Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro más firme rechazo a la firma de un nuevo acuerdo entre el Estado argentino y el Fondo Monetario Internacional que pretende realizarse –de acuerdo a lo consignado en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº DNU-2025-179-APN-PTE- eludiendo el marco normativo nacional, con el fin de evitar la discusión transparente, abierta y democrática.
En primer lugar, el mecanismo intentado por el gobierno argentino resulta violatorio de lo dispuesto en los incisos 4, 7 y 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Asimismo, la Ley 27612, actualmente vigente, dispone con claridad que cualquier programa de financiamiento acordado con el FMI debe ser aprobado por el Congreso Nacional. En efecto la “Ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública” establece, en su artículo 2°, que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
Ante la imposibilidad de reunir el apoyo necesario en el Congreso, el Poder Ejecutivo acude a la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia como forma de eludir el debate en el Parlamento. El abuso del uso de esta herramienta no admite matices. De acuerdo al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, los Decretos de Necesidad y Urgencia sólo pueden dictarse “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”. No es el caso en este momento en que el Congreso Nacional se encuentra en pleno funcionamiento.
En el orden del derecho internacional, al imponer el Acuerdo estrictos condicionamientos para las políticas públicas argentinas, que impiden garantizar los derechos humanos esenciales de nuestro pueblo, el mismo resulta violatorio de los dispuesto en el Artículo 1° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Recordamos que en 2018 el Estado argentino y el FMI firmaron un acuerdo por el mayor monto otorgado por el FMI en toda su historia. Se desembolsaron 44.500 millones de dólares que, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los U$S 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por U$S 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por U$S 36,9 mil millones. Lejos de contribuir a la estabilidad económica, el empréstito provocó un ciclo de recesión económica con una contracción del PBI del -2,5% en el 2018 y del 2,2 % para el 2019. La población en su conjunto continúa sufriendo las consecuencias de ello.
Los funcionarios responsables de esta maniobra fueron denunciados penalmente por la Oficina Anticorrupción (OA por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" respecto de los procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018. Lo propio hizo la a Procuración del Tesoro de la Nación promoviendo la investigación judicial sobre la responsabilidad penal de quienes impulsaron el multimillonario préstamo del FMI del año 2018 por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública, sindicando como responsables al ex presidente Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris, y el ministro de Finanzas Luis Caputo, el mismo funcionario con quien hoy Uds. negocian un nuevo préstamo, con las mismas irregularidades e ilegalidades.
El FMI no puede ignorar que los fondos trasferidos en el 2018, lejos de destinarse a proteger a los vulnerables, fueron utilizados para financiar la especulación financiera y la fuga de capitales. Igual destino tienen actualmente las divisas ingresadas fruto de las exportaciones y el cuestionado “blanqueo de capitales” dispuesto mediante la Ley 27.743. Oportuno es señalar que el mecanismo establecido en el citado blanqueo omite las normas de prevención en materia de lavado de dinero dispuestas por el GAFI.
A más de un año de gestión -y luego de un brutal ajuste económico sin precedentes-entre los fundamentos del decreto el Gobierno reconoce “Que la gravedad de la situación descripta y la necesidad de: (a) solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país y (b) cancelar deuda con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL a los efectos de garantizar el orden público económico configuran circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida” . Esto da cuenta “per se”, cuál será el destino de los fondos: Fuga de divisas y atención de deuda.
La firma de un nuevo acuerdo, es una decisión política que condicionará la situación económica y financiera del país y la vida de la gran mayoría de los argentinos por varias generaciones.
Hacemos propia las palabras del Secretario General de la CSI, Luc Triangle cuando expreso recientemente sus preocupaciones donde instaba “al Fondo Monetario Internacional a considerar las amplias implicaciones sociales, ambientales y económicas de su relación con la administración de Milei. El apoyo continuo a políticas que socavan la cohesión social, la inclusión económica y los derechos humanos fundaméntales que solo profundizará las desigualdades y las tensiones sociales en Argentina”.
El FMI, como organismo integrante del sistema de Naciones Unidas, debe respetar el principio de debida diligencia y negarse a ser cómplice de una maniobra inconstitucional para firmar un acuerdo de forma secreta y antidemocrática, que habrá de vulnerar nuevamente el derecho al desarrollo de la población argentina.
Por todo ello, solicitamos a Uds. el rechazo del acuerdo anunciado por el Gobierno Argentino, toda vez que, por su ilegalidad e ilegitimidad de origen, es susceptible de ser repudiado por las futuras administraciones de nuestro país, extendiendo la responsabilidad por la violación del orden nacional e internacional, a tod@s l@s funcionari@s que suscriban el mismo.
CTA Autónoma, Hugo Godoy; CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; Adolfo Pérez Esquivel; Federación Gráfica Bonaerense; Héctor Amichetti; Corriente Clasista Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete; Sindicato de obreros Curtidores; Walter Correa; CGT Zona Oeste, Federación Vial Nacional, SATSAID, Movimiento Productivo 25 de Mayo, Juan Scioli, Pastoral Social Evangélica; Guillermo Preim; Asociación Americana de Juristas; Claudia Rocca; Curas en Opción por las y los Pobres (COPP),Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Autoconvocados contra la Deuda, Beverly Keen; Unidad Popular , Caludio Lozano; Causa Nacional, Fernando Vaca Narvaja; Libres del Sur; Silvia Sarabia; La Patria es el Otro, Patria y Futuro, Izquierda Latinoamericana, APDH, Coordinadora Argentina de DD.HH.; Instituto Espacio para la Memoria, Ni Una Menos, Federación Nacional Campesina; Benigno López, JCR (Juventud Comunista Revolucionaria); MUS (Movimiento de Unidad Secundaria), FIPCA; Julio Urien, CADH, Libres del Sur, Asociación Americana Encuentro Patriótica, UTPE Nacional, Movimiento No Matarás, , Ni un Pibe Menos por la Droga, Agrupación 13 de Noviembre Ituzaingó, Movimiento Nacional Surge y Frente Estudiantil Surge, Frente de Abogados Populares, Incidencia Feminista, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Asociación Civil Moreno por la Memoria.
