendida del campo; el modelo de la megaminería con las consecuencias socio ambientales que implica, así como el entramado industrial extranjerizado, concentrado, y basado en variadas formas de sobreexplotación de los trabajadores que sustenta este modelo productivo.

En el terreno de los derechos humanos, los avances en los juicios a los represores de la pasada dictadura, demasiado lentos e incompletos, no abarcaron a los responsables económicos, civiles y eclesiásticos, que aún siguen impunes. Exigimos juicio y castigo ya. Del mismo modo y con el mismo énfasis luchamos por los derechos humanos de hoy: para que no se sigan invisibilizando la muerte de los luchadores y las luchadoras de los pueblos originarios o de países hermanos, para que no sigan quedando impunes los crímenes contra los sectores más humildes por el gatillo fácil o por la represión en las cárceles, que son verdaderos centros de criminalización de la pobreza; para que no continúe invisibilizada la muerte de mujeres por abortos clandestinos o por ser víctimas de las redes de trata para la prostitución. Al mismo tiempo decimos: ¡Abajo la ley antiterrorista dictada por los organismos financieros internacionales! Terminar de romper la dependencia con los centros de poder sigue siendo otra deuda pendiente.
Mientras tanto, el imperio yanqui y las grandes transnacionales continúan apropiándose de los territorios y de los bienes naturales de Nuestra América, a la vez que ponen todos sus esfuerzos por frenar los avances que vienen dando los pueblos en los últimos años y desestabilizar los procesos de cambio, en particular su principal amenaza: la revolución bolivariana.
Como contraparte, los movimientos populares del continente venimos dando importantes pasos de integración y unidad, para resistir con más fuerza la ofensiva imperial, pero sobre todo para seguir construyendo, desde abajo, los caminos hacia la emancipación de nuestra patria grande.
El 2001 y la masacre de Avellaneda dejaron un legado importante de experiencias organizativas de “los y las de abajo” que se extienden en los barrios, en los lugares de trabajo, en las aulas, en las asambleas. Y también en el plano cultural, artístico y simbólico, a partir de la ocupación de las calles en forma creativa, lo que se ve especialmente reflejado en la apropiación de la Estación que nuestro pueblo rebautizó con el nombre de Darío y Maxi, convertida en una muestra permanente de arte popular, y desplazando el nombre de Nicolás Avellaneda, ex presidente protagonista de la campaña de exterminio de pueblos originarios conocida como Campaña del Desierto, represor de huelgas de inquilinos, representante de las clases dominantes.

Por eso el desafío de las organizaciones populares pasa por reforzar la construcción de un proyecto político emancipatorio basado en una transformación estructural y cultural profunda de nuestra sociedad, sin mezquindades ni sectarismos, de carácter popular, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, latinoamericanista y antimperialista, en una perspectiva socialista.
Hoy alzamos la voz frente a los crímenes del 26 de junio de 2002, los del 19 y 20 de diciembre, los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y los asesinatos por represión en democracia. De Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra. De Rosemary Churapuña y Bernardo Salgueiro, asesinados en la represión del Indoamericano. De Roberto López y Sixto Gómez y Mario López, de la comunidad Qom de Formosa. De Florentín Díaz, asesinado el mes pasado en la violenta represión en Castelli, Chaco. De Cristian Ferreyra y Miguel Galván, asesinados por los sicarios del agronegocio en Santiago del Estero. De Mono, Jere, Patón y César Oviedo en Rosario. Alzamos la voz por las desapariciones de Julio López y Luciano Arruga, y por el asesinato de Silvia Suppo. Porque en todos ellos y ellas y en tantos casos más, los reclamos de justicia sólo se verán redimidos cuando los culpables paguen, pero sobre todo cuando logremos poner en pie una Argentina donde no haya impunidad, ni hambre, ni saqueo ni explotación.
Una Argentina de y para las grandes mayorías de nuestro pueblo, de los trabajadores y de las trabajadoras, de los campesinos y las campesinas, de los pueblos originarios, de los hombres y las mujeres, de las diversidades sexuales, de la juventud y de los y las estudiantes. Ese será el mejor homenaje y la mejor reivindicación que podamos hacer de nuestros compañeros caídos, que estarán presentes mientras nosotros sigamos luchando, en cada joven que resiste y se organiza, y que visualiza en las figuras militantes de Maxi y Darío un ejemplo de “otra política”, en su dimensión integral y humana. Una dimensión que incluye la solidaridad, el compromiso con el otro, poniendo el cuerpo, incluso a riesgo de dejar la vida en ello. Una juventud profundamente consecuente con los principios y anhelos por los que Maxi y Darío, y tantos otros, cayeron luchando.

Cárcel común, perpetua y efectiva a los autores materiales de los crímenes de Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y Carlos Fuentealba

Juicio y Castigo a Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Alfredo Atanasof, Juan José Álvarez, Jorge Vanossi, Luis Genoud, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez, Aníbal Fernández y todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda

Contra la precarización laboral y la inflación - Salario igual a la canasta familiar - 0% de IVA para los productos básicos. Por libertad y democracia sindical

Por tierra y vivienda para todas y todos - Por una reforma agraria integral y socialista - Por la soberanía alimentaria, energética y financiera de nuestro pueblo

Basta de femicidios - Contra toda violencia de género - Aborto legal, seguro y gratuito

Por el desprocesamiento de todos los luchadores y las luchadoras populares

Por los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos

No a las bases norteamericanas y a la intervención imperialista - No al bloqueo de Estados Unidos a Cuba

Por la unidad y la autodeterminación de los pueblos de nuestra América.

A 11 años de la Masacre de Avellaneda:
¡por una alternativa política de los de abajo, con democracia de base, asamblearia, y de lucha en las calles!


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