“(…) En realidad, lo que gobierno nacional busca es evaluar para responsabilizarnos a docentes, familias y estudiantes de ‘todo lo que no saben’, desligando al Estado de su rol de garante de derechos.
Ese ha sido el uso que le han dado a estas evaluaciones en los últimos años: con los resultados en mano, no solucionaron ninguno de los problemas que nuestras escuelas vienen arrastrando por el abandono en que se encuentran, sino que lo que se hizo fue lamentarse por los estudiantes que tienen que ‘caer en las escuelas públicas’.
También quieren imponer dentro de las escuelas una lógica de la competencia entre docentes, escuelas, estudiantes y familias.
En última instancia buscan establecer rankings para poner, con el tiempo, premios y castigos salariales a sus docentes y de recursos a las escuelas. Esto sólo reforzaría la desigualdad ya que es injusto comparar estudiantes y escuelas de contextos sociales y económicos diferentes. (…)”
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