El gobierno provincial sigue intentando justificar, desde hace más de un año, que el rechazo de licencias médicas y la reducción del ausentismo significan un “ahorro” para la provincia. Sin embargo, negar licencias por tratamientos médicos y cuidado de familiares por cuestiones de salud, no es una política de eficiencia, es una violación directa de derechos laborales y humanos.
La Resolución 233/98 establece con claridad el derecho de las y los trabajadores de la educación a acceder a licencias médicas, garantizando el cuidado de la salud sin pérdida salarial ni persecución administrativa. Este marco normativo reconoce que la salud no es un privilegio ni una concesión, sino una obligación indelegable del Estado como empleador.
La implementación del sistema de auditorías médicas privadas (DIENST) desconoce ese derecho, reemplazando criterios médicos y normativos por una lógica de ajuste, deshumanización y recorte del gasto público a costa de la salud de las y los trabajadores.
Rechazar licencias médicas no es ahorrar. ¡Es ajustar, disciplinar y recortar derechos conquistados!.
Por eso exigimos al gobierno provincial:
– Derogación inmediata de las auditorías médicas privadas.
– Respeto pleno y efectivo de la Resolución 233/98.
– Políticas de cuidado de la salud que no criminalicen la enfermedad y el cuidado de la familia.
– Auditorias médicas garantizadas a través de la salud pública.
UNTER (Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Río Negro)
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