La judicialización de conflictos educativos refleja la ausencia de aplicación de protocolos diseñados para resolver situaciones en el ámbito escolar, como la Guía Provincial de Intervenciones y el Estatuto del Trabajador de la Educación. Estas herramientas deben garantizar la autonomía de las instituciones y defender una educación pública libre de injerencias externas.
Exigimos que el Ministerio de Educación asuma su responsabilidad, fortalezca los espacios de escucha y acompañamiento, y proteja a las y los docentes frente a medidas arbitrarias que comprometan su estabilidad laboral y pedagógica.
Invitamos a toda la comunidad a sumarse en defensa de una educación pública y democrática, en un contexto donde los discursos de odio y los ataques a las y los trabajadores de la educación amenazan las garantías fundamentales para convivir en comunidad.
Junto a CTERA, reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda de la absolución de la docente Ana Contreras y exigimos el fin de la intromisión judicial en las escuelas. Este mensaje es un respaldo claro y contundente a las y los trabajadores de la educación y un llamado firme a las autoridades ministeriales y al sistema judicial para que respeten los derechos educativos y democráticos que sostienen nuestro sistema educativo.
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