sábado, 13 de febrero de 2021

Informe para la reunión conjunta de Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados de la ADIUNT (Asociación de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán)

Que no jueguen con nuestras vidas

1. La pandemia no está controlada

A poco más de un año del inicio de la pandemia los datos son contundentes: más de 106 millones de contagios y más de 2.318.000 muertes, con 192 países afectados, (https://coronavirus.jhu.edu/map.html), y más de 4000 mutaciones del virus (https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-4000-cepas-variantes-covid-19-vacunaspandemia-nid2592289). Distintos estudios científicos vienen dando cuenta de secuelas que deja el virus en quienes lo han padecido y superado (https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/problemas-delcovid-19-que-se-prolongan-tras-infeccion).

La inmensa mayoría de los sistemas sanitarios están al límite y en algunos casos, trágicamente desbordados, incluso en países ultradesarrollados: en el estado más avanzado de la tierra, California, cuna mundial de la tecnología de punta y del “Silicon Valley”, los hospitales colapsaron y las ambulancias tenían que determinar, previo al traslado a los hospitales, si los enfermos tenían posibilidades de sobrevivir (https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-ee-uu-piden-ambulanciasangeles-trasladen-pacientes-bajas-chances-sobrevivir_0_iky1RXqBl.html).

La enorme conquista científica que significó la obtención de diversas vacunas en un tiempo récord se ha visto empañada rápidamente por la guerra de los grandes monopolios farmacéuticos por su distribución y el control de los “mercados” para esa vacuna. El problema de la vacunación masiva de la humanidad se ha transformado en un problema político de primera magnitud y ha puesto en la agenda mundial el tema de la propiedad privada de las patentes.

Con casi 2 millones de contagios, Argentina se encuentra entre los países más afectados por la pandemia, algo completamente lógico si se tiene presente la situación social y sanitaria completamente desbastada en la que irrumpió el virus, luego de décadas de ajuste y privatización de la salud.

El gobierno nacional y los provinciales han ido desmantelando poco a poco el precarísimo sistema de prevención que habían montado en marzo pasado (ASPO, IFE, ATP, etc.) y hoy buscan viabilizar la “normalización completa” que exigen los grandes capitalistas poniendo fin a la “cuarentena educativa”, la última trinchera sanitaria que queda en pie. Es necesario destacar que esta “normalización” implica sumar 15 millones de personas a la circulación social diaria, con un sistema sanitario que no ha sido reforzado y con un sistema de transporte anárquico, al servicio de empresarios parasitarios.

Por otro lado, la mayor parte de los países que han intentado volver a la presencialidad educativa han fracasado. Alemania acaba de cerrar nuevamente las escuelas ante la evidencia de la multiplicación de los contagios. En EEUU, Brasil y en otros países se están desenvolviendo grandes huelgas docentes en defensa de la salud y la vida (https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/02/08/professores-da-rede-paulista-entram-emgreve-contra-volta-das-aulas-presenciais).

2. El problema de la presencialidad educativa

Es en este contexto que tenemos que considerar el problema de la presencialidad educativa que plantean el gobierno y la oposición derechista.

Como se ha señalado, la presencialidad es un reclamo del gran capital, especialmente de la UIA, que pretende por esta vía dejar de pagar las dispensas laborales a los trabajadores que han tenido que quedarse en casa al cuidado de sus hijos. La Iglesia se ha sumado a este reclamo, en su condición de principal patronal educativa del país (la educación privada es una de las ramas económicas más afectadas por la pandemia). Este planteo es el que, a nivel mundial, esgrimen los Trump y los Bolsonaro.

El reclamo de presencialidad suma también en menor medida a otros sectores, cuya preocupación podría ser entendible si tenemos presente los resultados educativos de 2020. Pese a los enormes esfuerzos que ha realizado la docencia y el estudiantado, el abandono completo por parte del gobierno y de las autoridades, ha tenido fuertes consecuencias pedagógicas y educativas que aún es necesario medir: deserción estudiantil, sobrecarga y precarización laboral, relegamiento de contenidos y prácticas, etc.

Pero la presencialidad, NO es una solución en este contexto de pandemia, sino la antesala de una catástrofe mayor.

3. Garantizar los recursos para la educación virtual

En una situación extraordinaria como la que vivimos, existiendo la posibilidad tecnológica de poder desenvolver, aunque sea parcialmente, prácticas pedagógicas de modo virtual, es necesario garantizar las condiciones para que estas sean posibles, por lo menos en el primer semestre de este año: provisión masiva de computadoras (se estima que faltan 5 millones), gratuidad completa de datos y ampliación de la red de internet, plataforma nacional educativa, inversión y recursos para poner en pie la infraestructura educativa que incluya el transporte hacia y desde los centros educativos, personal docente suficiente para evitar la precarización laboral, salario igual a la canasta familiar (hoy en más de $100.000), derecho a desconexión, pago de los costos de la virtualidad por parte del Estado, plena vigencia de las dispensas laborales y pago de suplencias, plena vigencia del CCT (Convenio Colectivo de Trabajo), etc.

Esto, sumado a una vacunación general de estudiantes y docentes puede construir un escenario distinto para el segundo semestre que quizás haga posible otra modalidad.

Las previsiones sanitarias oficiales dan cuenta de que en marzo/abril se producirá un nuevo pico de contagios. En pleno verano, y aún sin un desarrollo masivo de las nuevas cepas (mucho más contagiosas) Argentina ha mantenido un alto número de contagios. La vacunación no está avanzando al ritmo que se necesita para evitar una segunda ola como la que asola Europa. Países como Israel, que han vacunado masivamente a su población, han visto descender bruscamente los contagios.

En este escenario, la Resolución del COE, aprobando los “protocolos” que la UNT (Universidad Nacional de Tucumán) ha elaborado clandestinamente al margen de la Comisión de Higiene y Seguridad establecida en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo es un atentado a la salud de docentes, nodocentes y estudiantes.

Desde la conducción de ADIUNT hemos rechazado esta Resolución y vamos a accionar legalmente contra ella y contra las medidas que están tomando las autoridades, tanto de la UNT como de algunas Facultades y Escuelas.

Asistimos a una suerte de remake de lo que pasó en marzo pasado, cuando desde ADIUNT le reclamamos a las autoridades que tomaran medidas 20 días antes de que la UNT y el gobierno nacional se dieran por enterados de que estábamos ante una pandemia. Solo que esta remake puede ser más trágica. La pandemia no está controlada. No vamos a permitir que jueguen con nuestras vidas y la de nuestras familias.

4. Nuestras tareas urgentes

La reunión conjunta de Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados de ADIUNT debe analizar a fondo todos estos temas y convocar al conjunto de la docencia y al estudiantado a deliberar y a desenvolver un plan de lucha para garantizar nuestras condiciones de vida, estudio y trabajo.

En Argentina, como en otros lugares del mundo, se está abriendo paso un proceso de lucha docente con eje en la defensa de la vida y de nuestros salarios. En Tucumán, el miércoles 10 tendrá lugar una caravana de los docentes provinciales, organizada por los Docentes Autoconvocados junto a algunos sindicatos y agrupaciones disidentes (Sadop, Udt, etc.)

La situación en las escuelas preuniversitarias requiere un debate específico y urgente. En igual sentido, Bioquímica, donde hace punta una embestida “presencialista”.

Es necesario, en el marco de un debate general, establecer acuerdos claros y precisos sobre qué tareas educativas y acciones que requieran presencia física no pueden ser transitoriamente reemplazadas, y ponerlas en práctica con protocolos y todos los controles necesarios. En particular, sin sobrecargar laboralmente a los docentes.

Es particularmente necesario denunciar el examen de ingreso de la Facultad de Medicina como un doble atentado a la salud pública. Por un lado, por el riesgo sanitario que implica un examen que involucra a miles de personas. Por otro lado, porque busca perpetuar un filtro a favor de los negocios privados de la medicina. Toda esta década estará signada por la pandemia, nuevos virus y debates médicos, y necesitaremos miles de médicos y enfermeros. El mantenimiento de este filtro es completamente reaccionario. Exigimos que la UNT derogue de inmediato este examen de ingreso y duplique los recursos y el personal docente de los primeros años de estas carreras prioritarias para dar cuenta de esta necesidad.

Un debate particular tendremos que darnos en relación a nuestra obra social, ASUNT. La situación ha llegado a un punto límite y nuestra salud corre serios riesgos. Estamos ante un problema sanitario de conjunto que reclama medidas urgentes y una nueva conducción de nuestra obra social, elegida por los afiliados.

Esperamos tener un fructífero debate y poder abrir paso a asambleas de cada facultad y escuela y luego a una Asamblea General, que resolverá, como es nuestra tradición, los pasos a seguir.

Diego Toscano, Secretario General de ADIUNT (Asociación de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán)


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