viernes, 5 de marzo de 2021

Presencialidad sin presupuesto ¿ni responsables?

Desde noviembre de 2020 hasta el día 22 de febrero de 2021 se han realizado tres reuniones de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT) nacional, en la que participan la Secretaría de Políticas Universitarias, los rectores y los paritarios sindicales.

En junio de 2020 hubo reuniones por condiciones de trabajo, que terminaron en un “acta acuerdo” -rechazada por los paritarios de la Conadu Histórica- que nos imponía la virtualidad de nuestro trabajo sin garantizar derechos ni reintegros por gastos ni provisión de equipamiento ni conectividad gratuita. El 9 de febrero, a través del CIN, los rectores sacaron una declaración donde afirman: “Seguimos trabajando y perfeccionando la virtualidad en el dictado de clases y en el desarrollo de todas las actividades académica de las universidades (seminarios, posgrados, congresos y servicios de extensión, entre otras). Esta modalidad ha sido incorporada, intensivamente, en el sistema universitario durante el 2020,… (y) este aprendizaje institucional llegó para quedarse en nuestro sistema educativo.”

Más claro, imposible. Los rectores comunican que seguirá el sobretrabajo, la flexibilización y que cada uno de nosotros deberemos seguir pagando por enseñar e investigar los equipos y la conectividad.

En la última reunión paritaria de CYMAT se ha pasado a un cuarto intermedio hasta el jueves 4 de marzo. Pero nos han presentado otra “acta acuerdo”.

En la misma se señala que se puede retornar a la presencialidad. Pero nada dice acerca del presupuesto que se precisa para costear los requisitos que fijan los protocolos –sus propios protocolos- que pretenden implementar. Durante un año no se destinó presupuesto ni se realizaron las obras de infraestructura y sanitización mínimas para albergar a los 190.000 docentes, 50.000 no docentes y 1.700.000 estudiantes.

El acta, además, plantea que la responsabilidad de la aplicación del protocolo recae en la “autoridad del sector”. Quienes trabajamos en las universidades públicas, investigando, dando clases, coordinando talleres, o participando de actividades de extensión, es la primera vez que escuchamos que existen “sectores” en el ámbito de la docencia, la investigación y la creación universitaria.

Se trata de un concepto de fábula que tiene un único objetivo: nuestras empleadoras intentan delegar su responsabilidad frente a los riesgos que implica volver a los lugares de trabajo, haciéndola recaer en una figura inexistente.

Y todavía más: la propuesta de acta no menciona NI UNA SOLA VEZ las paritarias particulares ni los comités de crisis. Un retroceso de 25 años donde peleamos por paritarias y condiciones de medioambiente de trabajo en plena pandemia.

La SPU (Secretaria de Políticas Universitaris) y el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) pretenden que tanto la docencia pre y universitaria como lxs investigadorxs, seamos pasivxs observadorxs de la elaboración de protocolos y “manuales de procedimientos”… que encima no tienen presupuesto ni responsables.

Sin condiciones no hay presencialidad

La AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) contrató al Taller de Estudios Laborales (TEL) para que nos asesore en el cumplimiento de las normas que, además del CCT, nos garantizan la seguridad laboral y para elaborar todas aquellas que sean necesarias para cuidar nuestra salud incluyendo la verificación del estado de los edificios y el dictado de cursos y talleres de capacitación.

Como denunciamos en nuestros comunicados anteriores: no hay condiciones sanitarias, salariales, presupuestarias. No hay voluntad tampoco por parte de la SPU ni los rectores para que tales condiciones se cumplan y bajo su responsabilidad.

En la UBA exigimos la convocatoria inmediata a comisiones conjuntas, con representaciones docentes, no docentes y de los estudiantes. Paritaria particular para elaborar y verificar las condiciones de seguridad e higiene. Para defender nuestras condiciones de trabajo en la modalidad virtual y presencialidad. Que nuestra empleadora o sea la universidad asuma las responsabilidades que legalmente le corresponden ahora en pandemia como urgente y siempre, como parte de las condiciones de trabajo.


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