Durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó una privatización y tercerización del sistema de licencias médicas al poner en funcionamiento la “Plataforma MIA”: una aplicación digital que es la que determina si se justifican las licencias médicas o se las rechaza, remplazando de esta manera la tarea del personal médico por un programa integrado por algoritmos y una importante base de datos. Bajo la gestión de Jorge Macri se ha mantenido esta privatización y se sumaron nuevos requerimientos para validar las licencias médicas.
Hay innumerables presentaciones administrativas e incluso judiciales de trabajadores y asociaciones sindicales como Ademys y ATE por las irregularidades en el rechazo de licencias médicas, “la privatización del proceso de gestión de licencias” y “el riesgo para los puestos de trabajo de nuestros/as compañeros/as administrativos que hoy se ocupan de la tramitación de las licencias”.
Detrás de esta privatización y la gestión de la “Plataforma MIA” se encuentra la empresa de medicina privada Dients Consulting SA, sin conocerse las condiciones de contratación y la suma que recibe de parte del gobierno porteño. Esta empresa cuenta con contrataciones en distintos gobiernos provinciales (Buenos Aires y Río Negro, por ejemplo), donde pese a las innumerables denuncias por administración fraudulenta y la mala gestión en el sistema de licencias médicas la siguen sosteniendo.
Entre las innumerables presentaciones y denuncias de docentes y empleados de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra la citación sin anticipación horaria suficiente para garantizar que puedan concurrir en tiempo y forma a validar la licencia, la convocatoria a presentarse a validar la licencia cuando la persona se encuentra enferma e incluso en diagnósticos de reposo estricto, y rechazos por visitas a domicilio que no fueron fehacientes dado que el docente no abandonó el domicilio declarado y no se advirtió la visita de ningún profesional.
Estas situaciones están llevando a que muchos docentes y trabajadores municipales elijan ir a trabajar enfermos por miedo a que les quede la falta injustificada y sufran los consecuentes descuentos salariales; lo que conlleva un peligro para su salud y también para la salud de los niños, niñas y adolescentes a los cuales dichos docentes les da clase. Es la aplicación de la reforma laboral de facto, flexibilizando aún más el trabajo de los docentes, que van a trabajar en condiciones de enfermedad. No les importa la salud de los trabajadores ni la de la comunidad educativa en general.
El artículo completo de Miguel Eibuszc puede leerse aquí.
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