viernes, 29 de abril de 2022

A propósito de la reforma del Estatuto del Docente que impulsa el gobierno porteño

La conquista del Estatuto Docente y nuevos sindicatos

El Estatuto del Docente que rige en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se sancionó en 1984 en base a una actualización del Estatuto sancionado en 1958, Ley 14473, durante el gobierno del presidente Arturo Frondizi. Entonces, la docencia era parte del proceso de luchas de los sectores de la educación por la defensa de la enseñanza laica contra la libre (así se llamaba entonces a la educación privada). Luego de una lucha histórica de estudiantes y familias contra ese proyecto, ganó la Iglesia y el Congreso sancionó la ley que le otorgó mayor poder y control de la educación a ésta y a las empresas privadas. Al tiempo que se libró esta batalla, se abrió otro proceso que fue la lucha del gremio docente por la conquista de un estatuto que rigiera sus derechos laborales. Durante los gobiernos peronistas, la docencia había sido obligada a adherir a la Doctrina Nacional Peronista para ingresar a trabajar. Se sancionó el Estatuto del Docente Peronista que establecía la adhesión a esa doctrina uno de los objetivos de la educación. Fueron perseguidos y cesanteados quienes no lo hacían. A partir de 1955 la Revolución Libertadora, a su vez, inició la persecución inversa, cesanteando y persiguiendo a docentes peronistas. La lucha  por un régimen laboral que terminara con las arbitrariedades de los diversos y opuestos gobiernos de los últimos años fue acompañada por el surgimiento de agremiaciones nuevas y por la sindicalización de buena parte de la docencia.

 En 1956 un grupo de docentes, entre ellos, el profesor Próspero Alemandri, Josefina Pessaq y Nélida Baigorria, redactaron un borrador de estatuto docente. El 11 de setiembre se logra su sanción por Decreto/ley 16767.

En 1958, Frondizi designó presidenta del Consejo Nacional de Educación a la primera mujer en ese cargo, la radical feminista Clotilde Sabattini. Durante su gobierno se desarrollaron nuevas luchas docentes. El 29 de septiembre docentes de la provincia de Buenos Aires iniciaron una huelga por tiempo indeterminado que culminó el 21 de octubre, casi un mes. El reclamo al gobierno de Oscar Alende, del mismo signo de Frondizi, era aumento salarial, equiparación entre docentes nacionales y provinciales, ya que los primeros llegaban a ganar hasta el doble que los segundos, y la sanción de un estatuto para la provincia. El paro triunfó. Lograron  60% de aumento salarial y la sanción del Estatuto del Docente Bonaerense. (Mancini Eduardo, 2020, pág 23)

Finalmente, el 12 de setiembre de 1958 se logró la  sanción bajo un gobierno constitucional del Estatuto del Docente nacional, Ley 14473, que regiría para la docencia dependiente del Consejo Nacional de Educación.

El nuevo estatuto establecía el derecho a la estabilidad en el cargo, el goce de una remuneración justa,  a su actualización anual, al ascenso, al aumento de horas, al traslado, al cambio de funciones en caso de disminución de sus aptitudes sin pérdida salarial, a un año de licencia cada 10 años con goce de salario para estudios de perfeccionamiento y a licencia paga en caso de becas de estudio, al reconocimiento de las necesidades de su grupo familiar, a vacaciones reglamentarias, a la asistencia social,  a la participación en el gobierno escolar y en las juntas de calificación y disciplina (art. 5).  Fijaba que los mecanismos de ingreso a la docencia se realizaban por concurso público, bajo la responsabilidad de las juntas de clasificación. Éstas estarían integradas por cinco miembros, siendo la mayoría de ellos elegidos democráticamente por voto secreto y obligatorio de los docentes titulares. Los otros dos, en minoría, serían designados por el Ministerio de Educación. La junta se integraba con representación proporcional de las listas participantes, en caso de que hubiera más de una. Cualquier docente podía formar una lista, siempre que tuviera 10 años de titular (art. 9). La evaluación de la tarea docente sería interna a la escuela. La realizaba el director o directora y el o la docente podía recurrir su resultado. Los docentes tendrían derecho a la jubilación a los 25 años de ejercicio de la profesión, con el 82% del salario al momento de jubilarse (art. 52). El proyecto original incluía derechos a los docentes privados. Pero, según relató Alfredo Bravo, la noche antes de su sanción, el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) negoció su eliminación. El estatuto sancionado, sin embargo, fue un gran triunfo. (Vásquez, 2000)

La Confederación Nacional de Profesores, fundada en 1916, y que, en 1959 pasó a constituir la Confederación Argentina de Maestros y Profesores (CAMyP) fue una de las principales impulsoras de esta lucha a nivel nacional. Su programa se definió por la defensa de la Ley 1420 de educación primaria, laica, gratuita y obligatoria y del Estatuto Docente.

La lucha por el estatuto dio lugar al surgimiento de nuevos sindicatos docentes. El 4 de abril de 1959 se fundó la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), primera entidad que organizó al sector más numeroso de la docencia del país, y que lideró al gremio bonaerense hasta la década del 80.  En septiembre de 1957 un colectivo de delegados escolares de diferentes orígenes políticos, comunistas, socialistas, radicales y peronistas fundó la Unión de Maestros Primarios (UMP) en la Capital Federal.

La lucha continuó en las provincias para lograr estatutos en esas jurisdicciones. Se destacó la docencia de Tucumán, organizada en la Asociación de Trabajadores de la Educación Provincial (ATEP) que realizó 40 días de huelga. Recién logró su estatuto en 1962.

El Estatuto del Docente de Argentina fue vanguardia de la legislación de los derechos laborales de la docencia en América, del mismo modo que lo fue la Reforma de 1918 para  la democratización de los gobiernos universitarios y su régimen de concursos públicos. Fue tomado como base para la confección de estatutos provinciales. Pocos años después, la UNESCO, la organización de las Naciones Unidas para la educación, tomó como objetivo de su programa para el continente, la promoción de regímenes de profesionalización docente, como le llamó a la instauración de concursos públicos para la docencia, para aminorar el tráfico de puestos docentes de sectores no capacitados pero que respondían a los gobiernos de turno.

El artículo completo de Laura Marrone puede leerse aquí.


No hay comentarios:

Publicar un comentario